Podemos En Comú denuncia ilegalidades y una posible amenaza para la salud en la sustitución de los contadores energéticos inteligentes

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Europa Press.- Podemos En Comú ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa por la sustitución de contadores eléctricos en la cual, según advierten, “se está incurriendo en varias ilegalidades y puede suponer un riesgo para la salud”.

Los catalanes, a través de su diputado Josep Vendrell, se refieren a la sustitución de contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kw, de contador electromagnético a telegestionable. Este proceso se realiza en tres fases, habiéndose fijado la última de ellas en 2018. Una de las irregularidades que detecta esta formación, integrada en el grupo de Unidos Podemos, es la “restricción a la libre competencia que impone una de las compañías distribuidoras, Endesa, pues, denuncian, impide que en su red de distribución se instalen contadores telegestionables no fabricados por su matriz Enel”.

Asimismo, relatan que los clientes están obligados a aceptar que la sustitución de estos dispositivos se lleve a cabo sin avisarles de la fecha y la hora de esta operación. Esto vulnera otro de los preceptos reguladores de la sustitución de los contadores, una directiva europea de 2012 que insta a las empresas distribuidoras a comunicar a sus clientes la fecha prevista con una antelación de tres meses. En este punto, cuestionan si el Gobierno y la CNMC son conscientes de que las restricciones a la libre competencia por parte de Endesa están prohibidas expresamente en el reglamento e inquieren si piensan tomar alguna medida al respecto. Asimismo, también preguntan por si conocen la ausencia de avisos por las compañías.

Ley de datos y salud

Por otro lado, Vendrell apunta a que la propia instalación de contadores podría estar incurriendo en la vulneración de la Ley de protección de datos, pues la propia agencia llegó a reconocer en 2015 que el tratamiento de estos datos es «especialmente sensible» al acceder a informaciones ajenas a la propia estadística de consumo. Así, advierte que con los nuevos contadores inteligentes es posible definir hábitos de comportamiento del consumidor, abriendo la puerta a la elaboración de perfiles relacionados con su conducta. El diputado aboga por que este acceso «debería fundarse en el consentimiento inequívoco del afectado», pues supone un riesgo para su privacidad, y pregunta al Gobierno por ello.

Por último, desde Podemos expresan «la creciente preocupación social en relación a las inmisiones cada día mayores y los posibles efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas que emiten los contadores inteligentes, especialmente sobre colectivos sensibles como mujeres embarazadas, recién nacidos, niños o personas mayores. En este sentido, apuntan a la falta de comprobación científica sobre la inocuidad de los contadores y demandan la confirmación del Gobierno de que los dispositivos son «absolutamente seguros», preguntan si el Gobierno se ha planteado realizar los estudios necesarios para evaluar si existe algún riesgo, y por una posible paralización de estos planes.

El PP apoya en el Congreso el proyecto para crear una biorrefinería en Barcial del Barco (Zamora)

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EFE.- El PP en el Congreso de los Diputados apoyará en el Parlamento nacional el proyecto impulsado por una empresa privada para la creación de una biorrefinería multifuncional en Barcial del Barco (Zamora). En este sentido, el PP se ha comprometido a secundar una proposición no de ley conjunta de apoyo a este proyecto que se presentará en la comisión parlamentaria, para ser posteriormente remitida al Ministerio del ramo y al de Agricultura, según comunicó el PP de Zamora.

El acuerdo para apoyar esa proposición no de ley conjunta se ha alcanzado tras la reunión mantenida entre los responsables de Magdala, sociedad promotora del proyecto, y representantes de los cuatro principales grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja. El diputado zamorano José María Barrios, acompañado por el diputado Teodoro García Egea representaron al Grupo Parlamentario Popular en esa reunión. El proyecto de la biorrefinería supondría una inversión de cerca de 160 millones de euros, permitiría producir bioetanol, energía eléctrica y piensos a partir de cultivos de maíz y remolacha y supondría crear unos 80 puestos de trabajo directos y cerca de un millar indirectos.

García Tejerina continúa al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las organizaciones ambientales expresan su decepción

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Europa Press.- Las ONG ambientales han lamentado la falta de «interés ambiental» del presidente, Mariano Rajoy, que no ha aprovechado la oportunidad para dar un «giro» a su política ambiental para que esta tuviera un «peso fuerte» dentro del Gobierno con una «estrategia» de sostenibilidad. De este modo, el presidente del Gobierno ha decidido que Isabel García Tejerina continúe al frente del Ministerio de Medio Ambiente, donde durante los últimos años ha seguido la línea marcada por su predecesor Miguel Arias Cañete.

Ahora, el tema pendiente más urgente en materia ambiental para Tejerina en materia de Medio Ambiente es la ratificación del Acuerdo de París contra el cambio climático, que ya ha entrado en vigor a nivel mundial y que ya ha ratificado la Unión Europea y varios de sus Estados miembro, así como otros países como Estados Unidos o China. España, acude así a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebrará en Marruecos hasta mediados de mes sin que haya ratificado sus compromisos.

En esta línea España deberá reducir sus emisiones de gases invernadero, tanto las sujetas al mercado de emisiones, tales como la energía y otras industrias, como las de los sectores difusos: las del transporte o la vivienda. Además, en esta senda hacia una economía libre de emisiones, España deberá replantearse el parón que han experimentado las energías renovables tras el conocido como impuesto al sol, que ha ralentizado el sector.

Decepción en las organizaciones ambientales

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, lamentó que no se haya apostado por una estrategia de sostenibilidad en la que se separase el Ministerio de Medio Ambiente del de Agricultura y que de este dependiera la parte de Cambio climático o que junto a Industria colgase la parte de Energía y Sostenibilidad. «Es la línea continuista del Gobierno que hemos criticado en la anterior legislatura», ha comentado.

En cuanto a la renovación de Isabel García Tejerina al frente de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no le sorprende y la encuadra en su estrategia de continuidad. Sobre el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal ha dicho que «habrá que ver por donde cojea» aunque se mostró «aliviado» por que no sea su hermano, el secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, y le insta a hacer una «política inversa» al sistema energético actual.

En la misma línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, augura que Tejerina hará «la misma política continuista» por lo que cree que su nombramiento es «una mala noticia» porque España necesita una política «más contundente» en cuanto a cambio climático y que sea un «contrapeso fuerte» al Ministerio de Energía que prevé que seguirá con las «energías sucias». Así, ha recomendado al Ejecutivo que apueste por una reducción fuerte de las emisiones y por la defensa de la calidad del aire. Por ello, reivindica un «vuelco por la sostenibilidad» que pone en duda que este Gabinete vaya a liderar. «No es lo que necesitábamos», ha resumido.

Del mismo modo, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, opina que Rajoy no tiene el medio ambiente en su agenda de prioridades porque no ha diseñado un Ministerio de Medio Ambiente dentro del nuevo Ejecutivo. «Para él, el medio ambiente es marginal», ha criticado Rodríguez tras conocer la «continuidad» de la ministra Isabel García Tejerina. Por ello, ha anunciado que la ONG luchará contra el «retroceso ambiental» sufrido en esta legislatura y que «España no merece», aunque confía en que esta política pueda compensarse con la nueva composición parlamentaria.

Respecto a Álvaro Nadal indicó que tiene ante sí un reto muy grande, que es la transición energética y lograr un sistema que permita cumplir el Acuerdo del Clima de París y que sea 100% renovable. Además, subrayó que tendrá el reto de decidir qué pasará con los residuos radiactivos así como con las renovaciones de licencia de todas las centrales nucleares y buscar alternativas ante el fin en 2018 de los subsidios al carbón.

Igualmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que en la nueva legislatura se necesita una mayor defensa ambiental así como sentar las bases para que la gobernanza global sea «más fuerte que nunca». Por ello, reclama a la renovada ministra que el medio ambiente tenga «la suficiente fuerza en el Gobierno» y que la política energética de «un giro de 180 grados». De este modo, insta a Tejerina y a Nadal que «hagan pinza» y se alíen para luchar contra el cambio climático.

Por último, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera «muy decepcionante» el nuevo Gabinete porque «no responde en absoluto al reto de necesidad ambiental actual». Además, lamenta que el medio ambiente se mantenga con un «perfil marginal» dentro del Gobierno y critica a Rajoy por no haber hecho «al menos» un gesto o haberle dado «mayor relevancia». En cuanto al nuevo ministro de Energía, se ha mostrado expectante «a ver si se toma en serio el impulso a las renovables» y si se decide a cambiar la política energética del Gobierno. «Vamos a darle un voto de confianza. Tiene que darle un giro radical. Esperábamos algo más de cambio y peso ambiental en el nuevo Gobierno», concluye.

A Equo no le gusta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha señalado en un tuit que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirma con su nuevo gabinete que no tenía «la más mínima intención de cambiar nada de lo hecho en la anterior legislatura». Del mismo modo, ha usado la red social para manifestar su rechazo hacia el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, al que considera «alma gemela de Alberto Nadal», secretario de Estado de Energía. «Así que, más de lo mismo,: energía sucia y menos renovables si cabe«, ha escrito el diputado verde.

Nadal aboga por un pacto de Estado sobre energía “más allá de las ideologías y desde el sentido común”

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, reclamó un pacto de Estado en materia energética sobre unas bases «de sentido común» que «transcienden las ideologías» y que garantice un suministro a precios adecuados que permitan a la economía española ser competitiva y alcanzar los objetivos marcados en la lucha contra el cambio climático, con un marco regulatorio que aporte la estabilidad necesaria para abordar inversiones a largo plazo.

«Todas estas deberían ser las bases sobre las que se debería asentar un pacto de Estado de la energía, ya que las decisiones de inversión que deben de tomar las empresas son a largo plazo. Estos principios trascienden a la ideología, son de sentido común», aseguró Nadal. El secretario de Estado citó entre esas «bases» la necesidad de avanzar en las interconexiones y en la eficiencia energética, y en cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático de forma «sensata». «Son principios que deberíamos compartir más», ha subrayado tras destacar que los temas energéticos deben apoyarse en esas bases, más allá de una legislatura, para contribuir también a la recuperación económica y la creación de empleo.

Nadal defendió aprovechar al máximo todos los activos del sistema energético, por lo que consideró que España no se puede permitir cerrar las centrales nucleares “porque sí”, ya que prescindir de ellas elevaría el coste de generación entre un 25-30% y además habría que sustituirlas por carbón y gas. «Una cosa es vigilar la seguridad al máximo y otra cerrar un activo del sistema. Así que lo que dice el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) va a misa. Lo que tenemos construido hay que exprimirlo al máximo, ya que no hacerlo supone un coste intolerable para el sistema», advirtió Nadal.

El dirigente señaló entre esos «pilares» el necesario aumento de las interconexiones de España, tanto en gas como en electricidad, que deberían ser «un tema de Estado» y sin las que no se puede avanzar hacía un verdadero mercado único europeo de la energía. También destacó su importancia para que España pueda cumplir con los objetivos renovables, por lo que consideró “necesario” contar también con el compromiso de la Unión Europea de que va a respaldar el desarrollo de las interconexiones energéticas . “El compromiso de España será más alto cuantas más interconexiones tengamos”, aseveró.

«La mejor prueba de que no existe un mercado energético único es que en cada país el precio de la electricidad y gas es diferente en cada uno. Vamos avanzando y hemos progresado mucho, se ha hecho de las interconexiones centro del debate. Pero hay que seguir, ya que nosotros somos los principales interesados y cualquier Gobierno debe hacer de ello un tema de Estado», manifestó el responsable de Energía.

Nadal señaló que España está en la senda para cumplir con el objetivo del 20% de consumo energético renovable en 2020 que falta un «pequeño empujón» que se hará «con inteligencia». Nadal subrayó que España está bien posicionada para el desarrollo de las tecnologías que deberían «ser las ganadoras de la revolución tecnológica», la eólica y la solar, pero advirtió que la introducción de las renovables debe ser de manera «sensata», midiendo esfuerzos y costes.

Por ello, el dirigente abogó por un sistema que permita que las empresas compitan y en el que la que tenga mejor tecnología y precio «sea la que en última instancia consiga construir el parque». «Tenemos que tener claro también cuál es la cantidad que queremos introducir e ir analizando continuamente cuáles son las tecnologías que son más baratas”, argumentó.

“El gran error del pasado fue el descontrol, no tener claro ni las cantidades ni los mecanismos ni saber era la cantidad máxima que se podría introducir», criticó Nadal tras recordar que España pagó al resto del mundo la curva de aprendizaje de muchas renovables, principalmente en el desarrollo de tecnologías como la fotovoltaica, cuando se instalaron de forma masiva placas a precios muy superiores a los actuales ya que el coste de producir un megavatio se redujo 14 veces desde 2007, algo que no se puede «volver a repetir».

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

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Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

El PP se opone a la petición mayoritaria de la oposición de citar en el Congreso al presidente del CSN

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EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso decidirá este miércoles si cita a comparecer al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y sobre el futuro de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos), una petición de la oposición que el PP rechaza. Previsiblemente se aprobará al ser una petición de la mayoría de los grupos.

Fuentes parlamentarias explicaron que los populares alegan para su negativa que la comparecencia del responsable del CSN en la Cámara Baja siempre se ha producido en una ponencia específica cuyas reuniones no son públicas, dado el tema de especial sensibilidad del que trata. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la ponencia aún no esté constituida y la posible disolución de las Cortes el 1 de noviembre, lleva a los grupos parlamentarios a adelantar la presencia de Martí en comisión, ya que esperar a esos trámites para una comparecencia en ponencia impedirían que ésta se produjera y se tendría acumularía un nuevo informe a presentar, el de 2016.

El PSOE ya había presentado a mediados de septiembre una petición de comparecencia de Martí denunciando, además, que éste había usado «todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«. En el texto registrado, los socialistas también solicitaban su presencia en el Congreso para informar sobre la reapertura de la central de Garoña, la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y la posible relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares.