Podemos defiende planificar el cierre de las centrales de carbón, clausurar las nucleares antes de 2024 y prohibir el fracking

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EFE / Servimedia.- El documento presentado por Podemos para intentar un gobierno de coalición con el PSOE propone la planificación del cierre de las centrales de carbón, aunque garantizando «una transición justa» de los empleos de esta actividad hacia otros sectores. Asimismo, se subraya que la meta es que haya un sistema eléctrico 100% renovable en 2050 y que todas las centrales nucleares estén clausuradas en 2024. También quiere una Ley de Cambio Climático y rechaza el fracking y realizar nuevos sondeos petrolíferos.

Todas estas medidas aparecen recogidas en el documento en el apartado relativo al modelo económico e industrial, que tendría como meta «la transición energética hacia una economía descarbonizada, menos dependiente enérgicamente del exterior y más eficiente». Podemos aboga por «un Gobierno del Cambio» que impulse una reforma del sistema eléctrico, entre cuyos ejes estaría lo relativo al carbón. La formación que lidera Pablo Iglesias aboga por «la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores». Ya en el programa de las elecciones generales del 20 de diciembre, Podemos defendía «el cierre progresivo de las centrales de carbón».

Por otro lado, Podemos defiende además una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes. Para ello, se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes, señala el texto. Las críticas desde los territorios mineros no han tardado en producirse. La secretaria de Política Municipal del PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, criticó a Podemos por su postura sobre el carbón. «Podemos se alía con el PP contra la minería del carbón. En campaña lo negaban. Esto es lo que pinta Podemos Asturias», ha censurado Lastra en Twitter.

En las propuestas presentadas por el PSOE para intentar pactar un gobierno, no se menciona el asunto del carbón. En su programa electoral, los socialistas planteaban que hasta que se avance hacia una transición energética y una economía libre de emisiones, era preciso encontrar una «solución justa» para la minería del carbón. Esta salida, según los socialistas, debería combinar su compromiso de «cero emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética del país y la seguridad del suministro».

Rechazo al fracking o prospecciones

Volviendo a la propuesta de Podemos, el documento Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías aboga por el «cierre paulatino» de las centrales nucleares que actualmente están en funcionamiento en España, Además, plantea la prohibición del fracking y de nuevos sondeos de hidrocarburos y aprobar una Estrategia de Rescate Ecológico a 20 años para recuperar las zonas degradadas por causas diversas, con especial atención a la biodiversidad. Derogar la Ley de Costas, medidas para llegar al «vertido cero» e inversiones públicas en infraestructuras ambientales son otras propuestas realizadas.

La formación de Iglesias reivindica la elaboración de una Ley de Cambio Climático que recoja una potenciación de las actuaciones autonómicas sobre política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y retomar las negociaciones con la Unión Europea para hacer una propuesta de gestión de emisiones de CO2 y poner precio fijo a la tonelada de carbono emitido. Esa nueva norma supondría elaborar un plan de transición energética para que el 100% del consumo proceda de energías renovables en 2050 y un plan de reducción de emisiones en los sectores difusos (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión).

Nadal se pregunta si «¿estamos locos?» por querer cerrar las nucleares a los 40 años y critica al PSOE

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó la propuesta del PSOE de cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y se preguntó si «¿estamos locos?», ya que consideró que se trataría de algo similar a decretar que se iban a derruir todos los edificios o las fábricas al llegar a esa antigüedad. En este sentido, Nadal arremetió contra los socialistas por tener un «enfoque corto» en sus propuestas energéticas.

Así se expresó Nadal analizando las medidas presentadas por el PSOE para alcanzar un acuerdo de Gobierno y cuestionó que vayan a permitir crecer, innovar y avanzar a la economía y al sector energético. Sobre las nucleares, tras recordar que producen el 20% de la energía sin emitir emisiones de CO2, rechazó que se pueda tomar una decisión sobre su cierre, sin tener en cuenta si cumplen los niveles de seguridad necesarios, ya que encarecerá un 20/25% los costes del sistema. Además, expresó sus dudas sobre la posibilidad de mantener la seguridad del suministro si se producen estos cierres, ya que el documento socialista no habla de interconexiones, que considera que serían la «única alternativa».

Nadal defendió su gestión y aseguró que la política energética, más allá de combatir el déficit, implica «hacer apuestas correctas en un mundo de continua volatilidad». Asimismo, defendió el modelo de autoconsumo energético regulado por la normativa aprobada por el Gobierno y aseguró que cambiarlo para que no pague los costes del sistema supondría que dichos costes deberían ser asumidos por el resto de consumidores. A este respecto, afirmó que «la mayor parte del autoconsumo es para calentar piscinas», por lo que tachó de «regresiva» dicha medida. Además, negó que el autoconsumo sea una medida de ahorro energético y afirmó que «está por ver que sea más eficiente porque no aprovecha las economías de escala».

En la misma línea, criticó también la propuesta del PSOE de prohibir la búsqueda de hidrocarburos porque «el petróleo no estará siempre a 30 dólares». «Nos convertiríamos en el único país que no tiene ningún interés en buscar hidrocarburos. España puede tener el récord de ser el único país de ni tiene nuclear ni busca hidrocarburos», ironizó. Por último, se mostró en contra del hecho de que la pobreza energética no esté vinculada a la política social y rechazó también la medida de permitir dejar de pagar la luz y el gas a las personas con problemas económicos, ya que supondría que dicho coste lo debería asumir el sector eléctrico.

En cuanto al programa energético de Podemos, se limitó a apuntar que «no es la realidad» porque va contra las directivas europeas. Frente a esto, abogó por mantener como propone el PP el equilibrio de las cuentas, fomentar la eficiencia energética, buscar hidrocarburos, desarrollar interconexiones y equilibrar generación convencional y renovables, en su opinión las claves para «la política energética para los próximos 50 años».

La Ley 25 de Podemos en tres episodios y un ‘zasca’

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Episodio 1: Cuentan que la noche del 20 de diciembre, mientras se iba conociendo el resultado electoral, el candidato a presidente del Gobierno por Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias, se animaba cada vez más al conocer el recuento, en la efervescencia de los 69 diputados, e incluso hablaba de electricidad gratis al día siguiente según comentan estas fuentes.

Episodio 2: Se ha presentado la primera propuesta de ley de Podemos, la denominada Ley 25. En síntesis, la ley recoge una serie de preceptos derogatorios de otras leyes sin solución de continuidad, es decir, sin contener una sustitución normativa que contenga una regulación alternativa (más o menos discutible) a aquello que deroga o al menos una forma de administrar los períodos transitorios. Esto ocurre, por ejemplo, con el autoconsumo.

Episodio 3: Según se cuenta desde el Foro de Davos, España ha recibido un importante ‘zasca’ por la dejación política ante el fenómeno populista de Podemos y la falta de pedagogía económica e institucional de nuestro país, señalándonos que no se ha comprendido la complejidad de la situación económica española, sus riesgos y el papel de las clases dirigentes en una sociedad globalizada y occidental.

En definitiva, esto es algo que se está evidenciando en los distintos espectáculos políticos que está protagonizando esta formación, con especial alarma ante la rueda de prensa de Pablo Iglesias tras su entrevista con S.M. el Rey Felipe VI, reclamando la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para los allí presentes en una escenografía preparada a tal efecto. Alarma general que se extiende en las cancillerías europeas, inversores y fondos internacionales: las cosas están llegando demasiado lejos y la condescendencia para no meterse en problemas se puede convertir en letal.

Tiene que ver toda esta introducción con las propuestas en materia de electricidad que efectúa Podemos. Dicha ley, en lo que se refiere a la energía eléctrica, define una especie de tarifa social para regalar el consumo de electricidad. Dicha tarifa social, establece que sea sufragada obligatoriamente y de forma sindicada por los operadores empresariales. Para ello, la definición de tarifa social o de consumidor vulnerable no se aproxima a ningún modelo reconocible en el ordenamiento europeo o en las economías occidentales. Ni falta que hace. Tampoco la forma confiscatoria de sufragarlo que proponen se encaja en la de un modelo redistributivo socialdemócrata en términos de ortodoxia en el ámbito hacendístico, vía gasto público como consecuencia de una decisión política.

Estiremos el argumento que aparentemente lo soporta: la primera necesidad. Mayor primera necesidad que la electricidad sería el hecho de proporcionar alimentos a la población y no parece que Podemos haya formulado norma alguna que obligue a las empresas de distribución alimentaria a proporcionar de forma gratuita bolsas de alimentos en los supermercados y que se sufragasen de forma colectiva los cestos de la compra entre estos operadores. O, por ejemplo, que las operadoras de telecomunicaciones suministren gratuitamente la conexión a internet y el móvil en un momento en que las telecomunicaciones son tan necesarias para cualquier persona. O que se ordenase a las petroleras la confiscación del combustible, su distribución y se estableciera su racionamiento obligatorio para los consumidores.

Podemos parte del aprovechamiento de una realidad y de un ambiente sociológico formado durante años en torno a la energía eléctrica, sus precios, sus costes y su naturaleza, fruto de su ausencia de pedagogía y cultura económica. A la vez, se aprovecha de una ausencia de política energética; esa pedagogía deficiente incluye decisiones como las bajadas electorales de las tarifas, aceptadas con tolerancia y simpatía pero caldo de cultivo de propuestas populistas, o la forma en que se articuló la abolición de las subastas CESUR.

Asimismo, la existencia de una pulsión antiempresarial y antimercado de una sociedad, la española, de fuertes resabios colectivistas que arrancan de la visión comunista inserta en la cultura económica del falangismo, coartada del nacionalsindicalismo del que no hemos salido. El argumento confiscatorio, por demagógico, es insostenible en cualquier país de la Unión Europea. Y también trae consecuencias: el no reconocimiento de la naturaleza del suministro, de los mercados, de las empresas, de los accionistas, desde la primera generadora de electricidad al último parque fotovoltaico, pasando por las distribuidoras y comercializadoras.

Además, refleja una concepción del aparato productivo como un instrumento al servicio de un modelo político caudillista que incluso pregunta a los informadores por las ropas y abrigos que llevan. La posición de Podemos, en este sentido, tiene componentes de comisaría política comunista venezolana. Y, con independencia del devenir de esta ley en su trámite parlamentario, de producirse, lo que parece claro es que ese maniqueísmo político anticipa una legislatura, corta o larga, de barricadas y de intensidad médica con cada numerito.

La pregunta es si nos lo podemos permitir.

Podemos exige al CSN que detenga la evaluación de la reapertura de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno

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Europa Press / EFE.- Mientras el Gobierno autonómico de Navarra también reclama su cierre, la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos y diputada del grupo parlamentario de esta formación, Carolina Bescansa, entregó una carta en el registro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para instar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, a detener el proceso de evaluación de la solicitud de Nuclenor para volver a producir electricidad en la central nuclear de Garoña (Burgos), por lo menos hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

Tras entregar la misiva en el registro del organismo, Bescansa se mostró en contra de la reapertura de la instalación e incidió en la necesidad de iniciar una «transición energética» hacia otras fuentes de energía «limpias y renovables». En todo caso, hizo hincapié en que un Gobierno en funciones no debería tomar decisiones cuyo efecto podría revertir en una aprobación de actividad de Garoña para los próximos 15 años. Según indicó, «no es el momento de tomar una decisión» mientras el Ejecutivo sea un Gobierno en funciones «transitorio» y señaló que, en caso de que el Parlamento o el próximo Ejecutivo decida clausurarla, el permiso de reapertura podría dar lugar a reclamaciones por lucro cesante.

«Tenga en cuenta que otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo«, reza la misiva firmada por los diputados de Podemos y dirigida al presidente del CSN. Garoña está paralizada desde 2013 por decisión de su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), que no renovó la autorización de explotación por motivos de no rentabilidad.

Para Bescansa, más allá de las cuestiones técnicas sobre la viabilidad o no de la reapertura de la instalación, la decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta es también cuestión de «voluntad política» y de «un modelo energético de país». «En todo caso, las decisiones sobre energía nuclear no son decisiones aisladas sino que responden a un modelo energético de país y creemos que ya llegó el momento de que se plantee la transición energética de nuestro país, tan necesaria, hacia las energías limpias y renovables», subrayó.

Durante su intervención, Bescansa reiteró hasta 4 veces que Garoña es una instalación «gemela» de la central nuclear de Fukushima, en Japón, que fue destruida por un maremoto en 2009. En este sentido, el texto que han entregado en el CSN pone de relieve que la hipotética renovación de la concesión de actividad de Garoña sería «inédita en la historia de la seguridad nuclear de España» y supondría «autorizar llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida» cuando «su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años«. Asimismo, recuerdan que permitiría «una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años«.

Por estos motivos, «es debida una detallada explicación al Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta inédita renovación», añade el documento. Finalmente, Podemos señala que la paralización de la actividad de la central en 2013 «no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico«, situación que, a su juicio, podría prolongarse «unos meses más», hasta que se haya formado un Ejecutivo. «En consecuencia, le pedimos que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña hasta la formación del nuevo Gobierno que deberá tomar la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente», concluye el texto.

Navarra en contra de Garoña

El Gobierno de Navarra, formado por una coalición de nacionalistas vascos y partidos de izquierdas con el apoyo de Podemos, adoptó un acuerdo por el que solicita al Estado que no se reabra la central nuclear de Garoña, así como que se desmantele con seguridad para las personas y el medioambiente. En su acuerdo, el Ejecutivo que presidente Uxue Barkos ha considerado que «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada, y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral».

PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida presentan en el Congreso una iniciativa conjunta para evitar el cierre de Elcogas

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Redacción / Agencias.- Mientras los trabajadores de Elcogas se manifestaban en Madrid y entregaban el plan de viabilidad de la empresa al Ministerio de Industria, el PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley conjunta para exigir a Industria que «reconsidere su posición» y solucione el conflicto de Elcogas aprobando un plan de viabilidad que garantice el futuro de la térmica de Puertollano (Ciudad Real) y evite el cierre previsto para este domingo.

La petición al Ministerio de Industria de que apueste por un plan de viabilidad para Elcogas ha logrado la primera iniciativa conjunta de los principales partidos políticos a excepción del PP en esta nueva legislatura. En este sentido, las cuatro formaciones, acompañadas por representantes de los trabajadores de Elcogas, presentaron un texto en el que se reclama a Industria y a la dirección que garantice el futuro de la empresa con un plan de viabilidad que «garantice su continuidad potenciando su actividad en la hibridación con biomasa y como proyecto de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías«. También instan al Ejecutivo a que trabaje en un plan específico de reindustrialización para Puertollano y su comarca.

La diputada castellano-manchega y número tres del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, subrayó el «esfuerzo colectivo» plasmado en la iniciativa, con la unión de la oposición, recogiendo un «amplio apoyo social y político» a los trabajadores de Elcogas. Además, aseguró que la solución a este conflicto es «fácil» porque sólo depende de una «decisión política» y criticó al Gobierno del PP que no tenga «la más mínima voluntad política de sacar adelante el proyecto». Por eso, pidió a los populares que «sean al menos capaces de reconocer que están en la recta final de su Gobierno» y que «mantengan todas las posibilidades de viabilidad hasta que haya un nuevo Gobierno con una sensibilidad diferente«.

Por su parte, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, hizo hincapié en que su formación pretende ser «vehículo de las reivindicaciones de los trabajadores» porque «las instituciones se tienen que poner al servicio de la mayoría social», y exigió a Industria que «reconsidere su posición» y acabe con el proceso de desindustrialización del país, del que Elcogas no es más que un ejemplo. «Es necesario poner en valor los intereses del país y acabar con este proceso. La obligación de los representantes políticos es estar con los trabajadores. No se puede mirar a otra parte, el empleo es prioritario para poder afrontar el futuro del país», insistió.

También la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, exigió al Ministerio que «dé una respuesta cuanto antes» a las reivindicaciones de los trabajadores para que Elcogas no cierre, matizando en coordinación con la empresa lo que sea necesario del plan de viabilidad que se presentó el pasado mes de diciembre y que ha sido rechazado. En este sentido, recordó que el PP ya no puede justificar sus decisiones en una mayoría absoluta que «ha perdido» pero que Puertollano tampoco puede esperar al cambio de Gobierno, por lo que debe ser el actual Ministerio el que resuelva el conflicto «inmediatamente«, tal y como está haciendo con otras empresas y como exige todo el Ayuntamiento puertollanero.

La unión de las principales fuerzas políticas al margen del PP fue agradecida por Agustín Pérez, representante de UGT de Castilla-La Mancha, quien espera que la apuesta por Elcogas sea una «realidad» y se logre un «plan específico que apoye la quema de carbón limpia y las inversiones que necesita Elcogas para seguir siendo una empresa puntera en innovación». Asimismo, Ángel León, de CCOO en Castilla-La Mancha, resaltó la iniciativa y señaló que la ausencia del PP es un «síntoma muy importe, porque cada uno se está retratando». Esperan que Industria escuche sus peticiones y que esta semana haga pública una resolución «positiva» dado que el cierre inaplazable de Elcogas está fijado para el domingo.

Entregan el plan a Industria

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, explicó que se reunió con la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, a la que entregó el plan de viabilidad para evitar el cierre de la central. Una reunión que se produjo en el marco de la manifestación frente al Ministerio de Industria que algo más de 100 trabajadores de la termoeléctrica de Puertollano realizaron contra su desconexión. Por otro lado, los sindicatos confirmaron que este miércoles se reunirán con el presidente de Elcogas y consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas, y que han solicitado una «reunión urgente tripartita» entre Ministerio, trabajadores y empresa «antes del viernes«.

Sobre el plan de viabilidad elaborado por la empresa, el representante de los trabajadores de la planta lamentó que los problemas con el marco regulatorio no tengan una solución rápida. «Hay que buscar alternativas para garantizar que la planta no se desmantele y evitar la desconexión», apuntó Alcaide. Asimismo, reiteró que «el 100% de la plantilla» seguirá encerrada en las instalaciones hasta que se logre solucionar el conflicto y también se mantendrán las movilizaciones «hasta el último minuto». Por su parte, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, aseguró que la solución es «reunirse todos los implicados», después de dos años «luchando».

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

Podemos propone un bono social progresivo para la luz y el gas que sea costeado por las empresas energéticas

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Europa Press.- Podemos ha incluido en su Ley 25, la primera iniciativa que ha registrado en el Congreso de los Diputados, la regulación de un nuevo bono social para la electricidad y el gas que sea de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de las familias y que parta de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar.

La proposición de ley plantea una modificación de la Ley del Sector Eléctrico y una regulación similar para el ámbito del gas natural. En ambos casos el objetivo es establecer unos criterios en las ayudas basados en la renta y evitar que se corte el suministro a familias que no pueden pagar sus facturas. Así, el Gobierno definirá lo que se considera un hogar vulnerable y actualizará cada año los parámetros para medirlo, incluyendo en todo caso a los hogares en situación de pobreza relativa y severa según los estándares del Instituto Nacional de Estadística.

Serán los servicios sociales los que certifiquen la situación de vulnerabilidad de una familia y su grado, lo que le dará derecho a acceder a un bono de suministros para cubrir las necesidades básicas de electricidad y gas, cuya cuantía irá aumentando conforme mayor sea la pobreza. El bono se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta el límite que cada año el Ministerio de Energía fije como Consumo Mínimo Vital mensual, tanto para el gas como para la electricidad.

Así, los hogares con grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de las facturas, y el porcentaje se irá reduciendo en función del nivel de pobreza y en las cuantías que determine el Gobierno. Las condiciones de acceso se podrán mantener durante un ejercicio y se revisarán anualmente, pudiendo prolongarse de manera indefinida mientras persista la situación de vulnerabilidad. Si el hogar ya percibe alguna otra ayuda pública para paliar su situación de pobreza energética, el importe que le corresponda de ese bono se ajustará para no superar los límites máximos.

Por otra parte, la formación morada pretende con su proposición de ley impedir que las empresas energéticas puedan cortar el suministro de la vivienda habitual de los consumidores vulnerables: antes de cualquier corte los servicios sociales deberán verificar la situación del hogar, con un plazo máximo de 60 días para resolver y el régimen de silencio positivo. Es decir, que se considerará que el consumidor se encuentra en situación de vulnerabilidad mientras la Administración no se pronuncie en sentido contrario.

En este caso, la empresa sólo podrá iniciar los trámites de suspensión de suministro si se hubiera superado el Consumo Mínimo Vital anual y hubieran pasado 3 meses desde la factura adicional de gastos adeudados. Sin embargo, en estos casos los servicios sociales comprobarían también si ha aumentado el grado de vulnerabilidad del hogary, en su caso, ajustarían la cuantía del bono con carácter retroactivo, de modo que el consumidor tuviera que abonar únicamente la deuda que le quedara pendiente, contando para ello con un plazo de 3 meses.

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas suministradoras las que, al menos en parte, costeen este bono social «proporcionalmente a su volumen de negocio». Por eso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendría que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se harían cargo de los costes, y publicar el listado en el Boletín Oficial del Estado, tanto para la electricidad como para el gas.

La bici del diputado López de Uralde (Equo), un símbolo de la lucha por la movilidad sostenible

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales han celebrado que el diputado de Podemos-Equo Juan López de Uralde haya acudido al Congreso de los Diputados en bicicleta porque es un gesto «positivo» en favor de la movilidad sostenible. Además, los ecologistas consideran que el hecho de que no haya un aparcamiento previsto para bicicletas en la Cámara Baja es un síntoma del camino que falta por recorrer.

Para el responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra, Alejandro González, que 3 diputados empiecen a ir en bicicleta es un «síntoma bastante positivo y un gesto simbólico» y espera que tanto Uralde como sus compañeros inviten al resto de diputados a emularles. «Es un buen punto de partida», indicó, al tiempo que ha añadido que el hecho de que «al final» le hayan dejado meter la bicicleta en el garaje para coches es un síntoma de que «no está previsto» un aparcamiento para este medio de transporte. Respecto al nuevo periodo del Parlamento, ha deseado que la nueva actividad parlamentaria impulse un «nuevo espíritu» en la movilidad del futuro.

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, celebró que las cosas están cambiando y que en el Parlamento estén entrando diputados con «una sensibilidad ambiental diferente«. Por ello, cree que estas motivaciones deben verse en distintos gestos como ir en bicicleta, igual que ya hacen algunos alcaldes e incluso han hecho algunos primer ministro de otros países. Sin embargo, le parece «sorprendente» que ni siquiera esté previsto que entren bicicletas en el Congreso. «El hecho de que no haya espacio para bicis pero sí un garaje para coches es muy significativo», subrayó.

En esta línea, para la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, el gesto de Uralde, que fue director ejecutivo de esta misma ONG, supone el «símbolo» de que Madrid debe ser «mucho más habitable» y una ciudad no solo para los conductores, sino para los ciudadanos. Asimismo, opina que una ciudad grande debe de facilitar la movilidad sostenible y confía en que Uralde favorecerá desde la Cámara Baja la movilidad sostenible ya que sus declaraciones «siempre» han estado dirigidas hacia la lucha contra el cambio climático, para lo que la movilidad es «fundamental».

En la misma línea, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, cree que los gestos son «muy poderosos e importantes y siempre han ayudado a mover las ideas», por lo que califica la llegada en bici al Congreso de un «símbolo de los nuevos aires que llegan al Congreso y que espera que se materialicen de verdad en propuestas y acción política cuanto antes». En este sentido, indicó que espera que Podemos «asuma cuanto antes los postulados» de Equo, cuyo programa ambiental es «muy potente». Del Olmo pide que estas formaciones pongan la defensa del medio ambiente entre sus prioridades puesto que «sin un medio ambiente adecuado, todo lo demás está en peligro».

Uralde (Equo/Podemos) destaca la irrupción del ecologismo político en el Congreso

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EFE.- El diputado electo por Álava y ex dirigente de Greenpeace, Juan López de Uralde (Podemos-Ahal Dugu) considera que la elección de 5 diputados «verdes» es «un hecho histórico» y marca una nueva era con «la irrupción del ecologismo político en el Parlamento». López de Uralde ha manifestado su «satisfacción» por los 3 diputados que su formación (Equo integrada en Podemos-Ahal) ha obtenido en Álava, Vizcaya y Huesca, y ha asegurado que «la ecología política se ha sumado al cambio en el panorama político español«.

«Álava, el territorio que yo encabezaba, es en el que Podemos ha obtenido el mayor porcentaje de votos de toda España, por lo que la confluencia ha funcionado, hemos multiplicado el voto y ello constituye una buena noticia para la ecología política«, explicó. En esta provincia Podemos se convirtió en la primera fuerza política con un total de 48.265 votos, lo que supone un 27% respecto a las demás formaciones.

Además de López de Uralde, diputado por Álava, los otros 4 representantes que estarán presentes en el Congreso de los Diputados serán Josep Vendrell (En Comú Podem), Rosa Martínez (Ahora Podemos por Vizcaya), Aina Vidal Saez (En Comú Podem) y Jorge Luis Bail (Podemos Aragón por Huesca). Según Uralde, «se abre una nueva etapa asimilable al resto de los países de Europa, donde el medio ambiente es un elemento que se trata con normalidad dentro del debate político y ahí debe estar de forma permanente».

Uralde ha recordado, en relación a los recientes incendios forestales, que desde su formación siempre han defendido «la prevención». Desde su coalición, creen además que la clave pasa por «hacer frente al cambio climático», ya que las condiciones meteorológicas favorecen los grandes incendios forestales». En cuanto a las prioridades de su formación para afrontar el fenómeno del cambio climático, tras la reciente COP21 de París, ha explicado que disponen de «un plan de transición que apuesta por el cambio hacia un modelo basado en las energías renovables y en la eficiencia energética«, y ha enfatizado: «para ello vamos a trabajar».

El ecologismo político llega al Congreso con tres diputados de Equo y Garoña y el fracking entre sus objetivos

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Servimedia / EFE.- Con el objetivo de cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y parar cualquier proyecto que utilice la técnica de la fractura hidráulica en España, el ecologismo político de Equo irrumpe en la undécima legislatura del Congreso de los Diputados con tres diputados que se presentaron a las elecciones con Podemos. Son Juan López de Uralde, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail.

López de Uralde, coportavoz federal de Equo, concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos. Rosa Martínez, también coportavoz federal de Equo, entrará también en el Congreso al figurar en el segundo puesto de la lista de Podemos-Ahal Dugu en Vizcaya. Esa provincia ponía en juego ocho escaños, que se han repartido EAJ-PNV (3), Podemos (2) y PSE-EE, EH Bildu y PP (1 cada uno). Y Bail lideraba la candidatura de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común en la provincia de Huesca, donde también consiguieron escaño el PP-PAR y el PSOE, todos ellos con un asiento en el Congreso de los Diputados.

En ninguna de las legislaturas anteriores coincidieron al menos tres diputados verdes. El primero de todos fue Paco Garrido, entonces portavoz confederal de Los Verdes y que obtuvo un escaño por Sevilla al presentarse a la lista del PSOE en las elecciones generales de 2004, de las que saldría el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos años después logró un asiento otro representante de Los Verdes, Joan Oms.

Por otro lado, López de Uralde se mostró «satisfecho» por los resultados de Equo en las elecciones generales y destacó que en Álava la formación morada consiguió «el porcentaje más alto de votos y la mayor diferencia con el segundo». «Hemos batido a la cúpula del PP en el País Vasco, con el ministro Alfonso Alonso y el exalcalde de Vitoria Javier Maroto», indicó. Precisamente, el propio Maroto se ha quedado fuera del Congreso. «Desde luego, para nosotros hay motivos para la satisfacción. Hemos conseguido tres diputados en las listas de Podemos y eso nos da una plataforma para seguir trabajando por la ecología política y la defensa de nuestros planteamientos desde el Congreso», apuntó.

López de Uralde expresó su deseo de que Podemos pueda gobernar para «llevar adelante» las propuestas de la formación ecologista, aunque se mostró prudente, a la espera de «ver cómo se desarrollan las conversaciones». «Nos presentamos con dos objetivos. Primero, que nuestros votos y la ecología política se sumaran al cambio, que era tan necesario en este país y es un momento histórico poder trabajar por él. Y segundo, con el objetivo a largo plazo de consolidar el ecologismo político en España», apostilló. Por último, López de Uralde indicó que llevará al Congreso de los Diputados «la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad«, asuntos en los que lleva trabajando en las tres últimas décadas.