PSOE y Podemos buscan en el Congreso un acuerdo para el cierre definitivo del almacén Castor y recuperar la indemnización
Europa Press / EFE.- El PSOE y la confluencia catalana de Podemos, En Comú Podem, tratarán de buscar un acuerdo en la Comisión de Industria del Congreso sobre el cierre definitivo y desmantelamiento del almacén subterráneo de gas natural Castor y sobre la reclamación a la concesionaria Escal UGS de la devolución de la indemnización por extinción que se le ha tenido que abonar.
En su iniciativa, En Comú Podem exige un calendario para el desmantelamiento del proyecto negociado entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y la catalana, junto con los ayuntamientos afectados, que contemple el desmantelamiento de las instalaciones, y que sea «responsable, transparente y no oneroso para las arcas públicas», según exige el portavoz de Industria de la formación, Josep Vendrell.
A través de una enmienda, el PSOE se centra en pedir el cierre definitivo de la instalación y reclama «una mayor contundencia» en la exigencia y ejercicio de transparencia para conocer las causas y consecuencias del cierre del almacén, así como en su desmantelamiento con la oportuna reparación medioambiental. «La hibernación no será el final del proceso, sino el cierre definitivo y desmantelamiento, dando así una garantía cierta a los municipios que sufrieron seísmos de que no habrá más y de que habrá una recuperación medioambiental y paisajística», explica el coordinador del grupo del PSPV-PSOE en el Congreso, Herick Campos.
Sobre las indemnizaciones, los socialistas también reclaman que sea la empresa que promovió Castor, o sus accionistas, los que asuman el coste, «sin que en ningún caso recaiga este coste en los ciudadanos, ni con fondos públicos, ni con recargos en los recibos». Así, consideran «prioritario» continuar con las acciones legales en curso para «dar luz y exigir responsabilidades sobre en qué condiciones se puso en funcionamiento Castor y las indemnizaciones otorgadas por el Gobierno».
Fue el actual presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien impulsó el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados y senadores del PSOE contra la decisión del Gobierno de «otorgar de forma directa y sin ninguna investigación, una compensación a los promotores de Castor», según recuerda Campos, que insistió en que Ximo Puig «ha actuado de forma clara y contundente, y además con suficientes argumentos, como demuestra que uno de los recursos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional haya sido el del PSOE».
En ese sentido, señala que en la enmienda presentada por el PSOE también se exige conocer por qué en la indemnización se incluyen los sobrecostes, qué hizo que el coste inicial de más de 400 millones de euros pasara a 1.000 millones y por qué no se ha esperado a saber qué falló, al igual que también exigen conocer los informes que avalaban la instalación o la ejecución del proyecto.
Campos lamenta que «el PP siga empeñado en culpar al PSOE por el proyecto o la cuantía de la indemnización, cuando la empresa no contaba con la autorización definitiva, la cuantía la fijó el PP sin investigar nada, mediante decreto». A su juicio, es el PP el que debe explicar por qué «prevarica y carga en el ciudadano sus decisiones».
Sobre la iniciativa que se debate, el portavoz de Industria de En Comú, Josep Vendrell, critica que Castor sea uno de los «fracasos más importantes de la Historia» de España en materia de infraestructuras, un proyecto que, a su juicio, «nunca debió iniciarse porque no era ni necesario, ni viable». «El tiempo ha demostrado que lo que el Gobierno consideró una decisión estratégica fue erróneo y que respondió a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que en ningún caso se ha correspondido con las necesidades energéticas reales del país», señala Vendrell.
Vendrell también recuerda que «en su momento fueron muchas las voces que advirtieron de que este proyecto no era necesario ni reunía las condiciones necesarias de seguridad» pero «se hicieron oídos sordos» y, tras la paralización del proyecto por los seísmos en la zona, serán «una vez más» los contribuyentes quienes tengan que hacer frente a los costes. «Es necesario acabar con esta estafa permanente que los lobbies han conseguido imponer de un capitalismo de casino y un socialismo perfecto, en el que se privatizan los beneficios y, cuando llegan las pérdidas, éstas se socializan», insiste Vendrell, que recuerda que el «despropósito» del Castor costará a la ciudadanía casi 1.650 millones de euros en indemnizaciones.
Pero, además, Vendrell defiende que «no es para nada aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional». Y, por ello, quiere que el Congreso emplace al Ejecutivo a impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión al considerar que ha existido negligencia, así como para que se fijen responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por el millar de movimientos sísmicos.
Asimismo, pretende impulsar modificaciones legislativas para «impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio«. Vendrell también tiene registrada en el Congreso una proposición no de ley del mismo tenor y una solicitud de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, en sede parlamentaria para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de factura del gas.
