110 días de Congreso: 11 reclamaciones energéticas de la XI legislatura

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La XI legislatura pasará a la Historia de la democracia posterior a 1978 como la legislatura fallida. Esos 110 días en el Congreso de los Diputados se recordarán como un catálogo de reclamaciones de la oposición al Gobierno desde su respectivo espectro ideológico. La tónica general ha sido la del PSOE y Podemos reclamando, Ciudadanos pactando y el PP defendiendo los últimos 4 años. Así que repasemos las votaciones que ha propiciado esta legislatura porque pueden servir para anticipar los próximos pasos de los principales partidos en materia energética.

1- Autoconsumo:

La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluidos los cargos por seguir conectados al sistema, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original fue presentado por el PSOE, se aprobó una iniciativa consensuada con Podemos, Ciudadanos y nacionalistas al que sólo se opuso el PP. Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Asimismo, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las desaladoras de Canarias del pago de peajes hasta 2020.

2- Carbón:

La Comisión de Industria aprobó una proposición presentada por Foro Asturias (FAC) para exigir medidas al Gobierno para priorizar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas y alcanzar el 7,5% previsto en el hueco térmico contemplado en el Plan del Carbón acordado en 2013. La propuesta también pidió la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos, el llamado céntimo verde, que ya había sido aprobado en la Comisión de Hacienda por una propuesta del PSOE. En esta iniciativa Podemos sí que se involucró, mientras que los nacionalistas catalanes mostraron su oposición mientras que se abstuvieron Ciudadanos y el PP, que planteó sus dudas de que el céntimo verde pudiera evitar ser declarado como ayuda de Estado y autorizado por Bruselas.

3- Castor:

La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta que, partiendo de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, fue finalmente pactada con el PSOE y con Ciudadanos. La iniciativa cosechó el respaldo de los grupos nacionalistas y el rechazo de los diputados del PP. Podemos proponía que el Gobierno fijara un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación. También pedía estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, Escal UGS, así como buscar la fórmula de recuperar la millonaria indemnización que la empresa recibió. El PP volvió a recordar la clausula firmada por el Gobierno socialista de Zapatero que obligaba al Estado a indemnizar al promotor.

4- Cogeneración:

Resulta llamativo que la única iniciativa energética que no haya encontrado ningún voto en contra fuera la presentada por el independentismo catalán de Democracia y Libertad. Su iniciativa, aprobada en la Comisión de Industria, exigía al Gobierno que cumpla con el plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos previsto en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. La iniciativa de los independentistas catalanes cosechó el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de PP y Foro Asturias (FAC). Su objetivo era impulsar de una vez el plan renove previsto en la normativa de 2013 y que más de dos años después aún no se materializó en ninguna convocatoria ni aprobación de programas para renovar instalaciones de cogeneración.

5- CSN:

La lentitud que rodea a procesos como el desarrollo del ATC o la posible reapertura de Garoña ha sido crítica para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en combinación con un Gobierno en funciones. En este sentido, todos los grupos de la Comisión de Industria, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, por su negativa a comparecer ante la Cámara para informar sobre la planta nuclear burgalesa y sobre el ATC. Asimismo, fueron continuas las peticiones de los partidos de la oposición para que no se tomara ninguna decisión hasta constituirse un Gobierno.

6- Fracking:

La Comisión de Industria aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos y los nacionalistas. La iniciativa reclamaba al Ejecutivo que llevara a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en toda España y para que suspendiera los permisos ya concedidos durante la pasada legislatura. También se pedía derogar los artículos de la ley de hidrocarburos que establecían incentivos económicos para favorecer la implantación de esta técnica en España. El PP votó en contra alegando que “cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone” mientras que Ciudadanos se abstuvo ya que se mostró en contra de apoyar una prohibición total de la técnica por “no tener la información suficiente” para ello.

7- Garoña:

La Comisión de Industria respaldó una proposición impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas, que “aboga por el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento”. Podemos-Equo señaló que Garoña es la planta más antigua del parque español y que lleva cerrada 3 años “sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético”, argumento que compartieron Ciudadanos y el PSOE. El PP reivindicó que es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%.

8- Interrumpibilidad:

La Comisión de Industria aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega de Podemos, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios “competitivos, estables y predecibles” a la industria electrointensiva. La propuesta original de En Marea reclamaba un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad, pero finalmente la redacción de la propuesta fue mucho más genérica después de la negociación con PSOE y Ciudadanos, que apoyaron la iniciativa. El PP se opuso a la iniciativa y repasó las medidas que impulsó el Gobierno para garantizar la estabilidad del sector energético así como los beneficios fiscales que estableció para las empresas electrointensivas.

9- Nuclear:

La última Comisión de Industria de esta legislatura aprobó una proposición del PSOE que planteaba el cierre progresivo de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento, lo que culminaría en 2028. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad, el voto en contra de PP, que resaltó que defenderán que estas decisiones las tome el CSN, y la abstención de Podemos, que había presentado otra iniciativa, que no salió adelante, para urgir al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplieran los 40 años de funcionamiento y que se cerraran cuando les toque renovar su permiso de explotación.

10- Pobreza energética:

Aunque no avanzó en su tramitación parlamentaria por el final de la legislatura, la llamada ley 25 de emergencia social de Podemos fue admitida a trámite tras contar con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos y los nacionalistas. Eso sí, todos criticaron duramente la forma en la que está elaborada la iniciativa y su «pésima técnica legislativa». La iniciativa planteaba un nuevo bono social para la electricidad y el gas, financiado por las empresas del sector, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. El PP se opuso y calificó la iniciativa de populista.

11- Prospecciones:

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición del PSOE para instar al Gobierno a declarar al Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos y, por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y los nacionalistas frente a los votos en contra del PP, que criticó que el Gobierno de Zapatero aprobara prospecciones en el Mediterráneo y ahora el PSOE las quiera prohibir, y la abstención de Ciudadanos, que recordó que España es dependiente del petróleo, “actualmente insustituible”.

PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteran al sector que restablecerán la seguridad jurídica a las renovables

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Europa Press.- PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteraron en una reunión con las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil su intención de restablecer la seguridad jurídica de las renovables a través de un diálogo constructivo. En la reunión, en la que declinó participar el PP, los partidos políticos presentaron sus propuestas y medidas en el ámbito de la energía y la lucha contra el cambio climático recogidas en sus programas electorales para las elecciones del 26-J.

Las tres fuerzas políticas coincidieron en los objetivos para el sector de la energía a largo plazo, identificando el proceso de transición energética basado en las energías renovables como principal respuesta al cambio climático así como la necesidad y oportunidad de abrir a la ciudadanía la posibilidad de ser parte de la transición energética entrando en el sector energético en paridad de condiciones con las grandes empresas. A este respecto, y según los acuerdos de la COP21, confirmaron su apuesta por alcanzar el 100% de renovables en el sector eléctrico y el 70-80% en el resto de los sectores, mientras que Ciudadanos ha señalado el 50% de energías renovables como objetivo viable, considerando el 100% como objetivo ideal y deseable.

Asimismo, PSOE y Unidos Podemos señalaron, por una parte, la necesidad de llevar a cabo una auditoría de costes del sistema eléctrico como punto de partida para iniciar cualquier reforma del sector. Por otra parte, reiteraron su plan de cierre de las centrales nucleares y coincidieron en los objetivos a corto y medio plazo, como la revisión del modelo de las subastas renovables y el fomento del autoconsumo, “modalidad de producción de energía sostenible y solidaria con el medio ambiente”.

Unidos Podemos reivindica un plan energético que incluya el «cierre progresivo» de las nucleares y la “renacionalización” de las hidroeléctricas

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Europa Press.- Podemos propondrá la renacionalización de las centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones públicas a empresas privadas, y destinará 4.000 millones de euros al año para movilizar un total de 16.000 millones de inversiones público-privadas en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Así consta en sus propuestas electorales en materia de energía, que además incluyen la promesa de no renovar ningún permiso de explotación de las centrales nucleares y cerrar progresivamente las centrales térmicas de carbón.

El coportavoz de Equo y cabeza de lista al Congreso por Álava de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera que «no es posible salir de la crisis si no hay un cambio de modelo energético» y propugna la implantación de un Plan Nacional de Transición Energética que apueste por las energías renovables, la “democratización” del sector de la energía y el cierre progresivo de las centrales nucleares como Garoña (Burgos). «La central burgalesa lleva tres años cerrada y nuestra intención es que así siga», subrayó. Según explicó, la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida y Equo, apuesta por la implantación de un plan dirigido a frenar el cambio climático, acabar con la pobreza energética y reducir la dependencia energética.

«El plan, con una inversión de 16.000 millones de euros hasta 2020, está encaminado a mejorar la eficiencia energética del modelo productivo y de consumo, y a reducir el consumo global de energía, el coste de la energía para empresas y hogares, las emisiones de CO2 y la factura de las importaciones de combustibles fósiles» ha explicado. «Nuestra apuesta son las energías renovables y el cierre progresivo de las centrales nucleares. En este sentido, reiteró la necesidad de desarrollar un modelo energético «diferente» que ponga fin al mix de carbón, gas y energía nuclear vigente hasta el momento. «En consonancia con el acuerdo del clima COP21 de París debemos dirigirnos hacia un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050”, apuntó Uralde.

Según expuso, el Plan Nacional de Transición Energética que propone su formación queda estructurado alrededor de dos ejes. El primero de ellos es un Plan Nacional de Ahorro Energético, dotado con 6.000 millones de euros. Este plan estaría centrado en la mejora de la eficiencia energética de unas 200.000 viviendas cada año para que pudieran reducir su consumo hasta en un 80%, pero también incluiría medidas enfocadas al transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. Por otra parte, el proyecto se completa con un Plan Nacional de Energías Renovables, dotado con 10.000 millones de euros, centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y la térmica, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión.

Una parte «relevante» de la financiación a este Plan Nacional de Transición Energética provendría de la reforma del sector eléctrico. Esta reforma pasaría por una auditoría de costes de todo el sistema y de la deuda asociada al déficit tarifario, aunque Podemos no precisa sí estaría dispuesto a impagar parte de esa deuda, por una modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía reciban retribuciones «razonables» en función de los costes reales de producción y por la eliminación de las sobrerretribuciones a las eléctricas por distintos conceptos.

De forma paralela, Podemos quiere, entre otras medidas, la sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables y la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones de hidrocarburos en el litoral. Finalmente, solicitará a la Comisión Europea que declare ayuda ilegal de Estado los costes de transición a la competencia (CTC), que a su juicio supusieron unas retribuciones de 3.400 millones para las compañías eléctricas, cuando la realidad es que la última liquidación no se culminó.

Por otra parte, el programa de la formación morada incluye el compromiso de luchar contra la pobreza energética prohibiendo cortes de suministro de luz o gas en viviendas habituales cuando los impagos de facturas se deban a motivos ajenos a la voluntad del titular. Para ello, se establecerá un mínimo vital mensual por hogar y, en caso de que se detecte una situación de pobreza energética, se les deberá ofrecer un precio adaptado, entre otros factores, a la renta familiar.

Asimismo, se derogará el real decreto de Autoconsumo eléctrico y se aprobará una nueva normativa para favorecer el desarrollo de estos sistemas de producción, y se fomentará la fiscalidad verde para que su peso sobre el PIB se acerque a la media comunitaria (2,4% frente al 1,6% español). Según Podemos, las medidas en materia energética son fundamentales para propiciar el necesario cambio de modelo productivo, reducir el impacto medioambiental y la dependencia energética, reducir el precio de la energía y luchar contra la pobreza energética.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

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Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Unidos Podemos entrega al Ministerio de Industria una moción contra la reapertura de Garoña mientras Bildu también prepara sus movilizaciones

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Europa Press / EFE.- La formación abertzale reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Por su parte, el cabeza de lista de Unidos Podemos por Álava para el Congreso de los Diputados, Juan López de Uralde, registró en el Ministerio de Industria una moción aprobada el pasado enero por el Ayuntamiento de Vitoria contra la reapertura de Garoña.

La entrega de esta resolución se enmarca en una campaña para exigir el cierre definitivo de Garoña, en la que participaron diferentes municipios próximos a la central. Uralde criticó que el PP «sigue empeñado en reabrir» esta central, que permanece inactiva desde 2011, y que continúa «dando pasos» para que Garoña vuelva a funcionar. Todo ello, pese a la «oposición» de la ciudadanía, reflejada en la «mayoría» de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. El candidato de Unidos Podemos asevera que el PP pretende establecer una política nuclear «que alargue la vida de las centrales hasta los 60 años», algo que considera «absolutamente incompatible con la transición hacia un nuevo modelo energético que demanda la sociedad».

Además, Uralde también acusó al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de estar «al servicio del oligopolio eléctrico», de tomar decisiones «sin pensar en las consecuencias» que pueden acarrear para la ciudadanía, y de «ignorar» la voluntad política del Congreso. El candidato de Unidos Podemos, coalición en la que está integrada Equo, aseguró que su partido seguirá trabajando «firmemente» para lograr el cierre y desmantelamiento de Garoña, y para que los habitantes de la zona «tengan una salida basada en el fomento del empleo verde» y se cierre una planta «obsoleta y peligrosa«, según calificó el coportavoz federal de Equo.

El propietario de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), ha pedido una autorización de explotación para funcionar hasta el año 2031. Uralde recordó que la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña «sufrió un parón» tras los comicios del 20 de diciembre y ahora «habrá que ver qué pasa con las elecciones del 26 de junio», al tiempo que ha reiterado que seguirá trabajando para evitar la reapertura. En su demanda no estuvo solo ya que representantes de Unidos Podemos en los principales municipios de la cuenca del Ebro, como Burgos, Miranda de Ebro, Logroño, Tudela, Tortosa, Valle de Sedano y Zaragoza registraron las mociones aprobadas en sus respectivos municipios contra la reapertura de la nuclear.

A juicio de estos políticos, la puesta en funcionamiento de Garoña representa «un riesgo inaceptable». Por este motivo instan al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a paralizar el proceso y advierten al Gobierno en funciones que están dispuestos a continuar con las movilizaciones. «No vamos a parar, esto es un movimiento en contra de la reapertura y vamos a continuar», insistió Uralde. En este sentido recordó la movilización convocada en Vitoria para el próximo sábado el 11 de junio. «Vamos a continuar movilizándonos hasta conseguir definitivamente su cierre», apuntó Uralde, que recordó que el presidente del CSN se negó a comparecer en el Congreso para informar sobre un proceso que «continúa adelante pese a las reclamaciones de la mayoría parlamentaria».

EH Bildu también se moviliza

Por su parte, EH Bildu reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Durante ese recorrido la coalición abertzale también ha organizado una parada en Subijana de Álava donde, según el cabeza de lista de EH Bildu por Álava al Congreso de los Diputados, Mikel Otero, hay un proyecto para la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica (fracking), a lo que se opone EH Bildu. La marcha en bicicleta del primer domingo de la campaña electoral comenzará frente a las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Otero considera que el CSN está esperando a que pasen las elecciones para emitir un informe para reabrir Garoña hasta 2031. El candidato aseguró que Bildu no va a permitir esta «afrenta» a los alaveses y que va a trabajar «donde haga falta» para detener «este ataque a la opinión, voluntad y salud de la ciudadanía vasca». También explicó que la coalición está llevando a cabo otras vías para «desenchufarse» de Iberdrola y Endesa, empresas propietarias de Garoña. En este sentido, destacó que en 25 ayuntamientos gobernados por Bildu y en sedes de la coalición rompieron sus contratos con dichas eléctricas en señal de protesta y se hicieron convenios con «cooperativas ciudadanas que solo comercializan con energía de origen renovable«.

Podemos pide que el Gobierno en funciones no decida ahora el futuro de la central nuclear de Garoña

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EFE.- Miguel Vila, diputado de Podemos en la legislatura que acaba de finalizar, exigió al Gobierno en funciones que no aproveche esta situación de transitoriedad para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de la provincia de Burgos.

Vila considera que un Gobierno en funciones «no debería de ninguna manera tomar este tipo de decisiones que pueden tener unas consecuencias muy graves», y ha expresado su temor a que intente «una maniobra de este tipo». La autorización de una prórroga en la actividad de la central supondría, en su opinión, un «serio problema» para el siguiente Gobierno, porque revocar una decisión de ese tipo podría implicar el pago de cantidades económicas muy importantes a la propietaria de la central nuclear «por lucro cesante».

El PSOE y Podemos tachan de «electoralista» el anuncio del preacuerdo del PP con la Unión Europea sobre el carbón

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EFE.- Podemos acusó al PP de utilizar a las comarcas mineras y a sus ciudadanos como moneda de cambio de cara a las elecciones y les acusa de buscar el desmantelamiento del sector. También cargó contra el PSOE, que a su vez calificó de «electoralista la intención del Gobierno central del PP de presentar «in extremis» un preacuerdo con la Comisión Europea para dar nuevos incentivos al carbón, cuando «no ha materializado» ninguna propuesta a favor del sector en esta legislatura.

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Jesús Gutiérrez, recalcó que «lo único que se ha cumplido durante el mandato del PP ha sido el cierre de explotaciones mineras». «Estamos en campaña electoral y el PP nos tiene acostumbrados a mover ficha pero difícilmente en este contexto van a hacer creíble este preacuerdo. Ojalá el Tribunal de la Unión Europea de alguna manera diese el visto bueno a esta propuesta», subrayó. Por último, Gutiérrez apostó por que tras las elecciones se instale un nuevo gobierno de izquierdas en España que cambie la actual situación y, en especial, abogó por que sea el PSOE el que lo lidere.

Podemos contra PP y PSOE

Por su parte, Podemos señaló que la proposición no de ley que rechazó en el último día de sesiones del Congreso propuesta por Foro Asturias “ era papel mojado por el momento en el que se presentó y buscaba un uso interesado del desmantelamiento de la minería que ellos mismos provocaron». «La propuesta era más efectista que eficaz, y lo único que buscaba era hacer campaña electoral con un tema que no se puede dejar para el tiempo de descuento de una legislatura acabada. Las cuencas necesitan propuestas serias y creíbles y no declaraciones de intenciones que se queden guardadas en un cajón», recalca Podemos.

Podemos reivindica que son claros «desde el primer momento» y defiende «una transición energética basada en energías renovables», aunque precisa que mientras se consuma carbón hay que incentivar el mineral autóctono. Además, precisa que el carbón que viene de países como Colombia e Indonesia importado por Goldman Sachs, y que supone dos tercios del carbón que se consume en España, no sería competitivo económicamente si se tuvieran en cuenta los costes sociales y medioambientales asociados a su producción y transporte.

Podemos rechaza incentivar su consumo mediante bonificaciones que repercuten en ayudas indirectas a las centrales eléctricas y que producen desventajas comparativas para las energías renovables. «Sería más eficaz gravar al que está producido sin estos controles, es decir, sustituir la bonificación por una ecotasa al carbón importado de aquellos países donde no se cumplen condiciones laborales y ecológicas mínimas», explica. Asimismo, Podemos responsabiliza del cierre de las minas al exlíder sindical del SOMA-FIA-UGT José Ángel Fernández Villa y al empresario minero Victorino Alonso, a los que acusa de pactar el cierre de las minas con los gobiernos del PSOE, del PP y con la Unión Europea «a cambio de subvenciones».

La diputada de Podemos por León en el Congreso, Ana Marcello, calificó de «artimaña parlamentaria» la actitud que están usando tanto PSOE y PP «en la caza del culpable del cierre de las minas, cuando son ellos los responsables«. Además, Marcello ha censurado «sus tácticas de iniciativas parlamentarias vacías de soluciones y en el último día de actividad parlamentaria», que, advierte, «detectan su debilidad y sus ganas de buscar culpables de sus mala gestión y querer usar, una vez más, las cuencas mineras en el inicio de su campaña electoral».

Satisfacción en PP de León

El presidente provincial del PP de León, Eduardo Fernández, reivindicó que una vez alcanzado el preacuerdo, «ahora es necesario ver cómo se hace más atractivo el carbón nacional», por lo que reclamó que se ponga en valor el carbón autóctono animando a las eléctricas a su consumo preferente. Asimismo recalcó que el acuerdo es fruto de una negociación «larguísima y complicada» y destacó que servirá para paliar la difícil situación del sector. Además, ha expresado su esperanza en que el acuerdo no llegue tarde dada la difícil situación de un sector sin apenas actividad actualmente.

Fernández insistió en responsabilizar de la situación al anterior gobierno socialista que, según enfatizó, «acordó» el final de la minería para el 31 de diciembre de 2018, y negó que el acuerdo sea electoralista. «Lo que teníamos que perder en las comarcas mineras ya los hemos perdido», añadió. También rechazó que la dimisión del exministro de Industria José Manuel Soria haya tenido que ver con el acuerdo, aunque sí admitió que «es más fácil hablar con unas personas que con otras». Lo importante era encontrar un mecanismo “y ya se han empezado a dar pasos firmes», señaló el político leonés.

PSOE y Podemos En Marea vuelven a llevar sus críticas a las subastas de interrumpibilidad al Congreso

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Europa Press.- El PSOE y En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las elecciones generales de diciembre, volvieron a plantear en el Congreso sus críticas al sistema de asignación de bloques de interrumpibilidad eléctrica mediante subastas que el Gobierno aprobó en diciembre de 2013, y cuya modificación ya solicitó la Cámara Baja hace aproximadamente un mes.

Con una proposición no de ley, los socialistas critican que el modelo de subastas «no cubre las necesidades de las empresas, genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo, y genera riesgo de deslocalizaciones», a la par que hace «muy difícil» a la industria electrointensiva española competir «en igualdad de condiciones» en el mercado internacional. Por eso, quiere que el Congreso inste a establecer una fórmula para que este tipo de factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía «en condiciones similares a las de otros países de la Unión Europea», aunque sin plantear en su texto un procedimiento concreto de asignación de la interrumpibilidad.

Por su parte, la PNL de En Marea, también dirigida a la Comisión de Industria, es más técnica y se centra en los plazos fijados por la orden ministerial que regula el servicio de la gestión de la demanda de interrumpibilidad para informar sobre las subastas. En concreto, la confluencia gallega recuerda que el Ministerio pone el 30 de junio como límite para que el operador del sistema remita su propuesta de subasta, que debe incluir el rango de cantidades adjudicar, el tipo de producto, el precio de salida, las reglas de la subasta, las fechas y el horizonte temporal.

«Considerando que a la incertidumbre intrínseca del servicio de interrumpibilidad actual se une la de un Gobierno en funciones, el Congreso insta al Gobierno a que solicite al operador del sistema que remita la propuesta razonada antes del 30 de abril», pide Podemos. Además, pide al Gobierno que se tengan en cuenta los criterios aprobados el pasado 29 de marzo por la Comisión de Industria que aprobó la PNL que exigía reformas para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales.

Podemos / Equo presenta una batería de iniciativas en el Congreso para frenar el cambio climático en España

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Europa Press / EFE.- Podemos / Equo presentó 5 iniciativas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de instar al Gobierno a implementar una serie de medidas para frenar el cambio climático en España desde distintos ámbitos y que España convierta la lucha contra el cambio climático en una «cuestión estratégica» y se convierta en uno de los países que lidere la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. De no configurarse un acuerdo de investidura antes del 2 de mayo, no serán tramitadas.

Coincidiendo con la celebración este viernes del Día de la Tierra y de la firma en Nueva York del acuerdo del Clima de París por parte de 170 países, la formación que lidera Pablo Iglesias presentó estas iniciativas en la Cámara, tras un trabajo conjunto con las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la tierra y SEO Bird Life. Las diputadas de Podemos, Rosa Martínez (parlamentaria por Equo), Ione Belarra y Sofía Castañón, reivindicaron que las políticas contra el cambio climático deben representar una «prioridad» para los distintos gobiernos y por eso deben abordarse desde distintos ámbitos.

Se trata de 5 proposiciones no de ley que recogen medidas de género e igualdad, de migraciones, de empleo o de energía. En este sentido, la portavoz adjunta de Podemos en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y diputada por Equo, Rosa Martínez, recordó que el cambio climático afecta en la actualidad a millones de personas en todo el mundo, incrementando la pobreza. Según ha advertido, el impacto de este problema también se está sintiendo en España, las altas temperaturas de los últimos años serán habituales y “supondrá que dentro de 20 años tendremos el clima de Marruecos”.

«Consideramos que las políticas contra el cambio climático deben ser una prioridad para el Gobierno e instamos a introducirlas en todas las políticas y áreas de gobierno, desde la perspectiva de los derechos y la justicia climática», ha agregado. Las iniciativas registradas aluden a la toma de medidas para poner en marcha la transición energética hacia un modelo libre de emisiones de CO2, desarrollar un marco legislativo que ampare a las personas que en el futuro tendrán que desplazarse en España como consecuencia del calentamiento, generar empleo verde o incluir la perspectiva de género en la toma de estas decisiones.

El Congreso pide al Gobierno que bonifique el impuesto sobre el carbón nacional

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Europa Press.- La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para pedir al Gobierno que bonifique el Impuesto sobre el Carbón para la producción nacional en aras a proteger el empleo en las comarcas mineras.

En concreto, el texto de los socialistas pasa por pedir un cambio en la Ley de Impuestos Especiales, de 1992, para establecer «con carácter transitorio y sin menoscabo del cumplimiento de la normativa europea vigente» una bonificación sobre el Impuesto del Carbón.

La propuesta salió adelante con los votos de los diputados socialistas, de Podemos y de Foro Asturias (FAC), y gracias a la abstención de PP y Ciudadanos, mientras que tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como Democracia y Libertad (DL) han votado en contra del texto.

Situación «dramática»

Durante el debate, la socialista Adriana Lastra ha alertado de la «dramática situación» del carbón nacional y el «oscuro futuro que se cierne sobre las comarcas mineras», afectadas por despidos en diversas empresas, a las que les resulta más rentable utilizar carbón procedente de otros países.

«Es obligado rebajar el coste y el precio final de la energía generada con el carbón autóctono», ha reclamado, señalando que «la única medida viable» es bonificar el ‘céntimo verde’, bajo ciertos requisitos medioambientales, para «acercar el precio del carbón nacional al del importado».

Por Podemos, Segundo González ha reconocido que la situación de la industria del carbón es «dramática» y que hace falta tomar medidas, aunque a su juicio lo necesario es aprobar un Plan de Transición Energética a favor de las renovables. «Pero mientras se queme carbón, debe ser nacional», ha admitido.

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, cree que renunciar al único recurso energético propio que tiene España supondría más dependencia energética y mayor gasto público, y por eso coincide en que hay que «salir en auxilio de la crítica situación» del sector para hacer el carbón nacional «competitivo» y evitar la pérdida de empleos.

Sería una ayuda de Estado

El ‘popular’ Juan Bravo ha asegurado compartir la preocupación del PSOE sobre el carbón, pero cree que la medida «no es posible» porque «discrimina» a terceros países, podría suponer un «conflicto directo» con la política comercial de la UE y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), supondría una ayuda de Estado que la Comisión Europea no autorizaría e impactaría en los precios de la energía que pagan los consumidores.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Virginia Millán ha recordado que el sector lleva años recibiendo «enormes ayudas» económicas que han resultado «ineficaces» y ha advertido de que mantener esta línea de actuación podría ser «incompatible» con la normativa comunitaria. «Estas propuestas proteccionistas no van sino a seguir ahondando en el problema», ha insistido, acusando al PSOE de tratar de «disfrazar la realidad» del sector sin tener en cuenta su impacto presupuestario.