Los mineros de la Compañía Astur-Leonesa llevan sus reclamaciones al Congreso mientras impiden la entrada de carbón importado en Compostilla

EFE / Europa Press.- Alrededor de 150 trabajadores de la Compañía Minera Astur-Leonesa (CMAL) han vuelto a impedir la entrada de camiones cargados con carbón importado a la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil (León), al tiempo que trasladan sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados.

“Tras la negativa de Endesa de recibir a los representantes de los trabajadores”, según indicó el comité de empresa de CMAL, se convocaron una serie de movilizaciones que impidieron en 3 ocasiones la entrada de mineral importando en la central térmica. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vega, señaló que se mantiene la oferta para vender el carbón nacional a un precio similar al de importación y ha resaltado que la negativa de Endesa a aceptarla «no puede estar sustentada más que en intereses ocultos». Vega destacó la «complicada situación» que conlleva que no se venda carbón nacional, lo que se ha traducido en un ERE que afecta al 100% de la plantilla.

Reunión con Podemos e IU

Vega avanzó que, gracias a la intervención de Unidos Podemos, tienen previsto reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso, a los que trasladarán sus reclamaciones y la “angustiosa” situación del sector, al borde de la desaparición. También anunciaron que los representantes del comité de empresa y la plantilla celebrarán una asamblea el jueves en Cerredo (Asturias) para concretar nuevas movilizaciones.

Izquierda Unida subrayó su apuesta por el carbón nacional como elemento estratégico dentro de la política energética como única fuente autóctona. La coalición exige al Gobierno central y la Junta de Castilla y León que aseguren el suministro de carbón autóctono en Compostilla «mediante la intermediación o la intervención directa en la empresa«. «Desde Izquierda Unida mantenemos nuestro apoyo a los trabajadores de Minera Astur-Leonesa en sus movilizaciones y cortes para impedir el paso de mineral a la térmica e instamos a que la empresa desbloquee esta situación a través del suministro del carbón autóctono», destacó el coordinador de la coalición en León, Santiago Ordóñez.

Colectivos ecologistas denuncian la llegada a España del primer buque metanero que trae de Estados Unidos gas extraído mediante fracking

Europa Press / EFE.- Más de 40 plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas han denunciado la llegada a España del primer buque metanero cargado de gas procedente de Estados Unidos después de que el país levantara a finales de 2015, durante las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés), el veto a la exportación de gas que mantenía desde 1975. Se trata del segundo cargamento de gas estadounidense con destino al continente europeo tras el que llegara a Portugal esta primavera.

Según los denunciantes, entre los que figuran las ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, las políticas Podemos, Izquierda Unida, el BNG e Iniciativa per Catalunya, este hecho supone «el pistoletazo a una importación masiva de gas de fracking (fractura hidráulica) desde el otro lado del Atlántico». El barco llegó al puerto de Ferrol proveniente de Sabine Pass, en el golfo de México, con 135.000 metros cúbicos de gas licuado. Su cargamento se almacenará en la planta coruñesa de Reganosa. No obstante, no es el primero que sale de costas estadounidenses, ya que en febrero de 2016 se exportó el primer cargamento internacional de gas a Brasil.

Los ecologistas critican que Reganosa cuenta con la oposición vecinal desde el inicio de su tramitación, ya que “está a menos de 100 metros de las viviendas”. El Tribunal Supremo la declaró ilegal en dos sentencias, ha recordado Ecologistas en Acción, que acusa al Gobierno en funciones de renovarle los permisos y de eximirla de la evaluación de impacto ambiental.

Según los ecologistas, «la mayor y más inminente amenaza» de entrada del fracking en Europa lo representan las importaciones de gas estadounidense en forma de gas natural licuado (GNL). Afirman que «estar hoy contra el fracking» es «estar contra la importación de gas licuado». Las organizaciones lamentan que, «a pesar de los abandonos por parte de diversas empresas o de la oposición institucional», ya se haya practicado en países como Polonia y que en otros como Reino Unido o España haya trámites «avanzados» al respecto.

Asimismo, inciden en que la aprobación por parte de la Comisión Europea de varios documentos como la Estrategia europea para el Gas Natural Licuado y el Almacenamiento de Gas, suponen «un empuje a la importación de gas natural a pesar de que la demanda viene cayendo en los últimos años». En relación a la llegada del buque y con el lema Ni aquí ni en ningún sitio, el Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol organizó una manifestación para mostrar «su oposición al fracking y a Reganosa» frente a la Xunta de Galicia.

Podemos advierte de que lucharán hasta el final contra el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana

EFE.- Podemos Andalucía alerta del «peligro» que supone el proyecto gasístico de Gas Natural en el Parque de Doñana y advierte de que «lucharán hasta el final para que éste no continúe». La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, visitó Doñana y señaló que lucharán «hasta el final» contra el proyecto de Gas Natural Fenosa en el Parque Natural, cuyas obras son inminentes.

Doñana es «una joya de la biodiversidad, Patrimonio de la Humanidad y de todos los andaluces, que merece una protección mayor», según Rodríguez, que recordó al Gobierno andaluz y a su presidenta, Susana Díaz, la «posibilidad que tienen entre sus manos de pararlo». Además, criticó que el proyecto de Gas Natural «no cuenta con los estudios sísmicos suficientes», tras aludir al proyecto Castor, que «es similar y provocó movimientos sísmicos hasta que tuvo que ser paralizado». Para Podemos Andalucía este proyecto consiste en «convertir suelo protegido en suelo industrial». «Andalucía no puede ser el almacén de sustancias peligrosas», sentenció Rodríguez, que añadió que este proyecto de almacén de gas «no tiene ninguna contraprestación para la ciudadanía, solo riesgos y peligros».

Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir como comisario aunque los partidos de la izquierda piden su dimisión

Europa Press.- El PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras escuchar sus explicaciones sobre su presunta vinculación con casos como el de Acuamed y los Papeles de Panamá. Cañete aseveró que no ha incurrido en ningún conflicto de interés y ha cumplido el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario y por tanto se siente «plenamente legitimado» para continuar en el cargo.

«Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario«, ha dicho Cañete. Respecto al caso de Acuamed, el comisario ha rechazado «absolutamente» que haya condonado siendo ministro de Agricultura una deuda a FCC de 40 millones de euros como ha afirmado la eurodiputada socialista, Iratxe García.

Por lo que se refiere a la empresa mencionada en los Papeles de Panamá, Rinconada Investments Group, en la que aparecía como apoderada su mujer y que algunos eurodiputados le han preguntado por qué no figuraba en su declaración de intereses, Cañete recalcó que la compañía «estaba inactiva» desde enero de 2010 y dado que «no realiza ninguna actividad, no puede dar lugar a ningún tipo de conflicto de intereses«. En este asunto indicó que le consultó a su mujer «sobre sus intereses financieros» cuando apareció la empresa en los papeles y ésta le dijo que «no tenía ninguno que incurriera en conflictos de intereses».

Vendió sus acciones en petroleras

Cañete ha dejado claro además que vendió «la totalidad» de sus acciones en compañías petrolíferas «tan pronto» le nombraron comisario en aras de «una mayor transparencia» porque «no tenía obligación de hacerlo». «Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses«, ha dicho, tras dejar claro que durante su «carrera política» sólo ha «presidido» dos empresas «españolas» con domicilio en Ceuta y en Las Palmas de Gran Canaria. «De una de las compañías era accionista, que se llamaba Havorad, estaba establecida en Ámsterdam», ha explicado, insistiendo en que es «una situación absolutamente normal» en el «mercado interior».

Cañete aseguró que la comparecencia le ha permitido «aclarar muchas afirmaciones inexactas» y que su situación como comisario «es intachable» y tiene la conciencia «absolutamente tranquila», defendiendo su trabajo en Bruselas como su contribución para lograr el acuerdo sobre cambio climático en París, para avanzar en la Unión Energética o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Críticas de partidos de izquierdas

Por su parte, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario. «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario», ha exigido la jefa de la Delegación del PSOE en la Eurocámara, Iraxte García, cuyo grupo le ha preguntado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de la que se benefició la esposa del comisario y la deuda que condonó presuntamente siendo ministro de Agricultura a FCC en el caso Acuamed. En el caso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy, García ha dejado claro que «es totalmente inadmisible, moral y políticamente que posteriormente su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal».

El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, dejó claro que Cañete compareció «con toda transparencia» y ha respondido sin «ningún tipo de objeción» a cualquier cuestión. Asimismo señaló que «hay que respetar un hecho que es incontrovertible» como es que «el Señor Cañete tiene separación de bienes desde el año 1978″ y se le quiere «linchar» porque «su mujer es rica». «No voy a pedir que comparezca Felipe González y su mujer a pesar de que es notorio que tiene una sociedad offshore en Panamá. Me parecería irregular, una extralimitación, una falta de respeto si tiene una separación de bienes», subrayó, insistiendo en que «todo esto es un montaje político para linchar a un comisario».

Izquierda Unida, Podemos e ICV han dejado claro que sí han pedido la dimisión de Cañete. «Desde Izquierda Unida, hemos pedido en directo la dimisión del señor Cañete inmediatamente porque no puede seguir ocupando el cargo», ha dicho la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. López ha explicado que su grupo ha centrado sus preguntas en las declaraciones de Francisco Valiente y Federico Armas de Ramos que «apuntan directamente al ministro Cañete en las decisiones que se han tomado» en Acuamed, según aparece en el expediente instructor del caso, algo que «tendría que ser suficiente para que presentara su dimisión».

El eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, ha defendido que «el comisario Arias Cañete debería dimitir» porque la «extensa retahíla y maraña de empresas offshore y casos» en los que está implicado «difícilmente» se ajustan «a la legalidad». Su colega de ICV, Ernest Urtasun, señaló que «todos los grupos salvo el PP han expresado que tienen poca confianza en este comisario», al tiempo que considera que no ha dado «toda la información» y la empresa en la que figura como apoderada su mujer no está disuelta «jurídicamente». «Vamos a seguir pidiendo la dimisión», ha dicho, tras recordar que es el comisario que «más» casos polémicos acumula.

Almonte rechaza el almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana por «no generar beneficios» mientras Podemos carga contra Felipe González

EFE / Europa Press.- La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó que el Parque Nacional de Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González, que a su vez formó parte del consejo asesor del Parque Nacional. Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio del PSOE en el que se localiza el proyecto Marismas Occidental, mostró su rechazo al mismo por «no generar beneficios».

Se trata de la primera vez que este Consistorio, a través de su equipo de gobierno, liderado por Rocío Espinosa, se pronuncia al respecto, toda vez que ha comenzado la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados en este término municipal. Entiende, según comunicó, que el proyecto gasista «ni genera ningún beneficio para el municipio ni coincide con el modelo de desarrollo que este gobierno municipal socialista defiende, como fundamental, para Almonte y Doñana».

Este proyecto ha sido declarado de utilidad pública por el Ministerio de Industria y cuenta con la autorización de las Administraciones implicadas: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en septiembre de 2010 y la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en noviembre de 2010. Se trata del único de los cuatro proyectos que impulsa la compañía Gas Natural Fenosa que cuenta con luz verde de la Junta, que mantiene que pese a estar situado en el entorno del espacio natural no afecta a su interior.

Según el concejal de Medio Ambiente de Almonte, Isidro Medina, «el anterior equipo de gobierno municipal, del PP, guardó silencio sobre este proyecto, haciendo con ello que el Ayuntamiento de Almonte perdiera la oportunidad de realizar alegaciones y de posicionarse oficialmente en las fechas oportunas«. Como consecuencia, el nuevo equipo de gobierno socialista «se encuentra a su llegada al Ayuntamiento un proyecto con una tramitación en su fase de finalización y sin la posibilidad de realizar alegaciones de ningún tipo», ha dicho. Medina lamentó que el PP «nos imponga un proyecto que no aporta nada”.

Podemos se acuerda de González

Por su parte, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró que Doñana está pagando las «consecuencias y efectos» del sueldo de «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente del Gobierno Felipe González. «Felipe González decidió hace tiempo poner su trabajo, su influencia y su talento a sueldo de las grandes compañías, como Gas Natural, que ponen en riesgo a Doñana. Podía haber dedicado su vida a defender los derechos humanos, o a luchar por otras causas, pero no ha sido así, y ahora estamos viendo sus consecuencias directas sobre la mayor reserva de la biosfera de Europa, el Parque Nacional de Doñana», afirmó Rodríguez.

La dirigente de Podemos ha apuntado que entre el Gobierno de Rajoy y la «complacencia y lentitud» del Ejecutivo andaluz de Susana Díaz, «todos ellos influenciados por Felipe González», Doñana está pasando por «una de sus mayores crisis, tal y como vienen alertando diferentes informes, como el de la Comisión Europea». Rodríguez también ha destacado que «mientras Susana Díaz negaba que Felipe González estuviera atrapado en una puerta giratoria, conocíamos las expropiaciones en Almonte, consecuencia directa de la influencia comprada del expresidente socialista, al que Susana Díaz solo dedicó halagos y ni un solo reproche«.

«Sabemos que no es fácil encontrar soluciones para recuperar el equilibrio en el Parque Nacional de Doñana, pero la negación no es el camino», indicó la dirigente de la formación morada, para quien la actividad humana sostenible y el ecosistema deben convivir, «pero al Gobierno andaluz le falta audacia y voluntad política”. Para la líder de Podemos Andalucía, «Felipe González se ha puesto del lado del PP para apoyar proyectos que destruyen el patrimonio natural ya no solo de Andalucía, sino de la humanidad, como es Doñana, mientras que, de forma intolerable, el Gobierno andaluz permanece inmóvil y rinde su patrimonio cultural más valioso a quienes quieren expoliar nuestra tierra».

Reunión del Consejo de Participación

Tras la reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, afirmó sobre la iniciativa para la extracción, almacenamiento y gasoductos de gas natural en el entorno del espacio natural de Doñana que la postura de la Junta «no se ha movido, siempre de parte de la legalidad». Por último, el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, hizo hincapié en que «Doñana está declarada como Patrimonio de la Humanidad y al respecto la Constitución dice que tiene que prevalecer el interés público sobre el privado y ocurre todo lo contrario».

Los mineros encerrados en el Pozo Aurelio (León) realizan una huelga de hambre con el apoyo de políticos y sindicatos

Europa Press / EFE.- Los 4 mineros encerrados desde el pasado día 13 de junio en el Pozo Aurelio (León), realizaron una huelga de hambre de 3 días, aunque se inició con el propósito de ser indefinida, cuando se cumplen 18 días de su encierro para presionar al Gobierno Central y conseguir que desbloquee las ayudas para el cierre de las explotaciones de interior.

Los mineros presentaron esta propuesta al Comité de Empresa, a quienes pidieron que se retirase la comida del interior del pozo. Los propios familiares de los cuatro mineros explicaron que la decisión de comenzar la huelga de hambre perseguía el objetivo de «llevar al límite una protesta para reclamar a los organismos oficiales una decisión firme que permita liberar el dinero prometido para el cierre».

Herrera defiende una «causa justa»

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió «de forma muy intensa y personal» la que considera «causa justa y justificable» de los cuatro mineros de la Hullera Vasco-Leonesa que reclaman al Gobierno central el pago de las ayudas que fomentan el cierre de explotaciones mineras y que fueron suscritas en octubre de 2013. Así se pronunció Herrera en el debate sobre el estado de la Comunidad.

El primero en referirse expresamente al caso de estos mineros encerrados en el Poco Aurelio ha sido el socialista Luis Tudanca, quien les ha enviado «todo el calor y aliento» porque son un «símbolo de la dignidad de las cuencas«. Posteriormente también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a los mineros para mostrar su solidaridad con su situación, pero fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien profundizó más en la situación que atraviesan. Lo hizo tras una alusión del procurador leonesista Luis Mariano Santos, quien ha planteado como «dramático» y «terrible» que los mineros tengan que estar en huelga de hambre para pedir ayudas que promueven el cierre de explotaciones.

Herrera explicó que la situación de las explotaciones mineras de la Hullera Vasco-Leonesa en La Pola de Gordón tienen dos planos diferentes, ya que la mina de interior carece de viabilidad en el proceso concursal en que se halla al no haber potenciales compradores, mientras que la mina a cielo abierto sí puede contar con inversores que mantengan el empleo.

El presidente detalló que la entrega de las ayudas, para lo que ha ofrecido a la propia Junta de Castilla y León como intermediara, serviría por un lado para dar empleo al menos durante 3 años a los mineros en los trabajos de desmontaje de la mina, y por otro para dar tiempo a que fructifiquen las gestiones de venta del cielo abierto. «Hay que mover a un Gobierno que no puede justificar su inacción en el hecho de estar en funciones», ha adelantado Herrera antes de calificar de «causa justa y justificada» la defendida por los mineros de la Hullera y de comprometerse a reclamar de forma «muy intensa y personal» el cumplimiento de lo pactado ante el Gobierno.

Tudanca arremete contra el PP

A su vez, el portavoz del grupo socialista, Luis Tudanca, criticó que las «lágrimas de cocodrilo» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con relación a la minería del carbón «no han dado de comer a ni una sola familia de las cuencas». Tudanca preguntó al presidente qué va a hacer la Junta para acabar con la despoblación en las comarcas mineras y le advirtió que en esta materia «se acabaron las bromas». “Un año después de sus golpes de pecho hoy quedan dos minas de interior abiertas con tan solo 60 trabajadores y el futuro del carbón es más negro que nunca», insistió.

En este punto, Tudanca ha acusado a Herrera y al PP de firmar «la defunción de un sector sin el cual estas comarcas no tienen futuro», en una coyuntura en la que los socialistas están «hartos» de que en Castilla y León «digan una cosa y en Madrid otra». Herrera ha replicado que le parecía «poco objetivo» que el PSOE le pueda «endosar» al PP el fin de la minería del carbón en el año 2016, cuando, en su opinión, fue en 2010 cuando se empleó la «guillotina» contra el sector por parte de los socialistas. «Nos podemos y debemos entender», ha planteado el presidente, especialmente en el principio de defender que se mantengan abiertas las explotaciones que resulten rentables.

USO exige evitar los «dramas”

Asimismo, el sindicato USO ha reclamado al Ministerio de Industria que evite el «drama humano» que supone la situación de los mineros encerrados en el pozo Aurelio y conceda las ayudas al cierre que contempla y regula el Plan del Carbón 2013-2018. El sindicato reclama del Instituto del Carbón y del Ministerio de Industria que, de una vez por todas, resuelvan la interpretación sobre «las deudas con Hacienda o Seguridad Social» a los efectos de poder percibir ayudas del Estado.

USO considera que en el caso de la Hullera Vasco-Leonesa, así como ocurre también con Astur-Leonesa (antigua Coto Minero del Cantábrico), se debe dar una interpretación legal en el sentido de favorecer el empleo. «Lo contrario supone un contrasentido total y absoluto sobre los fines de salvar las empresas que entran en concurso de acreedores y a la vez se les niega la percepción de ayudas del Estado por situaciones ajenas al nuevo adjudicatario», señala USO. También advierte del contrasentido que supone que en situaciones como las que atraviesa la Hullera, por entrar en quiebra y mantener deudas con Hacienda y Seguridad Social, se niegue las ayudas para realizar un cierre ordenado y con seguridad.

Cita política en el Congreso Eólico

Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

1.608 familias recibieron ayudas de la Comunidad de Madrid para no pagar el gas y la luz durante el invierno

EFE.- Un total de 1.608 familias sin recursos se han acogido desde febrero a las ayudas para pagar las facturas de gas y electricidad de la Comunidad de Madrid, que suavizó recientemente los requisitos para acceder a las mismas para poder atender todas las peticiones recibidas.

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, hizo balance de esta medida en una comparecencia en el pleno de la Asamblea, donde ha explicado cómo se ha desarrollado el convenio que firmó el pasado mes de diciembre la Comunidad con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para impedir que las personas sin recursos sufrieran cortes de electricidad y gas. Durante estos meses han sido 1.608 las personas o familias que han solicitado adherirse a esta ayuda y se han atendido todas las peticiones recibidas, de manera que no han tenido que pagar las facturas energéticas durante el invierno y las empresas energéticas no les han cortado el suministro.

Izquierdo explicó que para no denegar las solicitudes que se habían rechazado inicialmente y poder abarcar todos los hogares vulnerables, el Gobierno tramitó una modificación urgente de las normas reguladoras del acuerdo para, entre otras cosas, suprimir la limitación de los términos de consumo. Izquierdo detalló que se recibieron 1.608 solicitudes: 166 de ellas relativas sólo a gas, 894 a electricidad, y 497 a ambos suministros. Las empresas recibirán a partir de ahora el importe de las facturas desde la Comunidad de Madrid, que este año presupuestó un millón de euros para esta medida. Para poder acceder a estas ayudas, se debe acreditar una situación de especial necesidad económica con un informe previo emitido por los servicios sociales del ayuntamiento.

La diputada socialista Josefa Navarro, calificó de «paripé y propaganda» la medida porque, a su entender, deja fuera a muchas personas por los requisitos pedidos, de manera que es una «protección excluyente que se transforma en desprotección». Celebró, en este sentido, que el Gobierno haya cambiado los requisitos iniciales, porque «el paraguas de cobertura estaba muy cerrado», pero aún así criticó que se queden fuera familias que lo necesitan y a los que tienen que atender los ayuntamientos, en muchos casos recurriendo a fondos de emergencia. Además, advirtió de que estos cambios «repentinos» desaniman a los ciudadanos a la hora de plantearse solicitar la ayuda.

En este mismo sentido, la diputada de Podemos Olga Abasolo apuntó que la campaña de información ha sido insuficiente e instó al Gobierno a darle más publicidad. Además, Abasolo denunció que la medida deje sin posibilidad de solicitarla a muchas personas en situación de necesidad, como los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o que uno de los requisitos sea el impago de las facturas, penalizando así a las personas que hacen un esfuerzo en sus domicilios para consumir menos energía. También ha criticado que las ayudas se limiten a 6 meses (ampliables a 9), tiempo que no ve suficiente para que las familias salgan de la dificultad económica.

Desde Ciudadanos, Alberto Reyero, criticó la cantidad destinada a esta medida, un millón de euros para 2015 y otro para 2016, «claramente insuficiente» y «ridícula» para el problema, que afecta a miles de personas, y por eso también consideró que son pocas las solicitudes recibidas. Reyero señaló que este problema no debe abordarse sólo subvencionando facturas, sino que las familias en situación de necesidad deben ser objeto prioritario de las políticas de eficiencia energética para que su consumo sea prácticamente nulo, erradicando el problema en vez de poniendo soluciones temporales.

Unidos Podemos pide que los beneficios de las compañías eléctricas nutran un fondo contra la pobreza energética

EFE.- Mientras Juan López de Uralde, candidato de Unidos Podemos al Congreso por Álava, insiste en que su partido propone «una transición energética a un modelo basado en su totalidad en las fuentes de energías renovables», el candidato de Unidos Podemos al Congreso por Zaragoza, Pedro Arrojo, ha propuesto que las empresas eléctricas aporten a un fondo común, de forma proporcional a sus beneficios, los recursos necesarios para sufragar las facturas de los suministros de las familias más desfavorecidas y que no pueden pagarlas.

Arrojo presentó sus propuestas para resolver la emergencia social de las familias que no tienen el dinero necesario para hacer frente a las facturas de los suministros de agua, gas o electricidad. Además de pedir que el IVA se rebaje al 10% para el gas y la electricidad, pidió que las familias más desfavorecidas no sufran en ningún caso el corte de suministro, y que sus facturas corran a cargo de este fondo que las empresas deberían provisionar en función de sus beneficios. En este sentido, criticó que las empresas eléctricas españolas tienen «el doble de beneficios que las europeas».

Podemos y la transición energética

Por su parte, el candidato número uno de Unidos Podemos al Congreso por Álava y portavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde, reclamó al PSOE que «clarifique qué va a hacer con sus votos el día 27 de junio» porque «de ello depende a dónde vamos a ir«.Ha subrayado que la posición de Unidos Podemos es «clara» porque «ahora y antes apostamos por un gobierno a la izquierda y, para ello, queremos sumar con el PSOE», ya que «sabemos que no vamos a obtener mayoría absoluta«.»Pero lo que todavía no ha clarificado el PSOE es qué va a hacer el 27 de junio, esa es la gran incógnita», afirmó López de Uralde.

Uralde expuso las propuestas de Unidos Podemos sobre ecología, «algo en lo que en los últimos meses hemos trabajado en el Parlamento con diferentes iniciativas, pero que ha pasado desapercibido por la crisis política». Para Unidos Podemos, «la cuestión energética es troncal» porque «actualmente, el modelo de España se basa en la quema de combustibles y en centrales nucleares peligrosas, como la que hay cerca de aquí, Garoña», ha dicho. Su partido propone «una transición energética a un modelo basado en su totalidad en las fuentes de energías renovables» porque España tiene «sol, viento y agua», pero no tiene petróleo y el 80% de su economía depende de sus importaciones.

También quieren promover una ley que «dé solidez a las energías renovables para garantizar la inversión en ellas»; así como el cierre paulatino, hasta 2024, de las centrales nucleares en España y medidas para poder recuperar «la generación de energía para autoconsumo», algo que «ha impedido el PP al crear lo que se conoce como impuesto al sol«. Añadió que Unidos Podemos quiere promover un plan de rehabilitación energética de viviendas en España, que generaría 200.000 empleos, según sus cálculos.

Reivindica la energía solar fotovoltaica

Asimismo, el cabeza de lista de Unidos Podemos al Congreso por Murcia en las próximas elecciones generales, Javier Sánchez Serna, subrayó que un euro invertido en energía solar fotovoltaica en Murcia es tres veces más rentable que en Alemania o el Reino Unido, que instalan 100 veces más que en España. Así calculó que «sólo las instalaciones fotovoltaicas en tejados podrían generar 5.000 empleos directos e indirectos al año» en esa comunidad, que serían «cualificados y bien remunerados». Según sus palabras, «la región de Murcia puede tener la energía eléctrica más barata de toda Europa».

Por ello, si su coalición llega a gobernar, derogará el real decreto de 2015 que regula las condiciones del suministro y producción de energía eléctrica con autoconsumo para «eliminar el impuesto al sol y restaurar la seguridad jurídica con el fin de que vuelvan las inversiones al sector». «Seguridad para apoyar también a las más de 60.000 familias españolas, 15.000 de ellas murcianas, que apostaron en su día por las energías renovables al amparo de leyes y decretos que se modificaron retroactivamente al dictado de las grandes empresas eléctricas», denunció.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.