El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

El Senado rechaza instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética

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Europa Press.- El Senado ha rechazado la propuesta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética. En concreto, la propuesta ha sido rechazada durante el pleno de la Cámara Alta por 138 senadores y apoyada por 109. Se ha producido además una abstención.

El grupo parlamentario proponía aplicar un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4% para el gas y la electricidad y realizar una auditoría sobre todo el sistema eléctrico y los «costes reales» del sector y otra sobre el déficit tarifario, según recogía la propuesta. Asimismo, Podemos pedía ampliar el bono social para hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que su concesión se base en la renta familiar a través de criterios «claros, transparentes y homogéneos», tanto para viviendas de alquiler como en propiedad. Además, proponía que se responsabilizara a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales.

La propuesta incluía también la exigencia a las empresas suministradoras de «mayor y mejor información» sobre los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica, los servicios energéticos, las medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de bonos sociales, así como de la publicación trimestral del número de consumidores que no pueden abonar la factura y de los afectados por cortes de suministro. Podemos buscaba con su propuesta que la energía se considere “un bien público para que se garantice que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y otros servicios energéticos básicos a un precio justo”.

Además, el grupo parlamentario pedía regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos. Otra de las medidas que Podemos propuso es legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución, de forma que no se puedan llevar a cabo suspensiones sin que haya un informe de los servicios sociales que determine el grado de vulnerabilidad de las familias, así como que se garantice la garantía de suministro en momentos críticos en forma de «tregua invernal».

Podemos pide cerrar la puerta al carbón de importación «manchado de sangre» así como auditar los fondos mineros

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EFE / Europa Press.– El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha reclamado «cerrar la puerta» al carbón de importación «manchado de sangre» que «está estrangulando la minería» en España. Unidos Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso que apuesta por la reactivación económica de las cuencas mineras y reclama una auditoría de los fondos mineros que analice el conjunto de las ayudas e inversiones realizadas para reactivar las cuencas.

«El debate no es si se consume o no carbón. Se está consumiendo más, y eso es un problema con nuestros compromisos internacionales para la reducción del CO2, pero al mismo tiempo se está estrangulando de forma inaceptable la minería española», aseveró Mayoral, que ha criticado la importación masiva de mineral procedente de países que no cumplen con la normativa laboral o medioambiental. Según sus datos, sólo el carbón importado que entra cada año por el puerto de Gijón duplica ya al de producción nacional. Por ello, pide que los presupuestos generales del Estado graven con un impuesto especial el consumo de carbón que se produzca «en condiciones sociales y medioambientales menos garantistas» que las que disfruta la Unión Europea.

El diseño de ese impuesto debe adecuarse según Podemos al objetivo de que se aumente el consumo de carbón autóctono «sin menoscabo de una disminución global» de la participación de este combustible en el mix energético. Podemos solicita también la elaboración de un plan «público y transparente» de reactivación económica para las comarcas mineras consistente en garantizar la inversión de las administraciones públicas «hasta reducir el diferencial en desempleo respecto a la media». Finalmente Podemos denuncia el «incumplimiento» de los acuerdos cerrados en 2013 entre el Gobierno y los trabajadores del sector y que, mientras se reduce la producción nacional de carbón, está aumentando la importación de este recurso natural.

Asimismo, también ha reivindicado la necesidad de que se produzcan cierres ordenados de las minas, y puso como ejemplo la ausencia de esto en el cierre de la explotación de Vasco Leonesa, sin tener en cuenta los riesgos de tipo ecológico para los pueblos colindantes. «No entendemos que el Gobierno esté mirando para otra parte ni que la Junta de Castilla y León no haya adoptado las medidas oportunas. La situación es de locura», señaló.

Podemos/Equo reivindica en el País Vasco su oposición al fracking y a la reapertura de la central nuclear de Garoña

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EFE.- El coportavoz de Equo y diputado en el Congreso por Podemos, Juan López de Uralde, denunció que «cómo es posible que quien se llama nacionalista haya hecho tanto daño a su territorio», en alusión al Gobierno vasco de Urkullu (PNV).

Los candidatos a las elecciones autonómicas por Álava han explicado que para Elkarrekin Podemos una de las prioridades de la próxima legislatura será impulsar una Ley de Acción contra el Cambio Climático «que apueste por un modelo para Euskadi sustentado en el ahorro y en la eficiencia energética, mediante una sustitución de las energías fósiles por las renovables».  López de Uralde ha criticado la política medioambiental del PNV y del Gobierno de Iñigo Urkullu y ha denunciado que «la agenda vasca» que han impuesto ha sido «tremendamente destructora» para el entorno natural de Euskadi. En este sentido, criticó que el PNV haya seguido apostando por la técnica del fracking para extraer gas natural de roca.

«Ahora se les llena la boca diciendo que están en contra de la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña», ha criticado, pero ha advertido de que el PNV ha votado en el Congreso medidas que favorecen la expansión de la industria nuclear en España porque «eso no les pilla cerca». En cambio, «nosotros somos antinucleares aquí, en Madrid y en Berlín«, subrayó.

Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explicó que la lucha ecologista también permite generar empleos «verdes, de futuro, de calidad y sostenibles». «En Europa hay 20 millones de desempleados y si apostáramos de manera real y eficiente por los empleos verdes, podríamos crear la misma cantidad de puestos de trabajo», aseveró. Marcellesi considera que es el momento de dar «un paso valiente» y apostar por «una Euskadi donde se pueda respirar de forma limpia» y dependa menos de los combustibles fósiles. El eurodiputado de Equo denunció la existencia de una «casta energética» que no piensa en los intereses de los ciudadanos y que aboga por el fracking.

Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

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Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

Lecturas de otro pacto prescindible

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Es más que probable que el pacto suscrito ayer por los representantes de Ciudadanos y Partido Popular, no sirva para garantizar una investidura o un programa de Gobierno, a la vista de los acontecimientos, por lo que la virtualidad del acuerdo está condicionada por la propia dinámica de los partidos. Por otra parte, es cierto que, en nuestro país, estamos en una situación política insostenible e inaudita por su petrificación que, por otra parte, no tiene solución fácil. El caso de lo que se recoge en dicho Pacto en lo que se refiere a energía así lo acredita.

El pacto, en este ámbito, pivota en tres niveles: una trasposición casi palabra por palabra del Pacto suscrito PSOE-Ciudadanos en la materia, un cierto aire de programa electoral destinado a satisfacer lo que son los supuestos ‘marcos mentales’ de la sociedad española en materia de energía, expurgando los titulares más reconocibles de la comunicación política (la abolición del mal llamado “impuesto al sol”, el más evidente y llamativo) y, consecuentemente, la voluntad de que la energía sea uno de esos ámbitos dónde pueda acampar la presión a los socialistas dada la identidad de postulados de este Acuerdo con el precedente.

Por tanto, en estas 150 medidas, de las cuales 100 estaban pactadas anteriormente con los socialistas, se percibe el síndrome del copiar y pegar del pacto suscrito entre Ciudadanos y los socialistas en energía, poniendo más acento en éste recién presentado en la unidad de mercado, dado que el PSOE buscaba elementos de distinción federalista en su concepción.

El pacto contiene una enmienda a la totalidad respecto a una cuestión que fue una de las actuaciones más vergonzantes de la última legislatura popular, que fue el diseño y configuración de la actual CNMC, causante de que este organismo no tenga correlato en los países occidentales con economía de mercado y además que el organismo esté sumido en una crisis de gobernabilidad salvaje. El ensañamiento en desmontar el sistema de órganos reguladores independientes en la última legislatura popular (después del desmadre final socialista) fue evidente y, además, ya había sido criticado de forma muy severa por las autoridades europeas, a la vez que vapuleado desde el Ejecutivo durante la ejecutoria Soria/Nadal. Abandonar, al menos nominalmente, por la vía del Pacto, el verticalismo popular en esta materia, puede servir para positivizar los cuestionamientos recibidos desde Bruselas y que el Gobierno absorbía impasible al ademán.

Por la propia traslación del acuerdo precedente, se aprecian dos apartados en que el influjo del colectivo retroprogresivo de la energía ha transmutado en el acuerdo: la reverberación de los CTC’s y la tarifa eléctrica. En lo que se refiere a los CTC’s, cuestión casi calificable como la “memoria histérica” del sector eléctrico, una vez deshauciada en el ámbito legal y jurídico, se reverberan las voces que reclaman la revisión de los mismos desde la política politizada.

Respecto a la tarifa eléctrica continua sin apreciarse, en este caso ni por PP, ni por PSOE, ni por Ciudadanos, el dimensionamiento correcto del impacto de los costes regulados y de los costes impropios que absorbe la tarifa, verdadero causante de las diferencias de precios con la UEM y que conllevan la articulación de un sistema muy tupido de subsidios cruzados. Un desenfoque completo en esta cuestión. A cambio, se recoge el postulado retroprogresivo de correlacionar costes y precios en el sector energético, de forma que paradójicamente, en un acuerdo no aparece nunca la palabra “mercado”. Ciudadanos, un partido supuestamente liberal, de la mano de los populares, escoran así la palabra “liberalización” y otras cuestiones, muy peligrosas como “seguridad jurídica” (¿para qué es necesario dos autoridades independientes de mercados o de competencia con esas ideas?).

En estos dos casos, dichas medidas también son una enmienda a la totalidad de la actuación de los sucesivos gobiernos populares, no se sabe si ha sido producto de la factoría de Jorge Fabra padre (por su inclusión en el pacto con el PSOE y su inspiración de los ideólogos de Podemos) o de Natalia Fabra (y sus relaciones con los economistas de Ciudadanos).
Otra coincidencia respecto a los dos pactos, son las ausencias de los mismos: ningún elemento respecto de la gobernanza de los TSO españoles, Red Eléctrica y Enagás. Tampoco de la participación de todos los sectores energéticos en la denominada y vaporosa “transición energética” sin concreción. Y, debajo de las alfombras, un silencio estruendoso en ambos acuerdos respecto a las consecuencias, conflictos jurídicos y arbitrajes en que está inmerso el sector tras el ajuste contable del déficit tarifario (otra expresión tabú del Pacto).

Finalmente, como se anunciaba, en una enmienda a la totalidad, Partido Popular y Ciudadanos abominan del mal llamado “impuesto al sol”, cuando lo que sería razonable sería comprometerse a la elaboración de un cálculo de los costes reales de utilización de los servicios de la red de forma transparente, auditada, sin penalizaciones, ni sobrecargos para los autoconsumidores, pero tampoco subsidiando los mismos por el resto de los consumidores, cargando la exoneración pactada como incentivos a los PGE.

Sea lo que sea, el pacto presentado tiene poco recorrido, y lo demuestra, que el Partido Popular, por cálculo o indiferencia, haya accedido a incluir todos estos, quien sabe si conscientes de que una vez conseguida la investidura se puede resistir y continuar ejerciendo el poder con los mismos formatos políticos. Por su parte, la casta del colectivo retroprogresivo frotándose las manos al haber intercalado sus papeles en los dos pactos en todas las formaciones políticas, del PSOE a Podemos, pasando por Ciudadanos, llegando al PP, desde el sol hasta el ocaso. Y, por su parte, Ciudadanos evidencia notables carencias en la energía traspapelando de forma textual el Acuerdo pasado en éste.

Quizá por esto (o en parte el síntoma sea esto) estemos así.

UGT denunciará al Gobierno ante los tribunales por incumplir el Plan del Carbón

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Redacción / Agencias.- La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA–UGT), anunció que denunciará al Gobierno ante los tribunales por incumplir el Plan del Carbón «que se encuentra en una situación límite». Así, UGT-FICA junto con el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA) se pondrán en contacto con todos los firmantes del acuerdo firmado en junio en defensa de la minería del carbón, “para que se unan a la denuncia en bloque”.

Dicho acuerdo fue suscrito por todos los partidos políticos excepto Podemos, Izquierda Unida y el PP, y firmado también por empresarios del sector, sindicatos, excepto USO, y suscrito igualmente por las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Paralelamente, los ayuntamientos mineros asturianos buscarán el respaldo socialista en el Congreso de los Diputados para exigir que el Plan minero se cumpla y el sector del carbón español «pueda sobrevivir a la mayor crisis de su historia, con la mayoría de las empresas en procesos de liquidación».

El marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018 establece que las minas españolas de carbón deberían de producir 6 millones de toneladas de carbón y emplear a 5.500 trabajadores, mientras que «la realidad es que las plantillas apenas llegan a los 3.000 mineros y la producción fue el pasado año de 3 millones de toneladas«, lamentó el sindicato.

Asimismo, el sindicato denuncia que las empresas mineras españolas siguen sin poder vender su producción a las eléctricas, mientras se incrementa la importación de carbón internacional, y añade que «desde el año 2012, año tras año, el Gobierno del PP sigue con su obsesión por cerrar un sector tan primordial como es el del carbón para la seguridad de abastecimiento, para reducir nuestra dependencia energética del exterior y por razones sociales y territoriales» porque «sin el carbón las comarcas mineras y sus habitantes se mueren».

UGT-FICA achacó al ejecutivo del PP que «sigue sin definirse el hueco térmico del 7,5% para el carbón español que fija el acuerdo; sin implementar el mecanismo de pago por capacidad, que debería llevar más de un año funcionando; sin llevar a cabo medidas de apoyo a las compañías eléctricas para realizar inversiones medioambientales; sin promover la exención fiscal de la parte variable del impuesto especial de la electricidad«. También «están sin convocar ayudas al cierre; sin actuar globalmente para impulsar económicamente las comarcas mineras; sin concretar las materias relativas a formación; sin convocar a la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018», denunciaron desde el sindicato.

Por engañar a los mineros

El SOMA-FITAG-UGT considera que se ha engañado a los mineros y a las comarcas mineras al incumplir el acuerdo marco del carbón, según denunció el secretario de acción sindical de esta organización, Rafael Carrión. Dirigentes de este sindicato se reunieron con alcaldes del suroccidente de Asturias y con el secretario de Organización del PSOE asturiano, Jesús Gutiérrez, para abordar la problemática que atraviesa la minería privada de la zona, especialmente la Astur Leonesa. Esta empresa, inmersa en un expediente de regulación de empleo, «es un hito más en el acoso del Gobierno hacia el carbón nacional» que, según Carrión, se aprecia en que no se está garantizando la entrada de mineral nacional en las térmicas.

El SOMA-FITAG-UGT reclamó el apoyo de los alcaldes asturianos para que exijan a estas centrales que compren el carbón nacional y que se prime éste frente al de importación porque, si no, será el fin de la minería y el declive de las comarcas que viven de su extracción. Además de reclamar el cumplimiento del convenio marco del carbón, el sindicato ha exigido la convocatoria de la mesa de seguimiento del mismo ante unos incumplimientos que consideran reiterados y que les ha llevado a plantearse pedir en los tribunales responsabilidades personales «por esos engaños públicos».

«El Gobierno del PP no puede dar la callada por respuesta; es responsable de esta situación y exigimos la puesta en marcha inmediata de la quema de carbón autóctono y que se reúna comisión de seguimiento«, ha señalado Carrión, para quien los incumplimientos del Gobierno deben tener trascendencia jurídica. En principio, el sindicato tiene previsto iniciar acciones por la vía administrativa, pero tampoco descarta otras.

En cuanto a la propuesta lanzada por Podemos de poner un arancel sobre el carbón de importación para primar al nacional, Jesús Gutiérrez señaló que no es más que un brindis al sol y una iniciativa imposible de conseguir en un mercado libre como es el europeo. Incluso en el caso de que se pudiera explorar esa vía en el seno de la Unión Europea, Gutiérrez asegura que la minería del carbón asturiana no dispone del tiempo que exigiría proceder a su puesta en marcha.

El dirigente socialista también recordó que la formación morada llevaba en el programa electoral de las elecciones del 20 de diciembre una propuesta para eliminar prácticamente las térmicas de carbón que, a su vez, conllevaría el cierre de la minería. «Pedir ahora un arancel en un mercado libre como el europeo suena muy romántico pero del romanticismo no pueden vivir los mineros ni las comarcas mineras», concluyó, tras asegurar que el PP demostró desde el primer día que no tenía voluntad de solucionar los problemas que vive el sector minero.

Un centenar de mineros de Astur Leonesa protesta ante los accesos al puerto de Avilés

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EFE / Europa Press.- Un grupo de trabajadores de la Compañía Minera Astur Leonesa, que tiene una explotación en Cerredo, protagonizó un acto de protesta en los accesos al puerto de Avilés, en San Juan de Nieva, en protesta por la importación de carbón extranjero. Los trabajadores de Astur Leonesa rechazan la excesiva importación de carbón que es causa, según el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vega, de un expediente de regulación de empleo que afecta a buena parte de la plantilla, concretamente a unos 280 empleados.

«Estamos inmersos en un ERE porque no nos compran carbón, mientras a las costas asturianas y gallegas llegan barcos cargados de toneladas y toneladas de carbón de importación que sí llega a las térmicas. Eso no nos parece normal, que nuestro empleo se venga abajo y el carbón de importación campe a sus anchas. La protesta es una advertencia de que, mientras nuestro carbón no se venda, no podrá llegar a las térmicas el de importación», anunció Juan Carlos Vega. Los trabajadores seguirán con este tipo de movilizaciones hasta no ver una solución a su problema que saque de peligro a sus puestos de trabajo.

Culpa a todo el mundo

El sindicalista minero ha indicado que otras mineras están en una situación similar. «Un barco trae a este puerto lo que nosotros producimos en dos meses y con un coste muy bajo porque se extrae en condiciones tercermundistas y no es de calidad, como el nuestro», ha indicado tras culpar de la situación a las propias térmicas que lo compran y al gobierno de la nación por permitir la situación, al que aún reclaman la convocatoria de la comisión del seguimiento del plan del carbón.

Acompañando a los mineros de la compañía Astur Leonesa estuvieron varios miembros de Podemos como los parlamentarios por Asturias Sofía Castañón y Segundo González; la eurodiputada Estefanía Torres, y los autonómicos Andrés Vilanova, y Héctor Piernavieja, además de varios concejales de Somos Avilés. Piernavieja culpó de la situación al Gobierno del PP, «que está asfixiando al sector», y también al PSOE, ya que ha recordado que Joaquín Almunia, en el marco de la Unión Europea, «firmó el cierre de la minería del carbón en Asturias».

«Mientras no haya un tejido económico alternativo en Asturias y en las cuencas mineras no se puede abandonar al sector, por eso creemos que hay que cerrar la puerta al carbón importación porque no es lógico que el que se extrae en condiciones de semiesclavitud esté dejando sin pan a nuestras familias», indicó el parlamentario, que ha anunciado medidas en ese sentido en el Congreso y en el parlamento autonómico.

Podemos pide investigar la relación de Felipe González con el proyecto de Gas Natural Fenosa

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EFE.- La secretaria de Acción Institucional de Podemos y diputada por Sevilla, Auxiliadora Honorato, anunció que esta formación pedirá que la comisión antifraude del Congreso investigue la posible relación de Felipe González con el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana, al que se oponen.

Honorato recordó que este “polémico” proyecto fue aprobado en fechas próximas a la pertenencia de Felipe González al consejo de administración de Gas Natural y a su presidencia del Consejo de Participación de Doñana, el órgano de representación de este espacio protegido. En su opinión, este caso puede ser un buen ejemplo de la política de «puertas giratorias» que conecta a responsables políticos con empresas eléctricas o gasistas y explicaría «la nefasta política energética» que, según la diputada, sufre España.

Tanto Honorato como la portavoz parlamentaria de Medio Ambiente de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco, han insistido en que el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana es irregular, porque se troceó en cuatro partes para enmascarar su aprobación ambiental que, además, no incluyó los informes de riesgos sísmicos. Barranco criticó «la actitud indiferente y ambigua» de la Junta de Andalucía sobre este proyecto, que la administración andaluza dice rechazar pero cuya tramitación ambiental aprueba, y asegura que es competente para paralizarlo pero no lo hace por su «política depredadora» para «convertir Doñana en un espacio industrial». Podemos denunciará en el Parlamento europeo todas las iniciativas “que atenten contra Doñana”.