Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

España, junto con Bélgica y Alemania, serán los países donde más crecerá el empleo para cumplir el Acuerdo de París

Europa Press. – El impacto de la transición hacia una economía baja en carbono sobre el empleo, a consecuencia de cumplir los objetivos marcados en el Acuerdo del Clima de París, será positivo para toda la Unión Europea, aunque los países más beneficiados en materia de empleo serán Bélgica, España y Alemania, en este orden, donde se superarán en un 0,9% las previsiones.

Según el estudio Future of manufactoring. Energy scenario: Employment, implications of the Paris Climate Agreement, de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y del empleo (Eurofund), el impacto de la transición para una economía baja en carbono afectará al número de empleos debido a la actividad inversora que será necesaria para acometer tal transición, que se sumará al impacto que generará gastar menos dinero en la importación de combustibles fósiles.

Según el estudio, los impactos de acometer en el conjunto de la Unión Europea las reformas necesarias para reducir en 2030 un 35% las emisiones de CO2 se producirán en distintos sectores. Por ejemplo se perderán empleos en la industria de la extracción y procesado de combustibles fósiles, pero aumentará el número de empleos en la construcción y fabricación de equipamientos de energías renovables y de eficiencia energética, junto con las industrias de suministro asociadas.

El informe destaca que los impactos serán positivos en todos los países, pero con efectos de distinto rango. En el último extremo, Letonia muestra un impacto comparativo mayor a gran escala respecto a su PIB. En un escenario energético, el crecimiento del empleo será un 0,5% superior al previsto en la actualidad en 2030. En España, el potencial del empleo en los sectores de la construcción y de la energía solar será incluso un 0,9% superior al previsto para 2030.

Lo previsto por la Unión Europea en diciembre de 2018 era que en 2030 habrá un total de 243,24 millones de puestos de trabajo, de modo que este estudio calcula que serán unos 2,4 millones más de empleos en Europa para 2030. Por sectores, la construcción será el más beneficiado, junto con la inversión de la eficiencia energética. También, en general los sectores manufactureros que están directamente relacionados con la cadena de suministro de renovables y equipamientos de eficiencia energética.

Sin embargo, algunos de estos sectores intensivos en energía también estarán afectados por los impuestos altos al carbón, lo que les podría disminuir sus ganancias iniciales. Además, los beneficios del sector servicios también incrementarán, como consecuencia de formar parte de los procesos de instalación de energías renovables y equipos de eficiencia energética. El crecimiento fuerte se deberá al empleo en el sector de la construcción que aumentará particularmente en Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y España.

En definitiva, el resultado para Europa que pronostica el informe es particularmente relevante para la política de empleo, finanzas e industrial. En primer lugar, el modelo considera que no habrá fricciones en el mercado laboral y destaca que cuanto más rápido se produzca el cambio más fácil será que sí se registren fricciones porque se dejará a gente desempleada al tiempo al mismo tiempo que se producirá una demanda de nuevos conocimientos que será insatisfecha.

Igualmente, el estudio aprecia que no hay barreras en la inversión para financiar esta necesaria transición ya que el conjunto de los países han asumido que ciertos sectores se dirigen a mantenerse mientras surge nuevas tecnologías. Por ejemplo, la industria de la automoción de coches y camiones convencionales se convertirán en industrias de vehículos eléctricos, igual que sus componentes asociados.

 

Baleares aprueba la Ley de Cambio Climático, que restringirá el diésel desde 2025 y reducirá las emisiones de sus centrales

Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de las Islas Baleares ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 (coches, motos, furgones y furgonetas). Los ya existentes en Baleares hasta entonces podrán seguir circulando. También introduce cambios en el alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El consejero de Energía se encargó de defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas», una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, Pons ha insistido en que la norma «es la hoja de ruta» para «hacer efectivo el cambio de modelo» y que es una Ley «de hechos y no intenciones».

Marc Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley «con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético». Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

Críticas al escrito de Marín

La carta remitida al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras.

Similarmente, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha acusado al PP de ser «mayordomos de los lobbys» y que «parece que están esperando que los ricos se puedan salvar». El diputado ha alertado de los riesgos del calentamiento global y ha lamentado que las enmiendas de la oposición «cuestionan y relativizan su peligro». «Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, con muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley», denunció.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha asegurado que la carta de la CNMC «muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias» y supone «una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales«. «No podemos y no queremos ir pasito a pasito», apostilló. Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, ha defendido la necesidad de «tomar medidas drásticas desde hoy» y «poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al Pacte de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. También pidió a la izquierda que aprobara su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista».

Por parte de Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha defendido un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían «que se dé cumplimiento al Acuerdo de París» respetando «dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa«. En concreto, que se permita «la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo» y «que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro».

Desde el PI, Josep Melià ha lamentado que Baleares sea, a su juicio, «pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos«, y ha considerado que el mismo Govern «reconoce que no son asumibles los objetivos» con el acuerdo sobre Es Murterar. «El horizonte temporal de cierre no es realista», cree el diputado, que ha defendido un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha recalcado que, si bien la ley «es necesaria» y «nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra», «todo está proyectado a un tiempo futuro» sin «afrontar con los recursos actuales el tiempo presente«. «Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios», advirtió.

Greenpeace la ve como ”ejemplo”

Greenpeace ha expresado que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear «debería servir de ejemplo». Según indicó, se debe hacer «hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático» y lamenta que el Gobierno de España «no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables».

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética «con medidas valientes», como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de 2 grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020. El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, expresó su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos «no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados».

España, entre los países de Europa que aún no ha alcanzado su objetivo de renovables para 2020, con un 17,5%

Europa Press.– La energía procedente de fuentes renovables representa en España el 17,5% del consumo energético total, aún 2,5 puntos por debajo del objetivo del 20% establecido para 2020, lo que sitúa al país en el grupo de Estados miembros que todavía no ha alcanzado su meta nacional, según los datos correspondientes a 2017 publicados por Eurostat.

11 socios comunitarios ya han alcanzado sus objetivos nacionales para 2020: Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Finlandia y Suecia. Es decir, exactamente los mismos que hace un año. Además, Letonia y Austria se encuentran a menos de un punto porcentual de lograrlo. En el polo opuesto están Países Bajos (todavía 7,4 puntos por debajo de su objetivo particular), Francia (6,7 puntos), Reino Unido (4,8 puntos), Luxemburgo (4,6 puntos), Polonia (4,1 puntos) y Bélgica (3,9 puntos). En el caso de España, la proporción de energías renovables sobre el consumo energético total ha aumentado desde el 8,3% registrado en 2004. Sin embargo, entre 2016 y 2017 sólo se incrementó una décima, para pasar del 17,4% al 17,5%.

Suecia, país con más renovables

En el conjunto del bloque comunitario, la proporción de energías renovables sobre el consumo bruto de energía total alcanzó en 2017 el 17,5%, 5 décimas más que un año antes y 2,5 puntos por debajo del objetivo comunitario para 2020, del 20%. Suecia es el único socio de la Unión Europea en el que las energías renovables tienen un peso superior al 50% (54,5%), por delante de Finlandia (41%), Letonia (39%), Dinamarca (35,8%) y Austria (32,6%). Por el contrario, Luxemburgo (6,4%), Países Bajos (6,6%) y Malta (7,2%) son los Estados miembros con menor proporción de energías renovables a nivel doméstico.

Los Gobiernos de la Unión Europea acuerdan que Alemania siga liderando las negociaciones del gasoducto Nord Stream 2 con Rusia

Europa Press.– Los gobiernos de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo que permitirá a Alemania seguir liderando las negociaciones con Rusia sobre el gaseoducto Nord Stream 2, con el que Moscú suministrará gas a través del mar Báltico directamente a Alemania y desde allí hacia Europa occidental. Los Veintiocho han pactado, en concreto, su posición negociadora de cara a las conversaciones que deben comenzar ahora con el Parlamento Europeo para reformar la directiva europea sobre gas.

Las negociaciones, sin embargo, se esperan complicadas porque la Eurocámara pidió paralizar la construcción de este gaseoducto en una resolución aprobada en diciembre, en la que los eurodiputados afirmaron que se trata de «un proyecto político que plantea una amenaza a la seguridad energética de Europa«. El objetivo general de la reforma de la directiva era garantizar que las normas europeas sobre el mercado de gas se apliquen también a los acuerdos de suministro alcanzados entre un Estado miembro y un tercer país. Según la Comisión Europea, los servicios comunitarios serían los encargados de negociar y supervisar la adecuación de estos acuerdos energéticos con terceros países con las normas europeas.

Alemania se oponía a este enfoque porque hubiese supuesto la pérdida del liderazgo en la negociación con Moscú del polémico Nord Stream 2. El proyecto cuenta con una importante oposición porque aumentaría la dependencia energética europea. Sin embargo, París y Berlín han pactado uno nuevo que establece que el control de la negociación corresponderá al país «a cuyas aguas entre la línea de gas a Europa«, han explicado fuentes diplomáticas. En cualquier caso, el acuerdo comunitario también estipula que los Estados miembros que deseen comenzar negociaciones con un tercer país tendrá que informar a Bruselas.

Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

Los ecologistas reclaman la renovación urgente de los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por motivos democráticos

Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno que renueve de manera «urgente» la composición del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por motivos «democráticos, legales y de garantía institucional», ya que de los 5 miembros actuales, uno cesó el pasado 2 de febrero, el presidente está en situación de interinidad desde el 28 de diciembre y otros dos lo están desde el pasado 22 de febrero.

La ONG recuerda que hace un año y medio el Congreso de los Diputados reprobó al presidente del regulador nuclear e instó al Ejecutivo a cesarlo y, además, su mandato terminó ya. Así, señala que el Gobierno no tiene «ninguna traba legal» o democrática, por lo que reclama a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que renueve «urgentemente» el organismo por motivos democráticos, legales y de garantía institucional.

Para la responsable de la campaña nuclear del CSN, Raquel Montón, el Gobierno «no puede esperar ya más para cumplir con el mandato democrático del Congreso» y para garantizar la renovación legal del regulador y velar así por el «limpio funcionamiento de la institución». «Por la trascendencia que tiene el CSN, es urgente que los actuales miembros de este organismo no se perpetúen en sus cargos. Más si cabe en la coyuntura actual de finalización de 5 de las 7 licencias de explotación de los reactores nucleares operativos en los próximos 5 años«, concluye Montón.

Sánchez impulsa el vehículo alternativo y el coche autónomo en su Agenda del Cambio: 60 medidas para un crecimiento «sostenible»

Europa Press.- El Gobierno ha incluido un Plan de Movilidad sostenible en su Agenda del Cambio: Hacia una economía inclusiva y sostenible para impulsar la adopción de los vehículos con energías alternativas y promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas. Además, el Ejecutivo incluyó en esta hoja de ruta, que sienta las bases de un desarrollo inclusivo y sostenible, programas piloto de coche autónomo y de acción 2019-2022 para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística.

Según el Gobierno, la red de infraestructuras físicas y digitales, junto con el «importante» sector de ensamblaje y componentes automovilísticos, un «potente» sector empresarial de energías renovables y de gestión del agua, permitiría liderar un proceso de transformación hacia la movilidad sostenible que atraiga inversión, genere nuevos empleos y promueva la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Todo ello se enmarca en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire y de vida en las ciudades. Con su Agenda del Cambio, el Ejecutivo también aspira a situar a España entre los países líderes de procesos innovadores como los vehículos sin conductor.

Esta Agenda del Cambio, que guía la acción del Gobierno, se alinea con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para promover la educación, el crecimiento y el empleo de calidad, la innovación, la salud y el bienestar social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la diversidad, y la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo, según se destaca en el documento. El texto recoge más de 60 medidas a corto y medio plazo orientadas a apoyar el proceso de transformación ecológica, converger con los países más desarrollados en términos de bienestar y lograr una sociedad más igualitaria con una tasa de paro alineada con la media europea.

Guía la acción del Gobierno

La titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha señalado que la agenda es «ambiciosa y realista» y se trata del tercer eje de la política económica del Gobierno, junto a la política fiscal «responsable» y las políticas sociales. Calviño ha explicado que esta Agenda del Cambio ha guiado la acción del Gobierno «desde el primer día», ha vertebrado distintas medidas para decidir el modelo de crecimiento a medio y largo plazo. «No hay tiempo que perder para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel económico, social y medioambiental», ha apostillado.

Para impulsar la transición ecológica se acometerán actuaciones para conseguir un marco regulatorio adecuado. En este punto, afirmó que la Ley contra el Cambio Climático y la transición energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, y el Plan Nacional de movilidad sostenible están alineadas con los objetivos de largo plazo de España en la lucha contra el cambio climático y contribuirán a reducir las emisiones en un tercio para 2030 y aumentarán la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico a un 70%. Así “se abrirá, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa».

Además, la Agenda del Cambio hace alusión a un Plan nacional integrado como principal instrumento para desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030 y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros. Otra de las reformas hace referencia a la regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.

El Gobierno afirma que no hay ningún país «más preparado» que España para afrontar la transición energética

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reivindicó el impulso inversor en renovables que se dio en España hace una década ya que «nos ha permitido llegar a un cambio tecnológico en la primera línea» y ser el país «más preparado» del mundo para afrontar la transición energética. En este sentido, Domínguez aseguró que España «sí» que está preparada para «hacer el viaje» hacia la transición energética, que es «una transición imprescindible».

Así, subrayó que en el pasado se lamentaron las inversiones «muy caras» que se hicieron en renovables aunque consideró que ese paso que se dio en aquellos años «ha permitido al país llegar a un cambio tecnológico en primera línea«. «Hasta en la construcción de las catedrales góticas España llegó 100 años después», comparó Domínguez, advirtiendo que probablemente en esta transición energética «no haya ningún país más preparado que España».

Respecto a una posible prórroga de las medidas aprobadas en octubre para contener la espiral alcista de los precios de la luz, como la suspensión temporal por 6 meses del impuesto del 7% a la generación, Domínguez insistió en que deben ser evaluadas en conjunto con el Gobierno, junto «con otra serie de cuestiones de tipo fiscal». En este sentido, remarcó que el Gobierno está trabajando para dotar de los instrumentos y las condiciones que permitan bajar el precio de la electricidad, para lo que jugarán un papel determinante las renovables, aunque subrayó que no es una cosa que se pueda hacer de manera «inmediata».

Mientras, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, consideró que la transición energética es el «mayor desafío» que ha tenido el sector «durante mucho tiempo» y advirtió que, como país, es comparable «al cambio de modelo que supuso el ingreso en el mercado común europeo». Así, pidió a todos los actores (reguladores, Parlamento, empresas, consumidores) «alinearse todos» en el proceso ya que al final el camino «será altamente productivo para la eficiencia y bienestar del país«. Sevilla valoró que el papel de Red Eléctrica, como operador del sistema, será «clave» en esta transición energética, con unos volúmenes de inversión estimados en unos 7.000 millones de euros de aquí a 2030.

40% de generación eléctrica renovable

Por otro lado, las fuentes renovables cubrieron el 40,1% de la producción eléctrica peninsular en 2018, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según el avance del informe del sistema eléctrico de 2018 de Red Eléctrica (REE). En la estructura de la generación renovable, la eólica destacó con un peso del 49%, alcanzando el 19% en el mix eléctrico, seguida de la hidráulica (34%), que vio crecer su producción un 85% con respecto a 2017, la solar (11%), y el resto de tecnologías (5%).

La generación eléctrica peninsular sin emisiones de CO2 alcanzó en 2018 una cuota del 62,5%, frente al 57% registrado en 2017, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales. El avance registrado en generación limpia se tradujo en un 15% menos de emisiones, recortándose de 63,8 millones de toneladas a 54,2 millones de toneladas. Este mayor peso de las renovables en la generación provocó la caída de los ciclos combinados y del carbón en el mix energético, con un descenso de un 22% y un 18%, respectivamente. La energía nuclear, con un 20,6% de la generación, se mantuvo como primera fuente en el mix energético, aunque seguida muy de cerca de la eólica (19%).

En el caso de la potencia instalada, las renovables representan un 46,7%, con un incremento del 0,8%. Destaca Canarias, donde la potencia eólica instalada ha pasado de 207 MW a 422 MW en 2018. Por su parte, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 268.808 gigavatios hora (Gwh) el año pasado, con un crecimiento del 0,4% y registrando su cuarto año consecutivo de incrementos, después de la salida de la crisis económica. En el caso de la demanda eléctrica peninsular, se situó en el 2018 en los 253.495 GWh, también un 0,4% superior al ejercicio anterior. Descontando los efectos del calendario laboral y las temperaturas, la demanda creció un 0,3%.

En lo referente al recibo de la luz, el director de Regulación y Estudios para la Transición Energética, Luis Villafruela, indicó que 2018 se cerró con un incremento del 2,5% para un consumidor de la tarifa regulada (PVPC), después de que se registrará un precio del pool, que representa menos del 50% de la factura, por encima de los 64 euros por MWh, el segundo más alto registrado desde 2008.

El directivo de REE consideró que en el recibo de la luz, a pesar de ser «un tema muy mediático», a veces se confunde el precio de la energía en el mercado con el precio que paga el consumidor doméstico en su factura. En lo que respecta al consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas, en 2018 descendió un 1,8% respecto al ejercicio anterior. Una vez deducidos los efectos del calendario laboral y las temperaturas, el consumo de estas empresas fue un 1,3% inferior.

Europa instaló 2,6 gigavatios nuevos de energía eólica marina en 2018 e incrementó un 18% su capacidad instalada

Europa Press.- Los países europeos instalaron 2,6 gigavatios nuevos de energía eólica marina (offshore), lo que supone un incremento de la capacidad instalada de esta energía renovable del 18% en 2018, según datos de WindEurope, la organización que representa al sector eólico en Europa.

Durante 2018 se instalaron 15 nuevos parques eólicos. Reino Unido y Alemania sumaron el 85% de la nueva capacidad instalada, con 1,3 gigavatios y 969 megavatios respectivamente. En la actualidad, Europa cuenta con 105 instalaciones eólicas marinas en 11 países que suman un total de 18,5 gigavatios. Estas cifras representan el 10% del total de capacidad eólica instalada en Europa, ya que el 90% restante se instaló en tierra firme.

De este modo, la media de nuevas turbinas instaladas en 2018 fue de 6,8 megavatios, lo que representa un 15% más que en 2017. El Reino Unido ha instalado las mayores turbinas en el mar de todo el mundo, con 8,8 megavatios, y ha puesto en marcha la mayor instalación de energía eólica en el mar. Se trata de Walney3, con una capacidad de 657 megavatios. Por su parte, Bélgica y Alemania también han instalado en 2018 sus mayores explotaciones eólicas hasta la fecha. Por el momento, otros 6 parques eólicos marinos están en la actualidad en construcción en Europa, lo que incluye la primera infraestructura de más de un gigavatio, Hornsea 1 (Reino Unido).

El director ejecutivo de WindEurope, Giles Dickson, ha destacado que la eólica marina «sigue creciendo fuerte en Europa». En la actualidad, la energía eólica marina representa el 2% del total de electricidad que se consume en Europa y ha vaticinado que, con el amplio número de proyectos que están en construcción o en desarrollo, «esta cifra aumentará significativamente». «La tecnología sigue en desarrollo. Las turbinas siguen haciéndose más grandes y los costes mantienen su descenso. Ahora ya no es más caro construir un parque eólico marino que construir centrales de carbón o gas y es una buena alternativa más barata que la nuclear», ha comentado.