El Gobierno impulsa un Plan Renove de 30 millones de euros para mejorar el consumo energético en el sector hostelero

Europa Press. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha impulsado un Plan Renove de 30 millones de euros para mejorar el consumo energético en el sector de la hostelería, proyecto lanzado a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), con la intervención del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Banco de Inversiones (BEI) y la Federación Española de Hostelería (FEHR).

El nuevo plan prevé facilitar el acceso al crédito de los establecimientos hosteleros que proyecten mejoras en su eficiencia energética y permite financiar hasta el 100% de la inversión. Su tramitación, ya operativa, debe hacerse por los interesados en las entidades financieras colaboradoras con el ICO en su comercialización, cuya lista actualizada puede consultarse en la web de la institución de crédito.

El Plan Renove Hostelería permitirá financiar proyectos por un importe máximo de 1,5 millones de euros que habrán de ejecutarse en un plazo no superior a los 12 meses. La línea también puede financiar los costes de las actuaciones preparatorias necesarias para presentar la solicitud, como proyecto, memorias técnicas, etc., siempre que se hayan llevado a cabo después del 23 de diciembre de 2017.

Según ha explicado el ICO, el IDAE asumirá el 50% del riesgo de las operaciones financiadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Las entidades financieras participantes asumirán el 50% restante. Por su parte, el ICO ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para proveer de fondos la línea con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del sector.

Las empresas y profesionales interesados podrán solicitar y consultar información actualizada sobre la iniciativa a través del sitio ‘renovehosteleria.com’.

Un informe técnico afirma que el «poco rigor» de la empresa que gestionaba Castor causó los sismos

EFE. – El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, ha presentado un informe técnico que asegura que «hay indicios suficientes» para vincular los terremotos de 2013 en la costa de Castellón y Tarragona con una actuación «poco profesional y rigurosa de la empresa» que gestionaba la plataforma Castor.

El Síndic ha explicado que los «indicios» vinculan directamente los terremotos ocurridos entre septiembre y octubre de 2013 en los alrededores de la plataforma del almacén de gas Castor «con una actuación poco profesional y rigurosa de la empresa promotora Escal UGS».

En este sentido, ha anunciado que reclamará al Gobierno que encargue «una auditoría objetiva» sobre las condiciones técnicas de la plataforma que determine el grado de responsabilidad de la empresa y si las diversas decisiones tomadas «pueden ser calificadas de negligencia, incompetencia o dolo».

El informe presentado por Ribó expone las bases técnicas que concluyen que «Escal UGS cometió varios errores técnicos e incumplió el código de buenas prácticas». Así, ha subrayado «algunos errores inaceptables» en la gestión del fallido almacén de gas, como que «se permitiera iniciar un proyecto altamente especulativo desde el punto de vista geológico y basado en unas previsiones de recuperación de petróleo imposibles de materializar».

El Síndic enviará este informe al Gobierno, al Parlament de Catalunya, a los grupos políticos con representación en el Congreso de Diputados, al Defensor del Pueblo de España y a la magistrada del Juzgado de Vinaroz (Castellón) que se encarga del caso.

Aevecar, CEEES, CERMI y los sindicatos se unen para defender las gasolineras «atendidas y seguras»

Europa Press. – Las organizaciones patronales de estaciones de servicio Aevecar y CEEES; el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y los sindicatos UGT y CCOO se han unido con el objetivo de defender a las estaciones de servicios atendidas y seguras, reclamar a la Comisión Europea que determine «la falsedad del rumor sobre supuestas multas millonarias a las comunidades autónomas con una legislación contraria a las gasolineras sin personal» y apoyar los derechos de las personas con discapacidad en todas las gasolineras de la Unión Europea.

En un comunicado, las organizaciones piden a los responsables políticos de las comunidades autónomas que «no actúen con precipitación por la desinformación creada por un rumor falso y malintencionado que amenazaba con multas diarias y desorbitadas a aquellas comunidades que no permitieran en su legislación las gasolineras sin personal».

Así, reclaman una declaración pública de la Comisión Europea sobre el tema. Por otro lado, las organizaciones celebran y apoyan el resultado de las gestiones realizadas por el CERMI en el ámbito de la Unión Europea que ha logrado que la Comisión Europea, a instancias del Parlamento Europeo, investigue en toda la UE la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas para determinar si los derechos de movilidad de las personas con discapacidad están debidamente amparados.

El Ministerio de Energía prorroga hasta octubre el plazo para que los consumidores vulnerables renueven el bono social de electricidad

EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido prorrogar 6 meses el plazo para solicitar el nuevo bono social de la electricidad, con lo que los consumidores que disfrutan actualmente de sus ventajas tendrán hasta el mes de octubre para pedir su incorporación al mismo. De este modo, según aclaró el departamento que dirige Álvaro Nadal, los consumidores acogidos al anterior bono social mantendrán los descuentos en sus facturas durante este período adicional.

El día concreto en el que vencerá el plazo para solicitarlo dependerá de la fecha de publicación de la orden ministerial que estipulará la prórroga, pero dado lo avanzado de la tramitación de la normativa será dentro de octubre, explican fuentes del Ministerio. La citada orden, que ya se ha enviado al BOE para iniciar la audiencia pública, clarifica también algunos aspectos de los formularios de solicitud del bono social tras las consultas recibidas por los usuarios y compañías eléctricas.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico, en la oficina de la compañía o a través de su página web.

Podemos pide datos a Competencia

Por su parte, diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos dirigieron una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que piden a este organismo que publique el número de personas que habían solicitado la renovación del bono social a finales del mes de febrero. En la misiva, los parlamentarios Yolanda Díaz, Josep Vendrell y Lucía Martín piden también a Competencia que publique el número de personas acogidas al bono social antes de la entrada en vigor del real decreto que modificó la anterior regulación.

También solicita a la CNMC que los desglose por categorías de acceso y publique una comparativa entre los que había y los que hay ahora, así como un análisis y valoración de las campañas de difusión para la renovación del bono social, y los motivos que puedan explicar si finalmente hay un «descenso radical» del número de beneficiarios. Según indican los diputados en la carta, dirigida al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, si finalmente «el número de personas acogidas no se correspondiera con las personas ahora beneficiarias, estaríamos ante un escándalo mayúsculo».

Además, Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno, en las que piden que diga si dispone de datos que indiquen que menos de medio millón de personas han renovado su derecho al bono social entre los más de dos millones que podrían hacerlo. Podemos también pregunta si recibió el Gobierno sugerencias para que se incorporara en el decreto la obligatoriedad de renovar el derecho a percibir el bono social y si considera que ha sido suficiente la publicidad realizada para informar de la obligatoriedad de renovarlo.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo si va a adoptar una medida de urgencia para que las personas que ya tienen derecho al bono social no tengan que renovarlo ante la deficiente campaña de publicidad y si se plantearían extender el plazo de renovaciones hasta el 31 de diciembre. También pregunta si el Gobierno considera que la normativa facilita la captación de clientes domésticos por parte de las comercializadoras en el mercado libre, tras los casos de traspaso sin consentimiento que ha habido de clientes de tarifa regulada al mercado libre, así como si va a introducir garantías para que no se corte el suministro a personas que no puedan pagar facturas.

Pola confía en que el PSOE asuma la posición del Gobierno de Asturias sobre el carbón

EFE. – El consejero de Industria, Isaac Pola, piensa que la dirección del PSOE asuma la postura del Gobierno asturiano sobre el futuro del carbón y de las centrales térmicas y no la reflejada en el documento encargado a un consejo de expertos sobre la transición ecológica de la economía.

En el nombrado borrador de recomendaciones, elaborado tras siete meses de trabajos, plantea el cierre del carbón en 2025 e incide en que, para cumplir con el Acuerdo de París, se requiere del cierre ordenado de las centrales térmicas en esa fecha y de las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, con alternativas para las zonas en las que se encuentran.

Así, el consejero ha recordado que en el Principado las dos terceras partes de la energía que se genera procede del carbón; exporta entre un 15 y un 20 por ciento de la electricidad que produce y casi el 50 del consumo se realiza en la industria, circunstancias que se no producen en otras comunidades autónomas.

De esta forma, ha asegurado, una transición energética no adecuada «tendría consecuencias particularmente importantes», en especial sobre la industria electrointensiva por el incremento del precio de la energía, lo que hace imprescindible que el proceso hacia la descarbonización sea «inteligente, planificado y ordenado» y que se lleve a cabo de forma «justa» con los territorios afectados.

El criterio de respetar la singularidad de cada territorio coincide con el expresado por la Unión Europea, ha apuntalado Pola tras incidir en que el Gobierno ya ha hecho constar a la dirección del PSOE su desacuerdo con el documento elaborado por el comité de expertos y que confía en que asuma sus planteamientos

El TSJCM condena a una compañía eléctrica por la electrocución de un ave protegida

Europe Press. – El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha emitido una sentencia que corrobora la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves y «deja clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna», a propósito de un caso ocurrido en La Herrera (Albacete)

Según ha informado SEO/BirdLife, se trata de un «paso decisivo» para que las empresas energéticas asuman su responsabilidad para controlar una amenaza que ocasiona la muerte a 33.000 rapaces cada año en España «como mínimo». Entre ellas, especies en situación de amenaza. De hecho, la sentencia enjuicia el caso de electrocución de un águila imperial ibérica, una especie catalogada En Peligro de Extinción.

Si especificamos, el tribunal ratifica una sanción a Iberdrola, titular del tendido, por una infracción muy grave de 100.001 euros y establece el pago de una indemnización por importe de 42.920 euros por la electrocución del ave protegida, en unos hechos que ocurrieron en el término municipal de La Herrera.

Así, para David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, «la sentencia es relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido. De esta manera, el tribunal confirma la responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan ocasionar a las aves y, además, incluye la obligación de corregirlos».

En el fallo, el TSJCM afirma que la compañía propietaria del tendido tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas, que no presentó en el momento de la electrocución del águila imperial. Al no presentar dicho proyecto de adaptación, la empresa adjudicataria incurrió en la omisión negligente de una obligación prevista en la ley. Por ello, la considera responsable de la infracción, una vez acreditado que el deterioro del águila imperial se produjo como consecuencia de no haberse modificado el punto de apoyo, conforme a las exigencias indicadas e impuestas normativamente.

«Esta sentencia evidencia que se puede y se debe exigir a las empresas eléctricas la corrección de los apoyos y la señalización de vanos en los que se tenga constancia de la electrocución o colisión de aves», asegura De la Bodega. Además resaltó que, «de igual modo, el fallo abre la puerta a exigir a las eléctricas que se eviten nuevos daños ambientales cuando se presuma la existencia de una amenaza inminente de las líneas eléctricas a la avifauna. Bien por su situación o bien por características técnicas que puedan causar la muerte de especies de aves, especialmente si estas están catalogadas como amenazadas».

Por último, destacar que un informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), concluye que en España mueren al menos 33.000 rapaces al año por esta causa.

 

Nadal se compromete a llevar las energías renovables a Baleares «a toda velocidad» a través del refuerzo de la interconexión

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha comprometido a «reforzar al máximo» la interconexión energética entre Baleares y la Península para que las islas puedan importar más energía renovable y eficiente y asegura que esto se realizará «a toda velocidad«.

Tras reunirse con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, Nadal explicó que el Ministerio ya trabaja en una «reprogramación» de fondos comunitarios, de manera similar a la que se está tramitando en Canarias, y ha insistido en que el departamento que dirige hará un «esfuerzo redoblado y acelerado» en esas interconexiones. El ministro no quiso hablar de calendarios pero sí de «hitos» y ha precisado que se trata de ir cumpliendo objetivos en la penetración de energías renovables, eliminando progresivamente la energía térmica que, hasta ahora, era el sistema de producción ordinario en Baleares, «empezando por el fuel, el carbón y por último el gas».

Nadal indicó que se irá eliminado, primero, los que tengan más impacto ambiental y sean, por tanto, más contaminantes. En este sentido, el ministro ha añadido que se trata de eliminar el sistema térmico que es medioambientalmente «pernicioso» y económicamente caro. Respecto al presupuesto de esta interconexión, Nadal no quiso hablar de cifras y se ha limitado a decir que se destinará «el máximo» dinero posible dentro de las limitaciones en la aplicación de fondos comunitarios. Asimismo, ha remarcado, que «los proyectos en Baleares son viables y si además se les da un impulso adicional, se estará compensando la insularidad».

Por su parte, la presidenta balear ha valorado el compromiso del Ministerio de Energía de «mejorar» las interconexiones y «acelerarlas de forma clara» a través de reuniones que permitan «lo mas rápido posible» cerrar la central Es Murterar (Mallorca), que funciona con fuel oil, y las de carbón. Armengol también ha presentado al ministro la ley de Cambio Climático que se tramita en las islas.

La futura normativa balear se marca el objetivo de llegar al 2050 con cero emisiones y prevé actuaciones como el cierre de Es Murterar en un plazo de 7 años. Además, la ley contempla la instalación de placas solares en los grandes aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados, nuevos edificios y naves industriales y la prohibición de entrada de vehículos diesel en Baleares a partir de 2025 y los de gasolina en 2035, en una apuesta por los coches eléctricos. Para ello se están invirtiendo 14 millones en puntos de recarga eléctrica, lo que sitúa a Baleares en el territorio español con más puntos de recarga de este tipo.

La presidenta balear también se ha referido a la decisión del Ministerio de ayudar a los productores de renovables en la comunidad balear tras la «reprogramación» de los fondos Feder. A su juicio, esto puede animar a los empresarios a apostar por las energías renovables, que son «muy bien vistas» por el Gobierno autonómico y tienen «todas las facilidades» para implantarse. En definitiva, Armengol ha considerado que la reunión ha sido «muy fructífera» con objetivos compartidos. Eso sí, Armengol ha insistido en la apuesta por emergías limpias y demanda que se haga de forma rápida pero también «segura y coordinada» en cooperación con el Ministerio.

El TSJCyL anula el nudo de parques eólicos de Villameca (León) en zona de urogallos, según SEO/BirdLife

Europa Press. – El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el proyecto de línea eléctrica de evacuación de un complejo de hasta 20 parques eólicos, conocido como nudo de Villameca (León), con lo que se compromete seriamente la viabilidad de las instalaciones construidas en una zona de reproducción del urogallo cantábrico, que en estos momentos esta desapareciendo.

Según EO/BirdLife, el TSJCyL confirma la ilegalidad del proyecto de línea eléctrica de evacuación de todo el complejo y ratifica así el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de León que anulaba la autorización de la mencionada línea eléctrica.

Esta anulación supone un importante revés para el nudo eólico Villameca, pues se trata del tendido de evacuación que vertebra todos los parques construidos -Peña del Gato, La Espina y Valdesamario, Valdelacasa III, Valdeín y Anexo a Valdelín-, «comprometiendo severamente la viabilidad de todas estas instalaciones industriales (de los 22 parques proyectados, solo seis han logrado ser construidos y entraron en funcionamiento, los tres anulados por los tribunales y otros tantos que SEO/BirdLife no pudo recurrir ante la Justicia), ha explicado el abogado de la organización, Carlos González-Antón.

«El tribunal es especialmente contundente con las deficiencias de la declaración de impacto ambiental realizada por la Junta de Castilla y León», ha apuntado el letrado de de SEO/BirdLife, personada en los 18 casos relacionados con el nudo de Villameca.

En peligro de extinción

Las poblaciones de urogallo cantábrico presentan un grave y continuado declive poblacional que está llevando a la especie al borde de la extinción, ha explicado SEO/BirdLife, que ha añadido que sus últimas poblaciones únicamente sobreviven de manera viable al sur de Asturias y en el norte de Castilla y León.

SEO/BirdLife ha incidido en que apuesta decididamente por un futuro «cien por cien» renovable pero ha apelado a que el camino para lograrlo se recorra con responsabilidad y sin poner en peligro a especies tan amenazadas como el urogallo.

«Es viable, solo requiere de voluntad por todas las partes», ha añadido la organización, que ha incidido en que «siempre ha tendido y tenderá» la mano para que el desarrollo de las energías renovables en España se compatibilice con la conservación de la biodiversidad.

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

El sistema eléctrico evolucionó 581 millones de euros mejor de lo previsto en 2017 a falta de la última liquidación

Europa Press / EFE.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional (diferencia entre gastos e ingresos) de 644,9 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2017 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 581,1 millones de euros mejor a la prevista.

La evolución del consumo y de los ingresos por peajes de acceso y cargos en la liquidación se situaron por encima de los valores promedio históricos. En particular, el consumo registrado ascendió a 242.404 gigavatios hora (GWh), siendo un 2,3% superior al valor promedio observado. Mientras, los ingresos por peajes y cargos de consumidores, que alcanzaron los 13.728,3 millones de euros, fueron un 0,3% superiores al valor promedio histórico. El coeficiente de cobertura se situó en un 95,46%, frente al 90,01% en la liquidación anterior.

En lo que se refiere a las renovables, en la liquidación se realizaron reliquidaciones según la metodología del Real Decreto 413/2014. La liquidación provisional acumulada asciende a 7.078 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 95,4%. Así, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 387,77 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 68 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de 62 millones de euros, en torno a un tercio de los 175 millones registrados en el ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 97,7% de la retribución acreditada. Los ingresos declarados por las empresas ascendieron a 2.915 millones de euros, un 4,5% más que en el 2016, destacando el incremento en un 24,6% de los ingresos por peaje de regasificación.

Adicionalmente, se han considerado los pagos derivados de los artículos 66 y 61.2 de la Ley 18/2014, por 121 millones de euros, y la devolución por ejecución de sentencias de la Audiencia Nacional, por 27 millones de euros. Asimismo, se consideran los pagos de 60 millones de euros, realizados en liquidaciones anteriores al amparo del artículo 5 del RD-ley 13/2014, anulado por sentencia del Tribunal Constitucional sobre el almacenamiento Castor. En consecuencia, se tiene un total de ingresos netos liquidables de 2.657 millones de euros, un 1,7% superior al de la misma liquidación del 2016.

Evolución de liquidaciones de enero

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2018, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 805,7 millones de euros, lo que supone una evolución de 166 millones de euros mejor de la prevista. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron a 399,4 millones, un 18% superiores al promedio histórico, mientras que los ingresos registrados por los generadores fueron un 53,3% inferiores al valor promedio histórico.

Los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta el mes de marzo. Como consecuencia de este decalaje, la primera liquidación del año arroja un coeficiente de cobertura bajo, en concreto de un 30,06%, señaló el regulador. En cuanto a las renovables, la CNMC gestionó la liquidación de 63.571 instalaciones activas. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el primer mes de 2018 asciende a 576 millones.

En lo que respecta al sistema gasista, el déficit en términos de caja fue de 213 millones de euros, frente al déficit de 170 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 18% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados ascendió a 61 millones, cantidad un 44,8% inferior al mismo periodo del ejercicio anterior, debido a un cambio en la operativa de la facturación que se computa un mes después. En consecuencia, se tiene un total de ingresos netos liquidables de 47 millones, un 49% inferior.