Ribera trabaja para resolver el conflicto abierto con la CNMC por el PP y devolverle sus competencias sobre los peajes

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que este se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas, según indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

En concreto, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía. Asimismo, el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha expresado su voluntad de «resolver esta cuestión en el menor plazo posible» y, para ello, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de «definir un marco legal adecuado en esta materia».

El enfrentamiento entre el exministro de Energía, Álvaro Nadal, con la CNMC por las competencias del organismo en la fijación de los peajes eléctricos llevó a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Asimismo, las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría imponer multas significativas a España.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento del regulador para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En diciembre, la CNMC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, contra el Real Decreto 903/2017 por el que el entonces Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Desde que se hizo cargo de la nueva cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera reiteró su intención de resolver el conflicto con la CNMC. Respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España en materia energética, Ribera señaló que formaba parte de las «aspiraciones» del nuevo Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible».

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio fue la modificación de la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, que ya había provocado otra batalla judicial entre la CNMC y el anterior Ministerio de Energía al ser recurrido por el organismo presidido por José María Marín Quemada ante la Audiencia Nacional.

Vara asevera que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa»

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseveró que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa», tras lo que señaló que «obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora«.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta al líder del PP, José Antonio Monago, sobre «las medidas previstas por la Junta de Extremadura para la comarca de Campo Arañuelo ante la confirmación del nuevo Gobierno de España de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida». En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha señalado que «la moción de censura trae» como consecuencia que «Almaraz cierra», ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge «en su programa electoral el no a la energía nuclear«.

Ante esta situación, Monago ha criticado a Fernández Vara porque «en este tema lleva 3 años de siesta, no ha hecho nada» cuando «la central se va a cerrar porque cumple los 40 años de vida, y Sánchez ha dicho que a los 40 años se cierran las centrales nucleares». Monago ha recordado que el PP ha «ofrecido alternativas», como que el impuesto sobre la incidencia en el medio ambiente, que tiene un importe de 98 millones de euros, se destinara a la comarca de Campo Arañuelo en la que radica la central, mientras que ha lamentado que el presidente extremeño «no ha planteado nada«.

Con esta actuación, Monago ha alertado que el Gobierno «va a hacer una moción de censura al Campo Arañuelo y al norte de Cáceres», una «moción de censura en definitiva a nuestra tierra y a los trabajadores de la planta». Así, Monago ha señalado que Vara «sigue así, sin hacer absolutamente nada en esta materia», tras lo que «llegará el cierre y no hay alternativa».

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró que el cierre de Almaraz «no va a ocurrir», ya que «primero, el Gobierno no lo va a plantear, porque no lo puede plantear» porque existen factores como la posición de las empresas propietarias, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o del Parlamento, entre otras cuestiones.

«Obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora, y eso se lo puedo asegurar, porque eso no lo ha dicho el Gobierno de España», ha reafirmado el presidente de la Junta, quien ha explicado que «hay por medio muchos factores que influyen», como que él no va «a permitir que se cierre si no hay una alternativa«.

Además, el presidente extremeño ha recordado que la central nuclear «tiene unos dueños» que tienen que pedir la continuidad o no de la planta, por lo que su cierre «dependerá» de factores como qué dicen los dueños de la empresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la ley de cambio climático. En cualquier caso, Vara considera «razonable y obvio que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares», para que esto se haga «de una manera armónica y habiendo alternativas energéticas y económicas», y «en definitiva, para que las cosas se hagan bien».

Almaraz realiza su simulacro anual

Por otro lado, Almaraz ha realizado su simulacro anual de emergencia, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior, con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del CSN. El ejercicio se inició con la declaración de una emergencia en el emplazamiento debido a la parada automática del reactor y la pérdida de refrigeración del reactor en la unidad II.

Durante el ejercicio se ha simulado, además, un incendio en cuya extinción han resultado heridos dos trabajadores, de los que uno ellos ha sido dado de alta en el momento y el otro atendido por el servicio médico de la planta para proceder a su descontaminación, y posteriormente trasladado al Hospital de Navalmoral de la Mata para tratar las quemaduras de su brazo izquierdo. A lo largo del simulacro se ha llegado a declarar la «Emergencia General» (Categoría IV) del Plan de Emergencia Interior (PEI) debido a la pérdida temporal de capacidad de refrigerar el reactor de la unidad II.

El CSN ha participado en dicho ejercicio, tanto desde la Sala de Emergencias (SALEM) como desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cáceres, «realizando el seguimiento de la instalación y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad y para la adopción de medidas de protección radiológica». Siguiendo criterios radiológicos, el CSN ha recomendado a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres la evacuación de las poblaciones situadas en un radio de 3 kilómetros de la central, ampliado hasta 5 kilómetros para las que están localizadas en el sector preferente en la dirección del viento al oeste de la planta.

Para esta última zona se ha recomendado la preparación de profilaxis radiológica, mientras que en el resto de la zona 1, que supone el entorno a los 10 kilómetros de la central nuclear, se ha llevado a cabo el confinamiento de la población y el reparto, pero no ingesta, de profilaxis. Como medida adicional el CECOP ha activado en este simulacro, las Estaciones de Clasificación y Descontaminación y el CSN activó los apoyos externos para la realización de los controles radiológicos pertinentes, y además, la crítica situación en la que se vería la instalación obligaría al titular a evacuar a todo su personal no imprescindible.

Durante el ejercicio el CSN ha llegado a activar su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) llegando hasta el modo 3, que implica la activación de los grupos operativos de SALEM y de los apoyos externos. Explica el CSN que sucesos de esta naturaleza habrían sido clasificados como Accidentes de consecuencias de mayor alcance de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

La Audiencia Nacional archiva la querella contra 5 exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

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Europa Press.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela desestimó y archivó la querella interpuesta contra 4 exministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal. Los promotores del caso Castor anunciaron que recurrirán la decisión.

La querella del Observatorio de la Deuda en la Globalización se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil Escal UGS (quien tenía la concesión del almacén gasista); el presidente de la compañía Escal, Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos, la juez concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea «aislada ni peregrina», sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó «deficitaria«. La juez añade que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto y cuyas firmas por parte de los querellados determinan su responsabilidad, según el querellante «no aparece» y «tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido».

Además, el auto de la juez considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por «un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley». De hecho, añade que «por el contrario, su actuación fue razonada y documentada». En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha desestimado la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, fechado en 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.

De hecho, el auto admite que la actuación podría ser discutida jurídicamente, «tal y como sucedió» pero añade que esta discrepancia se ha resuelto a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa. Asimismo, añade Lamela que tras examinar las distintas resoluciones recaídas no se desprende que la actuación de los querellados fuera arbitraria e incluso en algunos casos la actuación fue amparada desde la Administración, mientras en otros, la estimación se debió a motivos «formales, no de fondo«. En otros, por su parte, el auto de la juez estima que se pone de manifiesto la «complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial».

«Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la Resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria», aclara. De este modo, Lamela señala que no puede estimar que se cometiera delito de prevaricación porque según la jurisprudencia, ese delito se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución «injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico», y que el agente del hecho obre «con clara conciencia» de la arbitrariedad, algo que «no acontece en el supuesto examinado».

Lamela concluye que esto le lleva «igualmente» a considerar que no se puede estimar los delitos de malversación y fraude a la Administración, puesto que no se desprende del relato de hechos en la querella y en los documentos que la acompañan que los querellados hayan quebrantado los deberes del ejercido de su cargo, «quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino«. A ese respecto, agrega que estas circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.

Recurrirán el archivo del caso

Por su parte, los promotores de la querella recurrirán el auto que desestima la querella y pide su archivo. El grupo promotor de la demanda, Caso Castor, está formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Eso sí, el colectivo evitó pronunciarse sobre el contenido del auto hasta que su equipo jurídico lo estudie detalladamente.

La Unión Europea fija un objetivo de eficiencia energética del 32,5% para 2030 con posible revisión al alza en 2023

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Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y la Eurocámara alcanzaron un acuerdo para fijar un objetivo de eficiencia energética del 32,5% en 2030, así como para introducir una cláusula de revisión al alza en 2023, para cumplir el acuerdo de París. Además, los negociadores han llegado a un segundo acuerdo para establecer los mecanismos de trabajo para la Unión de la Energía y crear un marco en el que los Estados miembro puedan operar y cumplir con los objetivos europeos.

Este acuerdo provisional obliga a los países a incrementar su ahorro energético un 0,8% anual durante el periodo 2021-2030, lo que «podría impulsar la renovación de edificios y el uso de tecnologías más eficientes» para la climatización. Además, cada Estado miembro deberá presentar cada 10 años un «plan nacional integral de energía y clima» para avanzar en esa transición energética e introduce «flexibilidad» para respetar las «especificidades nacionales», según la Comisión Europea. El informe incluirá objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para cada una de las 5 dimensiones de la Unión de la Energía: descarbonización, eficiencia energética, seguridad, mercado interior e investigación, innovación y competitividad.

El plazo de entrega del primer plan es el 31 de diciembre de 2019 y la primera fase de los planes cubrirá hasta 2030, teniendo en cuenta también la perspectiva a largo plazo que determinará su visión política hasta 2050. Para cumplir con los objetivos, el acuerdo pide a los gobiernos nacionales que utilicen todos los instrumentos de cooperación regional.

Además, por primera vez se introduce la obligación de que los países destinen una parte de la eficiencia energética a ayudar a los clientes vulnerables, como aquellos afectados por la pobreza energética. Por tanto, los planes nacionales deberán incluir un recuento del número de hogares que la sufren y, si es una cifra significativa, medidas y políticas sociales para reducirla.

La Comisión será la encargada de evaluar estos planes energéticos y climáticos y hacer recomendaciones o adoptar medidas para enmendar los problemas si considera que el país no ha hecho suficientes progresos. Según el vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, esta nueva gobernanza «reforzará la transparencia para beneficio de todos los actores e inversores. Simplificará la monitorización y notificación de las obligaciones bajo la Unión de la Energía, priorizando la calidad sobre la cantidad».

Paquete europeo de transición energética

Este acuerdo, alcanzado tras una larga negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, el llamado trílogo, llega después del que fija un objetivo vinculante de 32% en el uso de energías renovables para 2030. También hay un objetivo de reducción de emisiones de gases contaminantes. En el marco del acuerdo de París, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes al 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990.

«Después de pactar sobre las energías renovables, este acuerdo es otro gran logro en nuestra transición hacia la energía limpia», ha señalado el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete. «Europa es la mayor importadora de energías fósiles en el mundo. Ponemos fin a esto. Nuevo objetivo de eficiencia energética para 2030», destacó en Twitter. Estos acuerdos provisionales deberán ahora ser refrendados por el Pleno del Parlamento Europeo y por los ministros de los Estados miembro.

La organización ecologista WWF se mostró escéptica ante el acuerdo, que considera insuficiente, aunque celebra que «finalmente la Unión Europea está despertando ante el reto del cambio climático», expresó la responsable de Cambio Climático y Energía de la ONG, Imke Lübbeke. Desde Los Verdes europeos, el eurodiputado húngaro Benedek Jávor, portavoz energético, consideró que las medidas «no son suficientes para cumplir los compromisos» de París pero celebró que «pese a la falta de ambición de los gobiernos nacionales» se ha logrado el objetivo de reducción del 32,5%, por debajo de la meta inicial del Parlamento Europeo pero superior a la propuesta de la Comisión Europea.

Según Jávor, esto «abre la oportunidad a la creación de miles de puestos de trabajo en torno a la economía verde, oportunidades muy necesarias en gran parte de Europa». También reaccionaron al pacto los socialistas europeos, que consideraron que es «un buen acuerdo por los ciudadanos, que generará importantes reducciones en el consumo de energía, reduciendo así las facturas y mejorando la salud y el bienestar, y ayudando a combatir la pobreza energética«, defendió el eurodiputado del grupo Miroslav Poche.

Ribera defiende su aval al impacto ambiental de Castor porque era «frívolo» ir contra el criterio de los organismos técnicos

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió su decisión de avalar el proyecto Castor cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009, alegando que hubiera sido «frívolo» por su parte haber «sustituido el criterio de todos los organismos técnicos y administrativos» que no pusieron objeción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del almacén de gas.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, la ministra ha recalcado que «nadie recurrió» la declaración ambiental que ella firmó y con la que autorizó el polémico proyecto Castor durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según explicó, la DIA fue «elevada» para su firma después de un «complejo» trámite en el que participaron «más de 20 organismos» administrativos y técnicos. Asimismo, ha destacado que «nadie objetó» cuando tuvieron la oportunidad de hacer «comentarios y observaciones» sobre la propuesta de resolución que les fue comunicada sobre el proyecto.

«Me parece frívolo pensar que un secretario de Estado puede sustituir el criterio de tantos organismos técnicos y administrativos», aseveró, insistiendo en que tampoco nadie recurrió la declaración de impacto ambiental una vez firmada. Además, señaló que posteriormente se confirmó que la tramitación «se había realizado correctamente» y «sin complicación«. De hecho, ha apuntado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, confirmó que la evaluación de impacto ambiental «había sido correcta». En cualquier caso, la ministra sostiene que un proyecto como Castor «tiene una tramitación enormemente extensa» y cree que «ahora» lo que debe hacer el Gobierno es «afrontar» qué hacer con la instalación.

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, preguntó al Ejecutivo las consecuencias económicas y sociales que para España ha tenido el informe de impacto medioambiental favorableque Ribera firmó en relación al Castor y ha reprochado al Ejecutivo socialista que «cuando las cosas van mal o se toman malas decisiones en un Gobierno socialista» se eche la culpa a los técnicos. Según ha señalado, la firma para autorizar Castor cuando Ribera era secretaria de Estado es «una clara incompatibilidad sobre su cargo».

Para García, la firma de aquella DIA propició un incremento de la factura del gas y «ha sacudido los bolsillos de los españoles» además de generar una «bomba retardada» que acabó estallando en forma de proyecto fallido, además de numerosos terremotos en la costa mediterránea. «Castor nos ha costado lo mismo que 10 líneas de AVE«, denunció el diputado popular.

En septiembre de 2013 el anterior gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. De esta manera, el Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones de euros para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Susana Díaz destaca el potencial que tiene Andalucía en energías renovables

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EFE. – La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha destacado el potencial de Andalucía en el sector de las energías renovables y ha opinado que la apuesta por las tecnologías verdes y por la digitalización pueden colocar al tejido productivo andaluz «a la vanguardia».

Así, Díaz ha inaugurado en Sevilla el I Foro de Inversión de iniciativas tecnológicas prioritarias en energías verdes, en el que ha subrayado que Andalucía ha alcanzado ya indicadores superiores a la media española en el ámbito de las energías renovables.

Junto a ser la zona geográfica española «con más horas de sol», la presidenta andaluza ha destacado que Andalucía fue pionera y es líder en producción termosolar, la segunda productora de energía fotovoltáica, con el objetivo de convertirse en la primera, y acumula también «una potencia importante en biomasa». Ha añadido que Andalucía mantiene ya el 19,7% de consumo de energías renovables, frente al 14,5% de media española, lo que la sitúa «en mejores circunstancias» que el resto de España para alcanzar el objetivo del 32% fijado por la UE para el año 2030.

También ha subrayado que Andalucía ha multiplicado el 240% el consumo de energías renovables en sólo diez años o que el 40% del consumo eléctrico de los hogares andaluces proviene de energías verdes.

La presidenta andaluza también ha recordado que el sector de las energías renovables suma 1.400 empresas andaluzas que mantienen más de 40.000 empleos.

Para expandir este sector, Díaz ha insistido en la reclamación de la Junta de Andalucía al Gobierno central para que construya la línea eléctrica de 400 kilovoltios Caparacena-Baza-La Ribina, que no sólo paliará «el desierto energético» que padecen estas comarcas de las provincias orientales andaluzas sino que también favorecerá exportar la energía que generan sus numerosos parques de aerogeneradores y plantas termosolares.

«La revolución digital lo va a cambiar todo en unos pocos años y Andalucía tiene la ventana de la oportunidad que en otros momentos circunstancias políticas e históricas nos lo impidieron; Andalucía está en condiciones, no sólo de la convergencia, sino del salto definitivo a la modernidad y eso no se entiende sin la apuesta por lo digital, por lo verde y por ahorrar en el consumo energético», ha concluido.

Por otro lado, la directora general de Política de I+D+i en Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Clara Eugenia García, ha opinado por su parte que ya existe suficiente conocimiento sobre las energías verdes y ha subrayado que lo que le corresponde a las administraciones es «actuar de forma responsable».

 

La Comisión Europea pide a Luxemburgo recuperar de la francesa Engie 120 millones de euros otorgados en ventajas fiscales ilegales

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EFE.- La Comisión Europea instó a Luxemburgo a recuperar 120 millones de euros en concepto de beneficios fiscales a su juicio ilegales que concedió al grupo energético francés Engie. La Comisión Europea indicó que Luxemburgo permitió que dos empresas del grupo evitaran pagar impuestos por «cerca de todos sus beneficios» durante una década, lo cual es «ilegal» bajo las normas comunitarias de ayudas estatales porque «da a Engie una ventaja indebida«.

Así, pidió a Luxemburgo recuperar «unos 120 millones de euros por impuestos no pagados». La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, indicó que esta maniobra «redujo artificialmente la carga fiscal de la compañía», lo que le permitió abonar una tasa efectiva de impuestos corporativos del 0,3% en Luxemburgo por ciertos beneficios durante una década. «Este tratamiento fiscal selectivo es ilegal», indicó Vestager. El Ejecutivo comunitario llegó a esta conclusión tras una investigación iniciada en 2016.

Detalló que, en 2008 y 2010 respectivamente, Engie puso en marcha dos estructuras financieras «complejas» para dos empresas del grupo en Luxemburgo (Engie LNG Supply y Engie Treasury Management) que «no reflejaban la realidad económica«. Esto permitió, de acuerdo a la Comisión Europea, que Engie pagara de forma selectiva menos impuestos que otras compañías sujetas a las normas fiscales nacionales.

2.600 millones obtenidos en Tailandia

Por otro lado, Engie firmó con el tailandés Global Power Synergy Public Company Ltd. (GPSC) la cesión de su participación del 69,1% en el productor de electricidad independiente Glow. El monto de la transacción se eleva a 2.600 millones de euros. La compañía gala da con esta operación un nuevo paso en su objetivo de descarbonización al reducir un 14% su capacidad instalada para generar electricidad a partir de carbón.

Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona se unen para impulsar la transición energética y sumar ciudades al cambio de modelo

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EFE.– Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona se han unido para impulsar la transición energética con una declaración conjunta y un vídeo con el objetivo de explicar sus proyectos y sumar más ciudades a este cambio de modelo energético, según indicaron desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Las iniciativas a favor de la energía verde, eficiente y las buenas prácticas públicas «demuestran que otro modelo energético es posible» y Zaragoza, junto con Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona, hace un llamamiento público por ese nuevo modelo energético y de suministro de electricidad verde y local.

«El modelo energético que se ha desarrollado hasta ahora es perjudicial para el medio ambiente y las personas, ya que está basado en el uso de combustibles fósiles que generan emisiones contaminantes y son responsables del cambio climático», destacan las mismas fuentes, que inciden en que la generación de electricidad está centralizada, lo que genera una fuerte dependencia del exterior.

«Esto hace que el sistema sea ineficiente y contribuye a la pobreza energética» y por eso, añaden desde el Ayuntamiento de Zaragoza, algunas ciudades apuestan por liderar un cambio de modelo basado en las energías renovables, el ahorro, la eficiencia, la gestión de la demanda y una generación local, distribuida, que ponga en el centro la ciudadanía y asegure el acceso a la energía a todas las personas.

Barcelona, Cádiz, Madrid, Pamplona y Zaragoza son ejemplo de este nuevo cambio de modelo, ya que todas ellas contratan energía verde, hacen frente y trabajan para revertir las situaciones de pobreza energética y promueven el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia.

Barcelona y Pamplona han creado una comercializadora pública de electricidad; Cádiz ya dispone de una comercializadora semipública que da servicio a más del 80% de la población; Madrid tiene un contrato de suministro que garantiza que la empresa solo comercialice energía de origen 100% renovable y Zaragoza comprará energía directamente al mercado mayorista.

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».

España pierde su cuarto arbitraje internacional por los recortes a las renovables y debe pagar 112 millones al fondo Antin

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EFE / Europa Press.- El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha dictado un laudo arbitral que obliga a España a pagar 112 millones de euros al fondo Antin por el recorte retributivo a las energías renovables en el que es el cuarto revés contra España. En su fallo, el tribunal de arbitraje también estima la reclamación de Antin, que fue asesorada por el despacho Allen Overy, respecto al impuesto del 7% a la producción eléctrica.

Según fuentes del sector, los fondos Antin Infrastructure Luxembourg y Antin Energía Termosolar, que en 2011 compraron a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las vendió en 2017 al fondo Cubico,  reclamaban en total 218 millones de euros, de los que el Ciadi sólo les ha reconocido 112 millones. La reclamación de Antin comprendía los daños históricos sufridos antes de junio de 2014, que es cuando se hizo la valoración de daños, los flujos de caja que perdieron sus plantas termosolares, así como los intereses que se devengan desde la fecha de la valoración a la de emisión del laudo, junto al importe necesario para compensar los activos y pasivos por impuestos tras el laudo.

El tribunal del Ciadi que ha elaborado el laudo, en línea con lo que ya se dictaminó en los casos del fondo Eiser, de Masdar y de Novenergia, aunque en este último caso el laudo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo fue suspendido por la justicia, entiende que la reforma que operó el Gobierno en 2012 constituye un cambio regulatorio tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, según las mismas fuentes. En este sentido, considera que se vulneraron las legítimas expectativas de los inversores que invirtieron en renovables en España entre 2007 y 2011.

Sin embargo, el tribunal del Ciadi ha descartado la reclamación de daños históricos hasta junio de 2014, por lo que se descuentan 11 millones de euros de la cantidad reclamada por Antin, y también se adhiere a la tesis del Estado español en la valoración de la vida útil de las plantas termosolares, que los reclamantes estimaban en 40 años y España en 25. La incidencia de esta diferente valoración de la vida útil de las plantas es sustancial y resta a la reclamación de Antin otros 36 millones de euros. Así, el laudo sólo estima finalmente en 112 millones de euros las pérdidas en los flujos de caja futuros, aunque reconoce un interés del 2,07 % con capitalización compuesta.

Otra novedad de este laudo es que, a diferencia de los anteriores, condena al Estado español a pagar el 60% de las costas del demandante, que en anteriores casos determinó que se pagaran a partes iguales. En mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones, y el pasado mayo ordenó compensar a Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, con 64,5 millones también por el recorte de las primas, cuestión por la que reclamaba 165 millones de euros.

Además, en febrero pasado el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó a España a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia, con sede en Luxemburgo, por el recorte de primas a sus plantas fotovoltaicas en España, aunque posteriormente la Justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida. Los inversores extranjeros reclaman a España aproximadamente 7.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló el pasado mes de marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).