El CSN pospone su pleno a la próxima semana y el Gobierno vasco asegura que recurriría la reapertura de Garoña

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EFE.- Mientras el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguraba que el Ejecutivo autonómico se mantiene atento ante una posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), advirtiendo de que el País Vasco recurrirá si la planta retoma su actividad, desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se anunciaba que no se celebraría su habitual reunión plenaria de los miércoles por cuestiones «ordinarias» y que quedaba pospuesta para la semana siguiente, según fuentes cercanas al organismo regulador.

De acuerdo con estas fuentes, el cambio de fecha entra dentro de la normalidad y de vez en cuando ocurre, por ejemplo, por problemas de agenda de los propios consejeros. Lo cierto es que la semana pasada, el día 20, hubo pleno del Consejo pero se aplazaron los puntos en los que estaba previsto abordar asuntos relativos a Garoña y al futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca). El máximo organismo regulador en materia de seguridad nuclear explicó entonces que el aplazamiento se hizo de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, «como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN».

País Vasco presiona al CSN

En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, advirtió de que recurrirán si la planta retoma su actividad en un recurso conjunto con la Diputación alavesa. Por otro lado, la plataforma Araba sin Garoña emplazó a los partidos vascos a impulsar en el Congreso la derogación del decreto que posibilita la reapertura de Garoña mediante una iniciativa que podría respaldar la mayoría parlamentaria.Asimismo, propuso a las instituciones vascas que interpongan más recursos.

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

El CSN aplaza los asuntos relacionados con Garoña y el ATC ante las críticas de formaciones ecologistas como Equo

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Redacción / Agencias.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el aplazamiento de los asuntos relativos a la central de Garoña (Burgos) y al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad, que tenía previsto abordar durante su pleno. La decisión coincide poco después de que formaciones como Equo y organizaciones ecologistas denunciaran que, durante este pleno, el CSN quería volver a poner en marcha el proceso de reapertura de la nuclear burgalesa, algo que consideraban «inaceptable» al estar el Gobierno en funciones.

Su aplazamiento a una próxima reunión, cuya fecha no se concreta, se hace «de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN», comunicó el máximo organismo regulador en materia de protección radiológica y de seguridad nuclear del país. Garoña, el reactor nuclear más antiguo de España, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de su propietario, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola), que solicitó al CSN volver a operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años desde su puesta en marcha.

Se continúa evaluando la solicitud

El CSN remarcó que continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta atómica. Recuerda asimismo que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que después fue remitida al CSN para su evaluación. Los asuntos aplazados se refieren a la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento mejoradas de Garoña, cambios de diseño en sistemas eléctricos, aislamiento de su contención primaria y la ampliación de las condiciones de uso de un edificio de almacenamiento de dicha central nuclear. También se aplazó la evaluación de una instrucción técnica sobre la aplicación de una directiva europea al ATC previsto en Villar de Cañas (Cuenca).

«Al margen de la coyuntura política», el Consejo de Seguridad Nuclear, como organismo independiente del Gobierno, «continúa desarrollando de manera ordinaria su labor de evaluación y análisis de todos los asuntos de su competencia», añadieron. En los temas que sí se trataron, el pleno informó favorablemente de una modificación de Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de los dos reactores de Almaraz (Cáceres) relativa a las fuentes de corriente alterna, y aprobó la sustitución del vocal de Nuclenor en el tribunal de licencias del CSN para la nuclear de Garoña, así como diversos expedientes de instalaciones radiactivas.

«Inaceptable con Gobierno en funciones»

Previo a este aplazamiento, el portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, tachó de «inaceptable» que el Gobierno en funciones «trate de activar el proceso de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña», con el rechazo de la mayor parte de la oposición porque «no tiene el mandado ciudadano para hacerlo«. «Ha sido bastante indignante el conocer que de repente el CSN pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señala el nuevo diputado de Equo después de conocer que el pleno del órgano regulador tenía previsto estudiar cuestiones de carácter técnico necesarias para poder valorar la renovación de la licencia de la central nuclear.

Competencia autoriza la venta de parte del negocio de gas de Repsol a Redexis

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la operación por la que Redexis se ha hecho con parte del negocio de gas licuado canalizado (GLP) de Repsol, con 71.529 puntos de suministro, imponiendo una salvedad. En su informe de la operación, Competencia detalla que quedan fuera de la autorización los contratos suscritos con Repsol Butano de suministro de GLP a granel de más de 5 años de duración, «quedando por tanto dicha restricción sujeta a la normativa sobre acuerdos entre empresas».

Tras la operación, detalla la CNMC, Redexis alcanzará una cuota del 13,4% en el mercado nacional de distribución y suministro de GLP canalizado y pasará a ser el segundo operador del mercado, aún lejos de Repsol que pasará a tener cuotas de mercado del 76,81% en términos de puntos suministro y del 75,38% en términos de volumen. Competencia añade que, teniendo en cuenta que se trata de «un mercado muy concentrado», la operación «ha de valorarse de forma positiva» y avanza que las próximas adquisiciones previstas en el sector supondrán una mayor reducción de la cuota de Repsol. Así, Competencia concluye que no cabe esperar que la operación suponga una amenaza para la competencia efectiva.

En septiembre del año pasado, Repsol anunció el acuerdo para la venta de parte de su negocio de gas canalizado a Gas Natural Distribución y Redexis Gas por 651,5 millones de euros. En el marco de esa operación, Redexis Gas adquirió 53.760 puntos de suministro canalizado y 213 kilómetros de red de distribución en 10 comunidades autónomas que se sumaban a otras compras anteriores. En total, Redexis ha comprado a Repsol 71.529 puntos de suministro y 270 kilómetros de red de distribución por 136 millones.

La CNMC asegura que la caída del crudo llegaría mejor a los carburantes con más competencia

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha asegurado que la entrada de más operadores en todos los segmentos del mercado de los carburantes haría posible que la bajada del precio del crudo se trasladara en mayor medida al consumidor final.

Según han indicado fuentes del regulador, la CNMC considera que las bajadas del precio del petróleo repercutirán en el precio de los carburantes en el surtidor en las próximas semanas, aunque la caída sería superior si existiera una «mayor competencia» y una «regulación eficiente» que permitiera la entrada de nuevos operadores. «Hay restricciones a la competencia que incrementan el precio al consumidor final respecto a lo que podría ser», matizan, una cuestión con la que no están de acuerdo las petroleras, que achacan la suave traslación de la caída del crudo al precio final al elevado peso de los impuestos.

La CNMC, que recuerda que no hay normativas comunitarias que regulen este sector, señala que en España no hay precios tan «eficientes» como deberían existir y como los que tienen otros países de su entorno, como Francia, Alemania o Reino Unido. Según apunta el organismo, el problema de fondo es que en países como Francia el litro de gasolina es casi 5 céntimos más barato que en España antes de impuestos, según datos de la Comisión Europea, aunque los precios al consumidor en España son menores porque los impuestos a los carburantes son más bajos.

CNMC pide actuar a CLH

Por ello, el organismo aboga por que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) cuente con unas tarifas más eficientes que permitan la entrada de nuevos operadores en el mercado mayorista español y valora la entrada de nuevos actores en el mercado minorista, algo que ha favorecido una bajada en los precios. «La competencia es buena para el consumidor, para el sector público y para todas las empresa que usan gasolina y gasóleo como instrumento necesario para producir sus propios bienes. Perdemos competitividad como país por la falta de competencia», asegura la CNMC. Hay que recordar que el precio medio de venta del gasóleo de automoción en las gasolineras españolas bajó del euro por litro por primera vez en 6 años.

El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que los movimientos de la materia prima y de sus derivados «tienen reflejo casi inmediato en los precios en el surtidor». «Los consumidores pueden estar tranquilos. La competencia entre operadores hace que los precios se ajusten al precio del la gasolina y el gasóleo en el mercado internacional», subraya. No obstante, Mazarrasa reconoce que la bajada del precio del crudo no se traslada en la misma medida al precio final del gasóleo y la gasolina, algo que, a su juicio, está vinculado con el hecho de que el 55% del precio final son impuestos y el 15% corresponde a costes de distribución y almacenamiento.

La CNMC prevé un superávit de 104 millones de euros para el sistema gasista en 2015

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé un superávit de 104,4 millones de euros del sistema gasista para 2015, según consta en su informe sobre las previsiones de demanda de ingresos y costes en el sector del gas natural. Concretamente, para el conjunto del año pasado, el organismo estima un escenario con unos ingresos regulados de 2.896,77 millones de euros, frente a unos costes de 2.792,41 millones de euros, lo que supone ese desajuste positivo.

En la previsión de la orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el desajuste de las actividades reguladas para el cierre de 2015 se saldaba con un déficit de 34,6 millones de euros. A cierre de la décima liquidación del sistema elaborada por la CNMC, los últimos datos facilitados por el regulador, la desviación de la retribución total acreditada a octubre frente a los ingresos netos liquidables del sistema era de 283 millones de euros en términos de caja.

El total de ingresos declarados por las empresas gasistas por facturación de peajes, cánones y tarifas ascendía a octubre a 2.103 millones de euros, prácticamente igual que en el mismo periodo del 2014. Los costes liquidables fueron de 30 millones de euros, lo que representa un descenso del 70%. En consecuencia, se obtuvieron unos ingresos netos liquidables de 2.046 millones de euros, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo del 2014.

La CNMC prevé un descenso de la producción eléctrica con carbón de hasta el 40% en 2016

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) espera que la producción eléctrica a partir de centrales térmicas de carbón experimente a lo largo de 2016 un descenso «significativo» que oscilará entre el 23% y el 40%, y que estará motivado por la nueva regulación de mejora medioambiental de estas plantas. En este sentido, la CNMC espera la hibernación de Elcogas y de dos centrales de carbón durante el presente ejercicio.

El organismo presidido por Marín Quemada realiza esta consideración al abordar los factores de incertidumbre para el presente ejercicio dentro de un informe más amplio acerca de sus previsiones de ingresos y costes para el sistema gasista en 2016. Al aludir al Plan Nacional Transitorio del Gobierno para las centrales de carbón, diseñado en respuesta a las directivas comunitarias, la CNMC indica que cada empresa propietaria de centrales deberá cumplir por separado con distintos compromisos de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) para el periodo comprendido entre 2016 y 2020.

«La existencia de estos nuevos compromisos, de acuerdo con las previsiones realizadas por esta Comisión, puede motivar que la producción del año 2016 de estas centrales sea significativamente inferior a la prevista para el año 2015», afirma el regulador, que parte de la premisa de que este año ninguno de los titulares habrá realizado las inversiones necesarias en desnitrificación. Si en 2015 la producción de las centrales ha ascendido a unos 52 teravatios hora (TWh), para 2016 la producción oscilará entre 37 TWh y 42 TWh, en función de la optimización del conjunto de las emisiones que realicen las empresas.

2015 aparejó un fuerte incremento de la producción eléctrica con carbón, que ha convertido esta tecnología en la segunda principal fuente de generación, con un 20%, por detrás del 21% de la nuclear y por delante de la eólica, que aportó el 19%, según Red Eléctrica. Para la CNMC, la menor actividad del carbón en 2016 contribuirá a una mayor demanda de gas en los ciclos combinados. «Se considera importante señalar el impacto de dicha regulación sobre la demanda de gas natural destinada a generación eléctrica», asegura en alusión a la normativa sobre el carbón.

A lo largo de 2016, se producirá además previsiblemente la hibernación de tres centrales térmicas, que son la de gas de Elcogas y dos de carbón, que son el grupo 2 de Compostilla (León) y el grupo 2 de Soto de Ribera (Asturias). Estas centrales ya cuentan con las correspondientes resoluciones favorables de cierre y su salida del sistema aparece recogida en los escenarios de previsión tanto de REE como de Enagás, indica el regulador.

La CNMC pide a Industria que justifique la congelación de peajes de luz a los hogares y cuestiona el euskopeaje

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que justifique su decisión de congelar los peajes de acceso de electricidad para el ejercicio 2016 y duda de la legalidad de la rebaja en un 6,7% del conocido como euskopeaje, que es el peaje que se aplica a las industrias vascas.

El regulador realiza estas consideraciones en un informe acerca de la propuesta de orden ministerial de peajes eléctricos para 2016, cuyo contenido ya fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La orden ministerial permitirá una rebaja del 0,7% en el recibo de la luz en enero con respecto a diciembre, o del 2,8% con respecto a enero de 2015, según los cálculos ofrecidos por el Ministerio de Industria. La bajada se producirá tras la congelación de los peajes de acceso, cuyo importe se dirige a sufragar los costes regulados del sistema eléctrico, y tras una disminución del 21% en los pagos por capacidad, destinados a los costes regulados del gas y del carbón.

Para 2016, la orden mantiene los precios de los peajes salvo para el peaje 6.1B, o euskopeaje, que disminuye un 6,7%. Este peaje afecta a consumidores conectados en redes de tensión mayor o igual a 30 kilovoltios (kV) y menor de 36 kV. La CNMC cifra en 10 millones el dinero que se dejará de ingresar por esta rebaja y considera que Industria no justifica el «criterio que ha conducido a mantener los peajes para todos los consumidores excepto para los acogidos al peaje 6.1B».

Además el organismo regulador se plantea si esta rebaja de peajes de la industria vasca «es conforme» a la ley del sector eléctrico aprobada en 2013, que impide la reducción de los peajes y cargos mientas exista deuda pendiente de ejercicios anteriores, puesto que todavía quedan por pagar más de 22.000 millones de euros derivados de más de una década de déficit tarifario. Por ello propone mantener el próximo año los peajes vigentes para 2015.

En cuanto a la rebaja del 21% en los pagos por capacidad, con los que se retribuye a determinadas tecnologías por estar disponibles y que son el único concepto que escapa a la prohibición de la ley del sector eléctrico, la CNMC destaca la «necesidad de establecer una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente«. Tras analizar los ingresos y costes previstos para estos pagos por capacidad en 2016, el regulador considera que habrá un saldo positivo por valor de 218 millones de euros, que podrá destinarse a la financiación del resto de costes regulados.

En cuanto a los peajes de gas natural, que se congelan por segundo año consecutivo, la CNMC también ha aprobado un informe. De acuerdo con la memoria que adjunta, los ingresos regulados previstos por Industria para el cierre del ejercicio 2015 ascienden a 2.900 millones de euros, por lo que serían suficientes para cubrir los costes previstos para el cierre del ejercicio, generándose un desajuste positivo de 9,4 millones de euros. En cambio, el escenario de ingresos y costes previstos por la CNMC para el cierre del ejercicio 2015 arroja un superávit superior al previsto en la propuesta de orden, de 104 millones de euros.

Estas diferencias son debidas fundamentalmente a que en el escenario de previsión de la CNMC se ha estimado que una parte de los costes pendientes de reconocer correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 tendrá impacto en 2016. Así, se estima que la demanda prevista para 2016 aumente un 0,1% sobre el cierre previsto para 2015. Respecto al número de clientes se estima un incremento del 1,5% respecto de la previsión de cierre de 2015.

Facua pide a la Fiscalía que indague si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores en 2013

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Servimedia / EFE.- Facua-Consumidores en Acción puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la supuesta manipulación de los precios de energía llevada a cabo por Iberdrola y le solicita que investigue si la compañía ha cometido con estas acciones un delito contra el mercado y los consumidores. Estos hechos supusieron una sanción de 25 millones de euros, impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que la compañía eléctrica anunció que recurriría desde el primer momento.

La asociación señala que de los hechos expuestos en el expediente sancionador, que el organismo de Competencia considera probados y que derivan en la mencionada multa, se podría desprender una posible conducta delictiva de la empresa. La sanción a Iberdrola se refiere al incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

Según Facua, la empresa manipuló «el precio de un bien de primera necesidad como es el suministro eléctrico, utilizando una disminución de la producción hidráulica», lo que provocó «un aumento en el precio ofertado de generación, al tener que acudir a tecnologías más caras para cubrir la demanda energética». En este sentido, la asociación recuerda que el artículo 281 del Código Penal establece expresamente que «el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 24 meses«.

En su resolución, que Facua adjunta a la Fiscalía, la propia CNMC se refiere a la conducta de Iberdrola como una «manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía» eléctrica. Competencia afirma que la compañía, «consciente de la existencia de un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el precio del mercado».

La CNMC indica que esta conducta hizo que el precio del mercado diario estimado aumentase en unos 7 euros por megavatio hora (MWh). El beneficio propio ocasionado por esa actuación fue de 21,5 millones de euros, mientras que el impacto para el conjunto de la demanda se cifra en 105 millones de euros, según la CNMC. Las sospechas de que había manipulado el mercado llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios, motivo por el que el Ejecutivo decidió suspender la subasta Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013, para evitar que la luz subiera casi un 11%, apuntó Facua.