La CNMC sanciona a 6 comercializadoras y distribuidoras de electricidad por no disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente

Redacción / Agencias.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 13.000 euros a 6 comercializadoras y distribuidoras de electricidad por no disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente durante las 24 horas del día. Las sanciones, publicadas por separado por el regulador, responden a “incumplimientos graves” de la normativa eléctrica, si bien los importes no superan los 4.000 euros. Salvo un caso, todas las empresas ya disponen en la actualidad de teléfono gratuito.

Las empresas sancionadas son Comercial Eólica Suministro de Energía, Nortedison Electric, Electro Soporte Comercial y Gestión, Millarense de Electricidad, Distribuciones Eléctricas de Gistaín y Elec Vall de Boi. En este último caso, la multa a esta distribuidora de electricidad es de 3.000 euros por el incumplimiento de la obligación de disponer de teléfono gratuito durante 13 meses y 22 días. La cifra anual de negocios de la empresa, tomada como base para la sanción, fue de unos 137.000 euros anuales, al tiempo que el número de clientes era de 414.

Millarense sigue sin tener teléfono

En cuanto al resto de compañías distribuidoras, a Distribuciones Eléctricas de Gistaín, la sanción asciende a 2.000 euros y responde a incumplimientos durante un periodo de 13 meses y 22 días. Su facturación anual es de unos 55.000 euros, mientras que la base de clientes ronda los 144. A Millarense se le sanciona con 4.000 euros por unos incumplimientos que persisten a día de hoy. Su facturación anual es de algo más de 108.000 euros, al tiempo que el número de clientes asciende a 589.

En cuanto a las comercializadoras, a Electro Soporte Comercial le corresponde una sanción de 1.500 euros tras un periodo de 13 meses y 29 días sin teléfono gratuito. Su facturación es de unos 55.00 euros. En cuanto a Nortedison, deberá pagar 1.000 euros por 9 meses y 5 días de incumplimientos, frente a los 1.500 euros de Comercial Eólica Suministro de Energía por haber estado 13 meses y 13 días sin ofrecer una línea gratuita. La normativa eléctrica incluye varios artículos que regulan los derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro de electricidad. En ellos se establece la obligación de disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente para atender posibles quejas, reclamaciones e incidencias.

El déficit eléctrico se sitúa en 1.055,7 millones de euros hasta febrero, 93,5 millones por debajo de lo previsto

Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque momentáneamente los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.055,7 millones de euros hasta febrero, según datos de la segunda liquidación del sistema eléctrico elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este déficit se sitúa por debajo de la cifra prevista para esta liquidación, que ascendía a 1.149,21 millones de euros.

En este sentido, la CNMC apunta que los costes regulados ascendieron a 2.503,8 millones de euros, lo que representa casi 115 millones menos de los previstos, mientras que los ingresos por peajes de acceso supusieron 1.448,1 millones, 21 millones menos de lo previsto. Así, el saldo negativo en los dos primeros meses se situó en 1.055,7 millones de euros, 93,5 millones menos de los previstos debido a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, y de los pagos por capacidad. De este modo, el coeficiente de cobertura se situó en un 52,97%, porcentaje que representa lo que cobrarán los agentes del sistema, situación que se corregirá en las siguientes liquidaciones.

De esta forma, el avance de la liquidación se sitúa aún mejor que las previsiones que estiman un superávit a final del ejercicio de 24,9 millones de euros, con unos costes regulados de 17.144,8 millones de euros, unos ingresos por peajes de 14.015,2 millones de euros y una facturación por otros ingresos de 3.154,5 millones de euros. En su informe, Competencia señala que la demanda eléctrica registrada se situó en 22.527 gigavatios hora (GWh) hasta febrero, un 6,3% menos con respecto al promedio de ejercicios anteriores por factores que podrían vincularse a la evolución meteorológica.

La CNMC gestionó los pagos a 63.772 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde principios de año hasta finales de febrero ascendió a 1.036 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 415 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En lo que respecta al sector gasista, el déficit provisional se situó en 181 millones de euros y el índice de cobertura en el 64,2% de la retribución acreditada. Los ingresos netos liquidables fueron de 327 millones de euros, un 17,9% inferior al mismo periodo del 2015, y la retribución acreditada alcanzó los 508 millones de euros, un 1,4% superior. La demanda de gas en esta segunda liquidación descendió un 5% respecto a la de 2015, como consecuencia de temperaturas más cálidas estos meses y de un descenso de la demanda de gas para generación eléctrica en estos meses. El número de consumidores declarado por las empresas ascendió a 7,63 millones, lo que representa un aumento interanual de 68.608 consumidores.

La oposición pide el cese del presidente del CSN por su negativa a comparecer en la Comisión del Congreso

EFE / Europa Press.- Todos los grupos de la Comisión de Industria del Congreso, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, por su negativa a comparecer ante la Cámara. El texto está rubricado por el PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya, Democracia y Libertad, y Grupo Vasco (EAJ-PNV).

La mayoría de los grupos parlamentarios habían solicitado la presencia del máximo responsable de este organismo regulador para que informara sobre el proceso de evaluación del permiso de renovación de la central de Garoña (Burgos) y del ATC de Villar de Cañas (Cuenca), entre otras cuestiones. La portavoz de energía del PSOE, Pilar Lucio, ha explicado que debido a la «incomparecencia» de Martí, tres quintas partes de la Comisión han firmado un escrito en el que se exige su salida del CSN, máximo responsable de la seguridad nuclear y de la protección radiológica en España.

La diputada del PSOE denunció la actitud «esquiva» de Martí para comparecer ante el Parlamento, pese a la insistencia de la mayoría de los grupos durante los dos últimos meses. Concretamente, los grupos solicitaron a Marti que adelantara su comparecencia prevista para el día 5 de mayo, ante la previsible disolución de las Cortes el día 3 de mayo. Fue él mismo el que solicitó comparecer a petición propia ese 5 de mayo, y no antes, por «motivos de trabajo». Una dilación que la diputada socialista ha tildado de «voluntaria».

En todo caso, esta petición de cese decaerá ante la inminente disolución de las Cortes el próximo martes día 3. No obstante, los firmantes de la misma aseguraron que volverán a pedir su dimisión en la próxima reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno del Congreso en los periodos no ordinarios de sesiones, en estos dos próximos meses. Desde el PP lamentaron tener conocimiento del escrito una vez fue registrado en la Cámara Baja.

Según argumentan los diputados, la Ley de creación del CSN establece que el órgano regulador mantendrá «puntualmente informado al Gobierno» y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o suceso que afecte a su competencia. Además, indica que la ponencia de relaciones con el CSN o la Comisión parlamentaria de Industria podrá solicitar «cuantas comparecencias de responsables del CSN crea oportunas» y es por ello por lo que reclamaron su comparecencia.

«El presidente del CSN, aunque la ley le obliga a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado, no comparece ante las Cortes Generales desde el 3 de diciembre de 2014, habiendo sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión, y sin haber presentado aún el informe anual del Consejo correspondiente a 2014, a pesar de los numerosos temas que afectan a su gestión», lamentan, apuntando entre otros a la reapertura de Garoña o el ATC de Cuenca.

Asimismo, destacan que la Ley de creación del CSN establece que el Congreso de los Diputados, a través de la comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del presidente y de los consejeros. Es por ello por lo que solicitan el cese del presidente Martí. Desde el CSN recuerdan que fue el propio órgano regulador el que ya el pasado febrero pidió comparecer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso y que no recibió respuesta en 2 meses.

El superávit del sistema eléctrico en 2015 asciende a 251,5 millones de euros a falta de una liquidación

Redacción / Agencias.- El superávit del sistema eléctrico en 2015 ascendió a 251,5 millones de euros, según datos de la decimocuarta liquidación provisional de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, este dato no es el definitivo del ejercicio ya que, además de las 14 liquidaciones provisionales acumulativas, antes del 1 de diciembre de este año hay que efectuar una liquidación definitiva con los datos que se tengan para entonces.

Se estima que el superávit de tarifa del sistema eléctrico para 2015 se sitúe finalmente entre los 900 y 1.000 millones de euros, con lo que arrojará su segundo superávit anual consecutivo, después de haber cerrado 2014 con un saldo positivo de 550,3 millones de euros, el primero desde que en 2002 empezó a aplicarse el mecanismo por el que los desajustes entre costes regulados e ingresos podían generar déficit de tarifa. La CNMC destacó que, dado que los ingresos fueron superiores a los costes reconocidos, no «ha sido necesario aplicar coeficiente de cobertura», contrastando así estos datos con la liquidación catorce de 2014, que cerró con un desajuste provisional de 464,5 millones de euros.

Los costes regulados fueron 486 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable y cogeneración de alta eficiencia y de los pagos por capacidad. Por su parte, la demanda en consumo ascendió a 236.412 gigavatios hora (GWh), siendo un 1,5% superior al valor previsto para el inicio del ejercicio.

Mientras, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada con producción renovable y cogeneración en 2015 ascendió a 6.667 millones de euros, antes de impuestos. En lo que respecta al sector gasista, el desajuste acumulado fue de 23 millones de euros en términos de caja. Este déficit es un 95,7% inferior al de la liquidación 14 del ejercicio anterior. La demanda de gas hasta el pasado mes de febrero alcanzó los 312.648 GWh, representando un incremento del 3,8%.

La CNMC sanciona con 21.000 euros a cuatro empresas de electricidad

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 21.000 euros a varias empresas de energía eléctrica por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico, anunció el ‘superregulador’ en una nota.

En concreto, la CNMC ha impuesto una multa a Distribuidora Elèctrica D’Albatàrrec por valor de 8.000 euros, así como otra a Herederos De García Baz por 3.000 euros y otra a Electra la Honorina por 3.000 euros. La última sanción, de 7.000 euros, corresponde a Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia.

En el caso de las tres primeras compañías, se les considera responsables de cometer una infracción grave, ya que no suministraron la información solicitada por la CNMC sobre la energía adquirida, suministrada, declarada entre julio de 2011 y julio de 2013.

Esta ley establece que las compañías deberán suministrar la información solicitada por la Administración General del Estado para el establecimiento de la retribución, así como «cualquier información que se solicite en tiempo y forma necesarios para permitir la adecuada supervisión y control de su actividad por parte de las autoridades regulatorias».

Por su parte, Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia no aportó al operador del sistema eléctrico, esto es, a REE las garantías exigidas. Esta ley impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles.

Estas resoluciones de la CNMC pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, añade en su nota el organismo presidido por José María Marín Quemada.

El emplazamiento del ATC es “apto” según los informes del CSN, que contemplan soluciones de ingeniería para sortear algunas dificultades

Europa Press / EFE.- Los informes entregados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Transparencia Internacional reflejan dudas sobre la bondad de la ubicación del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, y proponen una panoplia de soluciones para sortear las dificultades detectadas por el organismo regulador. La difusión de los documentos, enviados a dicha ONG y publicados en la web del CSN en la pestaña «transparencia», se deriva de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente).

De hecho, en su respuesta, el CSN considera «fundamental que reciba el conjunto de documentos técnicos que justifican la propuesta de dictamen técnico» que fue aprobada por el pleno del CSN en su reunión de 27 de julio de 2015. Por ello entrega 4 informes más de los exigidos para una correcta comprensión del dictamen técnico. Dicha decisión técnica recoge limitaciones del terreno del ATC de Villar de Cañas y las condiciones y soluciones de ingeniería que se tendrían que imponer a la construcción de dicha instalación para que los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica se cumpliesen según los mejores estándares de seguridad.

En estos informes se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro ATC de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas porque faltan datos de geología y geomorfología. Esta falta de datos en los estudios que dan lugar a «incertidumbres en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia». Así consta en dos informes, uno de la Universidad de Cantabria y otro de la empresa estadounidense URS, que han sido tenidos en cuenta por el CSN en la evaluación del emplazamiento de Villar de Cañas.

Así, un informe de la Universidad de Cantabria subraya que «la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida», por lo que la ubicación es «idónea» para construir el ATC. El informe añade que hay que prestar «especial atención» a los detalles constructivos: no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables; cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control del flujo de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como «factor positivo», por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Asimismo, se concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son «especialmente representativos del proceso». Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como un aspecto «muy positivo» la no presencia de anhidrita. En cambio, reconoce que los terrenos plantean «problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos», aunque propone como la solución «más eficaz» la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. «Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas», aconseja.

Las soluciones contrarrestan los inconvenientes

Otro de los documentos, firmado por técnicos del área de ciencias de la tierra del CSN, concluye que no se puede afirmar que el terreno sea idóneo debido a características «desfavorables» como la presencia de materiales yesíferos y arcillas en contacto con el agua. Para autorizar la obra, cree necesario medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, limitando la activación de fenómenos de disolución y expansividad durante la excavación, construcción y operación. También exige, entre otras cuestiones, un plan de vigilancia del terreno con finalidad geotécnica e hidrogeológica, que verifique la eficacia de estas medidas.

Otro informe de evaluación del área de ingeniería mecánica del CSN determina que es aceptable la solución estructural de Enresa para afrontar los posibles riesgos (carácter expansivo de las arcillas y la activación de disolución de yesos). No obstante, pide a Enresa un análisis en detalle de todas sus actividades y un constante control para poder identificar la aparición de procesos de hinchamientos del terreno o de disolución de yesos.

Otro de los informes entregados, elaborado por la ingeniería URS España, con fecha de 29 de julio de 2015, afirma que en los trabajos de Enresa faltan datos o se minusvaloran riesgos. Se dispone de información «insuficiente» sobre la red de fracturación del subsuelo o la posible presencia de rellenos kársticos en profundidad y bajo el río Záncara. En todo caso, URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato y se muestra en desacuerdo con Enresa sobre el riesgo de un seísmo, ya que en su opinión «no es descartable» un terremoto de 5,5 de magnitud.

Tampoco comparte los impactos que Enresa prevé en cuanto a la disolución de minerales en el subsuelo por las aguas subterráneas. Según la estatal, el agua subterránea está en equilibrio con el medio rocoso por lo que los procesos de disolución derivados de la interacción agua roca no pueden generar riesgo de «subsidiencia apreciable», afirmación que la consultora no comparte.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y «suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación». La conclusión es que los terrenos seleccionados están «claramente considerados a salvo de inundaciones«. Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que «carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva».

De hecho, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales, con «potenciales efectos sobre las características geotécnicas». Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.

Transparencia Internacional celebra la publicación de los informes del CSN sobre el ATC aunque denuncia que están «cercenados»

Europa Press / EFE.- El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, valoró de forma «positiva» que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya entregado los informes sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), reclamados por la ONG a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero lamenta que estos documentos estén «cercenados» con “páginas tachadas en negro» en algunos de ellos.

«Teníamos ciertas dudas de que nos fueran a dar los informes, así que la valoración es positiva», indicó Lizcano, que explicó que el presidente del CSN y la secretaria general se reunieron con ellos para informarles de que los iban a entregar y a publicar algunos más de los solicitados. De este modo, señaló que el regulador ha publicado 4 informes más además de los 2 que, a su juicio, «cuestionaban» el emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) como lugar adecuado para albergar el ATC, donde se conservarán durante un siglo los residuos de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

En concreto, ha explicado que han recibido los dos informes que mostraban una «opinión desfavorable» y «para contrarrestar», otros cuatro estudios con soluciones técnicas para solventar los problemas que podría tener la instalación, aunque no estiman el coste económico de estas medidas. «Lo principal es que se ha conseguido que se publiquen estos informes porque tienen un interés social», subrayó. Transparencia Internacional publicará en su página web los informes técnicos sobre el emplazamiento del ATC.

Sin embargo, Lizcano lamenta que en los informes están «tachados todos los documentos que han servido de base» a los autores para llegar a sus conclusiones. «Ese es el mayor inconveniente que hemos visto, porque se ha cercenado la información. En el informe de la ingeniería URS España, uno de los más importantes, hay 8 páginas finales en las que debían aparecer las conclusiones, que han sido tachadas en negro, por lo que creemos que esas circunstancias faltan a la transparencia que se esperaba «, señalaron desde la ONG. También lamenta Lizcano que se haya procedido de la misma forma en el documento de los técnicos del área de Ciencias de la Tierra del CSN.

«Nosotros advertimos que ciertos informes encontraban riesgos para la instalación del ATC en Villar de Cañas», relató Lizcano, que señaló que por este motivo acudieron al CSN «para que nos diera las informaciones al respecto sobre cómo se había elegido Villar de Cañas frente a 8 candidaturas, cuando éste lugar, según informes técnicos hidrológicos aparecía en último lugar«. «En los informes que se habían realizado, y que hasta ahora no teníamos, se desaconsejaba que se ubicara en esa zona porque podía haber elementos radiactivos que perjudicaran a la población», ha señalado. Si había otros criterios, Lizcano argumenta que «queríamos saber cuáles eran, por lo que pedimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente) que nos los remitiera».

La CNMC sanciona con 1,98 millones de euros a dos comercializadoras de electricidad

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a las empresas Comercial Eólica Suministro de Energía y a Electro Soporte Comercial y Gestión con un importe total de 1,98 millones de euros por incumplir con la obligación que tienen las empresas comercializadoras de hacer las ofertas necesarias de compra de energía en el mercado para realizar sus actividades de suministro eléctrico a los consumidores.

En concreto, la multa impuesta a Electro Soporte Comercial y Gestión asciende a 1,3 millones de euros, mientras que la sanción para Comercial Eólica Suministro de Energía es de 680.000 euros. Además de las sanciones, ambas compañías deberán hacer frente a impagos por un valor total de unos 17 millones de euros, de los cuales 11,24 millones corresponden a Electro Soporte Comercial y Gestión y 5,5 millones a Comercial Eólica Suministro de Energía. Asimismo, ambas empresas quedan inhabilitadas para el desarrollo de la actividad de comercialización de energía eléctrica durante el periodo de un año.

En ambos casos, el operador del sistema eléctrico (REE) denunció ante la CNMC el incumplimiento de la obligación de adquirir la energía necesaria para el desarrollo de su actividad de suministro. Tras la instrucción de los expedientes, el organismo considera acreditado que Comercial Eólica Suministro de Energía, desde julio del año 2014 hasta marzo de 2015, adquirió en el mercado tan sólo un 10% de la energía que ha estado vendiendo a sus clientes. En lo que respecta a Electro Soporte Comercial y Gestión, la compañía también adquirió en el mercado alrededor de un 10%, pero sobre un volumen de energía mayor, entre junio de 2014 y marzo de 2015.

En consecuencia, la CNMC considera a ambas empresas responsables de cometer una infracción grave, según el artículo 65.28 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, indica el organismo. Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Las reclamaciones a la CNMC sobre el servicio de las compañías energéticas se redujeron a la mitad en 2015

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recibió 1.378 reclamaciones de consumidores sobre suministros de electricidad y gas en 2015, un 50% menos que en 2014. Según añadió la CNMC, durante 2015 recibió también 1.948 consultas, un 20% más que el año anterior.

En las reclamaciones, de las 1.378 quejas presentadas ante la CNMC, el 89% fueron relativas a los suministros de electricidad y el 11% a los de gas natural y propano, frente al 79% y el 21% respectivamente en 2014, proporción que se explica por la diferente cantidad de consumidores de cada tipo de energías.  Según Competencia, el descenso en el número de reclamaciones gestionadas con respecto a 2014 podría deberse a mejoras en la atención a los clientes y en la resolución de las reclamaciones por parte de las compañías.

En el sector de la electricidad, la mayoría de las reclamaciones (62%) se produjeron por problemas relativos a la facturación. Concretamente, algunos consumidores fueron acusados por su distribuidor de manipular el contador o tuvieron problemas en la facturación de la potencia, al adecuar la potencia contratada a la tensión de 230V. Otras quejas (14%) tuvieron que ver con las altas y bajas, incluyendo variaciones en la potencia contratada. Gas Natural Fenosa y Endesa son las que más reclamaciones concitan por este hecho. También fueron significativas las reclamaciones por cambios irregulares de suministrador, incluso con casos de falsificaciones de firmas (7,2%).

Los problemas con la facturación también fueron mayoritarios en las reclamaciones relacionadas con el gas (47%). En segundo lugar estuvieron las quejas referidas a los contratos de mantenimiento (15%). Finalmente, los retrasos en las altas o bajas del suministro (13%) y los cambios no deseados de comercializador (8%) fueron motivo de otras reclamaciones. Un 35% de las reclamaciones relacionadas con el gas son contra el grupo Gas Natural, que es el mayor distribuidor y comercializador de gas natural en España.

En cuanto a las consultas, de las 1.948 recibidas, el 77% correspondió a electricidad y el resto, 457, fueron sobre gases y fuel. De las consultas sobre electricidad, la mayoría de ellas, un 64%, se realizaron sobre las tarifas y contratos en mercado libre. En segundo lugar fueron las consultas sobre la facturación (17%). La CNMC recuerda que habla de las reclamaciones y consultas que gestionó durante 2015 y que representan «una pequeña muestra» de las realizadas por los consumidores ante los órganos competentes. El teléfono fue el canal más utilizado por los consumidores, con el 69% de las consultas y el 55% de las reclamaciones, seguido del correo eléctrico, con el 31% y 38%.

La CNMC estima que la compensación a las distribuidoras eléctricas alcanzará los 5.006,7 millones de euros en 2016

Servimedia.- El Estado deberá compensar a las empresas de distribución eléctrica con 5.006,7 millones de euros en 2016, según el Informe sobre la propuesta provisional de retribuciones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica elaborado por el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Entre las mayores empresas, Endesa debe recibir 1.984,3 millones, Iberdrola 1.644,9, Unión Fenosa 733,1, HC Energía 176,6 y E.On 148,3 millones. La CNMC debe calcular anualmente la retribución que se debe asignar a dichas compañías para cubrir los costes derivados del servicio que prestan, conforme a la metodología prevista en un real decreto de 2013. Una vez realizados dichos cálculos, remite su propuesta al Ministerio de Industria, que es el encargado de su aprobación definitiva.

Para realizar este cálculo, las distribuidoras deben remitir a la CNMC, entre otras informaciones, su inventario de instalaciones y su información regulatoria de costes, incluyendo información económica financiera. Este informe se ha realizado con los datos suministrados por las empresas hasta el 25 de febrero de 2016. Sin embargo, con posterioridad se ha recibido información adicional sobre inventarios e información regulatoria de costes, que no ha podido ser tenida en cuenta por razones operativas. La CNMC, una vez agotado el plazo de 3 meses conferido a varias empresas distribuidoras para subsanar la información remitida que ha sido considerada no válida, incorporará los nuevos datos disponibles y elaborará una propuesta definitiva.