Un bidón cae al suelo en Garoña y vierte 3 litros de agua radiactiva aunque no excede los límites permitidos

Un contenedor con un bidón con agua radiactiva que estaba siendo transportado en un contenedor extraído del Almacén Transitorio de Residuos y Bidones (ATR) en la central nuclear de Garoña (Burgos) cayó al suelo de forma accidental de una altura de tres metros y se vertieron unos tres litros de agua radiactiva, según recogió el acta de inspección trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, sin embargo señala que no superó los niveles permitidos.

La incidencia, no notificable, se produjo el 24 de marzo, cuando un contenedor transportaba en su interior un bidón extraído sin tapa al que se colocó un cierre provisional de aluminio. El aro metálico que sujetaba la tapa del contenedor se rompió y cayó al suelo desde unos tres metros de altura. La tapa quedó suspendida de la pinza y, al caer el contenedor, la tapa de aluminio que llevaba en su interior cedió y desparramó unos 3 litros de residuo del contenido del bidón.

Según refleja el acta de inspección trimestral de la planta burgalesa, el titular «inmediatamente» cubrió con plástico la zona del derrame e instaló un recinto cerrado con plásticos para que se pudiera recuperar el vertido en su interior. El vertido se recuperó ese mismo día, para lo que los operarios retiraron unos 2 o 3 centímetros del asfalto afectado. Según han indicado fuentes del CSN, de acuerdo con la normativa vigente este suceso «no es notificable» porque se produjo en una zona de la central clasificada radiológicamente cuyos límites de dosis están establecidos y, en este caso, no se superaron.

No obstante, señalan que el regulador pidió al titular un análisis de «notificabilidad» del incidente radiológico. Según la IS-10 donde se recogen los criterios de notificación de las centrales, no se superaron los límites de dosis establecidos en una zona radiológica, por lo que no fue notificable. De acuerdo con el acta firmada por el inspector residente, atendiendo a criterios de contaminación superficial, la zona estaba por debajo de 0,4 Bequerelios por centímetro cuadrado y, tras recoger el vertido se optó por retirar la capa superficial de asfalto para recuperar los valores iniciales y esto se hizo en menos de 12 horas. Si se hubiera superado este plazo sí habrían tenido que notificarlo al regulador.

Fallo en pestillo del contenedor

Del mismo modo, no se detectó contaminación fuera de este área cubierta con plásticos, por lo que los técnicos no establecieron medidas ambientales ya que se habían recuperado los niveles normales. En este contexto, el titular analizó las causas del suceso y advirtió que la pinza eléctrica estaba funcionando con tres pestillos operativos de los cuatro que posee y que precisamente la holgura entre el pestillo y el aro metálico es suficiente para que con tres pestillos se sostenga el contenedor. Sin embargo, sin el aro, el contenedor se desprende. Por ello, el inspector del CSN estipuló que antes de utilizar las pinzas se compruebe el correcto funcionamiento de sus pestillos y, en caso contrario, que se prohíba su utilización.

En la descripción de lo ocurrido, se analizaron las posibles consecuencias radiológicas de que se liberase un 10% del contenido del bidón y también de si se hubiera volcado por completo el bidón: supondría una dosis efectiva al público muy inferior a la restricción operacional para el conjunto del año. Aunque en el análisis de notificabilidad realizado por Nuclenor, al principio se limitaba a uno de los criterios de la Instrucción de Seguridad, se solicitó al titular que se considerara adicionalmente la posible aplicabilidad de cualquier liberación, parcial o total y se determinó que en todo caso habría sido inferior a los niveles permitidos y por debajo de 1 microsievert, que constituye el límite del criterio para notificar al CSN.

En todo caso, el inspector subraya que en este incidente se produjo un retraso en la comunicación a la sala de control de lo ocurrido y advierte de que esto sí podría ser importante en los casos en los que el titular sí debe informar «prontamente» al jefe de turno y al inspector residente en el informe de incidencia menor.

La CNMC observa una caída «sustancial» de las cláusulas de permanencia en los contratos de luz y gas

Europa Press.- Uno de cada tres hogares españoles han cambiado alguna vez de compañía de electricidad y gas natural a finales de 2016, la mayoría para abaratar su factura mensual, según el último panel de hogares realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los clientes que más cambiaron de compañía en 2016 fueron los del sector de las telecomunicaciones, con un 11%, frente a un 8% de los clientes de electricidad y un 9% de los de gas natural.

Tres de cada cuatro clientes optaron por un nuevo suministrador de electricidad para abaratar la factura, motivo que también alegaron dos de cada tres clientes de gas natural para cambiar de suministrador. Además uno de cada tres clientes que se cambiaron de proveedor de gas lo hicieron para beneficiarse de una oferta conjunta de gas y electricidad, motivo que sólo fue citado por el 17% de clientes que cambió de compañía de electricidad. El 42% de los clientes de electricidad y gas natural se mantuvieron fieles a sus compañías en 2016 porque consideraron que las ofertas de otros suministradores no les iban a suponer un importante ahorro en la factura.

Según el panel de hogares, en 2016 fue más complicado cambiarse de compañía eléctrica o de gas que en 2015. No obstante, hubo más clientes que encontraron difícil cambiarse de operador de telecomunicaciones que de servicios energéticos. Según este panel, las cláusulas de permanencia en los contratos de luz y gas se redujeron «sustancialmente» en 2016. En el caso de la energía, el porcentaje de hogares que declaró tener cláusula de permanencia se redujo a la mitad al pasar de cerca del 16% en 2015 a un 8% en 2016.

El número de empresas comercializadoras de gas natural en España crecen un 11% en 2016 y alcanzan las 150 compañías

Europa Press.- El número de empresas comercializadoras de gas natural en España alcanzó las 150 en 2016, tras registrar un incremento neto de 15 a lo largo del ejercicio, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De esta manera, se registró un crecimiento del 11,1% con respecto al número de compañías comercializadoras de gas que existía en 2015, que eran 135.

En concreto, a lo largo de 2016 se inscribieron en el listado 30 nuevas empresas comercializadoras de gas natural, pero se dieron de baja un total de 15. Entre las comercializadoras incorporadas durante 2016 figuran la británica Centrica, la danesa Neas, Endesa Generación, Alcanzia o Energalia. Por su parte, entre las bajas registradas figuran, entre otras, Fortia, Morgan Stanley o Merrill Lynch. De las 150 empresas, hay 43 empresas que han manifestado su intención de operar exclusivamente en mercados mayoristas de gas y capacidad, sin realizar suministro a consumidores finales.

El número de comercializadoras de gas inscritas ha aumentado año a año desde 2009, ejercicio en el que había 40 empresas. Así, durante el año 2010 se incorporaron 9 nuevas empresas, en 2011 un total de 12, otras 15 nuevas incorporaciones netas en 2012 y 12 en 2013. No obstante, el crecimiento más importante se registró en 2014, con 32 nuevas incorporaciones netas, mientras que en 2015 ascendieron a 15 el número de nuevas comercializadoras.

El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo ante Podemos y Ciudadanos: asegura no percibir «desencanto» en los trabajadores

Redacción / Agencias.- Los portavoces de Energía de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, «falta de transparencia» en el organismo regulador y la ausencia en su presupuesto de más fondos dedicados a esta materia. En este sentido, Martí reivindicó la transparencia del organismo y señaló que, aunque es «mejorable», son muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser «referencia para otras instituciones» que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Martí fue preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Josep Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad ya que consideran que el presidente del CSN «hace un flaco favor a la transparencia» cuando «no acude a dar explicaciones al Congreso, o cuando no se hacen públicas las deliberaciones en el seno del consejo». Es un tema sobre el que Martí cree que «se han hecho esfuerzos» últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del pleno del CSN, entre otros contenidos.

«Su actitud produce desconfianza en las instituciones y rechazo social», le ha espetado Ten, quien ha dicho que España necesita un CSN «independiente, despolizado y técnico». De los cinco consejeros del CSN, tres fueron nombrados a propuesta del PP y dos a petición del PSOE. Ambos diputados han urgido también «un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, para no seguir improvisando en las decisiones en esta materia». «Yo no veo esa falta de transparencia ni de confianza», les ha contestado Martí, que aún así se comprometió a mejorar la política de transparencia del organismo en términos de voluntariedad para incrementar el 3,75 sobre 10 que le ha otorgado el Consejo de la Transparencia en esta materia.

Además, en su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar «cierta incredulidad» de los diputados sobre ellos. En este sentido, también ha indicado que existen «muchas garantías» sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas. Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos.

Vendrell también le ha cuestionado sobre el «ambiente de desencanto» denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que ha denunciado ASTECSN. Sobre este tema, Martí aseveró que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a «buscar información» a través de los miembros del pleno del consejo, elegidos por ellos mismos y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. «Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas», afirmó.

El presidente del organismo negó también una «relajación de la cultura de la seguridad» de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que «la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos». Finalmente, Martí señaló que la bajada de las partidas de formación para los trabajadores, de más de la mitad desde 2013, se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real. El presupuesto del CSN para 2017 se mantiene en la misma cifra que el año anterior: 46,1 millones de euros.

Técnicos del CSN (ASTECSN) denuncian que se infravalora su trabajo para ocultar fallos en la gestión de las centrales nucleares

Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado la «política de silencio» que practica el regulador, “infravalorando su trabajo” con el objetivo de ocultar que en las centrales nucleares se cometen fallos de gestión.

«El regulador no hace visible hacia el exterior sus logros como administración pública puesto que reconocer su labor eficaz de supervisor significaría aceptar que existen fallos de los entes regulados; en la política actual del organismo, eso es inadmisible», denuncian. La misiva también critica que se haya trasladado al público una imagen de «un organismo funcionarial que realiza un trabajo protocolario y meramente administrativo» y no la de un cuerpo técnico «cuya labor ha evitado la ocurrencia de accidentes y detecta problemas de forma continuada».

Ante esta situación, el sindicato pide al pleno del CSN una reflexión general sobre su gestión y les invitan a «salir de su burbuja de desinformación» en la que, a su juicio, se encuentran por no tener contacto directo con los trabajadores. En este sentido, aseguran que hay «muchas voces críticas» desde el gremio de técnicos que no están siendo escuchadas y, en algunos casos, fueron «silenciadas con amenazas», mientras toda la labor se hace «desde los mandos del CSN» con el objetivo de «transmitir al exterior una imagen de normalidad institucional y de adecuado comportamiento de las instalaciones nucleares».

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

El CSN clasifica con nivel 0 la parada no programada de la unidad 1 de la central de Almaraz

Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) la parada no programada en la unidad 1 de la central  nuclear de Almaraz, un suceso que «no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medio ambiente». La parada automática del reactor se produjo debido a la apertura del interruptor de alimentación eléctrica de una de las barras normales de los circuitos eléctricos de la central.

Este hecho desencadenó la parada de una de las bombas principales de agua del sistema de refrigeración del reactor, que se alimenta de dicha barra. En estas condiciones, el reactor se ha parado «de acuerdo a lo previsto por diseño», los sistemas de seguridad han funcionado «correctamente y la planta se encuentra parada, en condición estable y segura». El titular investiga cuál ha sido la causa de la apertura del interruptor que ha dejado sin suministro eléctrico a ciertos equipos necesarios en la operación normal. El CSN informó a través de su página web de la notificación de este suceso.

El Gobierno plantea destinar el superávit eléctrico a financiar nuevas renovables en los sistemas extrapeninsulares y a pagar indemnizaciones judiciales

Europa Press.- El Ministerio de Hacienda ha incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Estas disposiciones con rango de ley supondrían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit tarifario. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016, según las previsiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros. Precisamente, el regulador reclama al Ministerio de Energía que desarrolle «lo antes posible» la ley para aplicar los superávit de 2014 y 2015 a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

Frente a este planteamiento del regulador, la disposición adicional 110ª del proyecto de presupuestos recoge una convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares «con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley». El Gobierno establece que estos importes se dedicarán a proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos europeos Feder y establece la cuantía máxima que podrá cargarse al sistema eléctrico, que será de 60 millones de euros. Además, la disposición adicional 114ª señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico».

Entre las indemnizaciones que el Gobierno podría verse obligado a afrontar figuran los 500 millones de euros de compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años. Sobre este aspecto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otro de los litigios susceptible de indemnizaciones es el referido al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que las empresas del sector eléctrico, como han hecho otras del energético en general, tienen recurrido. El Supremo ha elevado una cuestión sobre el asunto al Tribunal de la Unión Europea.

El proyecto de ley también recoge una disposición adicional, la 111ª, en la que se contempla una «compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables». La disposición habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias que se determine, “intensas en comercio con terceros países” (exportadoras), consistente en la «reducción del coste de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables que soportan«.

El PSOE pide que los presidentes de Red Eléctrica, Enagás y Enresa expliquen en el Congreso los Presupuestos del Estado

Europa Press.– El PSOE quiere que los presidentes de Red Eléctrica, José Folgado, de Enagás, Antonio Llardén, y de Enresa, Juan José Zaballa, comparezcan en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos del Estado, que remitió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Así consta en la lista de comparecientes registrada por los socialistas para la próxima semana. Asimismo, el PSOE ha pedido que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada.

Joaquín Fernández Segura, exdirector de la Comisión Nacional de Energía, se pone al frente de la turística Madrid Destino

Europa Press.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el nombramiento de Joaquín Fernández Segura, exdirector gerente de la Comisión Nacional de Energía, como nuevo consejero delegado de Madrid Destino, según anunció la portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre.

La Junta general de Madrid Destino ha dado luz verde al nombramiento dentro de la reestructuración en la empresa nacida de la fusión de otras con «profundos problemas económicos y de solvencia financiera». Maestre ha destacado del nuevo consejero delegado su «larguísima trayectoria en la Administración». Hasta ahora era funcionario jubilado. En su currículo sobresale su perfil de gestor de empresas públicas. «El perfil más idóneo es el técnico», subrayó la portavoz, que ha recordado que la alcaldesa, Manuela Carmena, encabezará la línea política cultural mientras Madrid Destino la ejecutará.