El Gobierno prevé aprobar esta semana el mecanismo de facturación horaria de la luz

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé que el mecanismo para la puesta en marcha de la facturación eléctrica esté aprobado para la «semana que viene como muy tarde», según indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que se mostró muy tranquilo ante la denuncia anunciada que se presentará en su contra por el recorte renovable ya que considera que no tiene «ninguna base» y que sólo tiene por objetivo «hacer ruido».

Nadal señaló que la aprobación «está ya a punto», ya que se trata de «procedimientos técnicos y están ya». En este sentido, indicó que el retraso con respecto a la fecha inicialmente prevista del pasado abril se ha debido a «cuestiones técnicas de última hora». En concreto, este nuevo mecanismo requiere una coordinación especial entre la distribuidora, que es la que debe calcular el consumo realizado, y la comercializadora encargada de emitir la factura. Los usuarios con esta nueva factura han de disponer de un contador digital y telegestionado. Esta normativa desarrollará el decreto que creó el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), en el que la facturación horaria quedaba condicionada al pertinente desarrollo regulatorio.

El nuevo mecanismo establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que esta cotice en el mercado mayorista en ese momento, un importe que varía cada hora. Inicialmente y de forma transitoria mientras se aprobaban los procedimientos, se determinó que se aplicarían unos perfiles de consumo, es decir, una distribución media de las horas de demanda para asignar las tarifas, que todavía continúan vigentes. Sin embargo, la próxima semana se aprobarán los procedimientos necesarios para que las eléctricas facturen a cada cliente lo que realmente está consumiendo al precio que cotiza en ese momento. Así se abrirá un periodo transitorio de unos tres meses para que las eléctricas adapten sus sistemas.

Por otra parte, respecto al anuncio por parte de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria por el recorte a las renovables, aseguró que estas acusaciones «no tienen ninguna base» y que sólo tienen por objetivo «hacer ruido». «La legislación sobre renovables la hace el Gobierno», señaló, con el asesoramiento del IDAE, mientras que los informes encargados a las consultoras tenían por fin «chequear algún punto«.

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el propio Nadal, considera que el Gobierno «legisló mal al atacar a ciertas tecnologías a sabiendas» y al encargar unos informes a dos consultoras independientes, de los que finalmente el de Roland Berger uno se entregó tras la aprobación de la normativa mientras que con Boston Consulting se rescindió el contrato.

Respecto a la eficiencia energética, el secretario de Estado de Energía destacó que «es una de las políticas más importantes» que puede hacer un país «enormemente dependiente» como España. A este respecto, Nadal señaló que España está aprendiendo «a mejorar en un uso más eficiente de la energía» y subrayó que el Gobierno «tiene que apoyar este proceso» con medidas tanto de carácter fiscal, como los impuestos medioambientales; así como programas como el PIVE, que está renovando a vehículos más eficientes el parque automovilístico español, y la puesta en marcha del plan de eficiencia energética.

La CNMC recuerda a Industria que se ha olvidado de asignar retribución a 12 plantas del régimen especial

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Industria de que actualmente hay 35 instalaciones renovables, de cogeneración y residuos que no tienen retribución asignada conforme al nuevo modelo puesto en marcha en 2014. Así se lo indicó al presentar su informe sobre la propuesta de orden presentada por Industria para asignar a 23 de estas plantas un parámetro retributivo, por lo que el organismo regulador recuerda a Industria que se ha olvidado de 12 instalaciones.

En 2013, el Gobierno aprobó un cambio en la retribución de las renovables, la cogeneración y los residuos, que pasaron de cobrar primas a la producción a una retribución razonable a lo largo de la vida útil de cada planta. Esta normativa se completó al año siguiente con una orden ministerial en la que se establecieron una serie de parámetros de inversión, en función de varios factores, como la antigüedad de la planta o la tecnología, en los que se clasificaron las centrales y sobre los que se aplica la retribución razonable que deberían obtener.

De acuerdo a este informe, la propuesta de Industria persigue «corregir los desajustes» detectados en la normativa por la que se asigna a las diferentes instalaciones los parámetros de inversión. En concreto, el Ministerio incorpora 23 plantas al sistema, 11 de cogeneración y 12 solares fotovoltaicas, con una potencia conjunta instalada de 53 megavatios (MW) y que clasifica en 17 nuevos códigos. Sin embargo, advierte la CNMC de que «quedarían aún 12 plantas, de fotovoltaica, cogeneración y residuos, que no estarían asignadas a una instalación tipo«, por lo que, pese a dar una «valoración global positiva» de la propuesta, «sugiere la revisión de estos datos».

Industria prevé enviar esta semana a la CNMC su propuesta de orden de ayudas al carbón autóctono

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé enviar la próxima semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta de orden sobre el nuevo esquema de incentivos al consumo de carbón autóctono.

«Hemos recibido comentarios de las tres partes interesadas -sindicatos, empresas y eléctricas- hicimos un segundo borrador, estamos recibiendo los últimos comentarios y haríamos una propuesta de norma que mandaríamos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para informe la semana que viene y para enviárselo a las autoridades europeas, ya que necesita su aprobación por las autoridades europeas», afirmó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

En este sentido, Nadal precisó que esta propuesta de orden no puede incluir la exención del céntimo verde, una de las peticiones tanto de los sindicatos como de las empresas para asegurar la viabilidad del sector, ya que «es contraria frontalmente tanto a la legislación comunitaria como a los principios básicos en los que estamos de comercio internacional«.

Aún así, subrayó que se pueden encontrar argumentos de carácter medioambiental que permitan decir «que determinado carbón tenga una fiscalidad inferior». «Además, si afecta al carbón nacional estaríamos encantados de analizarlo y ver si es posible», añadió al respecto.

Respecto a la orden, Nadal dejó claro que no se puede establecer ningún mecanismo que «obligue a las empresas a comprar» carbón, ya que es contrario a la normativa comunitaria, por lo que el objetivo es «crear un marco que sea favorable al carbón autóctono y que le dé futuro».

«Nosotros estamos dispuestos a ayudar de forma importante a las empresas eléctricas a que realicen esas inversiones medioambientales con subvenciones muy altas, que cubren el 90% de éstas, siempre y cuando compren desde ya carbón nacional», dijo.

El secretario de Estado de Energía afirmó que, a pesar de que el sector de la minería en sus peticiones «intenta conseguir sus máximos objetivos», estas deben contraponerse con el objetivo del interés general, «ya que todo esto tiene impacto sobre el recibo de la luz y sobre los costes de la electricidad que tienen que pagar las empresas que están creando puestos de trabajo».

Así, recordó que el actual marco, que fue aprobado en la legislatura anterior «y por un comisario socialista, Joaquín Almunia», concede al Gobierno un margen «enormemente estrecho, ya que las reglas comunitarias son enormemente estrictas», aunque se está haciendo «un esfuerzo enorme de intentar mejorar las condiciones del sector y darle una oportunidad».

De todas maneras, para ello, pidió también un «esfuerzo» por parte del sector, ya que «no se trata sólo de recibir subvenciones que impacten en el recibo eléctrico«.

«A mi me gustaría ver planes de viabilidad más claros. Algunas empresas sí que los han presentado, mientras que otras elevan su preocupación y necesidad de que hagamos algo, pero no plantean planes de viabilidad tan claros. El sector también tiene que definir cuáles son sus objetivos y no solamente establecer que cuando las eléctricas no compran carbón el Gobierno haga algo», concluyó.

El BOE publica la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos para introducir más competencia entre gasolineras e impulsar al fracking

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Redacción / Agencias.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la norma que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que fue aprobada por el pleno del Senado la semana pasada tras recibir el visto bueno del Congreso y que busca introducir más competencia en el sector. La nueva ley, que entrará en vigor este sábado, establece la creación de un mercado secundario del gas para obtener precios «más competitivos y transparentes» y facilitar la entrada de nuevos comercializadores.

La norma limita la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30% no podrán incrementar el número de instalaciones. Tampoco podrán suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién sea el titular de la instalación. No obstante, podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes aunque con ello se supere dicha cuota de mercado.

Esta limitación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, tiene como objetivo evitar que los operadores mayoristas reorganicen su red deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado. Conforme a la nueva Ley, la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen.

Impulso al desarrollo del fracking

Otra de las principales novedades es el impulso a la extracción de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo mediante la técnica del fracking; para ello el Gobierno crea incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta actividad. La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra.

La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos. Además, las empresas propietarias de las explotaciones deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de gas o petróleo.

Asimismo, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones, fomentando la competencia, ya que actualmente sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores. Además se elimina la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la Unión Europea si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y se modifica la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos. De igual forma, se igualan las exigencias de existencias de seguridad, que aportan una mayor flexibilidad, para los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.

Industria ordena el pago de 5,59 millones de euros a las empresas mineras por las ayudas pendientes de 2014

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Servimedia / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenó el abono de 5,59 millones de euros correspondientes a las ayudas del período noviembre-diciembre de 2014 destinadas a cubrir las pérdidas de producción de explotaciones incluidas en el Plan de Cierre para la minería del carbón no competitiva. Así lo recoge una resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De esta forma, Industria cerrará el abono de las partidas para la producción de 2014, ligadas al cierre de explotaciones no competitivas en 2018, que suman un total de 32,98 millones. La resolución se conoce cuando el Ministerio trabaja en la orden por la que se regulará el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en determinadas instalaciones de producción de electricidad, en definitiva, el incentivo que las centrales térmicas recibirán a cambio de firmar contratos de compra carbón nacional a largo plazo y ligado a las inversiones que realicen en desnitrificar sus propias instalaciones.

La orden de Industria recoge las ayudas que les corresponden a las compañías mineras, en virtud de la cuantía de 25 euros por tonelada para las unidades de producción subterráneas y de 0,5 euros para las explotaciones a cielo abierto. Así, Carbones Arlanza recibirá 67.678,34 euros; Hijos de Baldomero García, 201.797,17 euros; la Hullera Vasco-Leonesa, 1,27 millones, y la Unión Minera del Norte, 1,69 millones. Además, La Vasco recibirá otros 2.930,13 euros por su actividad a cielo abierto y Unión Minera del norte, 14.848,49 euros.

Asimismo, la resolución establece el total de ayudas a las producción que le corresponden a estas empresas por el carbón extraído durante el pasado año. De esta forma, Carbones Arlanza, una vez cobre la parte correspondiente a noviembre y diciembre, habrá recibido 573.609,89 euros; Hijos de Baldomero García, 1,79 millones de euros; La Hullera Vasco Leonesa, 6,45 millones, y Unión Minera del Norte, 6,92 millones.

Industria, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, convocó en septiembre estas ayudas de 2014. En noviembre se resolvió la concesión, que distinguía entre el periodo enero-octubre, en el que ya se había acreditado el mineral extraído, y los meses de noviembre y diciembre, para los que el Ministerio estableció una estimación. La documentación justificativa de los suministros de estos dos meses fue enviada por las empresas mineras en la segunda quincena de febrero. Una vez evaluada, el 31 de marzo el instituto emitió una propuesta de resolución provisional por la que se regularizaba el período noviembre-diciembre a todos los beneficiarios de ayudas.

Por último, en abril el Ministerio de Industria convocó las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de producción de este año, cumpliendo de inmediato el compromiso adquirido el día antes en la Comisión de Seguimiento de la Mesa del Carbón. Las partidas para todo el ejercicio ascienden a 32,9 millones de euros, que irán destinados 4,9 millones de euros a la empresa pública Hunosa (4,5 millones con cargo a 2016 y 360.000 con cargo al 2016) y el resto, 28 millones de euros, para las empresas privadas (22,7 millones en 2015 y 5,2 en 2016).

Tejerina dice que corresponde a la Junta de Andalucía decidir sobre el almacén gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, indicó que la decisión sobre el Proyecto de Almacenamientos Subterráneos que Gas Natural Fenosa promueve en el valle del Guadalquivir «corresponde íntegramente» a la Junta de Andalucía y remarcó que los técnicos del departamento ministerial emitieron una declaración de impacto ambiental favorable «sobre la base de los informes favorables» de la propia Junta. «Fue la Junta de Andalucía quién informó favorablemente en 2008», recordó.

La ministra del ramo aseguró que corresponde a la Administración autonómica «culminar el proceso» y consideró que, en este punto, el Ministerio «nada tiene que decir». «Corresponde a la Junta firmar y acordar el impacto, la evaluación integral medioambiental, porque el Ministerio ya se pronunció sobre los informes favorables de la Junta», insistió. Cabe recordar que Gas Natural Fenosa presentará alegaciones contra la propuesta, «aún provisional», de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de emitir una Autorización Ambiental Unificada (AAU) negativa a parte del Proyecto de Almacenamientos Subterráneos naturales que la compañía promueve en el valle del Guadalquivir y que forma parte de la planificación urgente aprobada por el Consejo de Ministros.

Gas Natural Fenosa advierte de que el trazado del proyecto «no entra en el Parque Nacional de Doñana en ninguno de sus puntos y en las zonas del Espacio Natural de Doñana, la antigua zona de Pre-Parque, no representa afectaciones significativas ni incompatibles con la protección del espacio natural, según ratificó por escrito la propia Dirección General que ahora emite un dictamen opuesto». Además, la compañía está estudiando las acciones legales adecuadas tanto contra «el retraso injustificado, de más de dos años, en el procedimiento, como por el cambio de criterio que representa el contenido de este nuevo informe frente al presentado en 2011 durante el trámite de Evaluación Ambiental«.

Ven «sospechosa» a la Junta

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tildó de «sospechosa» la emisión por parte de la Junta de Andalucía de un dictamen desfavorable respecto al proyecto de Gas Natural en Doñana, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales, «después de no haber presentado alegaciones». En este sentido, Sanz remarcó que «si no se presentan alegaciones no cabe luego cambiar de actitud«. «Me parece sospechoso este cambio de la Junta; viene ahora con un cambio de posición y es la única que lo ha hecho, exigiendo lo que nunca había exigido«, dijo.

En este sentido, recordó que la Junta, «hasta ahora e incluso desde el principio, había estado a favor del proyecto, conocía la realización de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en las tres partes y no se dirigió al Gobierno para pedir que fuera un único estudio de impacto ambiental, ni presentó alegaciones y, si no lo hizo, ahora no vale cambiar de posición«. Por tanto, cree que la Junta debe dar explicaciones al respecto, y le pidió «rigor, sensatez y que aplique el sentido común» porque los estudios de impacto ambiental, incidió, «no son caprichosos, ni faltos de rigor, tienen un carácter muy exhaustivo y contemplan las medidas compensatorias necesarias para salvaguardar este espacio natural tan único y privilegiado».

La Comisión Europea en el avispero español

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Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, visitaba este miércoles España. Danesa, de perfil y comportamiento nórdico, directo, es uno de los pesos pesados de la Comisión Junker y tiene un halo de dura y rigurosa. Enarbola el caso Google, con un fuerte aparato mediático a su alrededor. No es una comisaria al uso y está siendo una de las caras más conocidas del nuevo Ejecutivo europeo. Ostenta, además, una de las comisarías de primera categoría en la actual Comisión Europea, estructurada en dos capas.

En su estancia en España y comparecencia ante los medios en los desayunos de Europa Press, Margrethe Vestager fue interpelada respecto a la cuestión que dictamine que las primas a las renovables sean consideradas como ayudas de Estado ilegales por su volumen excesivo. La comisaria anunció que hasta el momento no hay una decisión tomada por la Comisión Europea respecto a este expediente y añadió que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, dado que los resultados de sus investigaciones pueden influir en los litigios en marcha.

En días anteriores se había conocido que, en estos momentos, desde el propio Gobierno español se estaría intentando la consumación de un acuerdo con el Ejecutivo comunitario para que la Comisión incoase un expediente a España que, de facto, supondría la remoción de las políticas renovables seguidas en los últimos años con un efecto cuantificado en más de 40.000 millones de euros en primas. Un aval al sistema de recortes ideado por Industria y cuyo escenario judicial es muy sombrío, incluyendo las últimas revelaciones sobre los informes que lo soportaron.

Por otra parte, la invocación a la Comisión Europea desde Industria en este sentido, confirmada por la propia Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, se realiza una vez que España ya colecciona más de una docena de arbitrajes a nivel internacional por las reformas en el sistema retributivo desde la cúpula del Ministerio de Industria, José Manuel Soria y Alberto Nadal, además de los procesos judiciales en el plano interno.

Dichas maniobras son consideradas por distintas fuentes como estratagemas de última hora para tratar de mitigar las consecuencias de los previsibles reveses judiciales de la reforma de forma que, con la calificación de ayudas de Estado ilegales por excesivas, se permitiría una posición del Gobierno ante los tribunales que desactivara las devoluciones e indemnizaciones subsiguientes en los pleitos que se resolviesen de forma negativa en cada una de las instancias.

Fuentes solventes apuntan al responsable de la Oficina Económica de Moncloa y al secretario de Estado de Energía, los hermanos gemelos Álvaro y Alberto Nadal respectivamente, como los que habrían tomado el mando de los movimientos de la ofensiva del Gobierno español en Bruselas en esta materia, buscando el apoyo del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en su momento propulsado por Rajoy para ocupar esta cartera.

La primera derivada de estas declaraciones de la comisaria Vestager es que en Europa se han dado cuenta del papel y del momento en el que se buscado la implicación de la Comisión Europea dentro del conflicto renovable en España y, a la vez, que se reserva un margen de maniobra respecto a las actuaciones del Gobierno de nuestro país para abordarlo en clave comunitaria.

Por otra parte, la forma en que se abordan estas cuestiones en la Comisión Europea, en las que se mezclan competencia, seguridad jurídica, conflictos judiciales y arbitrajes, se analizan con mucho detalle y precisión, teniendo en cuenta los efectos para las inversiones y los mercados financieros, elementos clave en la política europea de la actualidad. La maquinaria de la Unión, como dice un perfecto conocedor de ella, Alejo Vidal-Quadras, está orientada al acuerdo, con grandes dosis de diplomacia,  y tiene una concepción muy minuciosa y transparente de los asuntos públicos.

En definitiva, la comisaria danesa se sacude las avispas que el Ejecutivo español ha depositado en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Después del desayuno informativo en Europa Press, la comisaria Vestager se reunió con el propio José Manuel Soria en la sede del Ministerio de Industria. Tiene mucho morbo, con el perfil de los dos, saber que se dijeron.

Repsol recurre la orden con la que Industria ha bajado casi un 20% el butano en dos meses

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Europa Press / EFE.- Repsol Butano interpuso ante la sala tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo, ya admitido a trámite, en contra de la orden en la que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo estableció en marzo el nuevo sistema de revisión automática del precio de la bombona de butano. Las empresas vienen recurriendo desde 2014 la fórmula de revisión de precios del butano porque, a su juicio, no reconoce un coste «suficiente» para la actividad de comercialización.

El recurso se dirige contra la orden IET/389/2015 de marzo, en la que se revisaron los precios máximos de venta para los gases licuados del petróleo envasados (butano y propano).   El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, consistentes en envases con carga entre 8 y 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos. En concreto, la orden ministerial recurrida por Repsol modificó el procedimiento para fijar los precios del butano establecido en el 2013, fundamentalmente para cambiar la ponderación de los diferentes orígenes de la materia prima en la fórmula, lo que en la práctica presionó a la baja el precio.

El nuevo mecanismo para fijar el precio del butano propició una bajada en el precio de la bombona media de butano del 19% en apenas dos meses, a razón de un 9,7% en marzo, hasta los 15,8 euros, y de un 10,6% este martes, hasta los 14,12 euros. Precisamente la segunda de estas dos revisiones se ha aprobado ahora, apenas cinco días antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas para el domingo 24 de mayo, y supondrá un alivio para cerca de los 8 millones de consumidores de butano.

La orden ministerial recurrida por Repsol contempla una nueva fórmula para establecer el precio del gas licuado del petróleo (GLP) envasado y un retoque en el calendario de las revisiones, que desde marzo se realizan en el tercer martes de cada bimestre. La nueva regulación también eliminó de forma excepcional para marzo y mayo el tope del 5% al alza o a la baja en la revisión bimestral de precios, lo que permitió que el abaratamiento durante estos meses sea muy superior al previsto, precisamente justo antes de las elecciones.

Las dos bajadas en marzo y mayo se han producido una vez absorbido el déficit de tarifa temporal que había acumulado el butano después de que el precio de la bombona permaneciera congelado durante casi dos años. El desajuste ha podido eliminarse gracias a las fuertes bajadas en los precios de las materias primas de los últimos meses. A partir de ahora, la tarifa de butano parte de un equilibrio tarifario, sin déficit ni superávit. Las variaciones de los próximos meses en las cotizaciones internacionales se repercutirán al alza o a la baja en porcentajes no superiores al 5%, y el excedente se trasladará a déficit o superávit para su posterior absorción en bimestres posteriores.

La Fundación Renovables y la Px1NME denunciarán a Nadal ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) planean presentar una denuncia  en las próximas semanas ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que el Gobierno legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre ahora. Holtrop indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, por lo que instará a la Fiscalía Anticorrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos«.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los «errores» en la normativa, que justifican en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte. Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, señaló que «se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores», y que afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir «una prima de riesgo».

Otras «contradicciones», según dijo, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que considera «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Además, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, insistió en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de los partidos políticos, con el objetivo de «abrir el debate energético». Aunque la denuncia se dirige por un delito de presunta «prevaricación» contra Alberto Nadal» como su autor, fundamentalmente, por ser quien ha tenido el dominio del acto», no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.

El Supremo obliga a resarcir a la eólica de Castilla y León por no incluir Industria un recargo en la tarifa de luz

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Europa Press.- La sala tercera del Tribunal Supremo estimó en parte la petición de resarcimiento solicitada por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no incluyese en los peajes eléctricos de la tarifa de luz de 2013 un sobrecoste relacionado con los recargos autonómicos.

La decisión del Supremo redunda en la posición del mismo tribunal ya expresada en una sentencia de mediados de 2014 en la que reconocía, en respuesta a una denuncia de Gas Natural Fenosa, que los tributos autonómicos deben incluirse en los peajes eléctricos para su posterior pago por parte de los consumidores de las regiones en las que se apliquen. Estos recargos correspondientes a tributos autonómicos ascendían a unos 200 millones de euros, según aparecía en un borrador de la orden de peajes eléctricos de 2013 que posteriormente modificó Industria. En la versión final de aquella orden ministerial no se hacía mención a este coste.

En su nueva sentencia, el Supremo declara que el artículo 9.1 de la orden de peajes de 2013 no es conforme a derecho al no incluir en los costes los suplementos territoriales a los que se refiere el artículo 17 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, según la redacción por decreto de 2012. El Supremo considera que Industria debió incluir en la orden de peajes de 2013 los suplementos territoriales correspondientes a cada una de las comunidades autónomas que tuviesen implantados aquellos tributos, «de modo que los consumidores ubicados en ellas sufragasen los costes derivados de las decisiones de sus propios órganos administrativos«.

De hecho, la norma actual establece que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos especiales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial«. Este suplemento, dice la regulación, «cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo» y «deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma». En la anterior sentencia acerca de la denuncia de Gas Natural Fenosa, el Supremo no cuantificó el sobrecoste que la medida supuso pero la compañía energética lo cifró en 30 millones.