La CNMC pide a Industria que evite el déficit o superávit en el sistema eléctrico

Redacción / Agencias.- Sin tener en cuenta lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Industria de la necesidad de que los ingresos y los costes del sistema eléctrico estén equilibrados, sin que se produzca déficit o superávit. Esta recomendación, incluida en el informe sobre la previsión de ingresos y costes del sistema eléctrico para el periodo 2015-2020, aparece ante las estimaciones formuladas por Industria de registrar superávit cada ejercicio de los próximos años.

En concreto, Industria prevé un superávit eléctrico, un desfase positivo entre los ingresos y costes regulados, de 36,8 millones este año, 160,2 millones en 2016, 150,1 millones en 2017, 160,7 millones en 2018, 157,1 millones en 2019 y 162,6 millones en 2020. Tras años de déficit eléctrico, que aún mantiene una deuda pendiente de pago de unos 22.000 millones de euros, el ejercicio 2014 cerró con un pequeño superávit que todavía está pendiente de confirmar.

La Ley del Sector Eléctrico establece que el eventual superávit en la liquidación definitiva deberá dedicarse a sufragar la deuda pendiente hasta que esta haya desaparecido, en cuyo caso podrá dedicarse a rebajar los peajes eléctricos, que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas, como la distribución, el transporte o la retribución a las renovables. El 10 de julio, el Gobierno anunció una rebaja de los peajes ante la existencia de un cierto superávit en el sistema en 2015, que según argumenta el Ministerio de Industria, no está obligado a dedicarse a enjugar deuda porque el ejercicio aún no está cerrado, lo que repercutirá en una rebaja del recibo de la luz entre los meses de agosto y diciembre.

Precisamente el ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura que, de mantenerse la tendencia al superávit, el próximo año podrá realizarse una rebaja aún mayor que la aprobada para agosto. El superávit previsto para 2016, según cálculos de Industria, es de 160,18 millones de euros. Frente a esta situación, la CNMC considera que la previsión de «ingresos regulados de un ejercicio deberían ser suficientes para cubrir los costes previstos en el mismo ejercicio sin que se dé lugar a la aparición de déficit o superávit«.

Según el documento del organismo regulador, «en caso de que apareciera un superávit, debería regularse un mecanismo para el tratamiento de dicho superávit en las liquidaciones provisionales, que son las que se conocen cada mes, y las definitivas, que no se publican hasta finales del año siguiente al cierre del ejercicio». En total, según los cálculos, el sistema acumulará más de 800 millones de superávit en los próximos seis años.

Soria no descarta retrasar a septiembre la regulación del autoconsumo para «mejorarla»

Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que el Gobierno se podría plantear aplazar la aprobación del real decreto sobre autoconsumo para septiembre para mejorarlo «basándose en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)». En este sentido, Soria aseguró que el Ejecutivo tiene previsto aprobarlo el día 31 de julio, aunque subrayó que actualmente se está estudiando el informe realizado por el regulador y se podría dejar su aprobación para después del verano «si es para mejorarlo».

El titular de Industria señaló que es la «primera vez» que un Gobierno regula el autoconsumo en España y volvió a defender un peaje para los autoconsumidores que se enganchen al resto del sistema para beneficiarse cuando su capacidad de generación sea insuficiente o para vender cuando sea superior, por lo que, según Soria, deberá «contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello» ya que, si no es así, «se consume a consta de que paguen otros».

De igual forma triunfante, Soria destacó que la reforma del sector energético ha conseguido poner final al déficit eléctrico y registrar en 2014 ya un «pequeño superávit de decenas de millones de euros», cuya cifra exacta se conocerá en noviembre. De hecho, la evolución de los ingresos y costes del sistema en lo que va de 2015 apuntan a que «muy probablemente estaremos en superávit evidente de varios cientos de millones» a cierre del ejercicio.

Asimismo, Soria insistió en que la rebaja de la luz del 2,2% aprobada por el Gobierno para el periodo de agosto a diciembre tendrá su continuidad en 2016 y podría suponer una reducción en la factura eléctrica incluso superior si se dan condiciones más favorables. De hecho, indicó que el superávit de 250 millones de euros se destinará a aminorar los peajes, lo que supone una caída del 4% en esta partida y una traducción en la factura eléctrica de un abaratamiento del 2,2% que se va a aplicar de agosto a diciembre. «En 2016 se van a aplicar también estos 250 millones de euros pero entre 12 meses, aunque no descarto una caída en la factura todavía mayor«, dijo.

Por otra parte, Soria defendió el recorte a las renovables aplicado por el Ejecutivo, a pesar de las numerosas demandas contra ella tanto dentro como fuera de España, y aseguró que se hizo basándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que «es muy clara». `Por ello defendió la reforma energética aprobada en 2013, que establece una rentabilidad razonable, y aseguró no conocer ninguna actividad que tenga «garantizado por ley una rentabilidad del 7,5% durante toda su vida útil». Además, Soria subrayó que la reforma no supuso una pérdida de interés en España en el sector renovable para los inversores, con unas inversiones que han supuesto en torno a los 1.000 millones de euros en el primer semestre de este año.

Unesa aboga por aumentar la interconexión con Francia pero no con Portugal

EFE.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, incidió en la necesidad de ampliar la interconexión con Francia, pero no con Portugal, y subrayó que la mejora de la interconexión es clave para el objetivo de la Unión Europea de conseguir un «precio único» de la electricidad. Según explicó Montes, España, con un 3% de interconexión eléctrica, está aún lejos de alcanzar el objetivo del 10% marcado para 2020 por la Unión Europea.

Por ello, considera que hay que dar «prioridad especial» a proyectos que incrementen significativamente la actual capacidad de interconexión, consiguiendo el apoyo comunitario con su designación como Proyectos de Interés Común (PIC), ya que España ahora está «muy por debajo de ese 10%», insistió Montes durante su intervención en el curso Ecuación para una energía segura y sostenible. El presidente de Unesa ha explicado que, en la actualidad, existen siete líneas de interconexión de España con Portugal, con una capacidad máxima de 3.000 megavatios; cinco con Francia (2.800 MW) y dos con Marruecos (900 MW).

Montes asegura que en el caso de Portugal no es preciso ampliar la interconexión porque actualmente los precios convergen más del 90% del tiempo y la interconexión «apenas se satura», por lo que considera que «el incremento casi no aportaría convergencia adicional de los mercados». Sin embargo, Montes sí ve necesaria la ampliación con Francia, porque los precios convergen una parte reducida del tiempo debido a que la interconexión se satura, de ahí que abogue por incrementarla para alcanzar la «decisiva» convergencia de los mercados. En este sentido, Montes precisó que durante junio, los precios fueron distintos el 100% de las horas, «habiéndose generado la congestión en sentido importador Francia en 720 horas y en ninguna hora en sentido contrario».

Despliegue de los contadores inteligentes

El presidente de Unesa subrayó que actualmente se trabaja en la elaboración de una segunda lista de proyectos PIC con vistas a su adopción por la Comisión Europea en el otoño de 2015, con el triple objetivo de posibilitar la convergencia de precios, incrementar la competencia y la seguridad del suministro. Además, destacó que el desarrollo del mercado minorista es una de las prioridades de la Comisión Europea para alcanzar el Mercado Único de la Energía; también hizo hincapié en la implantación de un sistema de medición inteligente es una infraestructura esencial para proporcionar a los consumidores una información precisa y detallada de sus consumos.

Montes recordó que el objetivo de la Unión Europea apunta a que para 2020 la implantación de contadores inteligentes entre los estados miembros sea del 80% «si el análisis coste/beneficio ha resultado positivo». En la Unión Europea, apunta Montes, ya hay aproximadamente 45 millones de contadores inteligentes instalados lo que ya supone el 23% de la instalación prevista para 2020.

La inversión prevista para cumplir con los compromisos de implantación se cifra en 45.000 millones de euros y se espera alcanzar los 200 millones de contadores inteligentes (72% del total de consumidores europeos). En España, según el informe de La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el cumplimiento del plan de sustitución de contadores de electricidad, el número de equipos inteligentes instalados a finales de 2014 ascendía a 11,4 millones (42,48%).

Industria eximirá a las interconexiones eléctricas de los límites de inversión fijados en la reforma

Europa Press.- Los proyectos de interconexiones eléctricas internacionales no computarán a la hora de calcular los límites fijados en la reforma energética para las nuevas inversiones en redes eléctricas, según un borrador de real decreto elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La medida tiene como objetivo impulsar un «incremento significativo» de este tipo de enlaces internacionales y viene acompañado de otras facilidades para este tipo de proyectos, entre ellas una agilización de los trámites.

Sobre los topes a la inversión, el nuevo real decreto modificará otro anterior, el 1047/2013 sobre retribución al transporte de electricidad, «de manera que la inversión en este tipo de instalaciones no compute a los efectos de los límites de inversión previstos en el mismo». Desde la aprobación de la reforma energética, la inversión anual autorizada por el Gobierno para la construcción de redes eléctricas tiene un límite máximo global del 0,065% del PIB para el transporte, unos 650 millones de euros, y del 0,013% del PIB para la distribución, unos 130 millones de euros.

Industria argumenta en el borrador de decreto que la Unión Europea ha fijado un mínimo de interconexiones internacionales equivalente al 10% de la potencia instalada para España y Portugal, y que es necesario realizar un esfuerzo inversor para alcanzarlo. «La parte relativa a modificaciones de los planes de inversión como consecuencia de las interconexiones permitirá el incremento de las inversiones en interconexiones con efectos muy favorables para los costes del sistema eléctrico», asegura Industria. Otra de las medidas incluidas en el borrador exime también de computar dentro de los distintos límites a otras partidas como las ayudas o las inversiones financiadas o cedidas por terceros.

En paralelo, Industria ha elaborado otros dos borradores de órdenes ministeriales en los que establece los valores unitarios necesarios para calcular la retribución anual para los activos de transporte y distribución de electricidad. En el caso de la distribución, la retribución para empresas con más de 100.000 clientes tendrá un coste para el sistema de 4.740 millones, un 2% menos al de 2014, mientras que en el caso de las empresas con menos de 100.000 clientes la partida ascenderá a 348 millones, un 5% más. En cuanto al transporte, ocasionará un coste al sistema eléctrico de unos 1.672 millones, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto a 2014.

El Consejo de Seguridad Nacional baraja crear un comité específico de energía

EFE.- La Estrategia de Seguridad Energética Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, contempla la posible creación de un comité especializado en seguridad energética, según informó Presidencia del Gobierno. Este documento fija como objetivos fundamentales la diversificación de las fuentes de energía, la seguridad del abastecimiento y el impulso de la sostenibilidad energética.

El Comité Especializado de Seguridad Energética se sumaría a los órganos de apoyo ya existentes: el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, el Consejo Nacional de Ciberseguridad, el Comité Especializado de Inmigración y el Comité Especializado de Situación, encargado de la gestión de crisis en el ámbito político-estratégico. La estructura orgánica surgida de la Estrategia de Seguridad Nacional, cuya base es el Consejo de Seguridad Nacional, se ha ampliado progresivamente con organismos específicos que se ocupan de sectores de carácter transversal.

Necesidad de desarrollar las interconexiones

La Estrategia de Seguridad Energética subraya la complejidad y dinamismo del actual escenario geoenergético y concluye que la «privilegiada» situación geográfica de España, con acceso directo al océano Atlántico y al mar Mediterráneo, le otorga «una posición preferente» para convertirse en «un hub (centro de distribución) energético para la Unión Europea». No obstante, hace hincapié en que, para conseguirlo, es necesario «que se siga desarrollando y materializando la interconexión europea«. La Estrategia incide en que España es un país dependiente de recursos energéticos exteriores pero que, al mismo tiempo, cuenta con un suministro «sumamente diversificado», tanto en lo referente a las fuentes energéticas como a la procedencia de la energía.

El documento apuesta por la «cultura de la seguridad energética» como elemento básico para hacer frente a los retos en este campo. Por ello, añade, «es esencial la concienciación, tanto en el ámbito individual como en el de la sociedad, sobre las posibilidades de aprovechamiento de nuestros recursos, el uso responsable y eficiente de las fuentes de energía y el impacto medioambiental del consumo energético«. A la reunión, presidida por el Rey Felipe VI, asistieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y cinco ministros.

Viesgo pide a la Unión Europea el fin del «intervencionismo» y de la «sobrecarga artificial» de la factura eléctrica

Redacción / Agencias.- El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, abogó porque la Comisión Europea revise «en profundidad» la «sobrecarga artificial» de la factura eléctrica y haga desaparecer el «intervencionismo» en el sector. Así lo señaló Antoñanzas durante su intervención en el seminario Ecuación para una energía segura y sostenible«.

No obstante, el presidente de Viesgo destacó que la Comisión Europea haya «reafirmado su apuesta por un nuevo sistema energético» con lo que ha llamado un Paquete de verano, con el que quiere «rediseñar el mercado eléctrico, rediseñar el etiquetado y revisar el régimen de comercio». «A nosotros nos alegra que la Comisión avance hacia la descarbonización de la economía, dando la relevancia que se merece a la eficiencia energética y situando a los consumidores en el centro del mercado europeo de la energía», ha dicho Antoñanzas, que sin embargo ha lamentado que aún se hayan eludido las «grandes preocupaciones«.

Por ello, Antoñanzas hizo referencia a la necesidad de abordar por parte del Ejecutivo comunitario la «gran preocupación que existe en Europa, por el riesgo que supone el intervencionismo político que hace que la factura eléctrica soporte una gran sobrerecarga artificial con tasas e impuestos que nada tienen que ver con un suministro seguro y sostenible«. Sobre las perspectivas del sector en España, Antoñanzas destacó que 2015 será «crucial» en el ámbito económico y político por las elecciones, pero que, independientemente del resultado, el sector energético necesita «estabilidad para poder continuar con la senda de inversiones esperada«. «Las instalaciones que construimos tienen una vida media de décadas, más allá de los periodos entre elecciones», agregó.

Por otro lado, a pesar de que «por primera vez en muchos años el sistema está económicamente equilibrado» y el déficit de tarifa «es historia», considera que «aún quedan algunos aspectos por resolver». En este sentido, señaló que aunque el futuro energético se construirá en torno a las energías renovables, también es necesario apostar por tecnologías de apoyo convencionales, como los ciclos combinados. Por ello, indicó, tienen que contar con una retribución «suficiente» por ofrecer una capacidad de reserva. Además, cree que se debe concretar el papel del carbón nacional en el futuro y completar los desarrollos pendientes para implementar el nuevo marco retributivo de la actividad de distribución, «llamada a ser protagonista del soporte a la transformación del sector».

Medio Ambiente revisará en los próximos meses los objetivos de mejora de la calidad del aire

Europa Press.- La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Guillermina Yanguas, y el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, han coincido en asegurar que la calidad del aire en España «ha mejorado mucho» en los últimos años, precisando que «aún queda camino por recorrer» en este aspecto.

Yanguas añadió que «según todos los estudios, la tendencia es positiva», aunque no quiere que se le «malinterprete» porque queda «camino por recorrer». En su opinión, esto se debe a los retos que existen como mejorar el ozono troposférico, a pesar de las mejoras introducidas con la aplicación por parte del sector energético de las «mejores técnicas disponibles, que ha permitido valores cada vez más estrictos», y a que «hay menores concentraciones» y «no se superan los límites» de dióxido de azufre, entre otros materiales. Igualmente ha puesto de relieve la «mejora considerable» de los niveles de partículas en el aire debido al «uso obligatorio» de filtros de partículas en los vehículos diesel y al establecimiento de «objetivos muy exigentes».

Yanguas, que ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 el Plan Aire, un proyecto de 78 medidas para mejorar la calidad del aire «de forma realista y ambiciosa», también ha incidido en que la Comisión Europea estima que los beneficios del programa europeo Aire puro para Europa, con un horizonte temporal que llega hasta el 2020, son de unos 40.000 millones de euros al año. «Si tenemos dudas del camino que debemos seguir, estas cifras nos las deberían aclarar», manifestó Yanguas, que comentó que en los próximos meses se «revisarán los objetivos» de los planes del Gobierno, cuyas medidas también se están negociando actualmente en el Congreso de los Diputado, indicó. «Hay que avanzar más», afirmó.

Por su parte, Lora-Tamayo indicó en que la contaminación de interiores por utilización de combustibles fósiles «es una de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial» y, con respecto a España, concretó que entre 2005 y 2013 el número de zonas que superaban el nivel aconsejable de partículas en el aire disminuyó «de 47 a 3». «Pero aún queda un largo camino por recorrer», advirtió a la par que defendió tomar como referencia los niveles de contaminación que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lugar de la Comisión Europea porque estos últimos «superan muchas veces» los de la OMS. Sin ser así, concretó que «un 98% de la población respira aire que supera los límites» estipulados.

Igualmente, incidió en que las ciudades españolas «aún se caracterizan» por ser «compactas y densas» y, según alertó, «el crecimiento del parque de vehículos ha creado un problema de contaminación«. Para resolverlo, tal y como detalló Lora-Tamayo, hacen falta medidas tecnológicas, como iluminación del transporte, por ejemplo, y otras «no tecnológicas», que se centran en reducir el número de vehículos a favor del transporte público.

El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional la ley catalana que grava la energía nuclear

EFE.- El Gobierno acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que grava la emisión de gases contaminantes por la aviación comercial y por la producción de energía eléctrica de origen nuclear. El Gobierno interpuso el recurso y solicitó al Constitucional que suspenda de forma cautelar once artículos de dicha norma, la mayor parte de ellos relativos a la regulación del impuesto sobre la energía nuclear.

El Ejecutivo sostiene que esa regulación de Cataluña invade las competencias estatales en materia de Hacienda, dado que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) establece que «los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado». Argumenta el Gobierno que existe «solapamiento» entre el impuesto catalán sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear y el impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos, creado por la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En ese contexto, expone que ambos impuestos recaen sobre el combustible nuclear empleado en la producción de energía eléctrica de origen nuclear, de modo que procede interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Industria acusa a UNEF de «manipular» la visión europea del autoconsumo

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria acusó a la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de «manipular» el texto de recomendaciones de la Comisión Europea relativas al autoconsumo para así criticar la propuesta de normativa elaborada por el Gobierno. En este sentido, Industria «desmiente» las críticas vertidas por esta asociación contra el borrador de normativa, que alegaba que el borrador contradice las recomendaciones de la Comisión Europea.

La Comisión Europea publicó un documento en el que subrayaba que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro». Posteriormente, UNEF afirmó que consideraba que las recomendaciones europeas «invalidaban» la normativa española, algo que Industria niega ahora, al defender que «se ajusta a las recomendaciones y mejores prácticas recogidas en el informe de la Comisión«. De esta manera, el Ministerio de Industria destaca que el real decreto de autoconsumo en tramitación respeta «fielmente el espíritu de las recomendaciones de la Comisión, que es que los requisitos de autorización sean proporcionados«.

UNEF también destacó que «la Comisión Europea se ha posicionado en contra de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España». Sin embargo, según Industria, se trata de un argumento que considera «erróneo, ya que el informe de la Comisión analiza de forma global los diferentes modelos de autoconsumo de diferentes Estados miembros». Así, subraya que en relación a España, la Comisión dice literalmente que «hasta los 100 kW, la regulación está aún pendiente de aprobarse».

Industria alega que el documento comunitario «es meramente descriptivo» y propone «recomendaciones», sin valorar específicamente a la legislación de cada país, por lo que no puede abordar la española. Así, la crítica de que los supuestos de la Comisión «invalidan» el texto del Gobierno, a juicio de Industria, «no se ajusta a la realidad del informe«. De la misma manera, Industria defiende que su propuesta legislativa no impone requisitos administrativos diferentes a los de cualquier otro productor de electricidad y que las cargas económicas no son discriminatorias, ya que tienen el objetivo de que los autoconsumidores contribuyan a sufragar los costes del sistema como lo hacen el resto de consumidores.

«Tan sólo se exige la inscripción en un registro administrativo, lo que se justifica por razones técnicas y de seguridad. Además, el trámite de inscripción será simplificado para los pequeños consumidores», añade el Ministerio. «La asociación ha tratado de «manipular» las recomendaciones del documento de la Comisión Europea para arremeter en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo», subraya Industria. El borrador de normativa de autoconsumo prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas con el objetivo de que los autoconsumidores conectados a la red contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

UNEF afirma que la Comisión aboga por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas», sin embargo, según Industria, la norma en tramitación respeta las recomendaciones de la Comisión, ya que no establece cargos discriminatorios. «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores. Además, no es retroactivo. La norma contempla un plazo para adaptarse a la nueva regulación para garantizar que todos los consumidores estén en igualdad de condiciones. Por consiguiente, no se afecta a las inversiones de autoconsumo ya realizadas«, añaden al respecto desde el Ministerio.

Finalmente, afirma que «no es cierto» que se creen nuevos cargos ni impuestos, como el conocido como impuesto al sol, sino que lo que se pretende es que «todos los consumidores estén en igualdad de condiciones». «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores, tanto para las redes eléctricas como para el resto de servicios del sistema. De no hacerlo, se estaría percibiendo una subvención del resto de consumidores, lo que perjudicaría a los más vulnerables, que verían incrementada su factura por tener que hacer frente a esos costes», destaca.

Endesa Generación recurre ante el Tribunal Supremo el canon hidráulico

EFE.- Endesa Generación presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la normativa que desarrolla del canon por el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este recurso se suma así a los presentados contra esta misma normativa por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) y Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). El desarrollo de la normativa fija un canon del 22% de la base imponible, es decir, del valor económico de la energía producida.