La Junta de Castilla y León recurrirá contra el Gobierno ante la Audiencia Nacional para cobrar los Fondos Miner

EFE.- La Junta de Castilla y León anunció que recurrirá a la Audiencia Nacional para reclamar el pago de al menos 1,1 millones de Fondos Miner que fueron adelantados por la autonomía y sobre los que ahora el Ejecutivo central anuncia una «pérdida de derecho de cobro».

La portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, ha hablado de «denegaciones» para referirse a la decisión del Gobierno central, que afecta a tres proyectos realizados en las cuencas mineras entre 1998 y 2012, pero que puede extenderse a una cuantía de ayudas superior, en concreto de 53,7 millones de euros que quedarían pendientes de resolver. La Junta únicamente puede recurrir aquellas resoluciones sobre las que pesa la «pérdida de derecho de cobro», aunque ya ha anticipado que si se produce un goteo de notificaciones en el mismo sentido actuarán para intentar recuperar los 54,8 millones de euros que consideran pendientes de recibir del Gobierno central.

Los tres convenios que, de momento, se ven perjudicados por esta decisión del Gobierno corresponden al desarrollo de suelo industrial en los municipios leoneses de Igüeña (277.777 euros) y Carrocera (300.000 euros) y la restauración de poblados mineros en Villablino (600.000 euros). No es la primera vez que una autonomía recurre a la Audiencia Nacional para demandar el cobro de estos fondos adelantados, ya que en 2013 el Principado de Asturias hizo lo propio al considerar que estaban pendientes de cobro 213 millones de euros.

Valdeón insistió «con toda vehemencia y formalidad» en su crítica al papel desarrollado por el Gobierno central respecto a la minería del carbón y el cumplimiento del último Plan, en 2013. Eso sí, prefirió no suscribir las palabras utilizadas por los sindicatos UGT y CCOO de «guerra sin cuartel», al considerarlas «poco adecuadas», pero subrayó que sus reivindicaciones son «igual o más» consistentes que las realizadas desde el ámbito sindical.

La portavoz del Ejecutivo reconoció que «desgraciadamente» el Ejecutivo central aún no ha dado respuesta a la demanda de la Junta para que se cumplan los compromisos con el sector de la minería incluidos en el Plan del Carbón de 2013. Entre otros aspectos, Valdeón ha recordado que de forma «muy clara» la Junta reivindica ante el Gobierno que realice «gestiones» con las centrales térmicas para que cumplan sus “compromisos de compra” de carbón nacional.

Industria vuelve a subrayar el potencial energético de las renovables pero descarta que puedan representar el 100% de la generación

Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, asegura que «España está llamada a ser una potencia energética» cuando se consigan reducir los costes de las energías renovables, como la solar, aunque matizó que no habrá un 100% de renovables en la generación.

Así, ha explicado que generar este tipo de energía es «más caro» en comparación con la convencional, en primer lugar, porque «desgraciadamente, estamos en estadios de la curva de aprendizaje donde es más caro» y, en segundo término, porqueeste tipo de generación «no trabaja las 24 horas del día«, al contrario que las centrales nucleares, ha ejemplificado. Nadal ha incidido en este «problema de intermitencia» de las renovables que, a su juicio, «un día dejarán de ser más caras».

«Antes o después habrá una generación masiva a coste inferior», expresó, al tiempo que destacó que la energía solar tiene «más líneas de investigación» y es «más estable» que la eólica. Además, incidió en que las energías convencionales servirán de apoyo con «sistemas interconectados» para compensar la falta de energía en un punto con la generada en otros. En este sentido, apuntó que «hacia allí nos dirigimos, pero quedan años de investigación aún» y aboga por «aprender de los errores» cometidos en materia de renovables porque, en su opinión, España «probablemente ha cometido todos los errores posibles» en esta materia.

Por ello, defendió la necesidad de introducir las renovables «en el momento adecuado» y «poco a poco» y que «jamás, jamás, jamás» se vuelva a incurrir «en déficit de peaje, en déficit de tarifa» porque, a su juicio, asumirlo y superarlo por segunda vez sería «enormemente difícil». Además de incidir en la necesidad de la «eficiencia» económica, para aprovechar las ventajas tecnológicas para hacer una “buena transición” energética al menor coste posible, Nadal ha defendido políticas energéticas basadas en la «integración en los mercados europeos» mediante interconexiones gasísticas o de hidrocarburos» para beneficiar a las empresas españolas del sector, que son «medianas e incluso pequeñas».

También se refirió a la necesidad de pasar de «hidrocarburos pesados a hidrocarburos más ligeros» mediante políticas que fomenten, por ejemplo, la fractura hidráulica o fracking, tal y como está haciendo Estados Unidos. En este sentido, calificó de «esquizofrenia» la política europea de reducir las emisiones de CO2 comprando, al mismo tiempo, carbón a Estados Unidos. Y también aseguró que las islas Baleares y Canarias son un «sitio ideal» para probar el coche eléctrico. Por todo ello, Nadal defendió una «apuesta decidida por las ventajas energéticas» porque en nuestro país es posible «hacer una muy buena transición a bajo coste».

Industria prepara una nueva subasta de energías renovables para finales de año

EFE.- El Ministerio de Industria trabaja en el lanzamiento de una nueva convocatoria de potencia renovable para finales de año, con características similares a la celebrada en enero, según confirmaron fuentes del departamento, que señalaron que previsiblemente se realizará tras la constitución del futuro Gobierno. En cuanto al diseño, será similar a la última convocatoria realizada, que utilizó un sistema de subasta mediante el cual se adjudicaba la potencia a quienes menos ayudas reclamaran.

De hecho, los 500 megavatios (MW) eólicos y 200 MW de biomasa se adjudicaron con un descuento del 100% en ambos casos, es decir, que las instalaciones adjudicadas no recibirán ayudas y solo tendrán derecho a cobrar el precio de mercado. Industria no ha desvelado la capacidad que se subastará en esta convocatoria, que el diario El País cifra entre 1.500 y 2.000 megavatios (MW).

El Tribunal Supremo plantea dudas de constitucionalidad sobre el impuesto eléctrico del 7% y dos tributos nucleares

Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y su supuesta finalidad “medioambiental” ya que admite que dicha norma pudo tener por objeto financiar el déficit tarifario. Se trata del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, gravado al 7%, del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, y del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos.

Estas dudas han llevado al Alto Tribunal a plantear cuestión de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la Ley 15/2012. La Sala Tercera del Supremo tiene dudas sobre la finalidad “medioambiental” de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podrían estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestación de riqueza ya gravada por otros impuestos. Por ello, creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, que señala que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de la Asociación Española de Industria Eléctrica (Unesa), Iberdrola y Endesa contra las órdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos. En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener razón al afirmar que la verdadera realidad perseguida con el establecimiento de dichos impuestos es financiar el déficit tarifario.

El Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2012 la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema energético, que preveía la creación de nuevos gravámenes para acabar con el déficit tarifario, un agujero de 24.000 millones generado porque los ingresos del recibo de la luz no cubren todos los costes que se pretende remunerar con ellos. Entre los impuestos, destacaba una tasa del 7% sobre la generación y gravámenes sobre residuos nucleares, el uso del gas para la producción de electricidad o el gas natural, entre otros. La norma despertó desde su implantación un fuerte rechazo entre la patronal y las empresas eléctricas, que alegan que dificultan cualquier inversión y ponen en riesgo la viabilidad del sector.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

Ence construirá en Huelva su nueva planta de biomasa de baja emisión

EFE.- El Grupo Ence ha anunciado la construcción de su nueva planta de generación con biomasa de baja emisión en su complejo energético de Huelva, emplazamiento que considera fundamental para el desarrollo de su estrategia de crecimiento en este ámbito de negocio. La nueva planta en proyecto en Huelva, donde el grupo energético dispone actualmente de una capacidad instalada de 90 MW, contará con la más avanzada tecnología en materia medioambiental, supondrá un fuerte impulso a la actividad económica y la creación de empleo.

Ence se adjudicó esta planta dentro de la subasta de energía renovable organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a principios de año, habiendo estado hasta ahora barajando y evaluando tres posibles emplazamientos: Pontevedra, Villaturiel (León) y Huelva, por el que finalmente se ha decantado. Inicialmente, el grupo prevé una inversión de 325 millones de euros, y se enmarca en los compromisos anunciados por Ence cuando tuvo que acometer la reestructuración de su complejo de celulosa en Huelva.

Biomasa de muy baja emisión

El consumo de biomasa en la provincia se elevará hasta las 400.000 toneladas/año, «contribuyendo así a la revitalización y dinamización de Huelva, dado el elevado volumen de servicios y actividades aparejado al funcionamiento y aprovisionamiento de biomasa de la planta». Además, contribuirá de forma importante a la reducción de la emisión de CO2 y, en consecuencia, a la mitigación del cambio climático. Ence apuesta por plantas de generación con biomasa de muy baja emisión; sus plantas de Huelva (50 MW) y Mérida (20 MW) son actualmente referencia en Europa por su novedosa tecnología, que permite bajar las emisiones en 400 veces si se compara con las plantas térmicas convencionales de última tecnología y 1.000 veces respecto a las de carbón.

El Gobierno endurece la regulación para detectar a las comercializadoras eléctricas fraudulentas

EFE.- El Gobierno ha aprobado una resolución por la que da luz verde a unos cambios regulatorios en los procedimientos de operación de las garantías de pago y de las condiciones generales del proceso de liquidación del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), con los que endurece las condiciones para detectar los posibles fraudes en el mercado eléctrico de las denominadas comercializadoras piratas. Estos cambios se basan en la propuesta de REE y cuyo informe fue aprobada por la CNMC en marzo.

De esta manera, el Ministerio de Industria cambia la regulación con el fin de atajar la actividad de estas comercializadoras, que se dedican a vender kilovatios a los usuarios, cobrando por ello, pero luego no liquidan su coste al operador del sistema. Estas modificaciones en ambos procedimientos de operación tienen como objetivo «ajustar el cálculo de las garantías de pago para los sujetos de liquidación, teniendo un impacto positivo en la detección anticipada de los sujetos que incumplen las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa, al objeto de evitar determinadas situaciones detectadas en la comercialización eléctrica«, según el BOE.

En su informe sobre la propuesta de modificación de las condiciones general del proceso de liquidación del operador del sistema, la CNMC señalaba que resultaba «necesario revisar el vigente procedimiento actual de prestación de garantías a REE» que figuraba en el procedimiento de operación de las garantías de pago para «adaptarlo a la nueva regulación de los procedimientos de operación sobre el adelanto del envío de medidas de la demanda y su inclusión en las liquidaciones intermedias que son objeto del informe». Este cambio regulatorio supone que a partir de ahora el plazo para las liquidaciones se reduce de ocho a tres meses como máximo.

El pasado mes de mayo, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya anunció que existía un borrador de Decreto para cambiar la normativa, aunque aseguró que con un Gobierno en funciones no se podían tomar medidas para combatir a las comercializadoras eléctricas piratas. «El problema es que en funciones no se pueden tomar medidas. En seis meses de Gobierno en funciones no se ha podido aprobar ningún tipo de norma», dijo Nadal, quien puntualizó que en el caso de las comercializadoras piratas el problema radicaba en «acortar los tiempos». «Los tiempos de reacción son lentos», añadió al respecto.

Gas Natural Fenosa reclama 400 millones al Estado por la infrautilización de los ciclos combinados mientras se interesa por T-Solar

EFE / Europa Press.- Gas Natural aspira a adquirir la filial de renovables de Isolux, T-Solar, uno de los activos que la ingeniería ha puesto a la venta en el marco de sus planes para reestructurar su deuda, según confirmaron fuentes conocedoras de las negociaciones. No es el único movimiento del grupo energético, que ha presentado en la Audiencia Nacional una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Estado por el impacto sufrido por sus centrales térmicas de gas desde 2009, según adelantó El Mundo.

La empresa reclama 400 millones de euros en concepto de indemnización al Ministerio de Industria, al que acusa de haber distorsionado el mercado eléctrico al incentivar las energías renovables mientras se desplomaba la demanda de electricidad. Los incentivos otorgados a las energías renovables por los sucesivos gobiernos habrían perjudicado la cuenta de resultados de Gas Natural, en particular por el bajo rendimiento de las centrales térmicas de gas de las eléctricas, los denominados ciclos combinados.

Gas Natural interesada en T-Solar

Según publican Cinco Días y El Economista, junto a Gas Natural también se han interesado por T-Solar los fondos Cerberus y Bruc Capital, que harán una oferta conjunta; los fondos de pensiones canadienses PSP Investment y OTPP y la firma estadounidense KKR. El plan de reestructuración de Isolux contempla la capitalización de 1.014,7 millones de euros de deuda no sostenible, así como la amortización de cerca de 800 millones mediante las desinversiones de activos, como T-Solar o las líneas de transmisión eléctrica en Brasil. El objetivo del grupo Isolux pasa por reestructurar 2.014,7 millones de euros de deuda, una cantidad que incluye los 850 millones de los bonistas, y así esquivar el concurso de acreedores.

En mayo, Isolux Corsán culminó la transferencia de los activos concesionales de su filial Isolux Infrastructure, de la que formaba parte con el fondo de pensiones canadiense PSP, y pasó a controlar los activos de transmisión eléctrica y los solares fotovoltaicos de T-Solar, una pieza clave «para avanzar en el plan de desinversión» en estas líneas de negocio. Creada en 2006, la compañía invirtió desde entonces 1.500 millones de euros, y en la actualidad suma 326 megavatios en operación, construcción y desarrollo en 8 países: España, Italia, India, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, México y Japón. Las centrales fotovoltaicas de grupo generaron 421 gigavatios hora (GWh) de energía en 2014.

Busca así crecer en renovables

El pasado mes de mayo, Gas Natural Fenosa presentó su plan estratégico para el periodo 2016-2020, que prevé inversiones por hasta 14.000 millones de euros en los próximos cinco años para crecer en redes y generación renovable. En concreto, de esta cifra de inversión más del 80% será en activos regulados o contratados, con un enfoque especial en el crecimiento en redes de distribución y en generación con energías renovables.

Las principales iniciativas de inversión se centrarán en incorporar 3.500 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación global, de los que 2.500 MW serán en renovables, tanto en España como a nivel internacional. La compañía ya adquirió el año pasado por 260 millones de euros la firma de renovables Gecalsa, que opera 10 parques eólicos y una planta fotovoltaica en España que suman una capacidad instalada neta de 221,7 MW.

Luis de Guindos renuncia a ejercer su competencia en una orden ministerial sobre el sector eléctrico por conflicto de intereses

Europa Press / EFE.- El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que asumió los asuntos del Ministerio de Industria tras la marcha de José Manuel Soria, decidió abstenerse de ejercer sus competencias en la tramitación y aprobación de la Orden de retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para 2016 por entender que concurre un conflicto de intereses.

El BOE publica el decreto por el que se dispone que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, asumirá la tramitación y aprobación de la orden de retribución a la distribución de electricidad en sustitución de De Guindos. Según la misma fuente, el ministro de Economía en funciones ha considerado procedente abstenerse del ejercicio de la competencia por conflicto de interés previsto en el artículo 11.2.e) de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Según dicha normativa, un alto cargo incurre en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses. Dicho artículo establece que existe conflicto de intereses cuando el alto cargo ha tenido una relación laboral o profesional de cualquier tipo con personas jurídicas o entidades privadas en los dos años anteriores a su nombramiento. De Guindos fue consejero de Endesa y miembro de su comité de nombramientos y retribuciones hasta que fue designado ministro de Economía en diciembre de 2011.

Los productores fotovoltaicos de Anpier recurrirán ante el Constitucional la decisión del Supremo de validar el recorte a las renovables

Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) anunció que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de desestimar los recursos contra el recorte a este tipo de producción eléctrica aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Anpier lamenta que «la decisión del Supremo supone un triste hito en la historia de esta instancia judicial, puesto que 3 de los 7 magistrados se opusieron de manera contundente a la línea defendida por el presidente de la Sala, cuyo voto desequilibró la decisión en favor del Estado y en contra de los intereses de las 62.000 familias fotovoltaicas».

Además, considera «alarmante» que la división de la Sala no se haya producido sobre cuestiones tangenciales o matices, sino sobre la propia esencia de la decisión con votos particulares radicalmente enfrentados a las tesis mantenidas por el presidente del Tribunal. Por otro lado, los productores fotovoltaicos españoles reclaman la misma justicia que reciban los inversores extranjeros que directamente han preferido acudir a tribunales de arbitrajes internacionales, fundamentalmente al Banco Mundial.