El Gobierno endurece la regulación para detectar a las comercializadoras eléctricas fraudulentas

EFE.- El Gobierno ha aprobado una resolución por la que da luz verde a unos cambios regulatorios en los procedimientos de operación de las garantías de pago y de las condiciones generales del proceso de liquidación del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), con los que endurece las condiciones para detectar los posibles fraudes en el mercado eléctrico de las denominadas comercializadoras piratas. Estos cambios se basan en la propuesta de REE y cuyo informe fue aprobada por la CNMC en marzo.

De esta manera, el Ministerio de Industria cambia la regulación con el fin de atajar la actividad de estas comercializadoras, que se dedican a vender kilovatios a los usuarios, cobrando por ello, pero luego no liquidan su coste al operador del sistema. Estas modificaciones en ambos procedimientos de operación tienen como objetivo «ajustar el cálculo de las garantías de pago para los sujetos de liquidación, teniendo un impacto positivo en la detección anticipada de los sujetos que incumplen las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa, al objeto de evitar determinadas situaciones detectadas en la comercialización eléctrica«, según el BOE.

En su informe sobre la propuesta de modificación de las condiciones general del proceso de liquidación del operador del sistema, la CNMC señalaba que resultaba «necesario revisar el vigente procedimiento actual de prestación de garantías a REE» que figuraba en el procedimiento de operación de las garantías de pago para «adaptarlo a la nueva regulación de los procedimientos de operación sobre el adelanto del envío de medidas de la demanda y su inclusión en las liquidaciones intermedias que son objeto del informe». Este cambio regulatorio supone que a partir de ahora el plazo para las liquidaciones se reduce de ocho a tres meses como máximo.

El pasado mes de mayo, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya anunció que existía un borrador de Decreto para cambiar la normativa, aunque aseguró que con un Gobierno en funciones no se podían tomar medidas para combatir a las comercializadoras eléctricas piratas. «El problema es que en funciones no se pueden tomar medidas. En seis meses de Gobierno en funciones no se ha podido aprobar ningún tipo de norma», dijo Nadal, quien puntualizó que en el caso de las comercializadoras piratas el problema radicaba en «acortar los tiempos». «Los tiempos de reacción son lentos», añadió al respecto.