EFE.- Mientras el grupo de gasolineras G500, que aglutina a 1.800 gasolineras, anunció que cerrará 400 estaciones de servicio amenazadas por el vandalismo ligado a las protestas por el aumento de los precios de los combustibles en México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió mano dura ante el agravamiento de las protestas por el alza de combustibles, que subieron de tono con actos vandálicos y bloqueos de carretera y en terminales de Petróleos Mexicanos (Pemex) de todo el país.

«El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida (la subida de precios) se excusan y cometen tropelías», aseveró el mandatario. Agregó que este aumento de precios de entre el 14% y el 20% según el tipo de combustible, que aplicó el Gobierno mexicano el 1 de enero, tampoco justifica «incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados». Un mensaje firme, aunque también reconoció comprender el «enojo» de la ciudadanía ante una «dolorosa» medida, llamado a contener el estallido social que parece cernirse sobre México, y paralizar la nación, ante el auge de las protestas en varios puntos.

Apuntó que se trata de una decisión «difícil» pero «responsable» para mantener la estabilidad económica del país, y desmintió que la subida de precios tuviera que ver con la reforma de hacienda o la energética, ambas impulsadas bajo su batuta. «El coste de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún más doloroso y costoso de lo que significa la medida», aseguró. Según el Ejecutivo mexicano, en 2016 los carburantes subieron en promedio a nivel mundial un 24,5%, mientras que en México lo hizo en un 3%.

Además, de los 190 millones de litros diarios de combustibles consumidos en el país, solo 9 millones los consumen «los tres perfiles más bajos (pobres)» de una sociedad en la que la mitad de la población vive en la pobreza, argumenta el Gobierno. No obstante, Peña Nieto añadió que el Gobierno federal trabajará para «definir medidas particulares» que defiendan a las clases sociales más vulnerables ante esta subida de precios.

La decisión gubernamental, que antecede a una liberalización de precios por etapas en el país que culminará a finales de año, ha sido severamente criticada por sectores sociales, que anticipan un aumento de la inflación y de productos básicos. Esta medida también ha provocado alarma social en la ciudadanía, que lleva varios días manifestándose en distintos puntos del país, llegándose a producir actos vandálicos en estaciones de servicios y tiendas.

Unas 150 gasolineras sufrieron actos de vandalismo en seis estados del sur y el este de México, según denunció el presidente del consejo de administración de Octanfuel, Gilberto Bravo Torra. Estos sucesos se suman a varios saqueos acontecidos en el Estado de México y en el marco de las protestas, cuando decenas de personas entraron en varios establecimientos para llevarse artículos de valor como pantallas de televisión, sucesos que se saldaron con unos 70 detenidos.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), la asociación de gasolineros más grande de México, anunció una reunión con Hacienda para tratar el alza de combustibles. Onexpo también dirigió a Pemex una «respetuosa exigencia» para que garantice el abastecimiento nacional de gasolina, después de que el país cerrara 2016 con grandes colas en estaciones de servicios de muchos estados del país tras problemas de suministro por una toma clandestina, mal clima y compras de pánico ante la subida de precios. Además de actos de vandalismo, distintos puntos del país enfrentan bloqueos de carreteras y de terminales de almacenamiento y despacho de la estatal Pemex.

Varias arterias principales que conectan la Ciudad de México con los estados colindantes fueron bloqueadas por los manifestantes, causando enormes atascos para entrar y salir de la capital. En Jalisco transportistas tomaron y bloquearon instalaciones de Pemex con unos 70 camiones, y tienen previsto quedarse ahí indefinidamente. En Guadalajara, capital de ese estado, al menos 15 rutas de transporte público realizaron un paro de actividades en demanda a un incremento en su tarifa por el alza del precio de los combustibles, una medida que afectó a miles de ciudadanos. De esta manera, actos de protesta más o menos pacíficos se han desarrollado en muchos puntos del territorio nacional, desde Tabasco (sureste) y Guerrero (sur) a Chihuahua (norte) o Sonora (noroeste).

A la espera de una reunión del titular de Hacienda, José Antonio Meade, con la conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para hablar de la subida de la gasolina, varios gobernantes estatales se mostraron contrarios a la medida. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, anunció que no reprimirá las protestas pacíficas por el alza de precios, y Miguel Ángel Yunes, mandatario de Veracruz, criticó que el aumento tiene un fuerte impacto social.

Pemex pide ayuda y G500

«Si no tenemos condiciones de seguridad, vamos a tener cierres donde hemos sufrido amenazas», anunció el presidente de G500, Antonio Caballero, que reconoció que tuvieron problemas en 400 estaciones, incluyendo actos vandálicos y robo de combustible. En consecuencia, precisó que se cerrarán ya sea por horas o por días las gasolineras donde se presenten mayores riesgos, e hizo una llamada a las autoridades a brindar las condiciones necesarias para que pueda realizarse el abastecimiento de combustible. «No vale la pena vender ni un litro de gasolina si se pone en riesgo la integridad de las personas», acotó. También se han reportado saqueos a tiendas en algunos municipios del Estado de México, vecino a la capital.

Por su parte, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que los bloqueos a las terminales de almacenamiento y despacho «afectan el suministro de gasolinas a las estaciones de servicio que dependen de estas terminales«. «Este problema ha alcanzado una situación crítica en Chihuahua, Morelos y Durango. Además, de continuar los bloqueos, en Chihuahua y Baja California se puede afectar la operación de los aeropuertos», advirtió la empresa, que indicó que ha entrado en contacto con los Gobiernos de dichas entidades «para informarles la situación y solicitarles su apoyo para liberar los accesos». «La empresa refrenda su compromiso de mantener el abasto pero sólo podrá cumplirlo si existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores», señaló Pemex.