EFE / Europa Press.- Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento si se certifican riesgos. Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU, Lourdes Ciurò, el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Según el Gobierno, el Decreto ley 13/2014 de 3 de octubre establece una «solución equilibrada» en la que se determina la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás Transporte, que realizará el mantenimiento y operatividad de las instalaciones. Esta empresa también se encargará de elaborar los estudios necesarios «de cuyo conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte» la decisión definitiva que determine el futuro del almacén, «debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen«.

La hibernación del almacén permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, el Gobierno encargará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo Castor, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto «mantiene su interés estratégico» para España puesto que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español.

Los informes no son definitivos

Por otra parte, añade en su respuesta, los informes actualmente disponibles del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España «no permiten aún» emitir una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico de 2013, sino que al contrario «recomiendan» la realización de una serie de estudios adicionales. Sobre la compensación por las inversiones efectuadas a Escal UGS, el importe que se reconoce asciende a 1.350 millones de euros, cantidad que no implica «en modo alguno» la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas deban afrontar, en su caso, por su gestión del proyecto y que será «convenientemente exigida» una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios, según añade.

La organización Greenpeace calificó esta postura de «nuevo despropósito» del ministro ya que las condiciones geotécnicas del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría, «con toda seguridad», la reactivación de la sismicidad en la zona que motivó su cierre. Según el responsable de campaña de Greenpeace España, Julio Barea, «es evidente que Soria está preocupado» por el proyecto Castor, ya que quedan «tres meses para las elecciones» y es un caso de «otro estrepitoso fracaso» de su política energética.

«A su incapacidad para solventar el déficit de tarifa eléctrica se suma ahora un nuevo y millonario déficit, esta vez en la factura del gas que terminaremos pagando los consumidores durante los próximos 30 años», indicó. Greenpeace ya denunció «el despilfarro» de dinero público que supone el almacén subterráneo, con un coste final con el pago de intereses que cifran en 4.400 millones de euros. Además, consideran que todo es consecuencia del «empeño» del Gobierno de España por «seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas», en lugar de cambiar el modelo por otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.