El operador del sistema gasista Enagás anunció que ya ha cumplido el encargo de poner en condiciones de seguridad el almacén subterráneo de gas Castor y que ultima su proceso de hibernación o cierre temporal. Mientras tanto, en su declaración ante la Justicia, el presidente del consejo de administración de la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, Recaredo del Potro, negó la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos que se produjeron en la zona.
Según Enagás, la instalación ya está en condiciones de seguridad, como exigía la regulación, sin alterar la estructura y con las necesarias tareas de mantenimiento y preservación de equipos, así como que «está concluyendo el proceso de hibernación«. En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Castellón, después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona y encargó a Enagás su hibernación hasta que se contara con información suficiente para garantizar su seguridad.
El gestor del sistema gasista explica que ya ha culminado la fase de inertización, por la que se ha evacuado el gas de la superficie, la plataforma, el gasoducto y las instalaciones en tierra. También se han completado los trabajos de preservación y mantenimiento de los equipos y avanza en el sellado de los pozos, que ya sólo está pendiente de la instalación de dos piezas mecánicas de acero adicionales a las dos válvulas existentes.
«Una coincidencia en el tiempo»
Por su parte, Recaredo del Potro negó la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos que se produjeron en la zona, y apuntó que la sismicidad fue «natural» y que sólo se trató de una «coincidencia en el tiempo«. Así se ha manifestado Del Potro en su declaración como imputado en el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor, según ha informado el abogado de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular, Jorge Casal.
Según ha explicado el letrado, «como era de esperar, Recaredo del Potro ha eludido cualquier tipo de responsabilidad de la empresa y ha dicho que desde un primer momento Escal hizo los estudios de sismología que le fueron requeridos de forma exhaustiva y aprovechando los datos que habían adquirido con anterioridad de los estudios de la empresa que había explotado en su día la instalación petrolífera». «Sí que ha reconocido que esos estudios se centraron exclusivamente en el entorno de la falla Amposta, y ha dicho que no podían tener conocimiento de la existencia de otras fallas e incluso ha negado que los movimientos sísmicos estuviesen relacionados con la actividad de inyección de gas«, relató.
También ha declarado Del Potro que sobre los movimientos había un «perfecto» conocimiento por parte del Ministerio y de la Red Nacional de Alerta Sísmica, «los cuales estaban perfectamente informados de lo que estaba sucediendo e, incluso, el director de esta última entidad les manifestó que, por la magnitud e intensidad de los sismos, no había el más mínimo riesgo para la seguridad de las personas». «Ha dicho que la intensidad de los sismos es tres, que excluye cualquier riesgo para personas y bienes y, en definitiva, que la intensidad de los sismos en la zona de Vinaròs es equivalente a las vibraciones que experimenta la fachada de una casa cuando pasa un camión por delante», ha añadido el letrado.
El representante de Escal aseguró que las únicas medidas que se adoptaron cuando empezaron a registrarse los sismos fue el seguimiento de los mismos y la comunicación al Ministerio y a la Red Nacional de Alerta Sísmica, y dijo que en ningún momento cesó la actividad, «ya que el 16 de septiembre cesa la inyección sencillamente porque se acabó el gas y había finalizado la actividad programada, pero no porque voluntariamente lo decidieran ni recibieran ninguna instrucción al respecto«, indicó el abogado de Arca Ibérica.
Por otra parte, según Casal, una de las sugerencias que hizo el Observatorio de Ebro cuando puso en conocimiento de la empresa la existencia de movimientos sísmicos es que paralizara la actividad o redujera el caudal de inyección a los límites por debajo de los cuales no se había producido ningún movimiento sísmico, a lo que la empresa «manifiesta que redujo el caudal de inyección incluso antes, aunque el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) dice que no se redujo el caudal de inyección, sino que incluso se aumentó«.
Asimismo, Recaredo del Potro ha puesto en «entredicho» los informes del IGME sobre unas fallas que hasta el momento eran desconocidas, «pues dice que son datos interpretables». Respecto a la falla Castor, ha destacado que tanto por sus dimensiones como por su velocidad de desplazamiento «no es susceptible de generar ningún tipo de riesgo», según Casal. Finalmente, el imputado entiende que, según los estudios que ha hecho la empresa, la sismicidad que se produjo en la zona fue «natural» y que sólo se trata de una «coincidencia en el tiempo» con la inyección de gas. Casal recordó que los técnicos del IGME han declarado que había una relación directa entre la inyección de gas en Castor y los movimientos sísmicos».
