EFE / Europa Press.- La Comisión Europea presentó una serie de medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas en la Unión Europea y reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia, entre las que destacan planes de contingencia por regiones y el control de contratos comerciales e intergubernamentales de carácter energético por Bruselas. Los países comunitarios estarán obligados a informar a la Comisión sobre su intención de iniciar negociaciones con otro país, así como a facilitar el borrador del acuerdo antes de ratificarlo.
El vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión Energética, Maros Sefcovic, recalcó que las propuestas no van en contra de Rusia, aunque la relación con Moscú es «extremadamente compleja», sino que la Unión Europea reconoce que este país «es y será un socio muy importante» en materia energética. No obstante, algunas claves de las medidas apuntan directamente a Rusia o a su consorcio gasístico Gazprom, como los planes de prevención y contingencia regionales o la notificación automática a la Comisión Europea de contratos comerciales de gas de más de un año si la cuota de mercado es lo suficientemente importante (40%) para ser relevante para la seguridad del suministro.
El comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, afirmó que, tras las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas, la Unión Europea decidió que eso no podía volver a pasar, pero la realidad es que las pruebas de resistencia realizadas en 2014 «mostraron que aún somos demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro de gas». La Unión Europea importó por décimo año consecutivo más de la mitad de la energía que consumió en 2014, y además, las tensiones políticas en sus fronteras «son un áspero recordatorio de que el problema no va a desaparecer sin más», señaló, en una referencia, aún sin mencionarlos, a la crisis y problemas gasísticos entre Kiev y Moscú.
Así, entre otras medidas, la Comisión Europea propuso pasar de un enfoque nacional a uno regional y solidario para la cooperación entre los Estados miembros a la hora de prevenir y hacer frente a crisis gasísticas, como una interrupción del suministro por parte de Rusia. España se integraría en el denominado grupo «Norte-Sur de Europa occidental», formado además por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal, según consta en la propuesta de la Comisión Europea, que ha definido siete regiones más Chipre y Malta. Bruselas observa en los últimos años que «las políticas nacionales no siempre tienen en cuenta la situación de la seguridad del suministro de sus vecinos» y que la Unión Europea no siempre evalúa adecuadamente los riesgos externos.
Además, según Arias Cañete, la «insuficiente transparencia» de contratos comerciales dificulta la introducción de medidas preventivas y de abastecimiento eficaces y una rápida reacción ante una crisis de suministro de gas. De ahí que la Comisión Europea quiere ser «notificada automáticamente» de ciertos contratos comerciales para «tener una mayor transparencia sobre la situación de la seguridad del suministro en la región«. De la misma manera quiere ver los contratos intergubernamentales entre Estados miembro y uno o más países de fuera de la Unión Europea antes de que se firmen, como puede ser el caso del proyecto Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto a Alemania y que la mayoría de los socios rechazan.
Un tercio de los 124 acuerdos intergubernamentales existentes «contienen provisiones que no cumplen» el Derecho comunitario o las políticas de la Unión Europea, y una vez firmados los contratos a menudo es demasiado tarde para denunciarlos, argumenta la Comisión. De este modo, los países de la Unión Europea no podrán finalizar los contratos hasta que la Comisión haya emitido en pocas semanas desde su notificación su opinión sobre la conformidad con las normas de competencia y la legislación sobre el mercado interior energético. Además, la Comisión podrá asesor a lo largo de las negociaciones y ser observador del proceso. Si los países no cumplen con el dictamen, la Comisión podrá abrir un proceso de infracción.
La Comisión insta a los diferentes países a elaborar evaluaciones de impacto en el suministro ante situaciones excepcionales, como desastres naturales o decisiones políticas concretas. Estos análisis deberán ser notificados a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2018. En la misma línea, las autoridades competentes de cada Estado miembro en cada una de las regiones energéticas se encargarán de establecer de forma conjunta un plan preventivo de acción para mitigar los riesgos identificados, así como un plan de emergencia con medida que puedan ser implementadas ante una interrupción del suministro de gas.
En cuanto a la cooperación regional y la solidaridad entre países, la propuesta de la Comisión Europea prevé que en una crisis importante en un Estado miembro, los países vecinos ayuden, en última instancia, a garantizar el suministro de gas a hogares y servicios esenciales, como los sanitarios o la seguridad. Los planes de prevención y emergencia regionales tendrán que ser actualizados cada cuatro años y deben detallar arreglos técnicos, jurídicos y financieros para aplicar el principio de la solidaridad. En caso de una crisis habrá tres fases, que implicaría primero la actuación de las compañías y de la industria gasística, después de los Estados miembros a nivel nacional o regional, y por último la intervención de la Unión Europea.
Por otro lado, Arias Cañete quiso manifestar que la estrategia no va «en contra de nadie», sino que actúa «en favor de los consumidores europeos y la industria europea», y su objetivo es «tener más competencia en el mercado, más diversificación y precios más baratos de la energía». Con respecto a la misma cuestión, el comisario indicó que los planes de acción para situaciones de emergencia buscan no solo responder a decisiones políticas, sino también, por ejemplo, al corte de suministro ante rupturas de gaseoductos o catástrofes naturales. «Tenemos que prever toda cuestión posible, incluso un ataque terrorista», ha zanjado.
