EFE / Europa Press.- El consejero de Empleo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, emplazó al Ministerio de Industria y a Enagás a iniciar el proceso para «legalizar» la regasificadora del puerto de El Musel, que tuvo un coste de 380 millones de euros sin que nunca se haya puesto en funcionamiento, después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró en 2013 que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la ley.
El fallo del Supremo desestima el recurso de casación presentado por Enagás y la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el TSJM, que anulaba la autorización para la construcción de la regasificadora de Musel debido a que incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Supremo considera que resulta fundada la apreciación del TSJM de concluir que a la fecha de entrada en vigor de la Ley autonómica 11/2006, que introducía un apartado que dejaba sin aplicación la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejasen 2.000 metros del núcleo más próximo de población, «el procedimiento administrativo» de la regasificadora «ya se había iniciado«.
El fallo sostiene, por tanto, que «siendo el comienzo del proyecto anterior al 1 de enero de 2007″ (concretamente de mayo de 2006), era de aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que fijaba dicha distancia mínima. El Supremo considera que la interpretación del TSJM «se encuentra justificada en atención a la singularidad concurrente en este caso, en el que en el momento de la solicitud formal de autorización existía una regulación diferente a aquella vigente». Pero además entiende que la ley autonómica que derogó el RAMINP «no es aplicable a los proyectos cuya autorización completa la administración General del estado«. Asimismo niega que el Principado «tenga competencia para derogar normativa medioambiental aprobada por el Estado».
Equo Asturias, partido en el que están integrados los Verdes de Asturias, los que iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora, «se alegra de que por fin se haga justicia y pide que todas las personas implicadas asuman sus responsabilidades». En definitiva, la decisión judicial viene a dar la razón a Los Verdes de Asturias contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética de 2008 y de la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio de 2009 que desestima el recurso de alzada contra la anterior. La primera de las resoluciones concedió a Enagás la autorización administrativa previa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto de El Musel.
Según Equo, esa regasificadora costó «más de 380 millones de euros» y aún en 2015 «se estuvieron dilapidando millones de euros» al conectarla con el gasoducto estatal, algo que, a su juicio, es «ilegal además de inútil». «Nunca ha estado en funcionamiento y no hay ninguna previsión de que así vaya a ser. Aún así, se mantuvo una ficción para no reconocer ante la ciudadanía el gravísimo error cometido», criticaron.
Asturias quiere impulsar la legalización
Por su parte, el consejero de Empleo del Principado, Francisco Blanco, recordó que la tramitación de todo el proceso fue «estatal» y que fue el Gobierno central quien decidió la construcción del equipamiento gasístico, con lo que el Principado está a la espera de hablar con el Ministerio y con Enagás «para ver cuál es su planteamiento». Según el consejero asturiano, buscar la fórmula para legalizar la instalación «parece lo más razonable» en lugar de plantearse una posible demolición de la planta dada la millonaria inversión que supuso y las expectativas de futuro que tiene.
Podemos pide responsabilidades al PSOE
Podemos exige que el ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, asuman sus responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la regasificadora. Podemos señala que la sentencia del Supremo «refleja los despropósitos y sinsentidos del gobierno socialista para con Asturias». Podemos exige que se deben asumir responsabilidades políticas por «un nuevo despropósito» y recuerda que Areces, ahora senador, era el máximo responsable político de Asturias y que Fernández ocupaba en 2004 una viceconsejería del área. La formación morada considera que la consejera Belén Fernández acumula ya “demasiados despropósitos” por lo que «la situación es lo suficientemente grave como para no seguir manteniéndola en su cargo».
Podemos critica que el PSOE sea «capaz de defender la gestión de una consejera que, con sus decisiones está perjudicando por un lado, la salud de las y los asturianos y, por otro, a las arcas públicas» «El proyecto de la regasificadora nunca había estado en los documentos de planificación de los sectores de electricidad y gas. Fue una decisión política totalmente injustificada, un pacto Areces-Zapatero, la que introdujo en la planificación la planta de Gijón, curiosamente la misma modificación que permitió la instalación de Castor, con todos los efectos, especialmente económicos, que conocemos», asevera.
