EFE.- Enagás prevé recuperar su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) en un plazo máximo de tres años, una vez que el Gobierno de Perú ha dado por terminada la concesión de esta infraestructura, según comunicó a la CNMV. El Gobierno de Perú resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que el consorcio encargado no demostró que tiene la financiación necesaria para concluir la obra, según indicó el ministro de Energía y Minas de Perú, Gonzalo Tamayo.

El consorcio a cargo del proyecto está formado por la brasileña Odebrecht, implicada en un gigantesco escándalo de corrupción internacional pero que ostenta el 55% de las acciones, Enagás, que tiene el 25%, y la peruana Graña y Montero, con el 20%. «El proyecto del gasoducto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiación. Esa financiación tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional», anunció el ministro. Tamayo comentó que «el consorcio no ha sido capaz de llevar adelante el gasoducto porque el sistema financiero no cree en ellos«, tras lo cual indicó que este martes se informaría oficialmente de la terminación del contrato.

El ministro aseguró que las normas del contrato establecen que el Gobierno tiene un plazo de un año para convocar a una nueva licitación del gasoducto. El consorcio concesionario había anunciado que esperaba iniciar los trámites para devolver la concesión para la construcción del gasoducto al Gobierno de Perú tras no conseguir la financiación necesaria para concluir la obra. El proyecto Gasoducto Sur Peruano contempla una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.

El consorcio afirmó haber hecho «todos los esfuerzos posibles» para dar continuidad al proyecto, cuya construcción tenía un avance del 10,7% en el montaje de las tuberías. En Perú ya se encuentran el 62% de los gasoductos que integrarán la instalación y existen 20 campamentos construidos en las regiones de Cuzco y Arequipa para albergar a cerca de 4.000 trabajadores, además de 19 puntos de acopio de maquinarias y tuberías.

En medio del escándalo por los sobornos entregados a funcionarios peruanos, Odebrecht negoció recientemente la venta de su participación en el Gasoducto con la energética estadounidense Sempra Energy, pero esta se retiró porque el Gobierno no quiso cambiar una cláusula anticorrupción del contrato. En Perú, la empresa brasileña pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según reconoció Odebrecht al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El proyecto fue adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht y Enagás en 2014 y el contrato, cuyo valor de inversión es de 7.328 millones de dólares, fue suscrito durante el Gobierno de Humala.

Recuperará inversión en 3 años

Respecto a la decisión del Gobierno peruano, fuentes de Enagás se han remitido a la comunicación enviada a la CNMV.En ella, la compañía española apuntaba que el cierre financiero del proyecto no se produciría antes de la fecha prevista del 23 de enero, circunstancia que podría dar lugar a la terminación de la concesión.Enagás subrayaba que, en ese caso, ahora confirmado, recuperaría la inversión realizada en un plazo máximo estimado de tres años, por lo que ratificaba sus objetivos de crecimiento del beneficio y de pago de dividendos establecidos en el plan 2016-2020.

El contrato del gasoducto establece que, en caso de terminación de la concesión, el Gobierno peruano debe subastarla de nuevo y, con la suma obtenida, devolver lo invertido a las empresas hasta ahora concesionarias.Fuentes del sector indicaron que Enagás y Graña y Montero tienen prioridad en el cobro frente a Odebrecht.En un informe del 20 de enero, la agencia Standard&Poor’s aseveró que ni sus calificaciones ni sus perspectivas sobre Enagás se verán afectadas por el fin de la concesión del Gasoducto Sur Peruano.