Acciona ha concluido su programa de implantación de huertas solares para 2008 con cinco instalaciones que suman 30,31 megavatios (MW) de potencia y en las que se han invertido 222 millones de euros.

Según informó la empresa constructora y de servicios, los proyectos han sido financiados por más de 1.400 propietarios y podrán acogerse a las condiciones de tarifa vigentes para la generación solar fotovoltaica (mediante el Real Decreto 661/2007) por haber sido terminadas dos meses antes de que finalice el plazo previsto por el Ministerio de Industria.

Dos de estas plantas fotovoltaicas se encuentran en la provincia de Navarra, concretamente en Corella y Bardenas, con una potencia instalada de 10,81 MWp y 10,11 MWp. En ambas se ha realizado una inversión conjunta de 152 millones, distribuida entre 1.126 propietarios

Otras dos de las plantas están en Albacete, concretamente en Munera con 2,09 MWp y Albatana con 1,90 MWp en una inversión de 29 millones de euros.

La última está situada en Castuera (Badajoz) y tiene 5,39 MWp de potencia y una inversión próxima a 41 millones de euros. Entre las cinco duplican la potencia instalada de la compañía actualmente en huertas solares hasta alcanzar los 61,5 MW.

En total, Acciona tiene en propiedad compartida con otros 3.500 participantes 18 instalaciones fotovoltaicas, que representan una inversión de 456 millones de euros.

La empresa presidida por José Manuel Entrecanales tiene previsto además concluir a lo largo de este año la instalación de una planta fotovoltaica propia de 45,6 MW en Portugal que será la mayor del mundo de sus características por potencia instalada.

El fabricante de componentes solares fotovoltaicos Siliken ha sido la primera empresa en anunciar la cancelación de todos sus planes de expansión y crecimiento en todas sus plantas de producción en España, como consecuencia de la propuesta del Ministerio de Industria sobre el Real Decreto que regulará la producción de electricidad mediante energía solar fotovoltáica.

Según ha comunicado la empresa, ahora su objetivo será centrarse en mercados que presenten «mayor estabilidad y potencialidad» como Alemania, EEUU, Italia y Francia, en donde realizará las inversiones previstas para los próximos años.

Para Carlos Navarro, presidente de Siliken, las energías renovables «suponen una excelente oportunidad para el desarrollo sostenible de nuestro país y podrían convertirse en el petróleo español». Consciente de la elevada subida del petróleo, Navarro cree que el modelo energético español debe reconvertirse fomentando el papel de las renovables.

Sin embargo, el próximo Real Decreto de la fotovoltaica además de reducir la prima por producción hasta un 35 por ciento, limitará la capacidad de la misma en un 37 por ciento, con lo que «se detendrá bruscamente» el mercado y la industria, al no permitir diseñar planes de crecimiento y de expansión a medio y largo plazo.

De hecho, el Gobierno considera que el crecimiento de la energía solar fotovoltaica es insostenible en el tiempo y quiere limitar los incentivos para ajustar su desarrollo, de ahí la puesta en marcha de este restrictivo nuevo Real Decreto.

Para Carlos Navarro, el desarrollo de la energía fotovoltáica ahorraría 6.340 millones de euros en energía fósil equivalente hasta 2020 y ahorraría 1.060 millones de euros en derechos de emisión de CO2 hasta 2020.

«La industria estáreduciendo sus costes en casi un 7% anual, por lo que la rentabilidad sin primas podría llegar en 2015» añadió Navarro.

Siliken tiene cuatro plantas de producción en España, en Rafelbunyol (Valencia), Pobla de Farnals (Valencia), Casas Ibáñez (Albacete) y El Rosario (Tenerife), con una plantilla de 1.100 empleados.

Comisiones Obreras (CCOO) y Greenpeace se han manifestado contrarios al proyecto del Real Decreto propuesto por el Ministerio de Industria y que regulará la energía solar fotovoltaica.

Desde el sindicato, se afirma que la aprobación de este proyecto podría «impedir un desarrollo razonable del sector fotovoltaico», aunque reconoce que las primas establecidas hasta el momento han propiciado «un desmesurado crecimiento» en 2008 de las huertas solares. Por eso, entienden que la nueva regulación debería ajustar las retribuciones y las condiciones de instalación al nuevo escenario de costes, sin tener, por ello, que poner en riesgo el sector.

CCOO considera que la energía fotovoltaica «es clave para alcanzar un modelo energético limpio» al tiempo que, con ella, se evita la dependencia energética exterior y se propicia el desarrollo del sector industrial y empresarial (En la actualidad, el empleo asociado al sector fotovoltaico es de 26.500 trabajadores). De hecho, opinan que, de aprobarse el proyecto propuesto por el ministerio, se daría «una disminución importante de la inversión en el sector y, por tanto, del empleo».

Además, CCOO considera que la fotovoltaica necesita de un marco de apoyo estable y suficiente para consolidar una actividad indstrial con gran proyección y que podría dejar de necesitar apoyo económico durante la próxima década, debido a su rápido avance.

Tanto CCOO como Greenpeace consideran el tope de instalar 300 MW cada año, a partir de 2009 ,como una medida «muy restrictiva» para el mercado español. El sindicato cree que «con modular las primas ajustándolas a la reducción de costes de las instalaciones» es suficiente para propiciar un desarrollo ordenado del sector. Mientras, Greenpeace propone que se controle el gasto con revisiones periódicas de la tarifa de venta de cada kWh producido con energía solar fotovoltaica.

Según José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de la organización ecologista, «seguimos tropezando con el miedo escénico del Gobierno ante el rápido crecimiento de esta energía renovable, que se traduce en buscar formas de limitarlo como sea».

Para Greenpeace no hay duda de la utilidad de la fotovoltaica para luchar contra el cambio climático, debido a su «enorme potencial» y las ventajas que lleva de forma inherente: creación de empleo y de actividad industrial, exportación de tecnología española, generación distribuida y eficiente de electricidad, así como al desarrollo sostenible y el acceso a la electricidad a las personas que no disponen de ella.

Por este motivo, la ecologista considera el proyecto del Ministerio de Industria como «una forma arbitraria y poco efectiva de controlar el desarrollo de la fotovoltaica» y propone crear un instrumento que responda a los fines que persiguen: «disponer de energía limpia y barata lo antes posible».

Todo ello les ha llevado a presentar sus alegaciones contra el decreto propuesto ante la Comisión Nacional de Energía, pidiendo la eliminación de los objetivos propuestos, puesto que estos «no pueden convertirse en límites para restringir el desarrollo». Greenpeace aboga por no «enfriar el sector» y perder la oportunidad de lograr que esta energía limpia sea también barata en menos de una década.

En lo único en que parecen estar de acuerdo con Industria, tanto CCOO como Greenpeace, es en el apoyo a las instalaciones fotovoltaicas situadas en edificios y tejados, ya que creen que este tipo de instalaciones apenas se han desarrollado en España. A pesar de ello, Greenpeace eliminaría barreras propuestas por el ministerio, como la exigencia de consumir la mitad de la energía en el mismo edificio o la limitación de potencia máxima por edificio de 2 MW.

La Asociación de la Industria Fotrovoltaica (ASIF) considera que el contenido del nuevo Real Decreto sobre el sector es aún peor que las líneas maestras presentadas por el Ministerio de Industria, ya que genera incertidumbre en alguno de sus artículos y conducirá al sector a una parálisis de al menos siete meses.

Fuentes de la patronal indicaron que el punto 2.I del Anexo III, en el que se detalla el calendario de la primera convocatoria de asignación de 75 megavatios (MW) trimestrales, fija como fecha para el final del proceso el 16 de marzo de 2009.

ASIF advierte de que entre septiembre de este año hasta esa fecha el sector sufrirá «siete meses de parálisis» que provocarán una «quiebra de empresas». Por otro lado, en el Artículo 15 se dice que Industria podría establecer mediante una orden ministerial los requisitos técnicos que habrán de tener las instalaciones para acceder al registro. La inclusión en este registro es condición necesaria para que las plantas reciban retribución.

ASIF denuncia que no se especifican cuáles son estos requisitos técnicos y que el Gobierno se reserva la posibilidad de modificarlos discrecionalmente. El Artículo 14 llega a decir que si la instalación no cumple estos requisitos podrá ser «objeto de suspensión del derecho a la percepción de la tarifa regulada que le corresponda».

La patronal también denuncia que se demande un aval a todo tipo de instalaciones, lo que carece de sentido para las instalaciones de pequeño tamaño situadas, por ejemplo, en lo alto de edificios particulares.

Otro de los puntos de la redacción que disgusta a ASIF es la definición de instalaciones de tejado. Para formar parte de este grupo no sólo es necesario que las placas estén situadas en cubiertas de edificios o aparcamientos, sino que el edificio tenga un consumo de al menos el 50% de la energía producida por la instalación.

La organización empresarial se pregunta, a la vista de que es necesario consumir un porcentaje equivalente a lo que se produce, qué ocurrirá con los techos de los estadios de fútbol o de edificios de poco consumo. Este tipo de inmueble, dicen, no podrá acoger instalaciones fotovoltaicas reguladas.

También discrepa del máximo anual de 300 megavatios (MW) de potencia instalada, de los que sólo 100 MW corresponden a las instalaciones de suelo, cuando en realidad el 95% del sector está en la actualidad orientado a esta modalidad. Este cambio de paradigma, en el que se potencian las instalaciones en tejados en detrimento del suelo, obligará a hacer un cambio «brusco» e «inasumible» por el sector, indica ASIF.

En suma, la patronal entiende que la propuesta de Industria es «doblemente mortal» para el sector, ya que incluye los aspectos a los que se había opuesto ASIF y, además, añade otros elementos de incertiduembre que «remachan» la parálisis fotovoltaica. Para la organización, sólo el recorte en un 35% de las primas hará perder al sector 450 millones y renunciar a inversiones por cerca de 4.000 millones.