Luis Atienza ha opinado, en el transcurso de una mesa redonda sobre la situación socioeconómica de España en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que esa «burbuja» ha sido ocasionada porque «se ha tratado a todas las tecnologías con la misma vara de medir».

Según el presidente de REE, la energía eólica, con un coste que ha cifrado en 70 euros por cada megawatio hora (MW/h), ofrece «un sobrecoste asumible respecto a la energía térmica a la que sustituye», mientras que la tecnología fotovoltaica actual implica un coste de 440 euros el MW/h.

«El sistema para incentivar una tecnología que está en una fase tan incipiente de su curva de costes, de su maduración tecnológica, tiene que estar extraordinariamente controlado«, ha dicho.

Según Atienza, el resultado de esta política ha sido que «en muy pocos meses» España se ha «cargado» con 3.000 MW de potencia fotovoltaica a 440 euros el MW/h, lo que es «una factura extraordinaria» y que «significa prácticamente un siete por ciento de sobrecoste» de la factura eléctrica general.

El presidente de REE ha considerado que esta situación «ahora se ha controlado porque se han fijado, precisamente para evitar este riesgo, cupos, cuotas anuales y un sistema de incentivo a la baja, que en la medida en la que se alcanza la cuota se rebaja el precio o la prima para la nueva tecnología».

«Nos hemos indigestado y ahora hay que pagar esa factura«, ha zanjado.

Atienza ha abogado por «graduar» los procesos de implantación de este tipo de energías renovables para que sean «asumibles desde el punto de vista del sobrecoste» y dar tiempo a un desarrollo tecnológico que «justifique» esa estrategia y su «sobrecoste temporal».

«Tiene sentido que hagamos una apuesta por la energía termosolar de alta temperatura, incluso por la fotovoltaica, pero controlada«, ha resumido.

El presidente de REE ha opinado que en España no se ha hecho «suficiente pedagogía social» para explicar a la sociedad que la manera de «ponderar correctamente» la apuesta por las energías renovables es «pagándolas», como en el caso alemán, y «no solamente aplazando» este pago en el tiempo.

Por otro lado, Atienza se ha declarado «partidario» del desarrollo del coche eléctrico, porque, entre otras razones, «permite aprovechar una capacidad excedentaria que el sistema eléctrico tiene durante muchas horas del día».

Como dicho sistema «tiene que dimensionarse para la demanda máxima», durante muchas horas del día sus redes están «infrautilizadas» y por tanto en ese tiempo «tiene capacidad para muchos millones de vehículos siempre que la recarga se haga mayoritariamente aprovechando esas horas de baja demanda», ha razonado.

«Si somos capaces de estimular con las señales económicas adecuadas y con las tecnologías de la información adecuadas un sistema de recarga que prime, o bien la recarga en cualquier hora del día desconectada del sistema, mediante acumuladores, o bien una recarga nocturna, nuestro sistema aprovecharía una gran capacidad ociosa de generación», ha explicado.

Además, considera que gracias a esta fórmula la potencia instalada en los próximos diez años alcanzará 20.000 megavatios (MW), de los que más de la mitad quedará al margen de primas al dedicarse al consumo del propio usuario y no volcarse a la red, según el director técnico de ASIF, Eduardo Collado. Para 2020, el Ministerio de Industria prevé una potencia cercana a 8.000 MW.

Collado realizó estas consideraciones durante unas jornadas sobre política energética organizadas por la Federación de Industria de CC.OO. Según dijo, dentro de diez años, y si se mantiene la tendencia actual, el sector fotovoltaico «habrá devuelto a la sociedad todo lo que ha cogido», mientras que, si se potencia el autoconsumo, su aportación no sólo compensará los costes, sino que los superará en 25.000 millones de euros.

En cuanto a los cambios regulatorios que el sector negocia con el Ministerio de Industria, dio por hecho que «afectarán» a la prima fotovoltaica, pero consideró que ASIF se muestra en parte «de acuerdo» con el recorte porque «cualquier tecnología retribuida en exceso debe trasladar a la sociedad las ventajas tecnológicas» que experimente.

La tecnología fotovoltaica, señaló, ha recortado su coste «a menos de la mitad» en dos años, «y su evolución en los próximos dos años puede ser igual», indicó Collado. Además, previó que a partir del próximo lustro «será más barato generar electricidad con placas solares que comprársela a los distribuidores».

Eólica y sobrecoste

El presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José Donoso, también presente en el acto, defendió el papel de la energía eólica y arremetió contra la «campaña» de los «últimos meses» en la que, según dijo, se presentó a esta fuente de generación como una «amenaza contra la competitividad». «Los mismos que están diciendo esto ahora trasladarán en el futuro sus costes al consumidor», advirtió.

La energía eólica, aseguró, aporta cerca del 14% de la electricidad generada por el ‘pool’, mientras que sólo provoca el 9,8% de los costes del sistema, con lo que «está financiando a otros sectores» y, por ello, «no es parte del problema» ni ha creado el déficit de tarifa.

Sobre el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Industria y los sectores eólico y termosolar, Donoso recordó que su asociación valora positivamente su contenido porque dará «mayor estabilidad» al sector y permitirá «eliminar muchas incertidumbres». AEE destaca además que el Gobierno ha recogido en el acuerdo alguna de sus principales reivindicaciones.

Producción de carbón

Por su parte, el presidente de Carbunión, Vitorino Alonso, aprovechó su intervención para pedir al Gobierno que mantenga el objetivo de 10 millones de toneladas anuales de producción nacional de carbón hasta 2012 para garantizar la «supervivencia» del sector.

Alonso aseguró, en contraposición a la eólica y a la fotovoltaica, que el carbón es la fuente autóctona de generación de electricidad que menos incentivos recibe y sostuvo que en el sistema «caben todas» las tecnologías.

El delegado de ANPER en Cataluña y Aragón, Juan Mayoral, ha señalado que debido a que estas plantas tienen un periodo de amortización muy largo, si se aplica este recorte ya no podrían pagar los créditos que pidieron para ponerlas en marcha.

«El problema es que el coste de la materia prima, es decir, el de las placas, era muy elevado. Ahora su coste ha bajado y el Gobierno pretende rebajar las tarifas, pero no sólo para las plantas nuevas, sino también para las ya existentes. Esto es ilegal, porque se aplicaría de forma retroactiva una ley, anulando el real decreto por el que se rige el sector», explica.

En cuanto a las negociaciones que está manteniendo el Ministerio de Industria con el sector sobre las medidas que planea el Gobierno, ANPER reclama que, pese a su reciente creación, se le convoque a dichas reuniones, con el fin de poder dar voz a los productores de energía solar asociados.

ANPER se creó a mediados del pasado mes de junio y en estos momentos, según la propia entidad, es la mayor asociación estatal del sector, al aglutinar más de un millar de productores.

En cuanto a la posibilidad que baraja el Gobierno de limitar las horas de funcionamiento de las plantas solares fotovoltaicas, la asociación reclama que esta medida se aplique sólo a los nuevos productores.

Además, considera que sería una buena solución que se aplique una moratoria de seis meses durante los cuales no se puedan dar de alta nuevas instalaciones, de manera que el Gobierno conseguiría ahorrar, al no tener que dar primas durante medio año.

«Nosotros como productores apoyamos esta medida, que supondría el retraso en seis meses de la puesta en marcha de nuevas plantas, ya que afectará principalmente a los instaladores y no a los productores«, concluye Mayoral.

Abengoa explicó que esta garantía apoyará la construcción y puesta en marcha de Solana, una planta termosolar de 250 megavatios en Arizona, que producirá electricidad suficiente para servir a 70.000 hogares y evitar la emisión de 475.000 toneladas de CO2 al año.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que su Gobierno destinará unos 1.800 millones de euros a dos proyectos solares que se repartirán entre la compañía española Abengoa y a la estadounidense Abound Solar Manufacturing.

Obama dio la noticia durante su discurso semanal en el que señaló que entre ambas compañías crearán 3.600 puestos de trabajo en la construcción y 1.500 empleos permanentes.

La ayuda de Estados Unidos a ambas compañías se hace a través de la aprobación de una garantía federal, lo que en definitiva supone que el dinero recibido por las empresas para los proyectos solares está respaldado por el país.

Obama consideró que es una «buena noticia que hayamos sido capaces de atraer a una compañía para construir una planta y crear puestos de trabajo en Estados Unidos».

Solana, el proyecto de Abengoa Solar, incluirá seis horas de almacenamiento de energía térmica, lo que permitirá producir electricidad durante los períodos nublados y tras la puesta del sol.

De este modo, explica la compañía, se satisface el pico de demanda de electricidad que existe en el estado de Arizona en los meses de verano.

El presidente de Abengoa Solar, Santiago Seage, subrayó que la garantía que recibirá la compañía les permitirá iniciar la construcción de Solana este año, ya que el proyecto se encuentra en un estado «muy avanzado», y cuenta con la mayor parte de las autorizaciones locales y estatales.

La compañía destacó que la construcción y operación de Solana generará importantes beneficios económicos y medioambientales para el estado de Arizona y contribuirá al logro de los objetivos de independencia energética de Estados Unidos.