Reyes Maroto, ministra de Industria, apuesta por las energías renovables y asegura que el Gobierno derogará los cargos al autoconsumo

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Europa Press / EFE.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha recalcado la apuesta del Gobierno de España por las energías renovables y la economía verde y ha asegurado que el Estado va a derogar los cargos al autoconsumo de energía, el denominado impuesto al sol. Maroto visitó las instalaciones del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), gestionado conjuntamente por los Gobiernos de España y de Navarra y ubicado en Sarriguren.

Reyes Maroto ha sido recibida en las instalaciones por el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y presidente de CENER, Manu Ayerdi, y por su director general, Pablo Ayesa. También ha participado en la visita el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. Tras escuchar una presentación sobre las principales actividades y proyectos que actualmente desarrolla Cener, la ministra visitó algunas de las infraestructuras de investigación del centro, como es el caso del Laboratorio de Electrónica de Potencia, el Laboratorio de Células Fotovoltaicas o el de Biomasa.

Maroto ha destacado que la “recuperación” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo responde a que el nuevo Gobierno de España «tiene en su hoja de ruta impulsar la política industrial» del siglo XXI porque «se estaba perdiendo el posicionamiento» de este sector que «genera mucho valor, una economía más intensiva en conocimiento y un empleo de calidad». En este sentido, ha indicado, el objetivo del Ejecutivo, como establecen los objetivos europeos, es que la industria alcance el 20% del PIB en el año 2020.

La ministra ha explicado que acude a Navarra porque «es un referente en materia industrial» y el Gobierno quiere «reforzar nuestra apuesta por la industria». Asimismo, Maroto ha trasladado la apuesta del Gobierno central por el impulso de las energías renovables y la economía verde e indicó que su Ministerio va a promover la incorporación de este ámbito en la hoja de ruta de las agendas sectoriales, un punto que, a su juicio, lo diferencia claramente del anterior Gobierno central del PP. La ministra ha destacado que éste «es un sector estratégico» y asegura que «se ha perdido mucho tiempo».

«El anterior Gobierno no tenía una apuesta clara por las renovables, de hecho lo que hizo fue paralizar las energías renovables«, ha indicado Maroto, que ha señalado que en la comunidad foral «se han perdido empleos como consecuencia del cierre de empresas que estaban apostando por este sector». Asimismo, Maroto ha asegurado que el Gobierno va a derogar «el impuesto al sol«. «No podemos hacer una apuesta por las energías renovables sin permitir que se desarrolle el consumidor y el productor en esa materia», concluyó.

El Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Es Castell presentan el proyecto para construir una planta fotovoltaica

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EFE.- El departamento de Reserva de la Biosfera del Consejo Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Es Castell han presentado el anteproyecto para la construcción de una planta fotovoltaica al lado del depósito regulador y la estación de tratamiento de agua potable de Trepuconet. La parcela que linda con la planta actual del depósito de agua, que ocupa 2.219 metros cuadrados, tiene una superficie de 21.346 m², de los que 18.000 m² se utilizarán para la planta de generación de energía fotovoltaica.

La nueva planta permitiría la generación de unos 2.507.184 kWH anuales. Esta cantidad equivaldría al 44% de la producción media del parque eólico de Milà. Por otro lado, se estima que también reducirá la emisión de CO2 en 2.301,6 toneladas anuales, la emisión de Nox en 17,7 toneladas anuales, la emisión de SO2 en 32 y la de partículas y escorias en 185,3 toneladas anuales.

La planta fotovoltaica generará el 11,7% de la energía eléctrica consumida por Es Castell, compensando toda la demanda de las diferentes infraestructuras municipales, además de reducir las emisiones contaminantes de la central térmica del puerto de Mahón. El coste de la implantación de la planta será de 1.660.000 euros y se amortizará en 20 años. Las estimaciones de ingresos anuales se sitúan en más de 127.000 euros y los costes de mantenimiento de la instalación representan entre un 10% y 15% de los ingresos anuales.

Moody’s ve bien a España y Portugal para cumplir sus objetivos de descarbonización y prevé que los precios energéticos bajen

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EFE / Europa Press.- La firma de calificación de riesgos Moody’s considera que España y Portugal están en buena posición para cumplir con sus objetivos de descarbonización para 2020 y prevé que los precios de la energía bajen ligeramente en el periodo hacia 2022. Así lo expresa en su informe Las políticas de descarbonización en España y Portugal impulsarán la evolución del mercado de energía hasta 2030, según el cual ambos países reducirán sus emisiones aún más en 2030.

El vicepresidente de Moody’s, Niel Bisset, indicó que la penetración de las renovables en España y Portugal continúa “ligeramente” por debajo del objetivo de descarbonización para 2020, pero confía en el incremento en la capacidad de fuentes renovables, junto con otros avances en los sectores de calefacción y refrigeración y en el transporte. Además, Moody’s destaca que España y Portugal están desarrollando estrategias de transición energética para reducir aún más las emisiones de carbono hacia 2030 en línea con los objetivos de la Unión Europea.

Bisset ha señalado que esperan “que el mercado energético en la Península Ibérica continúe evolucionando gradualmente hacia 2030, caracterizándose por el cierre de las plantas de carbón, el aumento de la penetración de las renovables y la implementación de medidas para asegurar que la generación con gas permanezca como respaldo, posiblemente mediante mercados de capacidad”. Las emisiones contaminantes aumentaron un 4,4% en 2017 en España, la mayor subida en 15 años, debido a la sequía, que hizo descender la producción hidráulica y obligó a usar más la generación con carbón.

Moody’s también ha señalado que espera que bajen ligeramente los precios de la energía en el periodo hacia 2022, según sus previsiones de precios de materias primas y productos básicos, el amplio margen de reserva existente y el modesto incremento de la demanda de energía eléctrica. El crecimiento de la generación de renovables presionará a la baja los precios de la energía eléctrica, una situación que se verá compensada con los cierres de la capacidad de generación eléctrica con carbón.

Competencia propone bajar la retribución a las redes de transporte y distribución al 5,47% y a las renovables al 7,04%

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sacado a consulta pública las propuestas de metodología de cálculo de la retribución financiera o rentabilidad razonable para las actividades del sistema eléctrico y propone una retribución financiera del 5,47% para el transporte y distribución de electricidad para el periodo regulatorio 2020-2025, y del 7,04% para la producción con energías renovables, cogeneración y residuos, lo que supone rebajas del 1,033% y del 0,463%, respectivamente.

Para el primer periodo regulatorio, el decreto de 2013 estableció una tasa de retribución financiera del 6,503% para el transporte y distribución. En esa ocasión, se tomaron los valores de las cotizaciones del bono del Tesoro a 10 años de los meses de abril a junio de 2013, incrementada con un diferencial de 200 puntos básicos, «sin referencia a ninguna metodología de cálculo», precisó la CNMC. Para las renovables, se calculó como la media del bono español a 10 años durante los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior, más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que arrojó una tasa de retribución financiera del 7,503% para ese periodo que acaba el 31 de diciembre de 2019.

La CNMC propone utilizar ya para el segundo periodo la metodología WACC (coste medio ponderado de capital) para calcular la rentabilidad razonable. Según Competencia, el WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde encuentran su financiación las empresas reguladas y minimiza la incertidumbre regulatoria. En este sentido, recuerda que las empresas de transporte y distribución eléctrica deben financiar elevados volúmenes de inversiones en inmovilizado, que tienen periodos largos de recuperación, de hasta 40 años, y señala que todas las propuestas recibidas por parte de compañías consideran necesario que el cálculo de la tasa de retribución se realice con una metodología basada en el reseñado WACC de la actividad.

Competencia ya avisó en varios informes que era necesario revisar la tasa de retribución para el periodo que arranca en 2020 de la distribución de electricidad para adecuarla a los costes de las compañías, que habían evolucionado a la baja en los últimos años. En el caso de las renovables, la CNMC argumenta que están sujetas a una serie de riesgos que no tienen las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica o gas natural, por lo que propone para ellas un diferencial adicional que se sumaría al cálculo del WACC. A la CNMC le parece razonable considerar un diferencial de 50 puntos básicos.

La propuesta de la CNMC analiza, además, la aplicabilidad de esta metodología al cálculo de la tasa de retribución financiera en las actividades de redes del sector gasista, y en la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares. Competencia considera también que la metodología propuesta para el transporte y distribución eléctrica sería aplicable al cálculo de la retribución para el transporte y almacenamiento de gas y actividades de regasificación, que hasta el 31 de diciembre de 2020 es del 5,09% y que se estableció a partir del bono del Estado a 10 años más 50 puntos básicos.

El plazo para remitir observaciones a las dos propuestas que Competencia somete a consulta pública finaliza el 15 de septiembre y, tras analizar esas alegaciones, elevará un informe definitivo. El anterior ministro de Energía,Álvaro Nadal, era partidario de aplicar en la revisión de la rentabilidad razonable la misma fórmula utilizada para el primer periodo regulatorio, lo que a la actual cotización del bono, recortaría a la mitad la retribución.

Ecooo Revolución Solar presenta una “Guía práctica para el fomento del autoconsumo renovable desde el ámbito municipal”

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Europa Press.- La empresa de no lucro Ecooo Revolución Solar presentó la Guía práctica para el fomento del autoconsumo renovable desde el ámbito municipal, que nace del trabajo que la entidad realiza en la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, a través del proyecto Oleada Solar, y del asesoramiento a Administraciones locales en el marco del proyecto Red ecooolocal.

La Guía pretende aportar recomendaciones para que los municipios puedan, acorde a la normativa vigente, fomentar el uso e implementación de energías renovables ciudadanas en sus territorios, así como toda una cultura energética basada en el ahorro y la eficiencia. La Guía cuenta además, con un listado detallado de aquellas bonificaciones fiscales en municipios de la Comunidad de Madrid y en capitales de provincia, así como de las subvenciones autonómicas al fomento de las renovables.

El primer Barómetro de Transición Energética en España revela la necesidad de impulsar las energías renovables

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Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en un análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías renovables tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética de España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se acrecentó por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la Unión Europea, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Hay una ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización de la economía. Sin embargo, es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la energía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. La evolución es similar a la experimentada en la Unión Europea.

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, que cae un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron a 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido «bandazos» importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares a 2010.

La potencia renovable lleva 8 años congelada en España y pone en riesgo los compromisos europeos de 2020, según Anpier

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Europa Press.– La potencia renovable en España lleva 8 años congelada y pone en riesgo los compromisos de 2020, según la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier). En un estudio, Anpier pone de manifiesto que la evolución de la potencia fotovoltaica en España ha estado íntimamente ligada a los distintos desarrollos normativos y a la seguridad jurídica existente bajo cada entorno regulatorio.

En este sentido, indica que los continuos cambios regulatorios retroactivos y la moratoria renovable socavaron el interés de los inversores, que ante la inseguridad jurídica del sector renovable español decidieron derivar sus inversiones a sectores y países con una regulación más estable. «Esta parálisis podría derivar en incumplimiento de los objetivos de penetración de renovables adquiridos con Europa», advierte Anpier. Asimismo, indica que a causa de la inseguridad jurídica y de las restricciones normativas, España sólo alcanza un 1% del total de potencia fotovoltaica mundial. Para paliar esta situación y aprovechando la reducción de costes de las tecnologías de estos últimos años, el Gobierno estableció un sistema de subastas que tenía como objetivo la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

Actualmente, el 70% de la potencia renovable en España, sin considerar la gran hidráulica, se localiza en manos de 17 empresas. Frente a la concentración existente en la eólica y termosolar, la solar fotovoltaica es la tecnología más atomizada en número de propietarios. No obstante, recientemente se viene observando cómo la potencia comienza a ser agrupada por algunas compañías y grandes fondos de inversión que superan los 100 megavatios (MW) de capacidad. Según Anpier, esta reestructuración societaria ha sido consecuencia directa de los diversos ajustes retroactivos sufridos por la tecnología que ha derivado en problemas de solvencia e incluso en la quiebra de muchos pequeños propietarios, los cuales se han visto obligados a vender sus instalaciones a precios muy bajos.

Así pues, considera que el futuro reparto del sector renovable español dependerá de lo que finalmente se ejecute. Asumiendo que toda la potencia subastada se ponga en funcionamiento, la distribución de los principales agentes del sector evolucionará de dos maneras muy diferenciadas en los dos sectores principales, eólico y fotovoltaico. Mientras que el primero desagrega la potencia entre más compañías, el segundo tiende a una mayor concentración de la capacidad.

«Esta es la disyuntiva que debe resolver el nuevo Gobierno: ha de fijar la clave de la propiedad del nuevo modelo de generación energética que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmienda la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética», señala Anpier. Para la asociación, no se puede mirar al futuro sin resolver el «tremendo error» que se cometió en el pasado.

«Hay que dignificar a las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese», argumenta. Por eso ve «imprescindible» devolverle a este colectivo la seguridad jurídica.

A nivel mundial, la energía fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento, potenciada principalmente por el desarrollo, en los últimos años, de esta tecnología en algunos países de Asia, como China, India o Japón, según el anuario de Anpier. Este último año se ha superado la barrera de los 400 GW acumulados, superando los 393 GW nucleares en el mundo. Por otro lado, cabe destacar que entre China, Estados Unidos, Japón y Alemania, esto es, los países con mayor potencia instalada en el mundo, cubren casi el 70% de la potencia instalada total.

Una apuesta decidida por la biomasa permitiría llegar en 2021 a beneficios para España de 2.150 millones y 12.596 empleos

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EFE / Europa Press. – Una apuesta más decidida por la biomasa, en un escenario con un rediseño del sistema de incentivos para el sector, permitiría alcanzar en el horizonte de 2021 unos beneficios de esta tecnología para España de casi 2.150 millones de euros, según el informe ‘Balance socioeconómico de las Biomasas en España’ elaborado por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Unión por la Biomasa.

El presidente de APPA Biomasa, Jordi Aguiló, ha subrayado que es necesario transmitir al Gobierno que invertir en esta fuente de energía «no le cuesta dinero» al país, sino que un incremento de 173 millones en el marco retributivo supondría que la biomasa aumentaría el balance positivo en 824 millones en el período 2016-2021.

Según este informe, un nuevo diseño de incentivos podría llegar a crear 12.596 puestos de trabajo adicionales, lo que permitiría alcanzar los 45.541 empleos, derivados tanto de la operación y mantenimiento de las plantas como de la construcción de nueva potencia.

Ese escenario de evolución de la biomasa en España, basado en los objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables 2011-2020, implicaría instalar 550 megavatios (MW) de biomasa eléctrica y, además, biomasa térmica por un volumen de 800 toneladas equivalentes de petróleo (ktep), lo que exigiría una inversión de 1.623 millones.

Aguiló ha destacado que el mercado de producción energética no puede basarse en criterios «exclusivamente» de coste marginal de producción, puesto que es «fundamental» no confundir el ‘valor’ con el ‘precio’.

Por otra parte, ha afirmado que, si se decide continuar con el sistema de subastas, su diseño debería orientarse hacia un modelo de diferenciación por tecnologías para permitir el desarrollo de instalaciones de biomasa, biogás y fracción orgánica de residuos municipales (FORM).

 

Medidas para fomentar la biomasa

Para alcanzar estos objetivos, el sector considera que la apuesta por la biomasa en España «no debe demorarse más» y deben implementarse políticas que permitan su «despegue».

Entre estas medidas, destaca el establecimiento «con urgencia» de un marco normativo específico que, adicionalmente a la consideración de energía renovable, reconozca las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia genera en los sectores agrícola, ganadero y forestal, en especial su singular capacidad de creación de empleo y los ahorros que induce en compra de emisiones difusas de GEI y en prevención de incendios forestales.

Otra razón la dio Aguiló, cuando consideró «esencial» no confundir el coste de producción con el precio y subrayó el papel que podría jugar la biomasa para «sustituir a las centrales térmicas de carbón, que son grandes emisoras de CO2».

También, el sector cree que debe permitirse que las instalaciones que ya están en funcionamiento de biomasa, que puede ser un valor coadyuvante «clave» para la transición energética al contar con un balance neutro de CO2, produzcan el número de horas máximo para el que fueron dimensionadas (más de 8.000 horas/año), para lo cual debería mantenerse la percepción de retribución a la operación (Ro) a partir de las 6.500 horas.

A este respecto, la gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Patricia Gómez, pidió al nuevo Gobierno «un mayor apoyo» para usar el recurso que supone la biomasa, para que «pueda generar beneficio y empleo», así como «un nuevo modelo de subastas y un nuevo modelo regulatorio y retributivo».

Mientras, el presidente de Asaja, Pedro Barato, subrayó el «valor añadido de territorio, de empleo o de medioambiente» que supone la biomasa, que representa un abanico de oportunidades profesionales, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento.

La biomasa anualmente contribuye al medioambiente en alrededor de 334 millones de euros, como mínimo, por el CO2 evitado (por sustitución y vertido), así como en 150 millones de euros por el ahorro en prevención y extinción de incendios.

Asimismo, actualmente el sector de la biomasa emplea de manera directa, indirecta e inducida a cerca de 33.000 personas, aportando el 0,28% del PIB español y el 0,9% de los recursos de la Administración General del Estado (AGE).

Las 9 plantas fotovoltaicas proyectadas en Manzanares (Ciudad Real) prevén una inversión de 230 millones de euros y 500 empleos

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EFE.-Los 9 proyectos de plantas fotovoltaicas que se prevén desarrollar en Manzanares (Ciudad Real) supondrán una inversión de más de 230 millones de euros y la creación de entre 400 y 500 empleos en la fase de construcción. Así lo ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, tras reunirse en la localidad con los promotores de estas plantas que suman más de 300 megavatios, con permiso de acceso y conexión.

La consejera destacó que haya 9 expedientes en Manzanares, de los 18 de la provincia de Ciudad Real. 6 expedientes, que suman 215 megavatios, ya están en proceso de información pública. Estas plantas fotovoltaicas facilitarían y mejorarían la calidad de vida en más de 200.000 viviendas y beneficiar a más de 600.000 habitantes, que contarán con acceso a energía renovable, además de la reducción de emisiones de CO2. Franco aseguró que trabajan para acortar los plazos de concesión de permisos que manejan respecto a otras comunidades autónomas, aunque ahora se sitúan ya en 9 meses.

Franco ha subrayado que la región cumple con todo lo necesario para que se instalen este tipo de proyectos: elevada ración solar, terreno disponible y coordinación entre las administraciones para que la implantación sea exitosa, y ha incidido en que «Castilla-La Mancha brilla con luz propia y favorece el desarrollo medio ambiental con energías limpias y sostenibles», que ha confiado en que se vean potenciadas con el nuevo Gobierno central.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 97 expedientes en tramitación correspondientes a proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, que supondrán una potencia adicional de 2.085 megavatios, lo que hará que la región supere los 10.000 megavatios de potencia instalada. En lo que va de año, 249 empresas, 90 hogares y 5 ayuntamientos de la comunidad autónoma han solicitado las ayudas de la convocatoria de 2018 para el aprovechamiento de las energías renovables y al ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha, que cuentan con un presupuesto de 660.000 euros.

El Gobierno regional dedicará en 2018 4,5 millones de euros al fomento de la eficiencia energética y las energías renovables, que se sumarán a los 8,2 millones de euros destinados hasta el momento desde el inicio de la legislatura. A estas cantidades hay que sumar los 19 millones de euros que en los próximos años se pondrán a disposición de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de zonas ITI para el desarrollo de proyectos tendentes al ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado público y los edificios de la administración.

El Hierro, la isla autosuficiente que genera beneficios económicos con su apuesta hidroeólica en Gorona del Viento

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EFE.- En 4 años la pequeña isla canaria de El Hierro no solo ha logrado ser prácticamente autosuficiente en materia de energía y convertirse en referente en sostenibilidad, sino que su apuesta hidroeólica es rentable, en especial a partir del próximo 26 de junio, cuando el proyecto quede amortizado.

Lo explica con pasión la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, cuando recuerda que el proyecto, la central hidroeólica Gorona del Viento, se puso en funcionamiento «como una idea audaz» de forma experimental en junio de 2014. «Ahora resulta fácil», pero entonces parecía utópico embarcarnos en un proyecto de autoabastecimiento con elementos «que nos son propios, como la orografía y el potencial eólico«. «Tenemos una garantía de más de 300 días de viento al año» y grandes «oquedades naturales» que sirvieron, las de menor valor ambiental, para los grandes depósitos de agua para turbinar, pues era necesario incorporar los saltos de agua para los periodos de calma eólica.

Desde 2015 la central vende energía a la red «generando beneficios», explica Allende, recurriendo al «cuento de la abuelita» o, lo que es lo mismo, «todo lo que ganes no lo gastes, sino que debes de ahorrar», una filosofía que les ha permitido pagar la deuda en un tiempo récord. «Fue un compromiso muy ambicioso. Estamos hablando de que se invirtieron 82 millones de euros y nos va a permitir que el martes podamos contar que ya hemos pagado, que hemos amortizado el proyecto» y que este año «estamos repartiendo beneficios entre la ciudadanía», reivindica.

Aunque parezca fácil, ha llevado su tiempo, porque cuando surgió la idea hace 20 años, el que estuviera liderada por una institución pública «no estaba como muy bien visto«. «Las operadoras del sector pesaban mucho y romper esa barrera era armarte como un quijote contra los molinos», explica. Este año «repartimos dividendos y el próximo, dividendos multiplicados, porque no tendremos que hacer frente a ningún tipo de amortización». El Cabildo cuenta con el 66% del proyecto, un 11% el Gobierno de Canarias con su instituto tecnológico y el resto a Endesa «porque era una condición que se nos puso para la gestión de esa energía».

Entre los nuevos retos, la movilidad sostenible y reinvertir en la gente. Desde el Cabildo no se olvidan de la población más desfavorecida, «que lo paso muy mal con la crisis económica y la crisis sísmico volcánica» de 2012 a 2015, «que fue muy dolorosa». Pero el futuro y el presente se vislumbran eléctricos y, por ello, la transición hacia un modelo de «movilidad eco» destaca en sus planes, de tal forma que al ciudadano le sea «fácil adquirir un vehículo eléctrico en compra o renting» y renovar un parque móvil de unos 8.000 vehículos.

Allende desgrana también, con orgullo, las cifras ambientales: hemos evitado la emisión a la atmósfera de más de 18.000 toneladas de CO2 y dejado de quemar 6.000 toneladas de fuel «con un ahorro de más de 1,8 millones de euros que pagábamos en combustible«. Con este bagaje, desde la Agrupación Herreña Independiente, Allende está convencida de que el presente es sostenible y por ahí deben venir los futuros ingresos, avanzando en cuestiones como el ciclo del agua o los residuos.