EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros. Asimismo, la transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030, requerirá de muchas complicidades y será una oportunidad para la creación de empleo verde, según la ministra.
En este sentido, Ribera ha detallado que «desde 2006 sabemos que hay que acometer reformas importantes en el sector del carbón», y desde el 2010-2012 la Unión Europea dotó de un marco de acompañamiento para el cierre de estas explotaciones a más tardar en 2018. La Comisión Europea espera que la contribución que haga España sea como mínimo del promedio de los objetivos de la revisión de la directiva europea sobre renovables en el llamado paquete de invierno para cumplir con el Acuerdo de París: alcanzar el 40% de reducción de emisiones de efecto invernadero, el 32% de renovables y el 32,5% de eficiencia energética.
El objetivo es llegar a la descarbonización completa de la economía o equivalente, y el 90% de emisiones en 2050, cuestiones que «serán posibles con señales regulatorias y calendarios técnicos de sustitución». La ministra reconoce que es evidente que en este camino Red Eléctrica se convierte en un «brazo ejecutor de muchas cuestiones», que tiene muchos desafíos en cuanto a digitalización, conexión, conectividad de grandes redes de transporte con microredes o sistemas de generación distribuida.
Otro reto es la adaptación energética del parque de edificación y cita como ejemplo el caso holandés, cuyo gobierno ha dado un plazo hasta 2030 para eliminar el suministro de gas de todo el parque construido. Se trata de algo que aquí jamás se había pensado y que requiere de una serie de nuevas habilidades profesionales para los empleos verdes que obligaría a un cambio de modelo de formación profesional, cualificación y diseño de negocios.
Ribera ha indicado que la ley de Cambio Climático se presentará en septiembre y ha citado como progresos interesantes la Ley catalana sobre la materia, el proyecto de ley de Baleares y en las que trabajan otras comunidades autónomas, además de la propuesta de Podemos. Además, hay esa «cosa peculiar», en referencia a la propuesta de ley presentada por el PP porque, más que salir de las cabezas de Génova, sale de la Oficina de Cambio Climático, cuando ya no era parte de la Administración.
«No tengo ninguna objeción en que el PP subraye su compromiso con el cambio climático; al contrario, creo que nos jugamos mucho como para que nadie pueda decir que no le importa o mirar para otro lado», ha apuntado Ribera, que ve importante una ley que «permita generar y visibilizar de forma capilar los procesos de cambio» y que cree sinergias entre el sector público y el privado. Así, en materia de transporte, subrayó la importancia de reducir las emisiones al 0% en 2050, ya que actualmente suponen el 40%.
8.000 millones en los arbitrajes
Respecto a los arbitrajes internacionales, Ribera señala que actualmente hay 40 laudos o procesos de arbitraje vivos, a los que se sumarán otros anunciados, y la cantidad total reclamada, aunque «son estimaciones y hay que ser muy cautos», estaría por encima de los 8.000 millones. Este hecho, ha apuntado la ministra, ha convertido a España «en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente». Según Ribera, estas reclamaciones ponen de manifiesto que, cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, «la factura puede salir más cara que la que pretende evitar«.
Ribera ha explicado que la estrategia de defensa de España se ha apoyado en que no cabe aplicar la Carta de la Energía a inversores de países comunitarios, que estarían sometidos al mismo régimen que los españoles. La titular de Transición Ecológica señaló que, aunque ese criterio ha sido respaldado recientemente por la Comisión Europea, «parece que al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es donde se están sustanciando la mayor parte de los arbitrajes, no le acaba de convencer».
Según la ministra, en la cuestión de los arbitrajes, España tiene como alternativas que sigan los litigios, «que ya se recurrirá», o «explorar si hay otras opciones«. En este sentido, resaltó que los portugueses fueron «muchísimo más inteligentes desde el primer momento», ya que buscaron soluciones que convencieran a las partes. Finalmente, Ribera ha recalcado la importancia de que España sea «un país atractivo y seguro en términos de inversión«, ya que la transformación energética exigirá inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones hasta 2030.
