Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará nueva capacidad de renovables por 3.000 megavatios (MW) en la primera mitad de 2017 y conforme a principios de «neutralidad tecnológica», según anunció en su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados el ministro del ramo, Álvaro Nadal.
El Gobierno realizó ya a principios de este año una subasta, la primera desde la ‘moratoria a las renovables’, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa. Los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.
Esta nueva subasta se lanzará «en breves semanas», será con «criterios competitivos», al menor coste y basada en la neutralidad tecnológica, «ya que es lo justo y no prejuzgas qué tecnología es la más eficiente», indicó Nadal.
Además, advirtió que se llevarán a cabo unos «controles generales» a los proyectos que se presenten a estas subastas, a través de la petición de garantías, para que, una vez sean adjudicados, «sepamos que van a ser realizados».
El ministro subrayó que España es «un país líder» en la generación de energía con fuentes renovables, con un 41% de la generación procedente de estas tecnologías, aunque señaló que «no hay que dormirse en los laureles» en esta materia.
A este respecto, apuntó que España va «muy adelantado» en sus objetivos de cumplimiento fijados en renovables, con un porcentaje del 17,3% en el peso de estas tecnologías sobre el consumo final de energía, frente al 12,1% previsto.
En su comparecencia, Nadal aseguró que el momento actual es «crucial» y está marcado por la transición energética necesaria para hacer efectivos los acuerdos medioambientales del conjunto de Europa y del Mundo tras el acuerdo alcanzado en la cumbre contra el cambio climático de París de 2015.
Más interconexión
Así, destacó que el ‘paquete de invierno’ de la UE se «alinea bastante bien con la línea del Gobierno» al marcar como objetivos la eficiencia energética, la mejora medioambiental y la protección del consumidor, aunque consideró que parte de «un supuesto irreal» de que todos mercados europeos están conectados.
Por ello, afirmó que España tiene que cumplir «de forma realista» con estos objetivos fijados por Europa, aunque subrayó que para ello es necesario pedir unos niveles mayores de interconexión con el Viejo Continente.
Junto a la falta de interconexión con Europa, Nadal aseguró que el sistema eléctrico en España está cargado con otra «gran hipoteca», como son «los costes de decisiones» políticas del pasado, con la instalación prematura de renovables que supuso «un coste muy caro» y el déficit tarifario, que derivó en una deuda financiera de casi 30.000 millones de euros cuya amortización se va a realizar a lo largo de los próximos 30 años. «Eso nos diferencia del resto de sistemas, estas decisiones del pasado que hace que tengamos estas grandes hipotecas», dijo.
En lo que se refiere a materia de defensa del consumidor, Álvaro Nadal indicó que se trabaja en medidas de transparencia y control de los productos financieros, así como en mantener la vigilancia sobre las prácticas anticompetitivas.
Asimismo, recordó el diálogo abierto con el resto de fuerzas políticas para definir el consumidor vulnerable y regular la financiación del bono social. «Debemos definir un nuevo marco para los consumidores en situación de vulnerabilidad, debemos definir el bono social», dijo.
A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.
Colaborar con las Comunidades Autónomas
En lo referente a los cortes de luz a consumidores, respaldó la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de no permitirlos sin existir un informe previo de los servicios sociales, y se mostró abierto a colaborar en las competencias autonómicas sobre política social, «solamente si ellas quieren».
No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.
Por otra parte, Nadal defendió que «la mejor política» es la eficiencia energética y señaló que le gustaría que en España se llevará a cabo un «esfuerzo mayor» en esta materia.
«La eficiencia energética será prioritaria y proponemos profundizar en su inversión», destacó al respecto, subrayando que es necesario mejorar en el diseño de los programas de eficiencia energética.
