Abogados ambientales piden el fin del carbón en 2025 «como muy tarde» para cumplir con el Acuerdo de París

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Europa Press.- El Instituto de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) espera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establezca el 2025 como fecha final para el carbón en España para que el país pueda alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire y cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La OMS estima que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras al año y que el 90% de la población mundial respira aire con una calidad por debajo de los estándares recomendados en sus Guías de Calidad del Aire (GCA). La directora de IIDMA, Ana Barreira, recuerda que es «imperativo» que España siga los estándares de la OMS sobre la calidad del aire, trasladándolos a la normativa ambiental ya que la contaminación es actualmente un problema de salud pública y afecta al derecho a la vida y el derecho a la salud.

Precisamente, una de las fuentes principales de la contaminación en España son las emisiones de las centrales de carbón por lo que la organización subraya que debe ser una «prioridad política» poner fin a la producción de energía mediante este combustible, como muy tarde en 2025. «La salud pública debe ser un criterio fundamental para la elaboración de los Planes de Energía y Clima, así como de la futura Ley de Cambio Climático», ha concluido.

La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

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Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

La CNMC multa a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en la formalización de contratos de luz y gas

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Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en la formalización de contratos de luz y gas natural, según indicó el organismo que preside José María Marín Quemada.

Concretamente, Competencia ha sancionado a la compañía con 170.000 euros por 17 infracciones leves (14 de ellas contrarias a la Ley del Sector Eléctrico y 3 a la Ley del Sector de Hidrocarburos), a los que se suma otra multa de 90.000 euros por haber cambiado de compañía a un particular sin su consentimiento. Durante la investigación llevada a cabo por la CNMC, el organismo ha detectado que Endesa Energía incumplió su obligación de contar en todo momento con la documentación que acredita la voluntad del cliente de cambiarse de suministrador para 14 contratos de suministro eléctrico. Igualmente, detectó esta práctica en otros 3 contratos de suministro de gas natural, de los que tampoco disponía de la documentación exigida legalmente.

Cambio de compañía sin consentimiento

En consecuencia, la CNMC considera que la compañía cometió un total de 17 infracciones leves por incumplir sus obligaciones en relación con la formalización de los contratos de suministro de energía eléctrica y de gas natural. Por otra parte, la CNMC recibió la denuncia de un consumidor, a través de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, que reclamaba que Endesa Energía le había cambiado de comercializador de electricidad sin su consentimiento en 3 propiedades que previamente fueron de un familiar fallecido. En consecuencia, la compañía ha sido multada con 90.000 euros por haber cometido 3 infracciones leves, según la Ley del Sector Eléctrico.

Competencia recuerda que recientemente también ha sancionado a Endesa Energía con 30.000 euros por incumplir los requisitos de contratación con los clientes, y anteriormente, con otros 120.000 euros por dar de alta a clientes sin contar con su consentimiento. Meses antes, Endesa también fue sancionada con 30.000 euros por una práctica similar. La CNMC insiste en que las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos fijados por la Ley cuando formalizan sus contratos y muy especialmente cuando se trata de consumidores vulnerables. Asimismo, recuerda que están prohibidas las ventas en el domicilio, salvo que exista petición expresa por parte de los consumidores y sea por iniciativa suya.

La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

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Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

Javier Dies, consejero del CSN, defiende que su nombramiento por iniciativa del PP se realizó de acuerdo a la legislación

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Europa Press.- El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies, ha defendido tanto el proceso en que transcurrió su nombramiento así como su capacidad para el cargo en el regulador nuclear después de que el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, dudase de la legalidad de ese procedimiento y denunciara que no hay base jurídica para retrasar la renovación del CSN, según solicita el PP, al que acusa de buscar retrasar los nombramientos.

La polémica surge después de que el Congreso haya recibido la propuesta del Gobierno de nombrar como consejeros a Elvira Romera y Pilar Lucio a propuesta del PSOE, Josep Mª Serena, a propuesta del PdeCat, y a Francisco Castejón, en representación de Unidos Podemos. Al disolverse la Cámara el 5 de marzo, no hay opción a que la Comisión para la Transición Ecológica elabore un escrito razonado pronunciándose sobre los nombramientos. En este contexto, Uralde comparó esta situación con el proceso de nombramiento de Javier Dies, quien no logró el respaldo de tres quintos exigidos.

Tras las críticas y comparaciones, el consejero «puntualiza» que su propuesta como candidato se aprobó el 11 de septiembre de 2015 y que se comunicó al Congreso de los Diputados 3 días después. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación del CSN, el Gobierno nombrará a la persona propuesta para el cargo después de su comparecencia en Comisión en el Congreso tras el acuerdo de tres quintos de sus miembros, que manifestarán su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes desde que se reciba la comunicación del Gobierno.

Si pasado un mes el Congreso no se ha manifestado de forma expresa, entonces se entenderá que los nombramientos son aceptados. Díes recuerda que tanto su comparecencia como la votación en la Comisión parlamentaria se realizó el 29 de septiembre por 23 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones. Finalmente, su nombramiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre posterior. Dies defiende así que el tiempo que transcurrió desde la comunicación al Congreso hasta su nombramiento fue de «un mes natural más dos días» de acuerdo con la ley.

El consejero sustituyó a Antonio Gurguí, quien había sido propuesto por el extinto CiU y que finalizó su responsabilidad 7 meses después de que venciera su nombramiento. Con su nombramiento, el consejo del regulador nuclear, que cuenta con 5 consejeros, pasó a estar compuesto por 3 consejeros (incluido el presidente) propuestos por el PP, Fernando Marti, Fernando Castellón y el propio Dies, y otros dos propuestos por el PSOE, entonces Cristina Narbona y Rosario Velasco.

El consejero Javier Dies es doctor Ingeniero Industrial y Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde donde ha coordinado el grupo de investigación de ingeniería nuclear, ha sido vicepresidente de la European Nuclear Education Network (ENEN) desde el año 2013 al 2016 y ha colaborado en 13 misiones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entre 2004 y 2005 fue secretario de la Cátedra Argos de Seguridad Nuclear auspiciada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de 1995 a 2002.

Protermosolar afirma que en 2030 las renovables podrían aportar el 84% de la generación eléctrica

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Europa Press.- Protermosolar asegura que en 2030, según el mix propuesto por la patronal de la industria solar termoeléctrica, la contribución de las energías renovables a la generación eléctrica podría alcanzar el 84% a un coste por debajo de 50 euros por megavatio/hora, según su estudio Transición del Sector Eléctrico: Horizonte 2030. Además, esta elevada contribución de las renovables a la generación de electricidad que plantea Protermosolar permitiría alcanzar el objetivo del 35% de consumo de energías renovables en 2030, cumpliendo con las metas propuestas por Bruselas.

El reparto equilibrado de la potencia solar entre energía fotovoltaica y termosolar es la clave del mix propuesto en el informe. Para ello, la patronal recomienda planificar con perfiles de despacho diferenciados a las tecnologías renovables, apostando por su complementariedad estacional y horaria, al tiempo que se prescinde del carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados.

Estas conclusiones, con datos de 2018, son coincidentes con las que había presentado Protermosolar con la serie histórica hasta 2017, a pesar de que el pasado año fue el peor año meteorológicamente hablando para la energía solar. La patronal defiende que las centrales termosolares aportan otro conjunto de ventajas adicionales para la economía, como el incremento de PIB, del empleo y de la convergencia regional, contribuyendo además a una transición energética «justa», gracias al suministro de componentes, equipos y servicios desde Asturias, País Vasco, o Cataluña al sur del país.

El mix que propone Protermosolar pretende ser una «respuesta sólida» frente al reto de la transición energética. Para la patronal, una de las líneas básicas de actuación para alcanzar dicho objetivo pasa por que la energía fotovoltaica sea la tecnología que experimente un crecimiento exponencial y que, a medida que se vayan cerrando las centrales convencionales, las termosolares tomen el relevo, acompañadas por un crecimiento más constante de la potencia eólica y de biomasa. No obstante, aunque su papel no sería esencial hasta pasados unos años, la patronal asegura que deberían establecerse subastas específicas de algunos cientos de megavatios termosolares.

El déficit eléctrico asciende a 1.420 millones hasta diciembre, 899,7 millones menos de lo previsto, a falta de dos liquidaciones

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.420 millones de euros hasta diciembre del pasado año, 899,7 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A pesar de ser la duodécima liquidación, esta cifra no es definitiva ya que, dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Así, antes de diciembre de este año se efectuará la liquidación definitiva.

Este desajuste inferior a lo previsto, que sitúa el déficit provisional un 0,7% por debajo del mismo periodo del 2017, se debió, fundamentalmente, a la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, que fue 423 millones de euros inferior a lo previsto, y a la retribución de la actividad de la distribución, que resultó 294,5 millones inferior a lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 228.166 gigavatios hora (GWh), un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. La CNMC indicó que esta demanda se estima que representa el 94,5% de la prevista para el conjunto de 2018.

Por otra parte, se han liquidado 63.650 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en 2018, asciende a 7.148 millones de euros (antes de IVA). Así, dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, con un resultado del 90,17%, que se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Como consecuencia de aplicar el coeficiente de cobertura, resulta una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 447,3 millones de euros (antes de IVA).

Mientras, la liquidación provisional correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 72,6 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. En la fecha de cierre de esta liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 5,7 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

En lo que respecta al sector gasista, el déficit provisional se situaba a cierre de diciembre en los 350 millones de euros, con una disminución del 9,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones fue de 2.692 millones de euros. Esta cantidad es un 4,1% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

AsÍ, la retribución total acreditada a las empresas ha sido de 2.716 millones de euros, que es un 0,02% inferior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2018 facturada hasta diciembre fue de 315,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (10,7 TWh). Esta cantidad es 1,6 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,5%.

El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón en España están en bancarrota, según Ribera

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Europa Press.- El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón se encontraban en situación de bancarrota o suspensión de pagos en mayo del pasado año, por lo que no podían devolver las ayudas antes de diciembre para evitar su cierre con arreglo a la normativa europea. Así lo expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aludiendo a que el Gobierno socialista tuvo que asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias ante un vacío de «anticipación» por el anterior Ejecutivo.

Algo parecido ocurría con las centrales térmicas que, según Ribera, tampoco habían acometido las «importantes inversiones» necesarias para seguir llevando a cabo su negocio después de 2030, por lo que se enfrentaron a un problema que «les estalló en la cara». Por ello, en una respuesta al senador del PP, Alfonso Jesús Rodríguez, la ministra ha afirmado alejarse de la «demagogia» y ser «honesta» con los trabajadores, a los que «no va a dejar abandonados», algo que sí habría ocurrido con el cierre de las minas que tenía preparado el anterior Ejecutivo, según denunció Ribera.

Rodríguez ha criticado que España haya importado energía desde una central térmica de Marruecos, mientras que el Gobierno procede a cerrar las minas y las centrales en su propio país, calificando los 8 meses de Ribera al frente del Ministerio de «despropósito«. «Su transición no es ni transición ni justa», ridiculizó Rodríguez, al mismo tiempo que criticó las políticas llevadas a cabo por el Gobierno como «rápidas, express y sorpresivas». Sobre esta importación de energía procedente de Marruecos, Ribera ha señalado que obedece a la oferta y la demanda y que se vale de una interconexión entre dos continentes que lleva en funcionamiento desde 2006.

Las organizaciones ecologistas piden al Gobierno en Madrid que apruebe el autoconsumo para luchar contra la pobreza energética

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Europa Press.- ONG sociales y ambientales se concentraron en Madrid para reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes el Real Decreto del Autoconsumo que habilitará mecanismos para luchar contra la pobreza energética con energías renovables. Así, un conjunto de organizaciones se movilizó contra la pobreza energética, que aseguran que afecta al 10% de las familias españolas, que no pueden calentar sus viviendas en invierno.

Para las ONG, la lucha contra la pobreza energética es una «necesidad social y ambiental que no se puede bloquear ni ignorar«. En este contexto, Greenpeace pide que se apruebe cuanto antes el Decreto de Autoconsumo e insta a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas estructurales para poner a las personas y el planeta en el centro del sistema energético.

En concreto, Greenpeace considera necesario aprobar medidas urgentes y estructurales en España porque esta es una de las «muchas caras de la pobreza» y supone una disfunción de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como bien de primera necesidad ni la capacidad de las energías renovables para abaratar el precio de la luz. El citado Real Decreto habilitará mecanismos para que las administraciones públicas puedan luchar contra la pobreza energética con renovables.

Greenpeace considera «imprescindible» cambiar el modelo energético hacia un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable y en manos de la gente para mitigar la contaminación y el cambio climático e insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes empresas eléctricas integradas verticalmente. En la movilización participaron Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, la Coordinadora de Vivienda Madrid, Ecologistas en Acción, InspirAction, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Greenpeace.

La central nuclear de Trillo cerró 2018 con 8.267 GWh producidos, cumpliendo 30 años y operando «de forma estable»

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Trillo, Javier Vallejo, hizo balance de actividad del segundo semestre de 2018, apuntando a que la producción total del ejercicio ha sido de 8.267 GWh, 4.372 de ellos en la segunda mitad del año. Desde el 23 de mayo de 1988, la central ha estado 236.985 horas conectada a la red, con una energía bruta producida de 247.292 MWh.

En el resumen de actividades de 2018, Vallejo ha introducido el relevo al frente de la dirección, que ahora recae en su persona tras la salida de Aquilino Rodríguez. La próxima recarga de combustible, programada para el próximo 10 de mayo, durará 29 días y será la 31ª desde que la central opera. Se sustituirán 40 elementos combustibles y se aprovechará para inspeccionar sellos y cojinete radial inferior en una bomba principal. Servirá igualmente para sustituir dos dedos en lanzas de instrumentación nuclear interna, se realizará una prueba de capacidad en baterías y se hará una revisión eléctrica y mecánica.

Dosis de radiación “muy baja”

La dosis colectiva recibida, suma de las dosis externas e internas de cuerpo entero recibidas por el personal, ha arrojado un resultado de 284,48 mSv por persona, según Vallejo, quien ha dicho que es una ración muy baja», incluso «la más baja de la historia». Los residuos generados en la operación, mantenimiento y modificaciones de la instalación se han optimizado, y han alcanzado los 81,40 metros cúbicos. Además, se han retirado 26,40 metros cúbicos. En la última recarga de combustible se reemplazaron 36 elementos combustibles, y en 2018 se iniciaron las modificaciones de diseño necesarias en la planta. Fue en diciembre cuando se efectuó la carga de 2 nuevos contenedores.

Vallejo ha puesto en valor que no ha habido ningún informe de suceso notificable en el segundo semestre. Sí que hubo dos en el primer semestre, uno relativo al arranque de un generador diésel. La planta ha superado su evaluación ambiental, y en cuanto al Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental exigido por el CSN, se ha superado igualmente de «forma satisfactoria». Preguntado por la convocatoria de elecciones y la futura formación de un nuevo Gobierno, ha pedido al nuevo Ejecutivo que deje a la central de Trillo «seguir operando y actualizando la central» como se ha venido haciendo hasta ahora.