Acogen, la patronal de la cogeneración, considera que los planes energéticos del Gobierno socialista propinan «un golpe mortal» al sector

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, se ha mostrado en contra del borrador presentado por el Gobierno en materia de Energía y Clima (PNIEC), al asegurar que en lugar de promover la cogeneración y asegurar la eficiencia energética asociada a la industria, el plan le propina «un golpe mortal».

Pérez Palacio cree que el plan del Gobierno «no solo supone un varapalo al potencial de crecimiento de la cogeneración sino que contempla eliminar una de cada tres plantas de cogeneración asociadas a industrias calor-intensivas«, lo que generaría «una grave pérdida de competitividad de más del 5% del PIB industrial». Pérez Palacio asevera que «sorprende» que un plan, que debería promover más cogeneración para asegurar eficiencia energética a gran escala asociada a la industria, apuesta por darle un «tajo mortal».

Para él, el plan no ha considerado el rol de la cogeneración en las industrias calor-intensivas que necesitan grandes cantidades de calor y electricidad para fabricar sus productos y destaca que la cogeneración permite disponer de calor y electricidad «de la forma más eficiente, aportando beneficios económicos y medioambientales». Pérez Palacio ha explicado que el calor que necesitan estas industrias no puede electrificarse por razones técnicas y fundamentalmente económicas, ya que implicaría triplicar el coste, haciendo inviable la producción en estas industrias. Por ello, ha afirmado que «ningún país realista perdería su producción más eficiente».

Ingeteam abre dos nuevas filiales en Marruecos y Perú

Europa Press. – Ingeteam ha reforzado su plan de internacionalización con la apertura de dos nuevas filiales en Marruecos y Perú.

Según ha informado la compañía, las dos filiales estarán orientadas al sector de las energías renovables, con contratos fotovoltaicos en la actualidad y con la previsión de ampliar su presencia en ambos países también en el sector eólico. Con estas aperturas, Ingeteam ha consolidado su presencia en 22 países.

De esta manera, en Marruecos son 15 las personas las que realizarán labores de operación y mantenimiento de tres plantas fotovolaicas, de 71 MWp, 84,5 MWp y 19 MWp, que se encuentran entre las más grandes del norte de África.

Así, la compañía asegura que la energía generada se inyecta en la red de distribución eléctrica del país, y sirve, de esta manera, para satisfacer la demanda energética del país y logrando así reducir la dependencia exterior de Marruecos en materia energética, ya que en la actualidad el país importa hasta el 90% de la energía que consume.

El desarrollo de este proyecto se enmarca dentro del objetivo que se ha propuesto el país con el que persigue obtener el 52% de toda la energía que produce a partir de fuentes renovables para 2030.

En otro sentido, Ingeteam también ha suministrado más de 700 megavatios (MW) en inversores fotovoltaicos y es responsable de los servicios de operación y mantenimiento de 230 MW en un total de cinco plantas fotovoltaicas sudafricanas. Además, ha sido recientemente adjudicataria para el suministro y puesta en marcha de los sistemas de protección, control y medida de tres subestaciones en Malaui.

En el continente americano, más concretamente en Perú, ofrece servicios de operación y mantenimiento en el sector fotovoltaico en dos plantas solares en la región de Arequipa (sur de Perú). Ambos parques fueron construidos en 2012 y cuentan con 22 MW de potencia instalada.

La deuda del sistema eléctrico cae hasta los 18.851 millones de euros, pero no se terminará de pagar hasta 2028

Europa Press.- La deuda del sistema eléctrico ascendía a cierre de 2018 a 18.851 millones de euros, tras haberse reducido en 2.143 millones de euros a lo largo del pasado año, lo que supone un descenso del 10% con respecto a los 20.994 millones de euros en que se situaba en 2017.

Según el informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico español y sus previsiones futuras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima que ésta no se terminará de pagar hasta 2028, aunque habrá reducciones significativas en las anualidades de 2021 y de 2026 a 2028. En total, existen cuatro categorías de derecho de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

El derecho de cobro asociado al FADE representa la mayor parte, con casi el 82% del importe total pendiente de cobro, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, que supone un 13%. Según indicó la CNMC, el coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2019, con los datos disponibles al finalizar 2018, es del 2,562%, lo que implica un descenso de 66,6 puntos básicos con respecto al ejercicio de 2018. El coste de la anualidad correspondiente a 2018 de la deuda del sistema eléctrico asciende a 2.738 millones de euros, un 2,81% inferior a la anualidad total satisfecha en 2017, que ascendió 2.818 millones de euros.

Desde 2014, el sistema eléctrico español ha registrado superávit un año tras otro, después de sumar 14 ejercicios consecutivos de déficits anuales. Concretamente, el superávit fue de 550 millones de euros en 2014, en 2015 ascendió a 469 millones de euros, en 2016 se situó en 422 millones, y en 2017 fue de 150 millones. Así, el superávit acumulado en estos ejercicios asciende a 1.591 millones de euros. No obstante, de esta cantidad, 638,5 millones de euros se han destinado a la financiación del bono social y proyectos de inversión en energías renovables de territorios no peninsulares. En consecuencia, existe un saldo de 952,5 millones de euros en la cuenta específica donde está depositado el superávit más los intereses generados.

De acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales han determinado que parte del superávit acumulado en estos años se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social, tras diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo. Concretamente, los importes de 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2017 y la Ley 6/2018, se han dedicado 120 millones de euros para ayudas a la inversión en instalaciones renovables en territorios no peninsulares.

Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Shellenberger (Environmental Progress) asegura que «el Gobierno debe prolongar la vida de las nucleares» para luchar contra el cambio climático

Europa Press.- Michael Shellenberger, fundador y presidente de Environmental Progress, ha pedido al Gobierno español que prolongue la vida de las centrales nucleares instaladas en el país en lugar de cerrarlas como medida para combatir el cambio climático. El ecologista Shellenberger dio la conferencia ¿Por qué necesitamos energía nuclear para salvar el planeta?, organizada por Foro Nuclear.

«Si el Gobierno español quiere hacer algo sobre el cambio climático, debe prolongar la operación de las centrales nucleares; entiendo que es difícil hablar de construir nuevas centrales, pero deben prolongar la vida de las que ya existen, y apostar más por las renovables, pero no cerrar las nucleares», asegura este activista estadounidense. En concreto, asegura que por cada central nuclear que se cierra, la energía que deja de producir es remplazada por combustibles fósiles. De hecho, en el caso de España, el cierre de sus plantas nucleares supondría un aumento de las emisiones que equivaldría a agregar 14 millones de vehículos a la carretera.

Shellenberger ha comparado las consecuencias de ambos tipo de producción energética. Según ha apuntado, la energía nuclear es actualmente «la forma más segura de hacer electricidad fiable» ya que los muertos por accidentes relacionados con este tipo de energía «son muy pocos» en comparación con el número de fallecidos por culpa de la contaminación que generan los combustibles fósiles. Unas 7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo por la contaminación atmosférica, según la OMS. Sobre esta cuestión, destacó que el accidente de Chernóbil, «fueron el pánico y el miedo, no la radiactividad, lo que causó más daño».

Pero no solo es partidario de la energía nuclear frente a la quema de combustibles fósiles. También la defiende frente a las energías renovables. Según ha expuesto, la energía solar emite 40 veces más radioactividad por unidad de energía que la nuclear, debido a la minería de tierras raras que necesitan las renovables. Por ejemplo, los materiales requeridos para construir paneles solares son «enormes», desde cemento a vidrio y acero, mientras que los aerogeneradores utilizados para la eólica «matan más personas por unidad de energía» que la nuclear, así como especies amenazadas. Además, los paneles solares producen, según señala, de 200 a 300 veces más desechos tóxicos por unidad de energía que las centrales nucleares.

«Para crear mucha energía solar y eólica, necesito cubrir mucho de la naturaleza con colectores de combustible (viento, luz solar), que están muy diluidos», añade Shellenberger, que apunta que, por ejemplo, se necesita 413 veces más tierra para la energía eólica que para la nuclear. Uno de los puntos más controvertidos de la energía nuclear es los desechos que generan las centrales. Pero para Shellenberger, el tema de los residuos «está ya controlado»: «Todos los residuos jamás producidos en la Unión Europea caben en un campo de fútbol de 15 metros». «Me preocupo como ambientalista de las enormes islas de plástico en los océanos y de la contaminación del aire, son otras formas de residuos, pero en el ambiente», expresa.

Pese a todo ello, Shellenberger, firme en defender la energía nuclear por su bajo impacto en el medio ambiente y por su bajo coste, considera que existe un «problema» que hace que ni la sociedad ni los gobiernos vean los beneficios que tiene este energía. «El problema con la nuclear es muy simple, es el pensamiento de la gente», señaló.

En concreto, menciona tres razones por las que hay un temor generalizado hacia la energía nuclear. En primer lugar, señala que hay un «desplazamiento del odio y miedo», esto es, se asocia las armas (especialmente la bomba atómica) y los gobiernos autoritarios a este tipo de energía, cuando en realidad, también defiende que las muertes violentas han disminuido desde que se desarrollaron estas armas. En segundo lugar, considera que hay un «miedo» a que la energía sea «barata», tanto que entonces habría un exceso de producción energética, lo que provocaría una «explosión» de la población. «Demasiado energía, demasiadas personas», resume.

Por último, critica el «amor a las renovables», resultado de defender la «armonización con la naturaleza», cuando él prefiere sumar un elemento más para «salvaguardar la naturaleza»: «depender menos de ella». En este sentido, ha criticado a las grandes organizaciones ecologistas que se declaran antinucleares, pues piensa que sus objetivos no están marcados «para evitar el cambio climático, sino para establecer un tipo de sociedad», cuando él defiende que no hace falta una «revolución social«.

La Fundación Biodiversidad destina 5,8 millones de euros en ayudas para empleo verde en la Transición Justa

Europa Press.- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica convocó la nueva edición del Programa emplea verde, que destinará 5,8 millones de euros para impulsar la transición justa en el marco de la descarbonización de la economía española a través del empleo verde.

La nueva convocatoria de subvenciones, abierta hasta el 30 de abril, financiará proyectos dirigidos a la promoción y creación de empleo y empresas vinculadas al medio ambiente. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo prevé destinar 67 millones de euros hasta 2023 para apoyar a 50.000 personas y 3.000 empresas y formar 24.000 personas. Para el 2019 el 90% de los 9,4 millones disponibles en la convocatoria de subvenciones empleaverde se podrá utilizar en los territorios protagonistas de la transición energética y en particular para las regiones carboníferas.

Transición justa a la descarbonización

El objetivo del Programa empleaverde es fomentar actividades económicas sostenibles en todos los sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y circular, integrando la biodiversidad en la gestión y procesos empresariales y haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de progreso social. Para ello, se apoya a entidades que cuenten con actuaciones de formación y asesoramiento, acciones de innovación dirigidas a personas desempleadas, emprendedoras y/o trabajadoras, prestando especial atención a mujeres y colectivos prioritarios (jóvenes hasta 35, mayores de 45 años, personas inmigrantes y personas con discapacidad). Además, se tendrá especial interés en personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

El importe mínimo de los proyectos seleccionados será de 100.000 euros y el máximo de 300.000 euros. Este año se han incluido nuevas materias sobre las que se hará especial hincapié como la gestión, mejora ambiental y eco-innovación en la industria o empresa, la reconversión industrial a actividades ambientalmente sostenibles y la lucha contra el despoblamiento en zonas rurales. El Programa empleaverde prevé destinar 67 millones de euros hasta y aspira a crear 600 empleos y apoyar a 400 empresas.

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» del Gobierno a favor de las renovables en su plan de transición energética

Europa Press.– La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» dado por el Gobierno a favor de las renovables al fijar un objetivo del 42% para 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 remitido a Bruselas.

La Fundación valora que el documento reconoce que es posible alcanzar en 2050 un modelo energético 100% renovable y destaca que marca que para 2030 un 74% de la generación de electricidad será con energías verdes. Asimismo, valora la propuesta en movilidad de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, así como la delimitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes a las zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. No obstante, la Fundación lamenta que el objetivo del 20% de reducción de emisiones sobre 1990 «es claramente insuficiente«.

Además, subraya que el PNIEC mantiene la estructura de consumo en origen y no apuesta por cambiar el modelo de demanda. «Actuar prioritariamente por el lado de la demanda y por su electrificación supone democratizar el sistema energético», añade la Fundación Renovables, que añora también «objetivos concretos» de generación a través de autoconsumo. La Fundación también lamenta que el documento no ponga una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y que posponga 10 años el apagón nuclear, «que debería producirse cuando caduque la última licencia de explotación».

Ecologistas quieren adelantar a 2040 la descarbonización de España pero ven como un punto de inflexión los planes del Gobierno

Europa Press.- Mientras Acogen cree que el Plan de Energía y Clima es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han calificado de «poco ambiciosos» los objetivos del Marco Estratégico de Energía y Clima que presentó el Gobierno aunque, en todo caso, celebran que el paquete climático va en la buena dirección y supone un «punto de inflexión» en la lucha contra el cambio climático en España.

La coordinadora estatal de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha destacado que los mecanismos que se definen en la ley son correctos pero los objetivos son «poco ambiciosos«. «Necesitamos mecanismos mucho más ambiciosos que los de nuestros vecinos, porque vamos a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático», ha manifestado. Ruibal es «consciente», no obstante, de que este es el «mejor» anteproyecto de ley de cambio climático al que podían aspirar en este contexto. Entre los aspectos que ha desgranado, ve positiva la apuesta porque la electricidad sea de origen renovable, pero critica que los plazos del carbón y las nucleares son «demasiado extensos» y los riesgos que asume España son «muy altos».

En la misma línea, Ecologistas en Acción celebra que los nuevos objetivos suponen un avance pero advierte de que la planificación del Gobierno está «lejos de la ambición requerida y del impulso necesario» para la transformación necesaria ya que la descarbonización total «debería» alcanzarse en 2040. «El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático», comenta el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el calendario de cierre presentado para el carbón y la nuclear responde más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos electorales del PSOE. Para Ecologistas en Acción es «inadmisible» la postura del PSOE y acusa al Gobierno de una «falta de valentía patente» por la ausencia de una fecha definitiva para el cierre de las térmicas.

Por su parte, Greenpeace respalda el marco estratégico de Energía y Clima porque «va en la dirección correcta» pero pide más ambición y critica que el proceso electoral paralice la necesidad de acelerar la transición energética. «Es la primera vez que España se plantea oficialmente un horizonte de cierre de sus centrales de carbón y nucleares«, celebra la ONG, que reclama objetivos más ambiciosos. Igualmente lamenta que el calendario de cierre nuclear se alargue «innecesariamente» una década más porque esto penaliza «gravemente» a la sociedad.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado que el paquete climático es «una urgencia histórica por encima de cualquier batalla política». «Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad», ha manifestado Rodríguez que confía en que una vez se apruebe este paquete, España dejará de ser el «único» país de Europa sin fecha de abandono del carbón.

Sin embargo, también cree que no se debe retrasar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares más allá de 2025 y que el sistema energético debería alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. En todo caso, Greenpeace ve «imprescindible» medidas para que España se reenganche a la lucha mundial contra el cambio climático y «aproveche sus oportunidades».

“Buen rumbo” para la transición

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve en la presentación del marco estratégico un «punto de inflexión de verdad» para el modelo económico de España. En este sentido, destaca que implica una «revolución» para todos los sectores económicos con un «cambio de rumbo» que lleva a España a ponerse «en el grupo de cabeza» de la lucha europea y mundial contra el cambio climático. «El barco de verdad empieza a girar en la dirección correcta después de mucho tiempo», confía Del Olmo que recuerda que hace aproximadamente una década Greenpeace lanzó una propuesta de un sistema energético 100% renovable en 2050. «Parecía entonces impensable y hoy está aquí», comenta.

Para el responsable de WWF, en este momento en el que España entra en un «torbellino electoral», es «imprescindible» que el cambio climático se respete como una política de Estado a largo plazo y que no sirva de arma electoral arrojadiza sino de motivo de consenso. «Ningún partido debería hacer de esto una lucha partidista porque la lucha contra el cambio climático puede ser una catapulta para el futuro de España. Es una superoportunidad, especialmente para las zonas despobladas», comenta.

Finalmente, aunque le gustaría que los textos tuvieran más ambición, un cierre más temprano del carbón y las nucleares, entre otras cosas, valora que poner todo ello sobre la mesa es un «salto cualitativo para una nueva era». «España poner a rodar la lucha contra el cambio climático con un papel de liderazgo tanto en la Unión Europea como a nivel global. Hay muchos detalles que nos gustarían de otra manera, pero este paquete supone pasar de un país anclado en las energías sucias a un país poderoso que se propone ser 100% limpio en 2050. Es muy ilusionante», concluye.

Por su parte, desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha destacado que se está hablando «de una cuestión de Estado, muy por encima de cualquier diferencia política, territorial y sectorial» ya que «el marco que propone el Gobierno debería marcar un suelo para nuestra ambición y una prioridad absoluta para la próxima legislatura a todos los niveles del gobierno, y para todas las siguientes legislaturas hasta final del siglo». Por ello, han hecho un llamamiento «a un debate responsable e inclusivo en la consulta pública y en las campañas electorales, y a una movilización social masiva» ante este reto.

«Incompatible» con eficiencia y competitividad

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) cree que el borrador del PNIEC es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo e impide también que España mantenga su actual producción industrial, de exportaciones y de empleo. «El borrador no refleja en absoluto el supuesto acompañamiento al sector industrial y el marco de apoyo a la cogeneración en la industria al que aludía el Gobierno en su presentación de propuesta del plan», ha puesto de relieve la asociación.

Además, Acogen ha criticado que la propuesta «no sólo no aprovecha el potencial económico de cogeneración de alta eficiencia evaluado en España y Europa, sino que apunta un calendario de cierre de las cogeneraciones en funcionamiento (una de cada tres) totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea«. En esta línea, ha alertado de que la eliminación de una de cada tres cogeneraciones podría conllevar «graves consecuencias» para la industria manufacturera y para la calidad del suministro eléctrico en los polígonos industriales, por lo que se pondría en «grave y directo peligro» la competitividad del 6% del PIB industrial español y más de 60.000 empleos industriales.

El Gobierno estima que el recibo de la luz antes de impuestos bajará un 12% en el horizonte 2030

Europa Press.- El Gobierno estima que el recibo de la luz bajará un 12% antes de impuestos en 2030 respecto al precio actual debido a las medidas para la descarbonización que se incluyen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

En concreto, la previsión es que, a partir de 2030, el precio medio de la luz descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías baratas y competitivas, lo que favorecerá a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que esta rebaja en el recibo de la luz sería mayor si se incluyera un paquete de fiscalidad en el que ya se está trabajando con el Ministerio de Hacienda. «Pero aún no hay medidas fiscales concretas», añadieron.

El Gobierno complementará el conjunto de medidas recogidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima con la Estrategia contra la Pobreza Energética, en fase de elaboración. En este sentido, las mismas fuentes señalaron que se está trabajando también en decidir «un nuevo bono social» energético, cuando actualmente existe el eléctrico y se creó el térmico en 2018, que podría ir en la línea de un bono «multicombustible y que sea lo más elástico posible«, en la línea del que existe en países de nuestro entorno como Portugal o Francia.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió que las inversiones, pese a ser inmediatas tras la aprobación del plan, tienen un cierto retraso hasta que se hacen visibles. Por ello, ha explicado que estas inversiones comenzarán a ser «claras» a partir del año 2025, fecha a partir de la cual el efecto exponencial de las inversiones supondrían una rebaja «aún más pronunciada». Además, esta hoja de ruta del Gobierno a 2030 hacia la descarbonización prevé unos efectos macroeconómicos que pasan por una movilización de unos 236.000 millones de euros en la próxima década.

El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante, unos 47.000 millones, serán inversiones de las distintas administraciones públicas, que actuarán como palanca de la financiación privada y que se centrarán, fundamentalmente, en ayudas de ahorro y de eficiencia energética. Asimismo, la menor importación de combustibles fósiles, especialmente petróleo y carbón, y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% en 2017 al 59% en 2030, lo que mejorará la seguridad energética nacional y la balanza comercial.

En concreto, la reducción de las importaciones se cuantifica en 75.379 millones de euros en la próxima década respecto al escenario tendencial, es decir, sin las medidas que plantea el plan. Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros al año entre 2021 y 2030, en torno a un 1,8% en 2030.

En lo que respecta al empleo, se generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos puestos de trabajo netos anuales, un aumento del 1,7% en 2030, según ha detallado Ribera. Las inversiones en renovables serán el principal motor de generación de empleo: entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos netos anuales. Le siguen las acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, especialmente rehabilitación, que generarán entre 42.000 y 80.000 nuevos empleos anuales.

“Un paso adelante» para Aelec

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, considera que el Plan de Energía y Clima «supone un paso adelante en la transición energética» del país. Las principales compañías valoran «positivamente» la apuesta por la electrificación que suponen estas medidas como vía para alcanzar la descarbonización de la economía y la sociedad, avanzando así «en la dirección marcada desde la Unión Europea y establecida en los acuerdos de París».

Aelec destaca que este paquete «pone en valor la importancia de la energía eléctrica» ya que incrementa el peso de las energías renovables en el mix energético español, apostando por el desarrollo de la movilidad eléctrica y por la innovación tecnológica para seguir avanzando en los usos de la electricidad. Finalmente, esta asociación considera que estas medidas «deben servir para sentar las bases de un marco normativo estable, que ofrezca una rentabilidad razonable, y así dar señales claras que hagan posible las cuantiosas inversiones que habrán de acometerse para llevar a cabo la transición energética».