El PP propone un pacto de Estado en materia de energías renovables y clarificar el mix energético con más planificación

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Europa Press.- El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, ha propuesto la necesidad de impulsar un pacto de Estado en materia de energías renovables para que en España no se cambie el modelo «cada 4 años» porque eso no ofrece seguridad jurídica ni al inversor ni al consumidor. Además, ha defendido «clarificar el mix energético» y cuánto se quiere de cada energía.

García Egea ha afirmado que hay que «apostar por las energías renovables» y que «puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de energías», sin que ello implique que «deban estar primadas». Por ello, el número dos del PP ha asegurado que «hace falta saber exactamente cuál va a ser el mix energético y no cambiarlo continuamente». A su entender, la mejor política sobre energía renovable a futuro pasa por «clarificar el mix energético».

García Egea ha indicado que la «baja planificación del mix energético ha perjudicado más al consumidor que a las grandes empresas eléctricas porque «en la factura existen unos costes indirectos que están claramente no relacionados con la cuestión eléctrica«. Por eso, ha defendido abrir un debate sobre quién debe pagar esos costes indirectos y que hacen que España no pueda competir con otros países con el precio de la electricidad. «A todo eso habría que darle una pensada y abrir un pacto de Estado en materia energética para que todos esos costes no fueran directamente a la factura eléctrica y pudiéramos aumentar la competitividad de la factura eléctrica», ha manifestado.

A renglón seguido, García-Egea ha recalcado que «claramente es necesario impulsar un pacto de Estado en materia de energías renovables». «Lo que hemos visto durante todo este tiempo es un ejemplo de cómo se recorta a futuro», ha apostillado. Además, ha dicho que el Gobierno socialista no tiene «clara» cuál es la política de electrificación del transporte y ha apostado por impulsar planes de mejora, de forma que el «vector eléctrico sustituya al vector de combustión», lo que hará que los costes fijos del sistema «se repartan entre más consumidores, consiguiendo abaratar la factura eléctrica».

García Egea ha criticado que el Gobierno haya pactado «sin consenso» la composición del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), llegando a un acuerdo con Podemos, un partido que quiere la «desnuclearización en España», y «sin saber cuál va a ser el mix energético». También ha censurado anuncios del Gobierno como acabar con el diesel «en 10 o 15 años» algo que, a su entender, puede llevar a una recesión industrial.

En cuanto al plan Madrid Central que ha impulsado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, García Egea ha afirmado que «todos» están a favor de reducir la contaminación y de que haya menos tráfico, pero ha criticado «la forma de la izquierda» para llevarlo a cabo, ya que, a su juicio, apuesta por la prohibición en vez de «más libertad, más productividad». En este sentido, ha señalado que la solución pasa por electrificar la economía, mejorar el parque móvil y dar facilidades a aquellos que tienen que moverse en la almendra central para que puedan entrar y salir «sin generar colapsos de tráfico». Además, ha defendido medidas como un plan de renovación de calderas de carbón para reducir la contaminación.

La Fundación Renovables propone distinguir entre precio marginal y retribución en el nuevo diseño europeo del mercado de la electricidad

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Europa Press.- La Fundación Renovables ha propuesto distinguir entre el precio marginal y la retribución en el nuevo diseño europeo del mercado de la electricidad, de forma que no todos los kilovatios por hora (kWh) que se viertan a la red eléctrica sean retribuidos al mismo precio.

La Fundación propone que se establezcan procesos de competencia para desacoplar los precios del mercado y la retribución de las distintas tecnologías. Asegura que es necesario distinguir entre el precio del mercado, que refleja el coste marginal del sistema, y la retribución que tendrían que recibir las distintas tecnologías y que debiera ser cercana a sus costes medios. No objeta que el precio del kWh en el mercado pueda ser único y servir como referencia para guiar las decisiones de consumo, pero sí que sea la base para fijar las retribuciones de todas las centrales.

Para desacoplar los precios y la retribución de las distintas tecnologías propone hacer competir a las nuevas centrales para acceder al mercado, por ejemplo, a través de subastas, como ya se hace con las inversiones en renovables de forma que, mediante la competencia en el momento de la inversión, la retribución de las nuevas centrales reflejaría sus costes medios y se preservarían sus incentivos a producir solo cuando resultara eficiente.

En cuanto a la fijación del mix de generación y de los mecanismos de asignación de nueva generación, la Fundación Renovables advierte de que las inversiones solo se van a llevar a cabo si su retribución esperada es estable, sobre todo cuando la mayor penetración de renovables deprima los precios en el mercado y sea necesario que el regulador ofrezca «señales claras» del valor que aporte cada nueva central generadora. Para ello, propone otros criterios, como la capacidad de respaldo, sistemas de almacenamiento, oportunidad de sustituir a otra tecnología no renovable o capacidad de gestión flexible. Se trata, de «no dar pasos equivocados apostando por inversiones en instalaciones no renovables que hipotecan el sistema y no tienen el futuro garantizado».

Las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP firman el protocolo con Enresa para el cierre de las centrales nucleares

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Europa Press.- Las compañías energéticas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP y la sociedad Enresa han firmado un protocolo de acuerdo para el cierre de las centrales nucleares entre 2025 y 2035. En concreto, el protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo).

Las discrepancias entre las tres grandes eléctricas respecto a las nucleares surgió en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargar su vida útil más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo. No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió en febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico español algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

Cierre ordenado de las centrales

De esta manera, entre 2025 y 2030 se producirían los cierres de las dos reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 tan sólo abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años. No obstante, Endesa quiere que el protocolo no recoja un calendario de fechas «definitivas» de cierre para los distintos reactores, sino que sea «flexible» y «orientativo».

Asimismo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó que la energética estaba «alineada» con el PNIEC aunque señaló que «nadie sabe lo que va pasar en los próximos años» e indicó que era necesario adoptar decisiones según vaya siendo una realidad en el futuro, ya que se debe ajustar bien la entrada de la nueva potencia de renovables con la salida de fuentes como el carbón y la nuclear. Endesa amortiza sus activos nucleares a los 50 años de vida útil, con un impacto en amortizaciones en sus resultados si se recorta este periodo. El calendario establecido en el protocolo debe servir para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales.

La demanda de energía eléctrica desciende un 5,2% en febrero y la energía nuclear es la principal fuente de generación

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Europa Press.– La demanda peninsular de energía eléctrica en febrero fue de 20.174 gigavatios por hora (GWh), lo que supone un descenso del 5,2% en relación al pasado año, una caída que se reduce al 2% si se tienen en cuenta los efectos de calendario y temperaturas. Según datos de Red Eléctrica de España, entre enero y febrero la demanda eléctrica ha sido de 43.426 GWh, un 1% por debajo del mismo periodo del año pasado, un 0,7% con los datos corregidos.

En su conjunto, las tecnologías de energía eléctrica que no emiten dióxido de carbono (CO2) generaron cerca del 63% del total en la península en el mes de febrero. En cuanto a las fuentes de energía renovable, estas representaron el 38% de la producción. Además, la producción de origen eólico en febrero alcanzó los 3.619 GWh, lo que supone una caída de casi el 22% en relación al pasado año.

De esta forma, tras la nuclear, que es la fuente que mayor cuota de mercado presentó en febrero, un 24,3%, se sitúan la eólica (18,5%); la hidráulica (12,9%); la de ciclo combinado (12,7%); la de cogeneración (12,2%); y la del carbón (11,5%). Le siguen la solar fotovoltaica, con el 3% de toda la generación; la solar térmica (1,4%); los residuos no renovables (0,9%); los bombeos (0,8%); y los residuos renovables (0,3%). El conjunto de otras tecnologías renovables alcanza el 1,5%.

Las renovables aportaron un 17,5% del consumo final de energía en 2017 frente al 10,7% de 2008, según el IEE

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Europa Press.- La proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en España un promedio de 17,5% en 2017, lo que ha supuesto un incremento de 7 puntos porcentuales respecto a 2008 (10,7%), según datos recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Este porcentaje coincide justo con la media europea, que también registra una aportación del 17,5%, lo que supone un nuevo avance hacia el objetivo de lograr una media del 20% que se ha fijado para 2020 en la Unión Europea. 11 países europeos ya han alcanzado sus objetivos nacionales. Suecia se sitúa en primera posición como el país donde la energía renovable cuenta con una mayor aportación en el consumo final bruto de energía en 2017, un 54,5%, frente al 45,2% que registró en 2008, año en el que también lideraba la lista. A continuación, superando la aportación del 30%, figuran Finlandia (41,0%), Letonia (39,0%), Dinamarca (35,2%) y Austria (32,5%). Estonia supera el 29%, mientras que Portugal alcanza el 28%.

Croacia (27,3%), Lituania (25,8%), Rumanía (24,5%), Eslovenia (21,5%), Bulgaria (18,7%) e Italia (18,3%) también superan la media europea, que iguala España con una aportación del 17,5%. En el otro extremo, Luxemburgo cierra la lista, con una aportación de únicamente el 3,5%. Le siguen, con una aportación inferior al 10%, Malta (3,7%), Países Bajos (4,7%), el Reino Unido (5,3%), Bélgica (7,5%), Irlanda (7,6%) y Chipre (8,1%).

La CNMC considera «adecuado» el decreto que regula el autoconsumo de electricidad pero sugiere mejoras antes de su aprobación

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el real decreto ley que regula el autoconsumo de energía eléctrica constituye un marco «adecuado» para su desarrollo, aunque propone la mejora de la definición de qué se entiende por instalaciones próximas y clarificar el mecanismo de compensación simplificada.

El regulador ha emitido un informe sobre la propuesta del Gobierno para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo energético, considerando que «en líneas generales» crea un marco normativo que permite «el impulso definitivo» al autoconsumo. La CNMC cree que simplifica las modalidades de autoconsumo y los trámites administrativos y de registro, que define el concepto de instalación próxima a los efectos de regular el autoconsumo colectivo o que confirma la eliminación del cargo a la energía autoconsumida.

También destaca que la propuesta crea un mecanismo de compensación simplificada para retribuir al autoconsumidor con excedentes los vertidos de energía a la red, y facilita la instalación de elementos de acumulación sin más requisitos que cumplir las normativas de seguridad y calidad industrial, al mismo tiempo que ha tenido en cuenta elementos «de gradualidad y prudencia» a la hora de regular los aspectos más novedosos introducidos por el decreto.

No obstante, y sin perjuicio de esta valoración positiva, la CNMC matiza que, respecto a la definición de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas, se debería detallar mejor cómo medir los 500 metros, así como relajar el criterio de referencia catastral para las fincas rústicas (además de aludir al sistema catastral foral). En relación con el mecanismo simplificado de compensación de excedentes, cree que se debería clarificar su aplicación para los consumidores que realicen autoconsumo colectivo sin excedentes.

Con carácter transitorio y para las instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la propuesta, el regulador sugiere relajar la limitación de permanencia de un año como mínimo, desde el alta o modificación del contrato de acceso, en la modalidad de autoconsumo elegida, sin perjuicio de que los sujetos deban cumplir con todas las obligaciones y requisitos que conlleve la nueva modalidad. También recomienda incluir una habilitación normativa expresa que permita al Gobierno establecer y revisar modelos de contrato (en particular, el relativo al mecanismo de compensación simplificada) y de comunicación que deban utilizarse en los intercambios de información entre los distintos agentes (autoconsumidor, distribuidor, comercializador, comunidades autónomas) en el procedimiento administrativo del autoconsumo.

En cuanto a la eliminación de las limitaciones a la representación del autoconsumo en el mercado, propone la eliminación de la limitación prevista en el artículo 53.5 del mismo real decreto, siempre y cuando dicha representación se limite a las energías renovables ligadas al autoconsumo. Por último, considera «en exceso restrictivo» descartar como ubicaciones no válidas para los equipos de medida todas las cubiertas donde se ubiquen las instalaciones de producción, ya que algunas de dichas cubiertas podrían ser transitables.

Dos meses quedan para la recepción de propuestas a incluir por REE en la planificación de la red de transporte

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Europa Press.- Red Eléctrica de España ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para recibir las propuestas de desarrollo de la red de transporte remitidas por los agentes del sector eléctrico, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y los promotores de nuevos proyectos de generación eléctrica, según indicó la compañía.

Una vez reciba las propuestas, la compañía, en su calidad de operador del sistema, remitirá antes de 2020 al Ministerio de Transición Ecológica la propuesta inicial de planificación de infraestructuras de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2021-2026. Según REE, esta nueva planificación será un instrumento «de especial relevancia» en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, enviado para su tramitación a la Comisión Europea. Esta planificación también será un instrumento fundamental para el logro del Mercado Interior de la Energía en Europa mediante la puesta en servicio de nuevas interconexiones internacionales.

Entre los principios definidos para la elaboración de la nueva planificación destacan el cumplimiento de los compromisos en materia de energía y clima que se concreten en el PNIEC 2021-2030, así como maximizar la integración de renovables en el sistema eléctrico y posibilitar su evacuación en zonas con alto potencial de desarrollo de las mismas y siempre que sea medioambientalmente posible. Además, será prioritario la mejora y actualización de la red existente y la utilización de nuevas tecnologías. Igualmente, se tendrá en cuenta la eficiencia económica, la reducción de restricciones técnicas y las pérdidas de la red; y todo ello garantizando la seguridad de suministro.

La propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte incluirá para cada una de las nuevas infraestructuras una memoria justificativa de su contribución a los principios definidos para la planificación, alternativas de desarrollo y las razones que avalan la opción elegida como óptima para el sistema eléctrico. De tal manera que ninguna instalación que no presente un análisis coste/beneficio positivo podrá llevarse a cabo.

El proceso de elaboración de la planificación de la red de trasporte de electricidad se define como un proceso en el que intervienen los sujetos interesados en el desarrollo de la red de transporte y la sociedad representada por las comunidades autónomas, estableciendo trámites para la participación de todos los posibles interesados. El PNIEC constituye la hoja de ruta hasta 2030 de la estrategia definida por la Comisión Europea en materia de energía y cambio climático, con el objetivo de conseguir una sociedad europea descarbonizada y con un suministro energético basado en su totalidad en las energías renovables en 2050.

El PP presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si la renovación del CSN se completa con el Congreso disuelto

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha anunciado que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, se completa con las cámaras disueltas y sin conseguir el aval del Congreso para sus nombramientos. La propuesta necesitaba el apoyo de tres quintos, pero el PP votó en contra mientras que Ciudadanos decidió renunciar a la votación.

«Al ser una institución el CSN con control directo por parte del Parlamento, creemos que se están violando los derechos de los diputados a elegir esos miembros», denunció el diputado popular. «Si como todo parece indicar la renovación se completara, entendemos que el Gobierno continúa con el asalto a las instituciones al nombrar estos cargos con las cámaras disueltas», insistió Mariscal. Lo cierto es que los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar el CSN no han conseguido el aval del Congreso para sus nombramientos.

Los 4 nombres propuestos para el regulador, Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE, José María Serena, candidato de PDecAT y Francisco Castejón de Unidos Podemos, comparecieron ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que debía votar su idoneidad para el cargo. Tanto PSOE, como Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís ha votado a favor de esta propuesta, mientras que PP ha votado en contra y Ciudadanos abandonó la sesión antes de que se produjera la votación en protesta por el proceso de elección de este Consejo.

El PP ha explicado, a través de su portavoz Juan Juncal, que Romera y Serena sí tienen un perfil profesional. Sin embargo dudan de la «independencia» y del posible conflicto de intereses de Lucio, exportavoz socialista en esa misma comisión hace unos meses, y Castejón, portavoz de política antinuclear de Ecologistas en Acción. Los populares también reiteraron que se está «vulnerando su derecho» a la elección porque este proceso de nombramiento se va a completar con las Cortes ya disueltas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, ha explicado que no ha venido a hacer política para «participar en estas cacicadas» y, aunque ha señalado que los perfiles presentados eran técnicos, cree que el nombramiento de estas personas «siempre estarán manchadas por estar puestas a dedo«. La diputada recordó que esta ha sido siempre la postura de su partido en este tipo de procesos. Así, los naranjas no participaron en la votación para el Consejo de RTVE, ni en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

UGT exige a Naturgy planes de acompañamiento que eviten la pérdida del empleo por el cierre de las centrales térmicas

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Europa Press.– UGT-FICA ha exigido a Naturgy que presente planes de acompañamiento dirigidos a evitar la pérdida de cerca de 250 empleos directos y 700 indirectos y del tejido industrial de las zonas afectadas, en caso de que finalmente se ejecute el cierre de las centrales térmicas.

En concreto, se refiere a las centrales térmicas que Naturgy tiene en Narcea (Asturias), Meirama (Galicia) y La Robla (Castilla y León). El secretario general de la sección de Industria, de UGT, Pedro Hojas, reiteró la posición de la federación en la defensa del mantenimiento de la actividad de las plantas térmicas y de los puestos de trabajo, así como «del futuro de pueblos enteros y comarcas», que, sin estas centrales, considera «están abocadas al empobrecimiento y a la despoblación».

Por ello, ha insistido en la necesidad de alcanzar un Plan Energético Nacional, con la participación de todos los agentes directamente implicados como administraciones públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos, en el que se defina un mix energético para los próximos años que pueda contribuir a conseguir una transición energética «justa, equilibrada y socialmente responsable, en sintonía con las exigencias de la Unión Europea«.

El anuncio del cierre de las 3 centrales es posterior a la finalización del proceso de adecuación de la central térmica de La Robla a los requisitos sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) exigidos por la Unión Europea para poder seguir funcionando y de la adecuación en un 90% de la central de Narcea. A pesar de estas inversiones, UGT cuestiona a Naturgy por mantener el cierre de las 3 centrales térmicas «sin haber presentado hasta la fecha ninguna alternativa industrial que palíe los efectos negativos de estos cierres«.

Las organizaciones ecologistas ven con «estupor» la «extralimitación» de Martí Scharfhausen por pedir paralizar la renovación del CSN al Congreso

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Europa Press.- Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de «peculiar» e «inédita» la carta remitida por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pide aplazar la elección de los nuevos miembros del pleno del organismo regulador para evitar el nombramiento del candidato propuesto por Unidos Podemos, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

A Ecologistas en Acción le ha causado «estupor» leer la misiva porque no considera que ser «crítico con las nucleares» inhabilite a Castejón para garantizar la seguridad nuclear y se plantea más bien lo contrario, si los españoles pueden estar «más tranquilos» porque la mayor parte de los consejeros sean «abiertamente pronucleares, especialmente tolerantes y poco críticos» con ciertas situaciones. Además, acusa a los miembros del pleno de en ocasiones poner «aparentemente» los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema.

En este contexto, ve en la propia carta una «prueba más» de la urgencia de la renovación del CSN porque considera «de suma gravedad» sus acusaciones. «Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida», lamenta. Para la ONG, la «insinuación» realizada por Scharfhaussen de que Castejón está «en litigio contra el CSN no se sostiene», porque sus declaraciones representan a la organización Ecologistas en Acción y no a una «persona concreta». Además, considera que no se puede poner en cuestión la «cualificación y solvencia técnica» de Castejón.

Por ello, considera que su incorporación al CSN por su «visión» debería ser «casi obligada» en un órgano «asesor» que debe buscar «equilibrios y proteger adecuadamente» la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear. Ecologistas agradece a Castejón sus años de trabajo altruista porque nunca ha mantenido una relación «remunerada, laboral o profesional» sino que su participación fue un «ejercicio activo» de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación.

Greenpeace va más allá y denuncia el «grave intento» de Martí Scharfhaussen de «usurpar las funciones del Parlamento» y ha anunciado si esta actuación de «extralimitarse» en sus competencias es constitutiva de delito porque no considera que sea función de Scharfhaussen asesorar al Congreso o a su Presidencia sobre los nombramientos de miembros del regulador. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, miembro también del Comité Asesor del regulador nuclear, cree que Fernando Martí ha mostrado «de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos».

Así, recuerda que desde hace año y medio está reprobado por el Congreso de los Diputados y que la idoneidad del nombramiento de los miembros del pleno del CSN corresponde al Congreso de los Diputados, según la ley de creación del CSN. Finalmente, acusa al presidente de usar su cargo «por encima de las funciones» que tiene atribuidas y le acusa de falta de independencia.

Equo pide una nueva reprobación

Por su parte, Equo, formación que pertenece al grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, pidió en el Congreso la reprobación del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, por «interferencias» en la renovación del regulador, en referencia a la polémica carta. Equo considera que la actitud de Scharfhausen es «una maniobra para interferir en las decisiones» y una «extralimitación de las funciones que debe tener la presidencia del organismo». Asimismo, recuerdan que el presidente del regulador ya fue reprobado «por su mala gestión del organismo» en 2016 y 2017 pero, a su juicio, esta actuación «tratando de frenar la renovación del CSN supera su nefasta gestión”.

«Se da la circunstancia de que Martí fue Secretario de Estado con el PP, partido que lo nombró. A diferencia de Francisco Castejón, que es doctor en física nuclear, Martí no tenía ninguna experiencia previa en materia nuclear», ha apuntado el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos y diputado de Equo, Juan López de Uralde. En su opinión, el nombramiento de Martí Scharfhausen fue «estrictamente político», por ello, le preocupa que esté utilizando argumentos «puramente ideológicos» contra una persona que es «técnicamente solvente», para tratar de frenar la renovación del CSN. «Está interfiriendo gravemente en la actividad del Congreso, tratando de sustituirlo. Su actuación es disparatada» ha concluido Uralde.

Ciudadanos pide un informe jurídico

Por otro lado, Ciudadanos ha presentado un escrito en el Congreso solicitando a los servicios jurídicos de la Comisión para la Transición Ecológica un informe sobre la legalidad del procedimiento de renovación del CSN y, en concreto, por un posible conflicto de intereses del candidato ecologista promovido por Unidos Podemos. Según fuentes de la formación naranja, esta iniciativa es también consecuencia de la polémica carta de Martí Scharfhausen. Las mismas fuentes han explicado que esta propuesta no tiene que ver con los perfiles presentados y pactados por el Gobierno, sino con el sistema de renovación del Consejo, basado en el nombramiento «a dedo» del organismo.