La central nuclear de Almaraz realiza su simulacro anual de emergencia

El CSN participó en dicho ejercicio, tanto desde la Sala de Emergencias (Salem) como desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Cáceres, realizando el seguimiento de la instalación y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad y para la adopción de medidas de protección radiológica, según informó el CSN.

El ejercicio se inició a las 10 horas de la mañana del jueves con la declaración de una prealerta de emergencia debida a daños en el combustible en la unidad II, tras lo que se simularon dos incendios, uno en cada unidad, en cuya extinción resultaron heridos cinco trabajadores.

Uno de ellos fue trasladado al Hospital de Navalmoral de la Mata y el resto fueron atendidos por el servicio médico de la planta, que atendió a su vez a un trabajador que resultó contaminado.

A lo largo del simulacro se llegó a declarar la «Emergencia General» (Categoría IV) del Plan de Emergencia Interior (PEI) debido a la pérdida temporal de capacidad de refrigerar el reactor de la unidad I.

Ante esta situación, siguiendo criterios radiológicos el CSN recomendó a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres el confinamiento de las poblaciones situadas en un radio de tres kilómetros, ampliado hasta 5 kilómetros para las que están localizadas en la dirección del viento.

Para esta última zona se recomendó la preparación de profilaxis radiológica y una posible evacuación y, como medida adicional también se sugirió la preparación de las Estaciones de Clasificación y Descontaminación y el CSN activó los apoyos externos para la realización de los controles radiológicos pertinentes.

Durante el ejercicio el CSN llegó a activar a los grupos de apoyo de la Salem tal y como requiere el modo 2 de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE).

Según informó el CSN, sucesos de esta naturaleza habrían sido clasificados como Incidentes Importantes de nivel 3 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Los alcaldes del entorno de Garoña quieren participar en las decisiones sobre la solicitud de la central para poder operar hasta el año 2031

Así lo acordaron tras una reunión de zona celebrada en Valle de Tobalina para analizar la solicitud de renovación de la licencia de la central de fusión nuclear.

En este contexto, manifestaron su apoyo a la posibilidad de que el reactor burgalés obtenga una prórroga de su licencia, siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita un informe favorable y que la empresa explotadora, Nuclenor, realice las inversiones que se le exijan.

Además, recordó que desde junio de 2009 es conocida su defensa de que si una central nuclear es segura debe seguir funcionando y que, en todo caso, la decisión debe basarse en criterios técnicos y no políticos.

Sin embargo, puesto que Nuclenor pidió ampliar su licencia de operación hasta 2031, los alcaldes del entorno creen que «una decisión de este calado no puede tomarse sin consultar a los municipios del entorno, máxime cuando no sólo afectaría a Garoña, sino que abriría una vía de futuro para las demás centrales nucleares de España».

Igualmente, reclamaron que la nueva licencia, de otorgarse, debe ir acompañada por un «compromiso firme» por parte del Estado para cubrir las necesidades de dotación económica de los planes de emergencia nuclear exterior.

Por último, recordó que en la actualidad, AMAC y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias están analizando conjuntamente los planes de emergencia nuclear exterior para identificar estas necesidades de manera consensuada, lo cual dará la oportunidad de asegurar que España cuenta con unos planes de emergencia adecuados a la experiencia de Fukushima, tal y como aconsejan las autoridades europeas.

La empresa minera Berkeley clasifica los residuos de su planta en España como radiactivos, como pidió el CSN

En la documentación, presentada recientemente, la empresa ha incluido los depósitos del hueco de mina para el almacenamiento a largo plazo como parte de la instalación radiactiva de primera categoría, y considera como residuos radiactivos los generados en la planta. Una vez incorporada esta consideración, tal y como demandó el CSN, se reanuda el proceso de licenciamiento de la planta.

Asimismo, el pleno del CSN aprobó el informe al Parlamento correspondiente a las actividades desarrolladas por el organismo en el 2013, en el que se recogen las actividades realizadas por el CSN en cuanto a la supervisión y el licenciamiento de las instalaciones y actividades relacionadas con las radiaciones ionizantes, así como, de cualquier otra actividad que haya tenido relación con la seguridad nuclear y la protección radiológica en España.

Asimismo, dio luz verde a un informe de respuesta a Industria en relación con la propuesta de modificación de la Ley 25/1964 sobre energía nuclear, para introducir la regulación de los terrenos contaminados radiológicamente, estableciendo la definición y criterios para la declaración de suelos contaminados y de suelos con usos restrictivos, por razones radiológicas, para su posterior desarrollo en reglamento.

El pleno también aprobó el V Informe nacional para la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado sobre Seguridad en la Gestión de Residuos Radiactivos. El Ministerio de Industria ha coordinado a nivel nacional la fase de redacción del informe nacional, en la que han participado CSN, Enresa y también el propio Minetur. Este informe será examinado a nivel internacional en la reunión de revisión que tendrá lugar en Viena en mayo de 2015. Estos informes deben presentarse cada tres años y tienen por objeto dar cuenta del grado de cumplimiento de las obligaciones de la Convención.

El director de la central nuclear de Cofrentes afirma que la instalación está en «la mitad de su vida útil»

Felipe Galán, que se pronunció de esta manera durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas, también asegura sin embargo que estos plazos dependen de las revisiones periódicas de seguridad que la central tiene que superar cada diez años por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En este sentido explicó que la actual revisión tiene la garantía hasta marzo de 2021 y que hay que solicitar la siguiente en 2020. «Si fuéramos a cumplir los 40 años, sería tres años antes», apuntó Galán antes de afirmar que «es una ITV que tenemos que pasar».

Galán destacó que la central ha funcionado en 2013 «sin incidencias» y que lleva «más de cinco años sin paradas automáticas» ya que la última se produjo en mayo de 2009. En este sentido, apuntó que en 2013 notificaron nueve sucesos al organismo regulador y sólo uno en lo que llevamos de 2014. Todos ellos, precisó, han sido por debajo de Nivel 0 en la Escala Nacional de Sucesos y «ninguno ha tenido impacto en la seguridad de la planta». Del mismo modo, también informó de que la instalación abastece anualmente un tercio de la demanda total de electricidad de la Comunidad y que las inversiones acumuladas desde 2009 hasta 2013 rondan los 230 millones.

Por otro lado, desde los grupos de la oposición expresaron sus preocupaciones por la seguridad de la central nuclear de Cofrentes ante posibles siniestros naturales como los terremotos. De hecho, el diputado de Izquierda Unida, Lluís Torró, cuestionó que «no se pueda rehacer la resistencia de la central, salvo la de algunos elementos mecánicos». «Cada vez que viene me quedo un poco más intranquilo», añadió.

Galán, en respuesta, declaró que esta infraestructura está preparada para soportar seísmos «mucho mayores» de los que se han registrado en España ya que se han ido sustituyendo aquellos elementos «más sensibles» del centro, como son los componentes eléctricos para «garantizar que los generadores diésel soporten un terremoto de mayor intensidad» y sigan funcionando tras el siniestro. En este sentido, Galán afirmó que Cofrentes, desde el punto de vista del cumplimiento de normas de seguridad planteado por el CSN, está «por encima de lo exigido» en cuando a capacidad de soportar la aceleración del terreno producido en un movimiento telúrico.

El diputado del Partido Popular, Jaime Mundo, defendió que la Comunidad Valenciana tiene una «central segura» e instó a toda la oposición a que ese sea «el mensaje que tenemos que transmitir a la gente».

Industria dicta servicios mínimos por huelgas de Ascó y Vandellós

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), ante la ampliación de la convocatoria de varios días de huelga ya prevista entre el 16 de mayo y el 8 de diciembre, el ministerio dictó nuevos servicios mínimos para los días suplementarios de cara a preservar la estabilidad del sistema eléctrico.

Las nuevas convocatorias obligaron a dictar nuevos servicios mínimos para las siguientes fechas: desde las 00.00 horas del día 10 a las 06.00 horas del día 11 de junio; desde las 18.00 horas del días 11 de junio a las 24.00 horas del día 12 de junio; desde las 00.00 horas del día 1 y las 24.00 horas del día 30 de septiembre; y desde las 00.00 horas del día 13 de octubre y las 24.00 horas del día 6 de noviembre.

Según la convocatoria de la huelga, las unidades productivas en operación mantendrán su potencia eléctrica reducida al 50% en concordancia con la proporción de horas de huelga en dos días laborables dentro de cada uno de los periodos y durante las horas afectadas por la misma deberán quedar interrumpidas todas aquellas tareas relacionadas con la operación normal.

El documento remite al Real Decreto aprobado por el consejo de ministros en su reunión de 7 de octubre de 1988 sobre prestación de servicios mínimos en las empresas afectadas al servicio público de suministro de energía eléctrica ante situaciones de huelga.

Industria responde al PP vasco que no cambiará su postura sobre Garoña

Fuentes del Ministerio que dirige José Manuel Soria aseguraron que «el criterio del Gobierno es el criterio del Gobierno» y que no se va a cambiar después de dos años.

Estas declaraciones se producen después de que este jueves, el PP vasco en bloque, y no sólo el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto como venía siendo habitual, pidiera, por primera vez, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no reabra la central nuclear.

El PP vasco respaldó un texto pactado entre PNV y PSE, y apoyado también por EH Bildu, por el que la Cámara de Vitoria reclama, una vez más, al Gobierno central que no autorice la reapertura de Garoña, parada desde diciembre de 2012.

El portavoz del Grupo Popular, Borja Sémper, justificó el cambio de su partido como una «evolución» y una «adecuación a la situación actual», y aseguró que la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, haría todo lo que esté en su mano para «intentar condicionar la posición futura del Ministerio de Industria sobre Garoña».

Fuentes del Ministerio descartaron que Quiroga se haya puesto en contacto, por el momento, con José Manuel Soria para abordar esta cuestión.

El Consejo de Administración de Nuclenor, la sociedad que explota la planta nuclear, solicitó el pasado 28 de mayo a Industria la renovación del permiso de explotación de la central de Garoña hasta 2031, después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretara el cese de su actividad pese al informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El PP vasco se suma por primera vez al rechazo sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña

Esta es la primera ocasión en la que el PP vasco se pronuncia en la Cámara autonómica en contra de la reapertura de estas instalaciones, aunque el parlamentario «popular» y alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ya se había desmarcado en debates anteriores de la disciplina de voto de su partido, posicionándose a favor del cierre definitivo de Garoña.

La iniciativa fue aprobada por el pleno del Parlamento vasco, que debatió acerca de este asunto a propuesta del PSE-EE. Finalmente, los socialistas acordaron un texto con el PNV, que también ha sido apoyado por EH Bildu y el PP, mientras que UPyD se abstuvo.

La Cámara vasca aprobó este pronunciamiento una semana después de que Nuclenor (coparticipada al 50% por Endesa e Ibredrola) solicitara al Ministerio de Industria la renovación del permiso de explotación de la planta, una medida que depende de los informes técnicos que debe realizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La petición se realizó después de que el Gobierno central modificara a principios de año la normativa sobre este tipo de instalaciones. El cambio que permite solicitar la reapertura de una central después de que su licencia haya caducado, si la paralización se había producido por razones económicas y no de seguridad.

A través de este texto acordado por el PSE-EE y el PNV, el Parlamento vasco insta al Gobierno central a «no autorizar» una nueva licencia para la reapertura de la central, que permanece cerrada desde 2012 después de más de 40 años de actividad. Esta petición, se realiza «en coherencia con los reiterados pronunciamientos» que en este sentido han realizado las instituciones vascas.

El Parlamento, según se recoge en la proposición no de ley, solicitará el amparo de la Comisión europea ante una posible reapertura de la central, con el fin de que el Ejecutivo europeo «supervise el procedimiento de concesión» de una eventual licencia para que pueda reiniciar su actividad.

También se espera que, de esta forma, «se asegure el cumplimiento de las exigencias de seguridad» impuestas en los últimos años tras la catástrofe nuclear de la central nuclear de Fukushima (Japón).

El parlamentario del PSE, Txarli Prieto, que había presentado la propuesta original en torno a este asunto, reprochó al Gobierno central que haya optado por «desdecirse» al cambiar la normativa sobre este asunto, de forma que con su actitud abre la puerta a que siga adelante una actividad «altamente peligrosa» desarrollada por una central que tendría que «cerrar la persiana» debido a su antigüedad.

Además, criticó a Maroto su «oportunismo» y la falta de «credibilidad» de su discurso. Prieto lamentó que el parlamentario haya optado en su intervención por un discurso «frívolo» y centrado en las críticas a otros partidos, en lugar de «responder de lo que hace» el Gobierno central de su partido. «Se puede esconder, pero usted es el alcalde de Vitoria y tiene que responder de lo que hace su partido», afirmó.

El parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramírez, afirmó que no es «aceptable» que el Gobierno central no atienda a las demandas de las instituciones que reclamaron el cierre definitivo de Garoña y afirmó que «no es justo que los dividendos de los accionistas» de Garoña se sitúen «por encima de la seguridad de miles de ciudadanos».

Por su parte, Dani Maeztu (EH Bildu) criticó que el Ejecutivo central haya cambiado la normativa sobre las centrales nucleares haciendo una regulación «ad hoc» que reduce la «presión fiscal» y las exigencias de seguridad a las empresas. Esto, a su juicio, habría podido hacerse «a cambio» de «financiación del partido» o de «sobres» de dinero. «No lo sé, puede elegirse cualquier opción, y seguro que se queda corta», añadió.

En una línea similar a la mantenida por Prieto, criticó la poca «coherencia» de Maroto, al que recordó que es su partido el que ha abierto la puerta a que Garoña reanude su actividad. Además, reprochó a Maroto que «se olvide» de su papel de parlamentario y que hable de las propuestas presentadas por EH Bildu en relación a este asunto sin habérselas «leído».

El parlamentario del PP y alcalde de Vitoria, Javier Maroto, aseguró que el gabinete de Mariano Rajoy «se ha enfrentado a las grandes empresas eléctricas» en cuestiones como la revisión del sistema de tarifas. Respecto a la decisión de votar a favor de la petición de la clausura de Garoña, reconoció que se trata de una decisión «difícil», aunque destacó que la planta «debe cerrarse ya».

Por su parte, Gorka Maneiro (UPyD) lamentó la «demagogia» con la que algunos partidos plantean este debate, y afirmó que, si las instalaciones «cumplen todos los requisitos», no debe haber impedimento para que sigan funcionando.

El PP vasco trabajará para «condicionar» la posición de Industria

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, aseguró que la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, va a hacer «todo lo que esté en su mano» para «condicionar» la futura posición del Ministerio de Industria y que no se reabra Garoña.

El portavoz explicó que el cambio de postura de su formación va a ser trasladada, tanto al PP nacional como al Gobierno central, y la presidenta autonómica, Arantza Quiroga, va a hacer «todo lo que esté en su mano» para «condicionar» la futura posición del Ministerio de industria.

«Creemos que tenemos mucho que aportar y nuestra posición también se debe de tener en cuenta en relación a la posición del Gobierno español a los temas que afectan a Euskadi», indicó.

Respecto al cambio de postura, explicó que responde a un «debate interno» en el que se ha escuchado, tanto la postura del alcalde Javier Maroto, como del diputado general de Álava, Javier de Andrés y que finalmente y por unanimidad, han decidido «cambiar la posición y sumarse al rechazo mayoritario que existe en la Cámara vasca, así como en el conjunto de la población alavesa».

Tras rechazar que este cambio responda a un cálculo electoral, Sémper explicó que esta «evolución» en la posición no se ha adoptado «de la noche a la mañana» sino que el PP vasco lleva «mucho tiempo» reflexionando sobre el futuro de Garoña. «A pesar de que Garoña no está en nuestra comunidad autónoma, afecta e influye en Euskadi», defendió.

Según informó, entre las razones que llevaron al PP vasco a rechazar la reapertura hay aspectos económicos, sociales, de ámbito político, «y la posición tanto de Maroto como de De Andrés, así como la determinación de Quiroga para que la posición del PP se adecue a la situación actual». «El diputado general de Álava no solo ha dado el visto bueno sino que comparte esta decisión», insistió.

El portavoz popular explicó que existe mucha «incertidumbre» respecto al futuro de Garoña pero precisó que este cambio de postura no plantea si el PP está a favor o en contra de la energía nuclear, sino que se circunscribe la situación de una planta concreta, en este caso la burgalesa.

Por ultimo, agradeció tanto en privado como públicamente a Maroto sus aportaciones al debato, y al parlamentario «popular» alavés, Carmelo Barrio, que hasta ahora era quien había defendido en el Parlamento vasco la postura de continuidad de la central nuclear burgalesa.

Tepco construye un muro de hielo subterráneo para intentar aislar el agua radiactiva en Fukushima

El muro será fabricado a través de la inserción de 1.550 tubos en el terreno, a través de los cuales circulará un congelante para enfriar la zona, si bien varios expertos expresaron sus dudas sobre la viabilidad del proyecto.

«Esperamos terminar los trabajos de construcción en marzo de 2015 antes de comenzar las operaciones de prueba», dijo un alto cargo de TEPCO, según informó la cadena de televisión británica BBC.

La central sufrió numerosas filtraciones de agua radiactiva a causa de los importantes daños sufridos a causa del terremoto y posterior tsunami que devastó la costa noreste del país en 11 de marzo de 2011.

En mayo, la compañía comenzó a verter al Océano Pacífico toneladas de agua subterránea acumulada en la central nuclear de Fukushima tras confirmar que sus niveles de radiación cumplen con los estándares de seguridad. La empresa afirmó que el agua fue vertida para evitar que entrara en contacto con una zona altamente contaminada del complejo.

El vertido fue planificado desde hace meses como una medida clave para hacer frente a la acumulación de agua radiactiva en la central, si bien el mismo fue aplazado en varias ocasiones a causa de la filtración de agua con altos niveles tóxicos.

Fukushima estaba preparada para un terremoto, ya que Japón se asienta sobre una falla, pero no para un tsunami, por lo que el azote del mar provocó varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.

El CSN no ha recibido la solicitud presentada por Nuclenor para la reapertura de la central de Garoña

El departamento de José Manuel Soria todavía no ha remitido al CSN la solicitud de reapertura de la planta para su valoración y posterior elaboración de un informe, según confirmaron fuentes del organismo.

No obstante, el CSN ya tiene conocimiento de dicha solicitud, puesto que, como suele hacerse en este tipo de procedimientos, la empresa ha enviado «por cortesía» una copia de la documentación.

El Consejo de Administración de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola, solicitó el pasado martes la renovación de la autorización de explotación de Garoña, cuya actividad se encuentra paralizada desde 2012, para continuar en funcionamiento hasta el año 2031, cuando la planta alcanzaría los 60 años de antigüedad.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró esta semana que el informe del CSN, que girará en torno a la seguridad de la central, no estará listo probablemente «antes de un año».

Por el momento, la solicitud está siendo estudiada por la Dirección General de Políticas y Minas, hasta que Industria lo envíe al CSN, que «debe hacer un informe muy exhaustivo», pues la reapertura o cierre de la central dependerá del cumplimiento de las condiciones de seguridad nuclear, apuntó Soria.

Garoña produce un 6% de la producción nuclear española

La electricidad producida en Garoña equivale al 6% de la producción nuclear española y unas 1.500 familias dependen directa o indirectamente del funcionamiento de la instalación, cuya actividad se encuentra paralizada desde diciembre de 2012.

El conjunto del impacto económico en los últimos diez años de la planta en su entorno se sitúa por encima de los 355,5 millones de euros destinados a compras, contrataciones, empleo, impuestos y tasas, y más de 1.500 familias dependen del funcionamiento de esta instalación, según informó el Foro de la Industria Nuclear Española.

El alcalde del Valle de Tobalina, municipio donde se ubica la central, Rafael González, señaló que la reapertura de la planta puede ser un «alivio» para las familias sin trabajo, si bien consideró «primordial» garantizar la seguridad y reclamó inversión en la zona.

El Foro Nuclear celebró la solicitud de renovación de la autorización de explotación de Garoña presentada por el Consejo de Administración de Nuclenor, sociedad titular de la planta y participada al 50% por Endesa e Iberdrola.

La solicitud se realiza para un periodo que finalizaría el 2 de marzo de 2031, fecha en la que la central nuclear cumpliría 60 años de explotación comercial, si bien por el momento está siendo estudiada por la Dirección General de Políticas y Minas, hasta que el Ministerio de Industria lo remita al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que emitirá un informe relativo a las condiciones de seguridad de Garoña.

Las centrales nucleares españolas aportaron el 20,86% de la electricidad en la cobertura de la demanda en la península en el pasado año, en concreto, con una potencia de 7.864 megavatios (MW), la energía nuclear supone el 7,27% de la potencia total instalada en España.

Parlamento de Navarra en contra

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó una declaración institucional por la que la Cámara foral vuelve a mostrar su «más profundo rechazo» a la «prolongación de la vida útil de la central nuclear de Garoña».

El texto fue presentado por Bildu y Aralar-NaBai y contó con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E mientras que UPN y PPN lo han hecho en contra.

Según recoge la declaración, «el Parlamento de Navarra vuelve a mostrar su más profundo rechazo a la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Garoña». Y advierte de que, en el supuesto caso de que los planes de Nuclenor se lleven adelante en lo relativo a la apertura de la central nuclear de Garoña, el Parlamento foral «actuará en consecuencia y animará a la ciudadanía y al conjunto de las instituciones navarras a romper toda relación contractual con Iberdrola y Endesa; y en su lugar, a contratar servicios eléctricos con otras compañías y otros proveedores que no estén relacionados con la central nuclear de Santa María de Garoña».

En declaraciones a los medios de comunicación, el socialista Juan José Lizarbe manifestó que «hace tiempo que esta cuestión debía estar solucionada» y opinó que «el futuro no pasa por tener abiertas viejas centrales, sino por apostar por otras fuentes de energía«.

Por su parte, la portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz consideró una «temeridad» y un «atropello» prolongar la central y señaló que «Navarra no se puede abstraer porque puede afectar directamente a nuestros agricultores y a nuestra industria».

El parlamentario de I-E José Miguel Nuin mostró su desacuerdo con «la reapertura» de la central ya que «hay problemas de riesgo». «Es una central muy antigua y aquí no pueden primar los intereses de las grandes energéticas, sino la seguridad y otros elementos», añadió.

Defensa gasta un millón de euros en un vehículo contra amenazas nucleares radiológicas y biológicas

El plazo para presentar las ofertas o solicitudes de participación, que deben presentarse en el Registro de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), concluirá el próximo 20 de junio a las 13.00 horas.

Una vez resuelto el concurso, el adjudicatario deberá entregar el 15 de diciembre de 2014 el vehículo nuevo «aerotransportable», con capacidad de «funcionamiento autónomo» y utilizable en un ambiente contaminado nuclearmente, y descontaminable por dentro y por fuera.

Asimismo, deberá ser capaz de detectar y monitorizar a distancias nubes tóxicas químicas presentes en la atmósfera, monitorizar y detectar isótopos nucleares y o radiológicos, entre otras muchas funciones.

Además, «la exposición a lluvia fuerte, hielo, granizo, nieve, salpicaduras o humedad relativa tendente a la saturación» no podrán afectar al funcionamiento de los equipos de dicho vehículo.

Uno de los requisitos que se tendrán en cuenta a la hora de resolver el concurso es que el vehículo tenga «luces perimetrales para iluminar el contorno del vehículo, mínimo 4 metros con 200 lux».

En cuanto a los requisitos mínimos del vehículo base, los pliegos de condiciones establecen que deberá ser un «vehículo comercial tipo furgoneta, en la versión caja alta para mayor comodidad» y de «tracción integral».

Respecto al sistema de protección colectiva, el vehículo deberá tener dos zonas, la de cabina y la de trabajo, divididas por un «panelamiento o mampara que garantice una separación estanca».