El Congreso apoya una política eficaz de recursos humanos dentro del CSN «para no disminuir ni su capacidad ni su prestigio»

/0 Comentarios/en /por

Así se decidió en el seno de la comisión de Industria, Energía y Turismo en la Cámara Baja, después de que se aprobara una enmienda transaccional a una propuestas de resolución de CiU al informe de actividad del CSN, con 25 votos a favor y 11 abstenciones. Además, y con el mismo objetivo, se pide al organismo regulador que «continúe con su estrategia de mejora de la gestión de sus recursos humanos a través de los planes anuales de formación internos y de promover los cambios normativos necesarios para que el CSN pueda flexibilizar su organigrama y mejorar su funcionamiento«.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estima que sus necesidades de contratación ascienden a 33 personas antes de 2015, tres de ellas para la tarea del licenciamiento del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado, según informó recientemente el organismo regulador al Parlamento. Para el CSN «una preocupación importante» es la falta de incorporaciones al regulador en los últimos años, lo que ha elevado la edad media de sus trabajadores hasta los 51 años.

Por ello, cifran sus necesidades en 33 personas más para la Dirección de Seguridad antes de 2015, debido al número de vacantes que no están cubiertas y a las 10 bajas que se han producido en 2014. Respecto a las altas, en el CSN consideran «necesario» reforzar alguna de las actividades debido a que en los próximos meses se enfrentarán al licenciamiento del ATC. Para ello, calculan que necesitarán tres personas más. Al mismo tiempo, otras «dos o tres» se requerirían para las actividades derivadas del accidente nuclear de Fukushima (Japón) que requerirá «actividades internacionales».

En definitiva, según estas estimaciones y las jubilaciones que se producirán próximamente, el CSN cree que para dotarse de los recursos que estima necesarios requiere de entre 31 y 33 personas más. «Eso para nosotros es una actividad importante y a la que estamos dedicando unos recursos interesantes», subrayan. Por otro lado, otra de las actividades relacionadas con recursos humanos es la gestión del conocimiento de las personas que se jubilarán próximamente por lo que aspiran a tener la capacidad de transmitir la experiencia de las personas que están actualmente en el Consejo a las nuevas personas que se incorporen.

Por otro lado, con los mismos votos, la Comisión de Industria aprobó otra transaccional por la que la Cámara Baja pide al Ejecutivo que mejore los sistemas de comunicación existentes entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con los municipios afectados por instalaciones nucleares, con especial atención a la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Durante la sesión el portavoz de CiU, Jordi Jané, señaló que se trataba de una petición realizada directamente desde AMAC, la cual trasladó la necesidad de cubrir «un déficit» grave del sistema y lograr una mayor «comunicación entre municipios y el organismo».

A estas dos propuestas se suman las del PP, que plantea que el organismo siga trabajando en la supervisión y control de las centrales y que continúe con el proceso de mejora permanente y revisión de los procedimientos asociados al Plan de Actuación de Emergencias. Sin embargo retiró las propuestas que solicitaban al CSN remitir a la ponencia del Congreso cualquier requerimiento o información adicional relevante que realice Enresa al respecto y a que suministre información periódica acerca de las obras de los centros alternativos de gestión de emergencias (CAGE).

Durante el debate, el portavoz del PSOE, José Segura, criticó que el PP no apoye sus propuestas que plantean una mayor independencia del CSN como organismo para «una actividad éticamente intachable» y para «una toma de decisiones con una mayor cantidad de fuentes de asesoramiento». A su juicio, el Gobierno «debe evitar la instrumentalización del CSN». Ante estas palabras, el PP rechazó las «acusaciones de oscurantismo» cuando su postura es «constructiva» y su intención es «dejar que trabaje el CSN».

Por otra parte, todos los grupos, con excepción de PP y UPyD, mostraron su deseo de que no se amplíe la vida útil de las centrales nucleares y, más concretamente, se mostraron en contra de la reapertura de Garoña. Del mismo modo, el portavoz del grupo Mixto, Xabier Mikel Errekondo, abogó por un modelo energético opuesto al que existe actualmente. «Tiene que tender hacia la 0 radioactividad y que garantice la salud de las personas y del medio ambiente», indicó.

Quedan absueltos los activistas de Greenpeace que escalaron la central de Cofrentes en febrero de 2011

/0 Comentarios/en /por

La magistrada entiende que no hay elementos para sostenerlos y les absuelve de estos delitos pero condena a los 16 activistas a seis meses de multa por un delito de daños en su acción de asalto a la central nuclear. El fallo judicial les impone una multa de seis meses con cuota diaria de seis euros, lo que hace un total de 1.080 euros por persona, por lo que sumando los 16 la cantidad asciende a 17.280 euros. Finalmente, en la sentencia se impone una indemnización a la empresa Iberdrola, propietaria de la central, de 2.232 euros por los daños en la instalación. Greenpeace destacó que la multa inicial solicitada por Iberdrola de 357.371 euros se rebaja hasta 19.512 euros.

La Fiscalía pedía para los activistas dos años y ocho meses de prisión y multas de hasta 4.800 euros por los delitos de desórdenes públicos, lesiones, daños y faltas de lesiones. También reclamaba, por vía de responsabilidad civil, que indemnizasen conjunta y solidariamente a Iberdrola con 29.012,33 euros ya que en esa cantidad se tasaron pericialmente los daños en la central y que abonen distintas cantidades, entre 91,38 euros y 1.214,08 euros, por las lesiones provocadas a los vigilantes de seguridad de la central. La empresa eléctrica pedía 221.781,14 euros.

Tras el juicio oral, la jueza considera probado que los hechos integran un delito de daños y señala que «es cierto que no hay prueba directa de la existencia de una previa organización de la intrusión de los activistas en la central de Cofrentes por la asociación Greenpeace, un acuerdo previo» o una «distribución o reparto de funciones», pero «existen indicios suficientes«, como que los 16 «sean trabajadores, socios o simpatizantes» de la organización o que su nombre Greenpeace figure en monos, cascos y otra ropa hallada en las inmediaciones.

En cuanto al delito de desordenes públicos, indica que «no se dan todos los requisitos que exige el tipo penal para que los hechos declarados probados resultado de la prueba practicada puedan ser calificados como un delito de desórdenes públicos», ya que se dirigieron «directa y únicamente a la torre de refrigeración», donde «no hay riesgo nuclear porque es una zona secundaría, y no había ninguna prueba directa ni indiciaria de que los acusados quisieran penetrar en otra zona de la central de riesgo nuclear».

Manifestarse contra la energía nuclear

Según la magistrada, «no concurre el elemento subjetivo del delito, que la intención de los activistas fuera atentar contra la paz pública», ya que pretendían «manifestarse contra la energía nuclear, que la opinión pública supiera que se iba a prorrogar la vida útil de la central, lo que agrava el peligro que ya de por si supone la energía nuclear, y poner en evidencia la seguridad de la central con el riesgo que eso entraña».

En relación con los dos delitos y tres faltas de lesiones por los que se acusaba a las 17 personas que entraron en la central, apunta que «en los partes médicos se objetivan unas lesiones pero no es prueba del mecanismo de producción de las mismas ni quien sea su autor«, al tiempo que indica que la grabación aportada no recoge «el corte con la radial que produce la lesión al guardia de seguridad de la central nuclear», ni «empujones, patadas y caídas al suelo».

Además, la jueza agrega que «no puede aplicarse la teoría de la imputación recíproca como alegan las acusaciones a título de dolo eventual» al considerar que «era previsible que, al entrar, hubiera enfrentamiento con el personal de seguridad». «No hay prueba que los acusados tuvieran otra intención que entrar en la central y acceder a la torre de refrigeración y no prueba que los acusados tuvieron un dominio funcional del hecho que permita una imputación recíproca de las distintas contribuciones individuales al resultado final de las lesiones», asevera la jueza.

En relación al delito de daños, diferencia entre los daños que se producen por el corte de vallas del perímetro de seguridad, que «requiere su reposición de nuevo, en cuantía superior a 400 euros», de la pintada en la torre de refrigeración, que requeriría «una limpieza«. Según la jueza, «no se observa en la grabación que se dañen las farolas, ni que las que aparecen no den luz, y tanto el personal de seguridad como los agentes intervinientes que declaran manifiestan que había luz, por lo que no hay prueba suficiente que los activistas ecologistas dañaran las farolas, ni de cual era su estado anterior».

En relación a la cantidad reclamada por los daños derivados de la alteración de la actividad, manifiesta que «no constan acreditados», básicamente porque «no se realizó una valoración de los daños por perito judicial, o cuanto menos externo a la empresa, no declaró un perito que pudiera dar razón de la realidad y necesidad de los gastos y no se aportó a las actuaciones prueba documental como nóminas en la que se repercuten horas extraordinarias, facturas de incrementos de gastos de personal externo, documentos en relación a la contratación y actividad realizada o no por la Misión de Soporte Técnico de la World Association of Nuclear Operatiors», entre otras cuestiones.

«La sentencia ha dejado claro que han sido en vano los intentos de criminalizar la protesta pacífica y el activismo ecologista. Demuestra que la protesta en la central nuclear de Cofrentes fue siempre pacífica y que jamás se dañó a nadie», indicó Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. Rodríguez indicó que «no van a poder callarnos ni con amenazas de multas, ni con amenazas de cárcel. Tenemos a nuestra espalda más de 40 años de activismo pacífico por el medio ambiente y continuaremos con nuestra labor». La sentencia no es firme y se abre un plazo de diez días en el que cualquiera de la partes podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Sáenz de Santamaría atribuye a la «inseguridad» de Pedro Sánchez que el PSOE intente causar alarma entre los ciudadanos con la nuclear

/0 Comentarios/en /por

Sáenz de Santamaría se refirió a esta cuestión en la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Cámara Baja, donde el portavoz socialista, Antonio Hernando, le preguntó sobre si el Gobierno consideraba que «está cumpliendo con las exigencias de seguridad en sus decisiones sobre energía nuclear».

A este respecto, Hernando aseguró que hay «miles de personas preocupadas» en Cuenca y los alrededores por el hecho de que un informe de una consultora norteamericana cuestione el emplazamiento del almacén nuclear o ATC en Villar de Cañas. Por este motivo, emplazó al Gobierno a explicar «con precisión, claridad y rigor» si va a «paralizar» este proyecto, al tiempo que añadió que no dar explicaciones al respecto es una «falta de respeto» a los ciudadanos.

«Junto con este informe y otro del Colegio de Geólogos. ¿El Gobierno ha tenido información sobre este papel?, ¿Si o no? Si la ha tenido, ¿por qué no ha paralizado el proceso del ATC? Y si lo ha tenido a partir de ahora, si lo va a paralizar inmediatamente», solicitó Hernando.

En este sentido, Sáenz de Santamaría sostuvo que «gracias al mix energético que está promoviendo este Gobierno» en esta legislatura no ha subido la luz un 70%, si no que bajará. «Entiendo que se escandalicen porque esa subida era para escandalizar, y se ha revelado un déficit tarifario que también nos dejaron endosado. Gracias a eso usted puede hacer más demagogias nucleares. Gracias».

El Gobierno está «tranquilo»

No obstante, la «número dos» del Ejecutivo dijo que, tras revisarse todos los informes pendientes de seguridad nuclear sobre el ATC, tiene la «tranquilidad» de que no encontró «nada que no estuviera en regla», al tiempo que mostró su confianza en que todo el proceso de construcción de estas instalaciones está siendo supervisado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En este cara a cara, Sáenz de Santamaría reprochó a Hernando que haya traído este debate para evitarle problemas a su líder en las próximas elecciones primarias de Castilla-La Mancha, de las que saldrá el candidato del partido a la presidencia de la Junta. Tal afirmación suscitó las protestas de la bancada socialista y que la obligó a parar su intervención.

«Con este tema convendría que fueran más serios porque lo que no puede ser es que para que su líder esté más tranquilo y tranquilizar a los ciudadanos permítame que le diga un par de cosas, quiero ser clara pero si no se callan no me van a oír», ha añadido Sáenz de Santamaría ante las protestas del PSOE.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta criticó que, para paliar la «inseguridad» de Sánchez al frente del PSOE y para que esté «tranquilo», el principal partido de la oposición pretenda intranquilizar a los ciudadanos.

Precisamente, la semana pasada en el Congreso, el presidente del CSN, Fernando Martí, recordó que la decisión de emplazar el almacén en Villar de Cañas (Cuenca) fue del Gobierno y su misión es hacer que este emplazamiento sea seguro, antes de añadir que hay un departamento de cinco personas en el CSN que se encarga de analizar y trabajar por hacer viable la idoneidad de ese suelo de Villar de Cañas.

«Si sobre este suelo es mejor que otro, el consejo no puede entrar porque es una decisión previa del Gobierno que decidió que ya era idóneo», dijo en referencia a los cuatro emplazamientos que fueron preseleccionados por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Sebastián al frente del departamento de Industria, y entre los que este Gobierno decidió uno

Hernando, por su parte, recordó cómo el Gobierno en su primer Consejo de Ministros del 30 diciembre de 2011, aprobó que el ATC estuviera en Villar de Cañas (Cuenca), y a los tres días el ministro de Energía le dio las gracias a Cospedal por aceptar el ATC, que se va a adjudicar «por 274 millones de euros a partir del 1 de febrero».

El PSOE no apoya alargar la vida de las nucleares

Por otro lado, el socialista relató los motivos por los que su formación no es partidaria de alargar la vida de las instalaciones atómicas a 50 ó 60 años, como así se está debatiendo con la central de Santa María de Garoña (Burgos), ni tampoco de eliminar los tributos nucleares, como así lo solicitaron algunos propietarios de las centrales.

«¿Está dispuesto a alargar la explotación comercial de Garoña 17 años más, teniendo en cuenta que tiene uno de los reactores más envejecidos de Europa?», insistió ya que, según explicó, para las generaciones futuras el legado «de más alta peligrosidad» son los residuos radioactivos y por eso quiso saber las perspectivas respecto a la construcción del ATC.

«En las últimas semanas le he hecho muchas preguntas, muy concretas, y siempre me ha respondido con evasivas, inseguridades, o con el pasado. Hoy le pregunto sobre seguridad nuclear porque hay miles de personas preocupadas sobre este tema.

Sáenz de Santamaría precisó, que ahora se está en periodo de licenciamiento del ATC y por ello hay que otorgar las concesiones para el emplazamiento y la construcción. «Para hacerlo es necesario el informe previo y preceptivo, y además vinculante en el caso de que sea negativo del CSN en el que confío y espero que usted también, este consejo pide todos los informes pertinentes y a eso a mi me tranquiliza», ha sentenciado la vicepresidenta del Gobierno.

«Cualquier actuación de este Gobierno en materia de energía nuclear» contará con los informes favorables del CSN, que desde 1980 es el órgano encargado de velar por la protección y seguridad en este ámbito, sentenció.

Una segunda nuclear en Japón supera el control de seguridad y podría ser reactivada en 2015

/0 Comentarios/en /por

La junta directiva de la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón (NRA) consideró que las unidades 3 y 4 de Takahama, situada en la prefectura de Fukui, al oeste de Japón, cumplen la nueva y más estricta normativa ante posibles terremotos y tsunamis establecida este año por el organismo.

La propietaria de Takahama, Kansai Electric Power, debe aún cumplimentar varios trámites burocráticos e inspecciones in situ con la NRA, lo que llevará al menos un mes, y lograr el visto bueno de las autoridades locales, por lo que se cree que sus reactores podrían volver a funcionar a partir de primavera del año próximo.

La decisión supone un nuevo paso para el objetivo del Gobierno del primer ministro Shinzo Abe de volver a reactivar la energía nuclear en Japón, un plan con el que más de la mitad de los ciudadanos no se muestra de acuerdo.

La desactivación de los 48 reactores comerciales de Japón a raíz del accidente en Fukushima, provocado por el seísmo y tsunami de marzo de 2011, perjudicó el saldo comercial de Japón y a las eléctricas del país, ya que la falta de fisión nuclear tuvo que ser compensada con generación termoeléctrica, mucho más costosa.

Kansai Electric, que suministra a la segunda zona más poblada del país (y la que era más dependiente de la energía nuclear antes de Fukushima), probablemente presente pérdidas por cuarto ejercicio consecutivo.

Aparte de Takahama, la empresa espera que otros reactores de su planta de Oi, también en Fukui, superen pronto los nuevos requisitos de seguridad.

Fukui es la prefectura de Japón que más centrales (cinco) y reactores nucleares (catorce) alberga.

El pasado mes de septiembre dos reactores de la central de Sendai, al suroeste del país, fueron los primeros en superar estos nuevos estándares y las autoridades locales donde se encuentra la planta ya han aprobado su reactivación, por lo que podría volver a operar a principios de 2015.

El Colegio de Geólogos reprocha la ausencia de criterios geológicos en la selección del almacén nuclear

/0 Comentarios/en /por

«Los estudios geológicos y geotécnicos para el proyecto de construcción realizados con posterioridad por Enresa así lo refrendan», señaló el ICOG. Según un informe por una consultora medioambiental, por encargo de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), se pone de manifiesto «los graves problemas que surgirán en el futuro en las estructuras de cimentación de las instalaciones, si no se valora adecuadamente la información geológica y geotécnica disponible», alerta el ICOG.

La posición del ICOG con respecto al ATC es que, antes de dar la autorización previa de emplazamiento, «el CSN debe analizar en detalle y con el máximo rigor todas las variables de riesgo presentes», así como «tomar en consideración el factor temporal» para que «la inversión no resulte frustrada».»Actualmente los estudios se está realizando de forma correcta por geólogos cualificados y atendiendo a las exigencias que se requieren en lo relativo a la seguridad estructural a largo plazo», añade el Colegio de Geólogos.

Por otro lado, los geólogos alertan de que se podrían producir «grandes sobrecostes en las obras de construcción del ATC, además de un posible deterioro de la seguridad estructural de los edificios». «Los sobrecostes no son aceptables para unas instalaciones con una vida útil de 60 años y de diseño de 100 años», estima el ICOG debido a «la no realización o la insuficiencia de estudios geológicos y geotécnicos adecuados en las fases previas y de proyecto generan unas desviaciones presupuestarias inasumibles por los ciudadanos».

«En muchas ocasiones la reducción de los plazos de ejecución viene motivada por decisiones políticas», incide el Colegio de Geólogos. «Estos reformados de los proyectos constructivos son una práctica demasiado generalizada en España en las últimas décadas y ha generado suspicacias en la Unión Europea en relación con la asignación de los fondos estructurales para las infraestructuras» critica el ICOG.

Finalmente el Colegio se muestra partidario de que el sector nuclear tenga en cuenta «la importante variable geológica y geotécnica». A su juicio, debe seguir siendo «una referencia de buena gestión de la energía en todas las variables que intervienen». Del mismo modo, el ICOG señaló que «la calidad y viabilidad técnica y temporal de las infraestructuras comienza por la asunción de que el conocimiento científico y técnico debe presidir la toma de decisiones por parte de los poderes públicos«.

Ascó II registra una desconexión automática de la red eléctrica

/0 Comentarios/en /por

Ascó, siguiendo los procedimientos establecidos, notificó al CSN que la Unidad II de Ascó se encontraba sobre el 10% de potencia en turbina cuando se produjo la desconexión automática de la red eléctrica debido a la actuación del sistema de protección del alternador. Todos los sistemas de seguridad han funcionado según diseño. Una vez solventada esta incidencia en las protecciones del alternador, la planta nuclear volverá a sincronizarse a la red y a reemprender la secuencia de aumento de potencia.

En este sentido, el CSN resaltó que los sistemas de la central han funcionado «según lo previsto» y que la planta se encontraba «en condición estable y segura» mientras los titulares de la central, Endesa e Iberdrola, siguen analizando las causas. Asimismo, el regulador atómico señaló que el suceso no tuvo impacto en los trabajadores, en el público ni en el medio ambiente, y se clasificó de manera preliminar con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

La unidad II de Ascó se conectaba a la red eléctrica en las horas previas, una vez finalizados los trabajos correspondientes a su 22ª recarga de combustible, que da paso a un nuevo ciclo de operación. Más de 1.000 personas trabajaron durante este periodo en la planta para poder acometer las actividades previstas. En esta recarga se realizaron cerca de 11.000 órdenes de trabajo, la mayoría de las cuales correspondientes a tareas de mantenimiento preventivo de la instalación e inspecciones.

A lo largo de la parada, además de la renovación de 64 de los 157 elementos combustibles, se llevaron a cabo trabajos orientados hacia la operación segura y a largo plazo de la central. La limpieza química de los generadores de vapor fue una de las actividades más relevantes. Otro de los trabajos más destacados que se completaron durante la parada fue la prueba de tasa de fuga integrada, una actividad destinada a comprobar la estanqueidad del edificio de contención, que debe realizarse en las centrales nucleares cada diez años.

Durante esta recarga, también se implantaron diversas modificaciones de diseño destinadas a incrementar los márgenes de seguridad de la planta y relacionadas con el proyecto Refuerzo de la Seguridad, derivado de las pruebas de resistencia que realizaron todas las centrales nucleares españolas en 2011, tras el accidente de Fukushima (Japón). Asimismo, coincidiendo con este periodo, se están acometiendo los trabajos de sustitución del relleno de la torre de refrigeración de tiro natural, lo que supone la instalación de más de 20.000 m3 de nuevo material, que sustituye al relleno original.

El PP solicita que el CSN remita al Congreso cualquier requerimiento o petición de información adicional sobre el ATC que se realice a Enresa

/0 Comentarios/en /por

Se trata de una de las propuestas de resolución que los diputados del PP presentaron al informe de actividad del CSN y que será previsiblemente aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Entre éstas también destacó la que el PP formula a Enresa para que desarrolle aquellas actuaciones que resulten necesarias, tanto desde el punto de vista de su licenciamiento y construcción, como de la disponibilidad de los recursos humanos necesarios, para la puesta en marcha del almacén de espera de contenedores en el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) en el plazo previsto.

Entre estas iniciativas también se instó al Consejo de Seguridad Nuclear a establecer una relación específica entre los técnicos de ENRESA responsables del ATC y la ponencia.

El PP planteó a su vez que el CSN siga trabajando en la supervisión y control sobre las centrales y las instalaciones radiactivas, continúe con el proceso de mejora permanente y revisión de los procedimientos asociados al Plan de Actuación ante Emergencias, además de establecer un protocolo de comunicación permanente con los representantes de los Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC).

Además, pidió la puesta en marcha del plan de comunicación, y que suministre información periódica cada tres o seis meses acerca de las obras de los centros alternativos de gestión de emergencias (CAGE) venteos filtrados y recombinadores pasivos catalíticos de hidrógeno.

Por otro lado, quiere que el CSN realice un seguimiento respecto de la normativa que afecta a los drones o vuelos no tripulados.

El PSOE exige la paralización del ATC y que un grupo de expertos internacionales valore la posible reapertura de la central de Garoña

/0 Comentarios/en /por

Se trata de dos de las 16 propuestas de resolución que el grupo parlamentario socialista registró en el Congreso en relación al Informe general de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), durante el año 2013, que se debatirán el próximo martes en la Ponencia que aborda el tema en la Cámara Baja. Según el PSOE, la seguridad del ATC no está garantizada, al ser su emplazamiento inadecuado desde el punto de vista geotécnico, según distintos informes, opiniones de expertos comparecientes y técnicos del propio regulador CSN.

El portavoz de Energía José Segura y el responsable de temas nucleares y secretario adjunto del Grupo Socialista, Francesc Vallès, recuerdan que el presidente del CSN indicó que, «ahora mismo este proyecto no tiene la autorización previa de este organismo que se encarga de velar por la seguridad nuclear». Por todo ello, se insta a «no llevar a cabo ninguna actividad de construcción de las instalaciones del ATC, ni preparatoria de los terrenos del mismo, ni de las instalaciones anexas previstas hasta que no se cuente con los correspondientes permisos y licencias, tanto del CSN como de cualquier otra Administración.

Además, entre las propuestas dirigidas al Gobierno y al CSN, José Segura y Francesc Vallès resaltaron que se exige comunicar directamente al Parlamento, y a la opinión pública a través de su página web, las actuaciones realizadas hasta la fecha sobre la evaluación de las autorizaciones de emplazamiento del ATC solicitadas en enero por ENRESA. Igualmente, se insta al CSN a hacer públicos el cronograma, las previsiones de actuaciones y los documentos técnicos relevantes que vaya emitiendo el CSN relativos a la evaluación de la autorización de emplazamiento del ATC.

En este sentido, se insta a realizar lo antes posible una sesión monográfica, en sede parlamentaria, sobre el alcance y las implicaciones técnicas tanto del terreno del emplazamiento del ATC, como de los requisitos y exigencias de construcción del mismo, ante la inseguridad constatada en el contenido de los informes técnicos emitidos. Por otro lado, el PSOE quiere que el CSN exija al Gobierno la consideración de alternativas y necesidades derivadas de una eventual denegación de la autorización de la construcción del ATC, así como a la colmatación de las celdas actualmente previstas en el almacén de El Cabril (Córdoba).

Sobre Garoña se reitera la necesidad de limitar legalmente la vida útil de las centrales nucleares españolas a 40 años y se insta al Gobierno a no ceder a las exigencias para prorrogar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 50 o 60 años para alargar su amortización y eliminar las tasas que gravan esta actividad. Asimismo, quiere que se aclare la «inédita solicitud» para explotar la central de Garoña hasta 2031 entre las resoluciones dirigidas al CSN.

Entre las propuestas dirigidas al Ejecutivo, el PSOE reclama la necesidad de preservar la independencia y neutralidad exigible al CSN, «en su papel de garante de la seguridad nuclear y radiológica en España». Para ello, se insta a «no trasladar presiones al Consejo» para que avale cambios legislativos realizados ad hoc y propiciar modificaciones del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, como sucedió con el caso de Garoña en 2013.

Por otro lado, se apuesta por impulsar la aprobación y puesta en marcha de la revisión del Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), en colaboración con el CSN, e incorporando las lecciones aprendidas tras el accidente de Fukushima. Otra de las propuestas insta a llevar a cabo y «cuanto antes», la evaluación formal de márgenes para todo tipo de riesgos externos, incluidos terremotos, inundaciones y condiciones meteorológicas severas, e identificación de posibles mejoras, poniendo énfasis en lo relativo a amenazas sísmicas, advirtiendo de las posibles consecuencias de la utilización de técnicas como el fracking en zonas cercanas a centrales nucleares.

«Ambición» contra el cambio climático

Por su parte, la secretaria federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, consideró desde la convención que celebra Naciones Unidas en Lima (COP20) que el compromiso de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático «puede ser más ambicioso» y advirtió de que «no lograr un acuerdo sólido para que en París se firme un tratado internacional que sea eficaz para frenar el cambio climático, supondrá incrementar la desigualdad y la pobreza en nuestro planeta, además de consecuencias medioambientales irreversibles».

La Fiscalía mantiene la petición de cárcel para los activistas que entraron en la central nuclear de Cofrentes

/0 Comentarios/en /por

Así lo manifestó la representante del ministerio público en la quinta y última sesión del juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 11 de Valencia, en la que todas las partes dieron a conocer sus conclusiones. Igualmente, por la vía de la responsabilidad civil reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Iberdrola con 29.012,33 euros, ya que en esa cantidad se tasaron pericialmente los daños en la central, y que abonen distintas cantidades, entre 91,38 euros y 1.214,08 euros, por las lesiones provocadas a los vigilantes de seguridad de Cofrentes. La empresa eléctrica reclama 221.781,14 euros.

El representante de Iberdrola y el de los vigilantes se adhirieron a la petición de la fiscal, puesto que consideran «acreditados» los hechos, y solicitaron un fallo condenatorio dado que «una sentencia absolutoria supondría dejar margen abierto a otras personas para cometer hechos similares» a la protesta que se hizo en la central nuclear, propiedad de Iberdrola. Así, el abogado de Iberdrola reclamó que «no se traslade la imagen» de que esas actuaciones salen «gratis«.

En cuanto a los desórdenes públicos que consideran que provocó la entrada de los activistas en la central de Cofrentes, la Fiscalía y las dos acusaciones indicaron que fue así porque se registraron «daños en la propiedad, lesiones a personas, bloqueo de la central y acceso a una propiedad privada» que además es una instalación «peculiar y sensible«. Igualmente, afirman que se dio «una alteración de la paz social» porque unos 600 trabajadores de la central tuvieron que quedar «concentrados», sin poder salir de su puesto de trabajo por la activación del plan de emergencia y por la movilización de 200 agentes de la autoridad.

Asimismo, determinan que hubo «dolo», tanto «directo» como «eventual», en la intervención de los activistas que llevaron a cabo una «actuación en grupo» que «no fue espontánea» y sí «perfectamente organizada» puesto que los acusados declararon no estar organizados, no conocerse entre sí, haber llegado a la central con sus propios medios y actuar sobre la marcha. Por ello la acusación argumenta que fueron «todos cooperadores necesarios» y que hay una «imputación recíproca». La fiscal destacó además que se produjo una «invasión» de esta instalación y que los procesados entraron «en una propiedad privada» a través de agujeros que hicieron en las vallas, según se constató, con herramientas como radiales.

El interés de la noticia

En cuanto al fotoperiodista, la representante del ministerio público afirmó que no hay diferencia con el resto de acusados ya que accedió al recinto «por el mismo medio que los demás», anteponiendo «el interés de la noticia«. Los defensores reivindicaron que este profesional «no hizo nada» y que «estaba haciendo su trabajo», en ejercicio del «derecho a la información», así como que no se puso mono y cascos como los activistas que hacían la protesta.

La Fiscalía, por otro lado, fija como responsable civil subsidiario a Greenpeace y considera que tuvo relación con los hechos por los monos y cascos que usaron los activistas, con «anagramas» de Greenpeace, por la pancarta con su logo que se desplegó en una de las torres de refrigeración, por imágenes «de activistas con carteles» de esta entidad, por la presencia de un vehículo de su propiedad en las inmediaciones de Cofrentes y por la llamada de un cargo de Greenpeace al Consejo de Seguridad Nuclear para alertar de la presencia de activistas suyos. En este punto, la acusación subrayó la «relación de Greenpeace con los hechos» que se juzgan.

Protesta realizada a título personal

Mientras tanto, los abogados de la defensa, representantes de la organización ecologista, de los activistas y del fotoperiodista, pidieron una sentencia absolutoria y consideraron «desmesurada» la responsabilidad civil reclamada. Así, manifestaron que los hechos que se juzgan «no son constitutivos de los delitos que se señalan», como el de desórdenes públicos, y cuestionaron «qué paz pública quedó alterada». Además, apuntaron que quienes protestaron acudieron a Cofrentes «a título personal, con sus propios medios», que «nadie» los dirigió, que no estaban organizados y que «en ningún momento pretendían desestabilizar la central».

Las defensas resaltaron que en la movilización había más personas que los 17 acusados, hasta 30, así como más vigilantes y más guardias civiles que los que declararon como testigos. Igualmente, subrayaron que quedó constatada la «deficiente seguridad» de la central nuclear. Uno de los abogados recriminó el «cúmulo de contradicciones» en las declaraciones de los vigilantes que acudieron como testigos y aseguró también que los procesados no tenían actitud agresiva. Además argumentó que no está acreditado que los acusados hicieron los agujeros en las vallas y que llevaran herramientas.

Extremadura quiere que la central de Almaraz tribute en la región

/0 Comentarios/en /por

Esta propuesta, presentada por Izquierda Unida en el pleno del Parlamento de Extremadura, contó con el voto favorable de las diferentes formaciones con presencia en la cámara legislativa regional. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Pedro Escobar, en su intervención, criticó que las grandes corporaciones eléctricas hacen «lo que les parece bien» e «incumplen las leyes», a su juicio, burlándose de esta manera de los ciudadanos, al tiempo que lamentó que no se haya sido capaz de que el «triunvirato» formado por Iberdrola, Endesa y Gas Natural, titulares de Almaraz, tribute «algo en la región«.

En esta línea, Escobar recordó que en octubre entró en vigor el Real Decreto-ley referido, entre otras cuestiones, a la titularidad de centrales nucleares. Cuando previamente se establecía «la obligación de que el titular de explotación de una central nuclear» fuera «una persona jurídica que tenga por objeto exclusivo la gestión de centrales nucleares», con la nueva legislación ya no es necesario y dicha titularidad se entenderá «transferida a la entidad que tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación. Quedarán consecuentemente sin efecto los planes de adaptación en tramitación».

Es decir, aplicado a la situación de Almaraz, la Ley 12/2011 obligaba a que Iberdrola, Endesa y Gas Natural, propietarias de la central nuclear, constituyeran una sociedad mercantil en lugar de la comunidad de bienes a la que el Ministerio de Industria le tiene concedida autorización de explotación de dicha central nuclear; y esa nueva sociedad debía radicarse allí donde tuviera su mayor volumen de negocio, en este caso en Extremadura, y cumplir en este territorio con sus obligaciones fiscales.

Con la nueva modificación de la ley que impulsó el Gobierno central, la titularidad se entiende automáticamente transferida a una Agrupación de Interés Económico (AIE) denominada Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE , que, constituida en 1999 y controlada al 95% por Iberdrola, Endesa y Gas Natural, tiene su domicilio fiscal en Madrid; sin embargo, cada una de las tres empresas copropietarias de Almaraz seguirá vendiendo en el mercado eléctrico la parte de la producción de la central que le corresponde y tributando en su respectivo domicilio fiscal de Bilbao, Madrid y Barcelona.

Si bien es cierto que podrían cambiar la titularidad de la central, eso se trataría de una cuestión de voluntad, no de obligación legal, por lo que Escobar criticó que, 33 años después de que empezara a funcionar el primer reactor de Almaraz, la región sigue en la misma situación. Frente a esta situación, la central nuclear de Garoña propiedad de Iberdrola y Endesa, sí tiene formalizada una sociedad mercantil que tiene su domicilio fiscal y social en Santa María de Garoña, con el consiguiente efecto positivo en la vida social y económica de Burgos y de Castilla y León.

«Se nos vuelven a escapar con la enorme burla de que ni han tributado, ni van a tributar, no cumplen las leyes y parece ser que no somos capaces de obligarles a que la cumplan. Por lo tanto, para que siga abierta la posibilidad de que se le exijan cuentas a la central nuclear de Almaraz, queremos que la nueva legislación se derogue», indicó Escobar.

En su turno de intervención, los diferentes grupos mostraron su apoyo a la iniciativa de Izquierda Unida, aunque cabe destacar que PREX-CREX primero anunció que se abstendría y finalmente votó a favor de la propuesta. Así, el portavoz parlamentario regionalista de PREX-CREX, Damián Beneyto, mostró su acuerdo con que Almaraz tribute en la región y criticó que no se haya conseguido hasta la fecha. «Como no se arregle por parte de otros partidos que no sea PP y PSOE no se va a arreglar», manifestó.

El diputado del PP, Juan Pedro Domínguez, aseguró que su grupo comparte el interés manifestado por Izquierda Unida, ya que considera necesario que las empresas titulares de la producción eléctrica de Almaraz tengan su «sede fiscal y social» en Extremadura, «no solo por los efectos económicos» sino también para eliminar el «agravio comparativo» con otras comunidades. «Lo cierto es que las empresas que explotan Almaraz se han estado riendo de Extremadura y de los extremeños, por lo tanto, esto se tiene que acabar de una vez por todas», concluyó. Por ello, instó al Ministerio de Industria y Energía a buscar «soluciones» que «beneficien» a Extremadura.

Por su parte, el socialista Antonio Rodríguez Osuna consideró «acertada» la propuesta de Izquierda Unida y reivindicó el consenso de toda la cámara extremeña, ya que también es una cuestión de «seguridad jurídica», toda vez que el decreto da «impunidad» para que no se constituyan en sociedad mercantil. Por este motivo, el socialista consideró necesario pedir al Gobierno que dé marcha atrás a dicho decreto-ley, porque perjudica a la región. De igual forma, invitó a trabajar en un plan de empleo para la zona en la que se ubica la central nuclear de cara a cuando termine su vida útil.