La Fiscalía mantiene la petición de cárcel para los activistas que entraron en la central nuclear de Cofrentes

Así lo manifestó la representante del ministerio público en la quinta y última sesión del juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 11 de Valencia, en la que todas las partes dieron a conocer sus conclusiones. Igualmente, por la vía de la responsabilidad civil reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Iberdrola con 29.012,33 euros, ya que en esa cantidad se tasaron pericialmente los daños en la central, y que abonen distintas cantidades, entre 91,38 euros y 1.214,08 euros, por las lesiones provocadas a los vigilantes de seguridad de Cofrentes. La empresa eléctrica reclama 221.781,14 euros.

El representante de Iberdrola y el de los vigilantes se adhirieron a la petición de la fiscal, puesto que consideran «acreditados» los hechos, y solicitaron un fallo condenatorio dado que «una sentencia absolutoria supondría dejar margen abierto a otras personas para cometer hechos similares» a la protesta que se hizo en la central nuclear, propiedad de Iberdrola. Así, el abogado de Iberdrola reclamó que «no se traslade la imagen» de que esas actuaciones salen «gratis«.

En cuanto a los desórdenes públicos que consideran que provocó la entrada de los activistas en la central de Cofrentes, la Fiscalía y las dos acusaciones indicaron que fue así porque se registraron «daños en la propiedad, lesiones a personas, bloqueo de la central y acceso a una propiedad privada» que además es una instalación «peculiar y sensible«. Igualmente, afirman que se dio «una alteración de la paz social» porque unos 600 trabajadores de la central tuvieron que quedar «concentrados», sin poder salir de su puesto de trabajo por la activación del plan de emergencia y por la movilización de 200 agentes de la autoridad.

Asimismo, determinan que hubo «dolo», tanto «directo» como «eventual», en la intervención de los activistas que llevaron a cabo una «actuación en grupo» que «no fue espontánea» y sí «perfectamente organizada» puesto que los acusados declararon no estar organizados, no conocerse entre sí, haber llegado a la central con sus propios medios y actuar sobre la marcha. Por ello la acusación argumenta que fueron «todos cooperadores necesarios» y que hay una «imputación recíproca». La fiscal destacó además que se produjo una «invasión» de esta instalación y que los procesados entraron «en una propiedad privada» a través de agujeros que hicieron en las vallas, según se constató, con herramientas como radiales.

El interés de la noticia

En cuanto al fotoperiodista, la representante del ministerio público afirmó que no hay diferencia con el resto de acusados ya que accedió al recinto «por el mismo medio que los demás», anteponiendo «el interés de la noticia«. Los defensores reivindicaron que este profesional «no hizo nada» y que «estaba haciendo su trabajo», en ejercicio del «derecho a la información», así como que no se puso mono y cascos como los activistas que hacían la protesta.

La Fiscalía, por otro lado, fija como responsable civil subsidiario a Greenpeace y considera que tuvo relación con los hechos por los monos y cascos que usaron los activistas, con «anagramas» de Greenpeace, por la pancarta con su logo que se desplegó en una de las torres de refrigeración, por imágenes «de activistas con carteles» de esta entidad, por la presencia de un vehículo de su propiedad en las inmediaciones de Cofrentes y por la llamada de un cargo de Greenpeace al Consejo de Seguridad Nuclear para alertar de la presencia de activistas suyos. En este punto, la acusación subrayó la «relación de Greenpeace con los hechos» que se juzgan.

Protesta realizada a título personal

Mientras tanto, los abogados de la defensa, representantes de la organización ecologista, de los activistas y del fotoperiodista, pidieron una sentencia absolutoria y consideraron «desmesurada» la responsabilidad civil reclamada. Así, manifestaron que los hechos que se juzgan «no son constitutivos de los delitos que se señalan», como el de desórdenes públicos, y cuestionaron «qué paz pública quedó alterada». Además, apuntaron que quienes protestaron acudieron a Cofrentes «a título personal, con sus propios medios», que «nadie» los dirigió, que no estaban organizados y que «en ningún momento pretendían desestabilizar la central».

Las defensas resaltaron que en la movilización había más personas que los 17 acusados, hasta 30, así como más vigilantes y más guardias civiles que los que declararon como testigos. Igualmente, subrayaron que quedó constatada la «deficiente seguridad» de la central nuclear. Uno de los abogados recriminó el «cúmulo de contradicciones» en las declaraciones de los vigilantes que acudieron como testigos y aseguró también que los procesados no tenían actitud agresiva. Además argumentó que no está acreditado que los acusados hicieron los agujeros en las vallas y que llevaran herramientas.