La central de Cofrentes registra un derrame de agua por la rotura de una tubería de venteo de una válvula

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El titular de Cofrentes interrumpió la prueba y la bomba de refrigeración de esenciales, incomunicando el enfriador, lo que detuvo la fuga, según comunicó el CSN. Posteriormente, se procedió a la limpieza del derrame de agua en el área y tras la intervención de mantenimiento en el sistema afectado se efectúo de nuevo la prueba del generador diesel, resultando esta vez «satisfactoria», según el CSN.

Ahora es turno de que el titular de la central de Cofrentes analice las causas de la rotura. El Consejo de Seguridad Nuclear aseguró que este suceso no comportó riesgo para los trabajadores, otras personas, ni para el medio ambiente, y se clasificó como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Industria fija un aumento de ayudas a los pueblos nucleares condicionado a proyectos de desarrollo económico o de la defensa del medio ambiente

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Así consta en una resolución de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se regulan las asignaciones a estos municipios, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

Transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas, Industria constató que los municipios «aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares», debido «a la baja incidencia» que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su «escasa» aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas.

Por ello, «se ha considerado conveniente introducir mecanismos que contribuyan a la consecución de dicho objetivo, principalmente con vistas al futuro, una vez haya cesado la actividad de las instalaciones». De esta forma, se da un tratamiento específico a las centrales nucleares que hayan finalizado su explotación y durante la misma no hayan percibido estos fondos adicionales. Asimismo, con carácter transitorio hasta el comienzo de la percepción de estos fondos adicionales, se contempla la posibilidad de que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) suscriba convenios de colaboración con los municipios.

La orden clasifica las instalaciones en cuatro categorías : nucleares que almacenen combustible gastado en su emplazamiento (categoría 1); almacenes temporales centralizados (categoría 2); plantas que no guardan combustible gastado generado por ellas en su emplazamiento y no han acabado su desmantelamiento (categoría 3) y almacenes centralizados de residuos de media y baja actividad (categoría 4).

Para las dos primeras categorías, los municipios con derecho a asignación son aquellos que tienen su territorio, o parte del mismo, en el área definida por un círculo de radio 10 kilómetros desde el centro de la instalación, y los que posean algún núcleo de población, sea o no principal, en un radio de 20 kilómetros desde el centro de la instalación.

A su vez, para la categoría 3 y 4 también figuran los que tienen su territorio, o parte del mismo, en un radio de ocho kilómetros desde la instalación, y aquellos que tengan algún núcleo de población, sea o no principal, 16 kilómetros a la redonda.

Al municipio en cuyo término radique la instalación se asignará el siguiente porcentaje del fondo: el 5% para las instalaciones de categoría 1, el 40% para las de categoría 2, el 25% para las de categoría 3 y el 10% para las de categoría 4.

El resto del dinero se repartirá entre todos los municipios con derecho a la asignación, tendiendo en cuenta distintos criterios como el número de habitantes y la cantidad de material nuclear almacenado, si bien ningún municipio recibirá más del 20% o 50% del fondo.

Para los municipios que acogen nucleares con combustible gastado en su emplazamiento o almacenes temporales se garantizará un importe mínimo de 79 euros por habitante y año, y una asignación anual mínima de 75.000 euros anuales por localidad.

Asimismo, se garantizará para dichas instalaciones la percepción de un importe mínimo de 55 euros por habitante y año para aquellos municipios en que, no cumpliendo con el requisito anterior, la distancia media ponderada de todos sus núcleos de población al centro de la instalación sea menor de 15 kilómetros. La cantidad destinada a garantizar estos mínimos no podrá ser superior a 275.000 euros anuales por municipio.

Una Comisión de Evaluación, integrada por representantes de los municipios, Enresa e Industria, analizará las iniciativas planteadas por los municipios.

Japón anuncia que jubilará sus tres primeros reactores nucleares tras el accidente de Fukushima

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La decisión responde a un cambio legislativo, aprobado en Japón en 2013 a raíz de la crisis de Fukushima, que por primera vez estableció el periodo de funcionamiento máximo (40 años en este caso) que debía tener un reactor.

Las tres unidades que serán clausuradas son la 1 de la central de Tsuruga, operada por Japan Atomic Power y en funcionamiento desde 1966, y 1 y 2 de Mihama, propiedad de Kansai Electric Power y operativas desde 1967 y 1968.

Ambas plantas se encuentran en la prefectura de Fukui, al oeste de Japón, la que sigue albergando el mayor número de reactores en condiciones operativas de todo el país. En concreto ocho, sin contar los tres ya mencionados.

Se prevé además que otras dos eléctricas anuncien este miércoles la jubilación de otras dos unidades con más de 40 años de vida, que corresponderían a las unidades más antiguas en las plantas de Shimane, al oeste, y Genkai, al suroeste, que empezaron a funcionar en 1970 y 1971, respectivamente.

De este modo, el parque nuclear nipón quedaría así reducido a tan sólo 43 reactores. Contaba con 56 en el momento del accidente de Fukushima en 2011.

Enresa decide ampliar el estudio de las características geológicas de los terrenos del ATC de Villar de Cañas de 75 a 200 metros de profundidad

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La convocatoria estará abierta a presentación de propuestas hasta el 8 de abril. Hasta ahora, en el proceso de caracterización del emplazamiento del ATC se realizaron estudios de caracterización geotécnica y geofísica hasta profundidades generalmente inferiores a los 75 metros. Sin embargo, Enresa apunta que para cumplir con los requerimientos de la normativa nuclear estadounidense, referente para el sector nuclear español, para conocer la interacción del terreno con la estructura de los edificios de la instalación nuclear se precisa alcanzar «profundidades mayores a las investigadas hasta la fecha«. En este sentido, el pliego de contratación señala que el objetivo de la licitación es acometer una caracterización geotécnica dinámica que analice hasta 200 metros de profundidad.

Además, el contrato reclama también la perforación de nuevos sondeos de investigación hidrogeológica e indica que se obtendrán parámetros geotécnicos estáticos en algunos de los sondeos para ligarlos con los obtenidos en campañas anteriores. En concreto, el adjudicatario tendrá que perforar nuevos sondeos de investigación hidrogeológica para mejorar el modelo conceptual existente del sistema hidrogeológico asociado al ATC. También se requiere la obtención de la resistividad eléctrica del terreno de cara al diseño de la red de puesta a tierra en el entorno de la subestación eléctrica; el sellado de los sondeos perforados en campañas anteriores y de los sondeos a desarrollar. Al mismo tiempo deberá determinar la temperatura y la conductividad térmica del terreno.

De acuerdo con el pliego de condiciones, la nueva campaña geotécnica y geofísica servirá de base para analizar la interacción terreno-estructura, que son necesarios para modelizar adecuadamente la cimentación de los edificios del ATC. Respecto a la licitación, fuentes de Enresa explicaron que la iniciativa o contrato forma parte de la interacción del proceso de licenciamiento con el Consejo de Seguridad Nuclear. Asimismo, han precisado que la caracterización del emplazamiento es un requisito legal necesario para obtener los datos suficientes sobre los parámetros del mismo.

Por ello, aseguran que «esta tarea no se limita al periodo previo a la construcción, si no que comprende toda la vida operativa de la instalación, incluyendo su desmantelamiento«. Finalmente, apuntan que en las primeras fases la caracterización pretende dar soporte al diseño de construcción de la instalación, sobre el que se sustenta la propia seguridad del ATC. Sin embargo, las fases posteriores de caracterización irán destinadas a soportar los Planes de Vigilancia del ATC, de acuerdo con la normativa. «Es una práctica habitual en todas las instalaciones nucleares», concluyeron.

La industria nuclear española busca un hueco dentro del desarrollo del programa nuclear del Reino Unido

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En el encuentro las empresas de ambos países presentaron sus productos, servicios y capacidades para reforzar o establecer nuevas oportunidades comerciales y desarrollar proyectos conjuntos, en el Reino Unido y en España, así como en terceros países donde participan en programas nucleares en desarrollo.

Ambos países coincidieron en la importancia del encuentro para fomentar las relaciones comerciales e impulsar colaboración y alianzas en áreas de interés común entre ambos países.

El embajador británico en España, Simon Manley, destacó que el Reino Unido necesita empresas españolas «capaces de contribuir con tecnología y conocimiento innovador» para la construcción de 16 gigawatios de nuevos reactores a partir de 2023.

Mientras, el presidente del Foro Nuclear, Antonio Cornadó, defendió que la industria nuclear española tiene presencia en más de 40 países en la actualidad y que participa en toda la cadena de valor nuclear con un 70% de su actividad dedicada a la exportación. Así, definió al sector nuclear nacional como «capacitado, competitivo y generador de riqueza y empleo, apuesta por su internacionalización».

«Precisamente, a través de encuentros empresariales como éste buscamos afianzar e intensificar nuestra actividad en el exterior», apuntó.

Por su parte, el presidente del grupo de desmantelamiento y generación nuclear de la Asociación de Industria Nuclear del Reino Unido (NIA), Gareth Davies recordó que Reino Unido es «uno de los pocos mercados europeos que ofrece oportunidades» en nueva construcción civil, generación actual y desmantelamiento, fabricación de combustible y fusión».

Mientras, el Director de Desarrollo del Centro Nuclear Avanzado de Investigación y Fabricación (AMRC), Peter Handley, presentó este Centro «como una inversión del Gobierno británico para unir a la industria, investigación y Gobierno en un objetivo común de hacer del Reino Unido el destino elegido para la inversión de la industria nuclear».

Los participantes en el encuentro visitarán este viernes la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara) para conocer las tareas de desmantelamiento.

Reino Unido cuenta con 16 reactores en operación que en la actualidad generan el 18% de la electricidad. La previsión del país es ir incorporando nuevos reactores conforme se vayan clausurando los existentes, que previsiblemente lo harán entre 2019 y 2035. El país tiene confirmados ocho posibles emplazamientos para construir nuevos reactores nucleares de distintos diseños.

El grupo nuclear francés Areva eliminará 1.500 empleos en Alemania

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El motivo de esa reducción de plantilla responde a las «dificultades financieras» del grupo y a la «situación particular de Alemania respecto a la energía nuclear», después de que Berlín encontrara el consenso político para abandonar paulatinamente la energía atómica, precisaron las mismas fuentes.

En paralelo, Areva mantiene conversaciones con los sindicatos para abordar la situación en Francia.

El grupo Areva, controlado al 83% por el Estado francés y cuya facturación cayó en 2014 un 7,2% hasta 8.336 millones de euros, cuenta actualmente en Alemania con el equivalente a 5.126 trabajadores a tiempo completo.

Cuando la empresa publicó sus resultados anuales el pasado 4 de marzo anunció que acometerá un plan de recortes de 1.000 millones de euros en el horizonte de 2017 para regresar al territorio de los beneficios.

El PSOE considera que el parque nuclear español debería estar cerrado en 2028 y apuesta por priorizar las energías limpias en el futuro próximo

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Con motivo del cuarto aniversario del accidente que se produjo en la central nuclear de Fukushima, tras el tsunami que azotó al país nipón, Lucio destacó que para el PSOE la prioridad son las energías «limpias, seguras y sostenibles».

«La posición del PSOE respecto a la energía nuclear es muy clara: ningún reactor puede estar operativo más allá de 2028, año en que Trillo, la central más moderna, cumpla los 40 años de vida útil«, defendió la diputada.

En este contexto, recordó que hace cuatro años en Fukushima se vivió un «desastre» humano, social, económico y ambiental de una «magnitud colosal» cuyas consecuencias se seguirán padeciendo «de forma dramática» como por ejemplo las 50.000 personas que siguen desplazadas y que el radio de exclusión sigue siendo de 20 kilómetros.

En este sentido, explicó que lo ocurrido en Japón modificó las condiciones de seguridad de las centrales nucleares en gran parte del mundo y planteó su viabilidad como energía de futuro.

En concreto, se refirió a Alemania, que acordó cerrar sus plantas atómicas en 2020 y a Francia, que está reduciendo el peso de la energía nuclear en su cesta energética, mientras que en España, «el Gobierno del Partido Popular quiere alargar la vida útil de las nucleares hasta los 60 años».

Por ello, aclaró que los socialistas son «conscientes de la imperiosa necesidad» que tiene España de disponer de un nuevo modelo energético que la libere de la dependencia del exterior. «La energía nuclear no es una alternativa de futuro», apuntó.

Finalmente, subrayó que España debe abordar una transición energética hacia un modelo energético que persiga «la sostenibilidad económica, social y medioambiental, con una energía a un precio asequible, aportando independencia energética, tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad».

La nuclear generó el 20,5% de la electricidad en España en 2014, un 0,8% más que el año anterior

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El presidente de la SNE, Francisco López, destacó el papel que la producción eléctrica con energía nuclear juega en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y señaló que disminuyeron cerca de un 4% en 2014, lo que supone que «el 65% de la producción energética en España se genera libre de CO2» frente a la media europea del 50%. De este porcentaje la nuclear aporta el 35%; la eólica un 31%, la hidráulica el 26%, la solar fotovoltaica el 5% y la solar térmica un 3%.

En el año pasado la demanda de electricidad cayó un 1,6%, algo menos que el 2,2% del año anterior, lo que representa un consumo equivalente al de hace diez años. A su juicio, esto es fruto de la crisis energética y del aumento de la eficiencia energética. «La reducción de la demanda ha tocado fondo y se prevé un ligero repunte este año», indicó López. Además, López indicó que la aplicación de la ley del sector eléctrico «conseguirá que la tarifa sea suficiente para hacer frente a los costes», por lo que el déficit tarifario «se sitúa prácticamente a cero».

López destacó que cada central nuclear estuvo conectada a la red una media de 7.865 horas, lo que supone que tuvieron un factor de operación del 89,74%. También reclamó un marco regulatorio «estable y predecible» para que el sector pueda programar sus inversiones. Actualmente cada reactor realiza inversiones de unos 40 millones de euros al año, lo que permite dar «fiabilidad, modernización y mantenimiento riguroso». En este sentido, incidió en que con la Ley de Medidas fiscales, el Gobierno gravó la producción nuclear con un 7% y también el combustible gastado, lo que hace que las centrales aporten 1.000 millones de euros anuales en impuestos.

En consecuencia, la central nuclear de Santa María de Garoña, que cesó su actividad en julio de 2013, «está en condiciones de volver a operar» y podría hacerlo hasta completar los 60 años en 2031, si así lo dictamina el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), reivindicó el presidente de la SNE. López aseguró que «no hay ninguna ley en España que diga que la vida de las centrales es de 40 años«, y que la experiencia demuestra la capacidad de estas instalaciones de operar «más allá de lo inicialmente previsto».

En este contexto, el vicepresidente de la SNE, José Ramón Torralbo, añadió que «todas las centrales nucleares» están en disposición de alargar su vida operativa, debido al proceso de mejora continua y modernización de sus instalaciones y porque la tecnología nuclear es «fiable, competitiva e independiente» de otros factores externos y favorece la competitividad de España. Respecto a Garoña, Torralbo recordó que solicitó al CSN que evalúe si puede volver a generar electricidad o no hasta 2031. El CSN marca los plazos y se encarga de evaluar la documentación requerida a sus gestores para dictaminar si Garoña puede operar hasta los 60 años de vida.

En concreto, Torralbo recordó que los informes del regulador atómico de 2009 señalaron que la central estaba en condiciones de operar diez años más y aseguró que sus condiciones operativas y de funcionamiento «están intactas» ahora que la central lleva algo más de dos años sin producir electricidad. «La renovación está en manos del CSN, que es soberano en cuanto a los requisitos e información que ha pedido y que pueda pedir», indicó Torralbo, también presidente del Consejo de Administración de Nuclenor, titular de Garoña.

Asimismo, aseveró que si la central no hubiera parado seguiría «en las mismas condiciones de conservación y técnicas» e insistió en que los márgenes de seguridad se han incrementado por lo que cuando termine todo el proceso «Garoña estará aún en mejores condiciones». Torralbo agregó que en este ejercicio se ha realizado un «esfuerzo» profesional y económico muy alto pero que «no puede ser indefinido», por lo que deseó «que se agilice» el proceso para saber si la planta podrá volver a operar o no.

Respecto a la construcción del nuevo almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas(Cuenca), desde la SNE indicaron que «su diseño cuenta con los máximos niveles de seguridad» y que «es cuestión de tecnología» e ingeniería garantizar la seguridad en un emplazamiento concreto, por lo que no creen que se vaya a cambiar su ubicación. Tras la situación de paralización del proceso de adjudicación de las obras en Enresa, tras la dimisión de su presidente, desde la SNE confían en que los cambios organizativos en Enresa no vayan a producir retrasos y comience este año su construcción y termine finalmente en 2018.

La industria nuclear destaca que Fukushima elevó la seguridad de las centrales y 68 están en construcción

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Con motivo del aniversario, el sector destacó que las pruebas de resistencia a las que se sometieron todos los reactores europeos para evaluar sus márgenes de seguridad ante sucesos extremos arrojaron resultados positivos y márgenes de mejora.

En concreto, valoró que las lecciones aprendidas tras el accidente se incorporan ahora a la experiencia operativa y surgen de las pruebas de resistencia realizadas en la Unión Europa.

Estados Unidos también revaluó la seguridad de sus reactores y, adicionalmente, otros países no pertenecientes a la Unión Europea también realizaron estas pruebas a sus instalaciones. «Todo ello es, sin duda, una forma de mejorar la seguridad y hacer uso de tecnologías punteras», manifestó el sector .

Además, subrayó que cuatro años después, el desarrollo de los planes nucleares «no se ha modificado» a nivel mundial, ya que actualmente hay 68 en construcción y 440 en operación. «Prácticamente todos los países han continuado con su desarrollo nuclear y han gestionado sus centrales nucleares existentes», señaló.

Respecto a España, consideró que las pruebas de resistencia realizadas tras Fukushima tuvieron resultados positivos, ya que los análisis y estudios realizados ponen de manifiesto que «existen márgenes que aseguran las condiciones de seguridad de las centrales más allá de los supuestos considerados en el diseño».

En este sentido, aseguró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no ha identificado en sus conclusiones aspectos que supongan una deficiencia relevante en la seguridad de las centrales nucleares españolas y que pudiera requerir la adopción urgente de actuaciones en las mismas.

Así, recordó que las modificaciones indicadas por el regulador a las centrales nucleares españolas deberán estar implantadas en los próximos años con plazos aplicables y fijados por el propio organismo regulador.

Finalmente, apuntó que el CSN incluyó en las instrucciones algunas «solicitudes de información», que requieren a los titulares la realización de análisis más completos o de estudios adicionales. Una vez finalizados estos análisis, el CSN decidirá sobre la conveniencia de establecer otros requisitos adicionales.

PSOE, Podemos, IU, UPyD, Equo y PCAS firman un pacto «por el cierre del silo» nuclear de Villar de Cañas

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Estas formaciones políticas se comprometieron a incluir en sus programas electorales ese asunto como «prioritario» y, en caso de gobernar, se llevarán a cabo «todos los pasos legales posibles para paralizar definitivamente el proyecto».

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quiso poner el acento en que los socialistas han estado «desde el primer momento en contra» y actuando «en varias direcciones» para impedirlo, «dando la batalla parlamentaria en el Congreso de los Diputados».

Además, hizo referencia a que se pidieron explicaciones en todos los ámbitos «incluso se solicitó que se lleven a cabo auditorías en la gestión económica» de todo el proceso.

«También en las Cortes hemos planteado iniciativas parlamentarias instando a la paralización del proyecto, y hemos estado en todos y cada uno de los actos que ha organizado la Plataforma», incidió. «La energía nuclear no fija población en el medio rural».

Al acto estaba prevista la participación de algún representante de la formación Ciudadanos que, a última hora, según explicaron los asistentes, declinaron estar presentes en la firma de este acuerdo.

En este sentido, el representante del PCAS, Pedro Soriano, lamentó la salida a última hora de esta formación que en principio iba a incorporarse a este pacto, y dio la bienvenida a todas las anexiones a este compromiso.

Según recordó, este cementerio «no puede dar vida a un territorio», y pese al «empeño» del PP de instalar el silo en Villar de Cañas, consideró que políticamente «se puede paralizar el proyecto».

«No es el escenario más idóneo»

Jacobo Medianero, de Izquierda Unida, aseguró que este proyecto «es malo para Cuenca, para La Mancha y para Castilla-La Mancha», tras lo que aseguró el trabajo de la Plataforma contra el ATC a lo largo de estos años por paralizar «un error dramático».

«Para mí, como persona de la zona, es un honor haber firmado este documento», dijo Medianero, que apuntó que las zonas rurales necesitan frenar la despoblación, pero no se puede estar de acuerdo con que «la solución sean los residuos nucleares».

Por parte de Equo intervino Blanca Azucena García, quien recordó que siempre han estado presentes en las protestas contra la instalación de este almacén, y advirtió que desde su formación seguirán en esta «lucha diaria» contra un cementerio que representa «una grave injusticia social y medioambiental» para Castilla-La Mancha».

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, señaló que las movilizaciones sociales han sido las que han supuesto «el verdadero muro de contención» ante «políticas antisociales» como la instalación de este almacén.

Juana María Cano, en representación de UPyD, mostró todo el apoyo de la formación, recordando que su partido defiende las energías sostenibles y limpias «siempre y cuando no perjudiquen el medio ambiente y cumplan las medidas de seguridad para las personas».

Es por ello que se mostró contraria a la instalación del ATC, asegurando que hay expertos que han valorado que Villar de Cañas no es el escenario más idóneo para la instalación del almacén. «Además, puede suponer un sobrecoste de 2.800 millones de euros», alertó Cano.

Una de las portavoces de la Plataforma, Riánsares Pérez, defendió que el proceso para designar Villar de Cañas como sede del silo «ha estado plagado de irregularidades», incidiendo en la posibilidad de que acarree sobrecostes «del 30% de lo presupuestado».

«Mª Dolores de Cospedal estaría legitimada para instalar el ATC en Castilla-La Mancha si lo hubiera anunciado en su programa electoral, pero no lo hizo», destacó Pérez.

El PP no entiende la oposición

Por su parte, el Partido Popular aseguró no entender la oposición de otras fuerzas políticas a la construcción del ATC de Villar de Cañas, cuando esta infraestructura va a generar empleo en una zona «castigada por el PSOE», dijo la parlamentaria del PP Carolina Agudo.

Agudo defendió que su partido «siempre ha apostado por el desarrollo económico, por la creación de empleo y por alcanzar y garantizar el bienestar de los ciudadanos» en esta zona de la provincia de Cuenca.

Es por ello que manifestó no entender cómo el parlamentario conquense José Luis Martínez Guijarro se opone a la construcción del cementerio nuclear, que va a propiciar el desarrollo de esta zona.