Castilla-La Mancha irá los tribunales españoles y de la Unión Europea si el Gobierno declara el ATC de interés general

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El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que si el Gobierno de España declara el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) como de interés general, el Ejecutivo regional irá «a los tribunales españoles y de la Unión Europea». Otros que irán a los tribunales serán desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recurriendo la ampliación de área protegida medioambientalmente desarrollada por el Ejecutivo autonómico para impedir el ATC. Además, el CSN anuncia que escuchará a más técnicos.

La guerra entre administraciones acaba de comenzar: «cuando se pretende generar una infraestructura en un área protegida por las directivas de la Unión Europea se tiene que justificar que no hay otra alternativa y creemos que es difícil de justificar», indicó Martínez Guijarro. El vicepresidente afirmó que el presidente regional, Emiliano García-Page «está cumpliendo los compromisos que asumieron con los ciudadanos de Castilla-La Mancha» en referencia a la instalación del ATC que se pretende construir en Villar de Cañas (Cuenca).

También indicó que se está analizando el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, ya que «su tramitación en tan solo 48 horas llama mucho la atención», indicó la Junta. Por último, ha recordado que los informes técnicos señalaban que la opción de la instalación del ATC en esta localidad conquense era la cuarta opción y la decisión de hacerlo aquí fue «un acuerdo político que se cerró entre Cospedal y Rajoy sin tener en cuenta estos informes».

Ampliar el área protegida medioambientalmente

Por su parte, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca propondrá la ampliación de las 25.000 hectáreas que el Gobierno castellano-manchego quiere incluir bajo la protección de la Red Natura 2000 en el entorno de la Laguna del Hito (Cuenca), que incluirían el espacio donde está previsto el emplazamiento del silo nuclear de Villar de Cañas.La portavoz de la Plataforma, María Andrés, ha asegurado que «aunque se ha puesto el foco mediático en las especies de aves, en las 10.000 grullas, en la solicitud realizada por la Plataforma se recoge la presencia de valores naturales muy notables que merecen ser conservados«, según ha informado la Plataforma, como «las comunidades gipsícolas, las especies piscícolas o las Lagunas de Casalonga».

Finalmente, la portavoz de la Plataforma exigió que el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, «debería explicar cómo se presentó la candidatura al ATC, en un pleno en el que el asunto no figuraba en el orden del día».También criticó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «ha repetido que los residuos nucleares se están enviando a Francia y que cuestan 60.000 euros diarios», alegando que «ambos argumentos son falsos«.»El órgano oficial de comunicación de Enresa reconoce que no se paga un solo euro por los residuos, puesto que la gran mayoría se encuentran en las propias centrales nucleares, bien en las piscinas anexas a los reactores o en almacenes individuales en seco«, explicó Andrés.

Villar de Cañas pide justicia

El Ayuntamiento de Villar de Cañas y los demás municipios y vecinos afectados por el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que recurrirán «a todas las instancias legales» la decisión del Ejecutivo autonómico ampliar la zona protegida de la Laguna del Hito ya que la considera «un fraude de ley». A su juicio, se está «intentando utilizar la legislación ambiental para fines distintos de los que contempla«. Según el Consistorio, el Gobierno regional «pretendía proteger terrenos que fueron excluidos por la Sociedad Española de Ornitología, como áreas importantes para las aves».

En concreto, según el Ayuntamiento, SEO/BirdLife estableció el 31 de diciembre de 2010 «que buena parte de los terrenos de Villar de Cañas y la zona de implantación del ATC en particular, no tienen el interés ni relevancia que pretende la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni se ven afectados en absoluto, por la ocupación ni el paso de las aves«. En el mismo sentido se ha manifestado la Plataforma Sí Queremos el ATC en Villar de Cañas, que ha señalado que esto «invalida por completo las pretensiones de paralizar el ATC» con el acuerdo del Consejo de Gobierno.

El CSN atenderá dudas técnicas

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analizará en una próxima reunión tras las vacaciones las «dudas e incertidumbres» planteadas sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) por los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del organismo regulador, según fuentes del regulador atómico. Estos técnicos expresaron sus reservas a través de una nota informativa conocida «con posterioridad a la redacción de la Propuesta de Dictamen Técnico (PDT) de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear» sobre el emplazamiento del silo. Esa nota estaba firmada por el jefe de área del CITI y los geólogos que integran el departamento. Destacaba los esfuerzos a realizar para superar la inestabilidad del terreno para construir el silo pero no así su construcción.

Según consta en las actas publicadas por el CSN sobre aquella reunión, la nota fue dirigida al director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, quien no la incluyó en el informe de evaluación, ni tampoco en la PDT; por lo que los consejeros del CSN desconocían su contenido el pasado lunes 27, momento en el que se debatía la primera autorización de emplazamiento del silo nuclear. Dado el desconocimiento de los consejeros, salvo Cristina Narbona que sí había tenido acceso a la misma a través de un medio de comunicación, se invitó a Munuera al pleno del CSN.

Ante los consejeros del CSN

En la reunión, Munuera explicó que decidió no incluir la información por su «carácter absolutamente anómalo y fuera de procedimiento», «que los firmantes califican de informativa» y que se «aparta de las categorías manejadas en los expedientes de evaluación técnica, normalmente notas interiores o de evaluación técnica firmadas por el autor y revisadas por su superior jerárquico». A su vez, Munuera argumentó que no le dio trascendencia técnica a dicha nota, ya que su objetivo era «poner en evidencia la necesidad de utilizar recursos desproporcionados para cumplir los límites y condiciones que contiene la PDT y que contestó a los signatarios de la nota que estas consideraciones estaban fuera de las competencias de esa área«.

El Gobierno baraja ordenar por ley que arranquen las obras del ATC de Villar de Cañas

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Europa Press.- El Gobierno baraja hacer uso del ordenamiento en materia de suelo que le permitiría conceder licencias para las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas a pesar de la protección ambiental anunciada por el gobierno autonómico manchego, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que recuerda que así se construyó una piscina en la central de Trillo y cuarteles en Euskadi. Por otro lado, Enresadeberá reforzar su organización para construir el ATC y el CSN podrá paralizarlo si observa anomalías.

En este sentido, «si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales», indicó el ministro de Justicia, que precisó que este instrumento puede aplicarse cuando el Ejecutivo considera legítimamente que debe anteponerse el interés general a un interés particular de un territorio. Catalá recordó que esta prerrogativa ya se ejerció previamente cuando se autorizó la edificación de unas instalaciones; en concreto una piscina, en la central nuclear de Trillo, o cuando algunos ayuntamientos no daban licencias para construir comisarías o cuarteles de la guardia civil en el País vasco.

«Es el caso que podremos estudiar en este supuesto, en el que se está desarrollando un proyecto que parece que tienen todo el sentido y que lleva muchos años avanzando en esa dirección», avanzó. En su opinión, la decisión de un Gobierno autonómico no debería ser «exclusivamente suficiente» para impedir una política que supera, con mucho, sus competencias. «Como existe este mecanismo legal, veremos si conviene finalmente autorizar la continuación de esas obras», ha apuntado.

El ministro de Justicia ha recordado, además, que la decisión de construir el almacén nuclear partió del anterior Gobierno socialista. «Esta decisión no la ha tomado este gobierno, no es una ocurrencia reciente sino que, como digo fue el Ejecutivo anterior del PSOE quien empezó y avanzó en esta dirección, que además tiene todos los beneficios en términos económicos, de seguridad y de ser autosuficientes en política energética», insistió Catalá.

Además el titular de Justicia considera como «un poco paradójico» que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha dirigido por Emiliano García Page extienda ahora una zona de especial protección hasta 25 veces. En concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del ATC, una ampliación que prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno» y que provocaría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca».

Condiciones del CSN a Enresa

Enresa deberá reforzar su organización de cara a la construcción del ATC en Villar de Cañas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podrá paralizar las obras de infraestructuras preliminares en caso de observar anomalías. Estos son dos de los límites y condiciones que el regulador atómico ha impuesto en el informe favorable a la autorización previa para el silo, que el pleno del CSN aprobó el pasado lunes 27 de julio. En concreto, señala que la organización de Enresa para la fase de construcción deberá ser reforzada, previamente a la obtención de la autorización de construcción, para supervisar el desarrollo del proyecto y garantizar la calidad durante la construcción.

Además, el CSN podrá paralizar las actividades y obras de infraestructuras preliminares en caso de aparición de anomalías que afecten o puedan afectar a la seguridad nuclear y protección radiológica hasta tanto sean corregidas, pudiendo proponer la revocación de la autorización si dichas anomalías no fueran corregidas. Enresa es el titular de esta autorización previa para la construcción del ATC, que es considerada como una «instalación nuclear» para albergar los residuos de las centrales nucleares españolas, así como los que se encuentran en Francia procedentes de Vandellós I, los que no puedan ser tratados en el Cabril, así como aquellos residuos que se derivan de la actividad de la instalación.

El informe técnico sobre el que se basa el acuerdo del pleno del CSN concluye que los técnicos afirman que los estudios de caracterización sobre la geografía, demografía, geología, meteorología, geomorfología, hidrología superficial realizados por Enresa son «aceptables», así como que los estudios de caracterización sobre peligrosidad sísmica son «aceptables» y permiten un «diseño seguro» de la instalación. En cuanto a la caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica, consideran que Enresa desarrolló un modelo preliminar de flujo subterráneo de aguas que «deberá ser actualizado y completado» a lo largo del proyecto con la obtención de nuevos datos que permitan validar el modelo.

Además, entienden que el diseño de cimentación propuesta por Enresa es «adecuada» para su ubicación en el emplazamiento, teniendo en cuenta que es necesario adoptar una solución envolvente conservadora en el diseño de estas cimentaciones y desarrollar un «detallado plan de vigilancia del emplazamiento», tras identificar los riesgos potenciales en la caracterización geotécnica para evaluar la estabilidad del terreno. Como ya avanzó el CSN, el informe técnico agrega que del análisis normativo se deriva que las bases de diseño del ATC son dependientes del emplazamiento, es decir, las características del emplazamiento condicionan el diseño del ATC, y que las incertidumbres asociadas a la caracterización del emplazamiento recomiendan «complementar el diseño con criterios de seguridad intrínseca».

Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».

Fernández Vara, sobre el ATC: «En algún sitio habrá que poner las cosas»

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Servimedia / Europa Press.- Las discrepancias alcanzan al PSOE: el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, se pregunta, en referencia a la pretensión de Castilla-La Mancha de bloquear la construcción del ATC de Villar de Cañas, en qué lugar de España hay que poner aquellas cosas «que nadie quiere», porque «en algún sitio las habrá que poner». Mientras tanto, el PSOE pedirá la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, y presentará distintas iniciativas, también en Castilla-La Mancha, demandando información.

El presidente extremeño recuerda que en su región ya hay dos reactores nucleares, Almaraz I y II, y que, en su momento, impidió a un pueblo de su comunidad que optara a ser la sede del ATC. Por ello, Fernández Vara sostuvo que no le puede pedir al presidente de Castilla-La Mancha que no haga lo que él hizo, si bien manifestó que eso conlleva hacerse «una reflexión»: «¿Qué hacemos para las cosas que nadie quiere y que un país necesita?». En este sentido, Fernández Vara se refirió, de manera irónica, a que «no vaya a ser» que creemos una comunidad autónoma para poner en ella «lo que no quiere nadie, porque en algún sitio habrá que poner las cosas».

En esta línea, apuntó que ello supone entender «que no ponerlas significa seguir pagando lo que se está pagando por llevar los residuos fuera». Por otra parte, señaló que «hay cosas del Estado de las Autonomías que las hemos llevado al esperpento» y abogó por encontrar en España un nivel de «consenso suficiente para determinadas cuestiones». A su juicio, el Estado de las autonomías no es ver «cómo troceamos España en 17 trozos», porque España «es mucho más que la suma de 17 regiones» y hay cuestiones que son asuntos de país y «no debían de estarse cambiando cada vez que hay cambios de Gobierno.»

El Gobierno manchego que preside el socialista Emiliano García-Page inició el procedimiento para ampliar la zona especial de protección para las aves (ZEPA) actual, el espacio reconocido como Red Natura de la Laguna del Hito que pasa de 1.000 a 25.000 hectáreas protegidas. De esta manera, protege los terrenos destinados para el ATC impidiendo su construcción en Villar de Cañas. Lo cierto es que de momento, según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el área que dirige no ha recibido aún la solicitud del gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar la Red Natura en la zona de Villar de Cañas.

Competencia de las comunidades autónomas

Según el Ministerio de Agricultura, la declaración de los espacios Red Natura 2000 terrestres es exclusiva de las comunidades autónomas, en relación a la intención del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha de iniciar el procedimiento para ampliar el espacio Red Natura en la Laguna del Hito. Fuentes del Ministerio explicaron que, en todo caso, la función de este departamento es la de dar traslado de la información de las comunidades autónomas, una vez que está completa, a la Comisión Europea.

PSOE pide explicaciones a Soria

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a pedir, de nuevo, la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre el ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas y va a presentar distintas iniciativas, que también realizará el PSOE en Castilla-La Mancha, solicitando «la información oportuna» sobre el silo. Así lo avanzó la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, que confió en que el ministro Soria «no haga filibusterismo parlamentario» como intentó hacer «en la anterior ocasión» cuando protagonizó una «comparecencia sumamente evasiva».

Maestre indicó que, además, se va a pedir una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la construcción del ATC y la gestión que está llevando a cabo Enresa, preguntándose «qué interés general hay por ubicar en Villar de Cañas el basurero nuclear» y viendo una razón detrás «mucho más que oscura y radioactiva». Asimismo, la socialista, que lamenta que estén «engañando a los vecinos de Villar de Cañas», indicó que argumentos de expertos como los del Colegio de Geólogos «generan muchas dudas», sobre el silo y sobre la seguridad, y criticó que el Gobierno parece que «quiere dejar atada y bien atada la construcción del ATC» antes de las elecciones.

Por otro lado, preguntada por el voto a favor de la consejera socialista Rosario Velasco, en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Maestre afirmó que «ciertas reacciones en el CSN pueden responder a falta de información» porque el «Ministerio no está explicando la cantidad de zonas oscuras que hay en este proyecto». «De otra manera no podemos justificar ni entender cómo se puede votar a favor de la construcción de un basurero en terrenos que son sumamente inadecuados según los expertos«, concluyó Maestre.

Las organizaciones ecologistas dan por «paralizado» el ATC y amenazan con acciones legales si el Gobierno pretende empezar las obras

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Europa Press / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran «paralizado» el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad de Villar de las Cañas, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciara un nuevo Plan de Ordenación de la Recursos Naturales (PORN) con el objetivo de proteger la zona e impedir las obras.

Además, los ecologistas aseguran que si, tras la decisión del Ejecutivo manchego, el gobierno central autoriza el permiso provisional para la construcción del ATC en Villar de las Cañas, «emprenderán acciones legales» para paralizarlo, aunque indicaron que, a su juicio, quien debería hacerlo sería la Junta de Castilla-La Mancha. Según el portavoz de la plataforma contra el ATC, Carlos Villeta, la intención del Gobierno manchego con la tramitación del PORN es estudiar una ampliación del Espacio Red Natura de la Laguna del Hito de las 955 hectáreas que ocupa ahora a un total de 21.400 hectáreas, de modo que abarque la zona en la que se planea construir la instalación.

Villeta recordó que, conforme a la Constitución, las competencias en materia de protección del medio ambiente corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas y señaló también que, de acuerdo con la legislación, una vez iniciada la tramitación de un PORN, que entrará en vigor este jueves, «no se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno». Por ello, asegura que ninguna administración fuera del gobierno regional tiene autoridad legal para revertir el procedimiento de ampliación de la zona de protección natural y, de este modo, «queda automáticamente paralizada» la posibilidad de iniciar el proyecto de construcción del ATC.

Los responsables de estas tres organizaciones aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la concesión del primero de los cinco permisos necesarios para la construcción de la infraestructura, aprobado este lunes, «no es vinculante«. Así, para que dicho permiso fuera efectivo, debería recibir la aprobación del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según explicaron.

Por otra parte, la responsable de Proyectos de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que, una vez paralizado el proyecto, la propuesta de las organizaciones contrarias al proyecto de Villar de las Cañas pasa por un plan en «tres fases«. A su juicio, la primera necesidad consiste en la elaboración de un «séptimo Plan General de Residuos Radiactivos» que, a su juicio, debería contar con la participación de la sociedad civil y la aprobación por parte de la ciudadanía. «Hace prácticamente una década que se aprobó el sexto plan y la situación ha cambiado lo suficiente para necesitar una actualización«, han asegurado.

Además, Montón recordó que dicho plan establecía que la construcción del ATC debía estar finalizada en 2010 y que dicho proyecto estaba planteado para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, cuando «actualmente existe un proyecto del Gobierno para ampliar esa vida a 60». Una vez hecho esto, las organizaciones consideran que debería realizarse un nuevo planteamiento del proyecto a la luz del nuevo plan y en la que sociedad civil y organizaciones pudieran participar en la aportación de alternativas técnicas y económicas para su definición final.

Por otro lado, la responsable de Greenpeace explicó que la organización se ha puesto en contacto con más de 200 de los 217 ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura que, además de Villar de las Cañas, se verían afectados por el proyecto de construir el ATC en esta localización debido a que están en la ruta que deberían seguir los camiones que transportarían los residuos radiactivos hasta las instalaciones, desde las centrales nucleares. «Los municipios por los que pasarán estos transportes no están exentos de riesgos, y estos municipios deben saberlo», indicó. Por allí circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Para Montón, quien defiende que antes de definir el proyecto para construirse un ATC debería abordarse un debate sobre la continuidad de la energía nuclear, el planteamiento de un proyecto centralizado al que derivar todos los residuos nucleares de las seis plantas que hay en España supone un «peligro» desde cinco perspectivas. En primer lugar, debido a que el transporte por carretera de estos residuos «no está exento de accidentes«. De hecho, ha asegurado que, en los últimos 50 años se han contabilizado en Estados Unidos un total de 58 accidentes en los que estaban implicados vehículos con residuos nucleares.

Además, Montón cree que las condiciones que se exigen para el transporte del material radiactivo «no son suficientes» desde el punto de vista de su resistencia a altas temperaturas en caso de un incendio. Por otra parte, cree que es un «riesgo innecesario» someter a las personas de las localidades por las que pasarán estos vehículos a una dosis de radiación adicional, pese a que ha reconocido que esto «no supondría un peligro fulminante» para nadie. Por último, cree que el efecto para estas poblaciones será la devaluación de sus productos naturales, y un incremento del «estrés» para los ciudadanos y conductores de la zona. Por ello les solicitaron que se sumen también a la petición de paralización del proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y su vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas. En este sentido, las organizaciones ecologistas criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.

Castilla-La Mancha (PSOE) quiere ampliar la protección ambiental de la Laguna del Hito para paralizar la construcción del ATC

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Redacción / Agencias.- Mientras el PSOE y el Colegio de Geólogos se oponen a su ubicación, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, una ampliación que impediría la construcción del ATC al prohibirse «actos que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno».

El consejero de Agricultura del Gobierno castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, indicó que el inicio de este procedimiento «responde a una petición de más de 50 entidades ecologistas, agrarias, sindicatos, ayuntamientos de la zona y partidos englobados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear». Arroyo aseguró que este procedimiento es competencia del Gobierno regional y que el Gobierno central no podría «echarlo hacia atrás», añadiendo que la ampliación tiene «el visto bueno de la Comisión Europea».

El consejero reconoció que desde el Gobierno central sí se podría declarar la construcción del ATC como de interés nacional, lo que pondría al proyecto por encima de cualquier otra normativa, aunque afirmó que «lo más razonable sería que esto no sucediera». El titular de Agricultura destacó que de esta forma la Junta castellano-manchega «quiere posicionarse formalmente en contra del cementerio nuclear, que carece de cualquier consenso social». A su juicio, se trata de un proyecto «que está desfasado, no contempla la ampliación de la vida de las centrales nucleares de la región y los técnicos del CSN lo calificaron como desfavorable», tras lo que recordó que Villar de Cañas «quedó en cuarto lugar» como aspirante a albergar la instalación.

«Sorprende que se tome esta decisión cuando se ha encargado a Enresa unos sondeos que tardarían ocho meses en realizarse, y una empresa contratada por el CSN ha dado tres informes negativos sobre la infraestructura», ha aseverado. Arroyo detalló que el proceso «no tiene un plazo determinado», y ahora hay que elaborar el plan de ordenación de los recursos naturales y enviarlo al Ministerio. Arroyo puso de manifiesto que los sobrecostes que se pueden originar «por una mala gestión sobre el emplazamiento» podrían llegar a los 200 millones de euros.

Los geólogos hablan de sobrecostes

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera que la construcción del ATC en Villar de Cañas supondrá «elevadísimos sobrecostes» que se acabarán pagando a través del recibo de la luz y apuesta por un Almacén Geológico Profundo como la opción más fiable. Por ello, cree que es una «mala práctica» dar la autorización de emplazamiento «sin haber solicitado un análisis de coste-beneficio para poder fundamentar la decisión». En ese sentido, el Colegio recuerda que existen «informes geológicos desfavorables» a ubicar una infraestructura como el ATC en esos terrenos. «Este almacén se planificó atendiendo a unos parámetros económicos que estarían cuestionados con la información de la que disponemos ahora», subraya.

Así, apoya la labor de los profesionales geólogos del CSN que «han actuado conforme al código deontológico siguiendo los principios de responsabilidad social, integridad e independencia profesional, veracidad, lealtad y diligencia». Además, el Colegio de Geólogos opina que el ATC no es la verdadera solución para los residuos radiactivos y apuesta, en su lugar, por un Almacén Geológico Profundo (AGP) como la opción «más fiable y duradera ya que plantea una barrera geológica infranqueable para los desechos radiactivos«. «Todo gobierno debería tener como prioridad poner en marcha cuanto antes una línea en I+D destinada a ese almacenamiento geológico de residuos radiactivos, como la que ya existe a nivel europeo», puntualiza.

El PSOE quiere abrir debate

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, reclamó al Ministerio de Industria que reconsidere la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas ya que no hay «garantías absolutas de seguridad» en ese emplazamiento, a la vista de los informes «contradictorios» sobre la idoneidad del emplazamiento y que podría terminar en «enormes sobrecostes». «Están tomando decisiones en un mes que no han tomado durante cuatro años y los informes no son favorables a instalar el ATC en Cuenca. Hay informes contradictorios y consideramos que tiene que haber más información, transparencia y claridad en el proceso, especialmente a la hora de tomar la decisión», criticó Lucio.

Así, el Grupo Socialista exigió las comparecencias del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados para que explique qué perspectivas hay con el ATC, así como del presidente de ENRESA, para que informe de los informes técnicos elaborados por los distintos departamentos relativos al suelo y los estudios hidrogeológicos que se hayan encargado a consultoras externas, entre otros. «Nos parece intuir, sin estar en condiciones de afirmarlo con rotundidad que los informes de evaluación del suelo elaborados por distintos departamentos del área de Ciencias de la Tierra podrían llevarnos a considerar como desfavorables o no idóneas las características del terreno de cimentación elegido», considera el portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, José Segura.

Por otro lado, el Grupo Socialista registró en la Cámara Baja la solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Energía con el objetivo de que informe de los contenidos que deberían integrar el nuevo Plan General de Residuos Radioactivos, ya que el vigente data de 2006 y ahora se pone en marcha el ATC. Según explica Segura, el plan se aprobó «en un ambiente de decisiones políticas en el que, entre otras cuestiones, se preveía que las centrales nucleares tendrían una vida útil de 40 años, es decir, el periodo de tiempo por el cual se les concedió la autorización de instalación y explotación».

El CSN concede la autorización previa a las obras del ATC de Villar de Cañas

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EFE / Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó, «con límites y condiciones», conceder la autorización previa de las obras de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), por cuatro votos a favor y uno en contra de la consejera Cristina Narbona. Por ello informará favorablemente remitiendo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el informe preceptivo y vinculante. Corresponde en consecuencia al Ministerio otorgar la correspondiente autorización administrativa.

Con este permiso, solicitado por Enresa el 14 de enero, el mayor órgano regulador de la seguridad nuclear en España da el visto bueno al emplazamiento del ATC, a pesar de que aún está pendiente de recibir varios informes requeridos a la citada empresa pública de residuos, como es el caso de uno sobre la hidrogeología de la zona. Esta autorización previa permite iniciar las obras externas o complementarias a los terrenos donde se asentará la instalación, como por ejemplo las vías de acceso a la zona donde se ubicarán los principales edificios del ATC, y para continuar con el proceso reglamentario de la autorización de construcción de la instalación.

El CSN recuerda que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, la autorización previa es «un reconocimiento oficial» del objetivo propuesto para la instalación y de la idoneidad del emplazamiento elegido. La evaluación técnica órgano regulador concluye que, desde el punto de vista de la seguridad, el emplazamiento propuesto «no presenta fenómenos excluyentes«. Afirma también que el objetivo del ATC, «está justificado y las necesidades a cubrir quedan debidamente argumentadas» de acuerdo con el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos.

El Consejo reconoce que «las características del emplazamiento, aspectos geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos y de estabilidad del terreno, condicionan el diseño del ATC y los fenómenos asociados a las características del terreno recomiendan complementar la seguridad intrínseca del diseño«. Adicionalmente, y al objeto de garantizar que las condiciones de seguridad nuclear se mantienen a lo largo de la vida de la instalación, desde el inicio incluso de las propias actividades de excavación, el CSN requiere «el seguimiento de las condiciones y fenómenos del emplazamiento, mediante la aplicación de planes de medidas complementarias, compensatorias y de vigilancia».

El pleno del CSN ha acordado emitir un informe preceptivo estableciendo los límites y condiciones relativos a la seguridad nuclear y protección radiológica relacionados con esta etapa del proceso, dando cumplimiento a los requisitos básicos de seguridad nuclear en instalaciones nucleares que recoge la Instrucción del Consejo IS-29. El pleno del CSN está compuesto por dos consejeros a propuesta del PP, dos a propuesta del PSOE y uno de CiU. La consejera propuesta por el PSOE, Cristina Narbona, registrará un voto particular explicando su voto negativo a la autorización previa a las obras del ATC, según fuentes del organismo regulador.

Sin embargo, aunque este sería el primer paso necesario, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción. La solicitud de autorización previa y de construcción del ATC fue presentada por Enresa al departamento de Industria en enero de 2014. El Consejo de Ministros, en una de sus primeras reuniones desde la formación de Gobierno presidido por Mariano Rajoy, acordó designar a Villar de Cañas como emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado. Ecologistas y geólogos han criticado la elección de esta ubicación.

 

Podemos pedirá «responsabilidades políticas» al PSOE por el voto de Rosario Velasco a favor de las obras del ATC

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Europa Press.- Podemos pidió al PSOE de Castilla-La Mancha que «transmita a Pedro Sánchez y al PSOE a nivel federal» su posicionamiento en contra del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, asegurando que, con el voto favorable de la exdiputada socialista Rosario Velasco a las obras del ATC en dicha localidad conquense, considera necesario pedir «responsabilidades políticas por dar una autorización, con informes que dicen que es innecesario y que el lugar es inadecuado».

El portavoz del grupo parlamentario Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, reiteró la exigencia de su partido al CSN para que no conceda el emplazamiento en Villar de Cañas, alegando que el proyecto «se ha aplazado tanto tiempo que las centrales tienen almacenes individualizados y el ATC ya no es necesario». Además, insistió en que «diversos informes técnicos del Consejo y del Colegio Oficial de Geólogos indican que el emplazamiento sería inadecuado por motivos geotécnicos, lo que conduciría a grandes sobrecostes en las obras».

Asimismo, Llorente apunta que, al aprobarse el emplazamiento en la provincia conquense, «las empresas constructoras que participen en el ATC tendrán una base jurídica para pedir indemnizaciones si el proyecto cesase su actividad, con lo que el coste será mucho más elevado«. Llorente finalizó dejando claro el compromiso de su partido con «el impulso a una transición a un nuevo modelo energético seguro, eficiente y que esté bajo control democrático».

Industria pide al CSN que anticipe la evaluación del impacto radiológico para la Declaración de Impacto Ambiental del ATC

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Europa Press.- El Ministerio de Industria ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que «anticipe» la evaluación del impacto radiológico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado y residuos de alta actividad que se prevé construir en Villar de Cañas (Cuenca).

Según consta en el acta del pleno del pasado 15 de julio, se presentó a consideración la propuesta de «informe favorable» de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, «a la petición del Ministerio de Industria de que el CSN anticipe la evaluación del impacto radiológico» del ATC de cara a que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emita la Declaración de Impacto Ambiental de la instalación. Sin embargo, el acta también señala que el informe presentado a consideración «valora únicamente» el impacto radiológico al público como consecuencia de la operación normal de la instalación. No obstante, el informe se ha aprobado por unanimidad y en los términos presentados.

A este respecto, Ecologistas en Acción denuncia que la remisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de este informe radiológico «con graves deficiencias» incumple las instrucciones del CSN y, en concreto la IS-29. Así, el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, destaca que el informe sólo contempla el funcionamiento normal del cementerio nuclear e ignora el impacto de posibles fugas o accidentes, que tendrían una mayor afección sobre el medio y la población.

En este contexto, explica que dicho informe es preceptivo para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda emitir la declaración de impacto ambiental. A su juicio, las «prisas por aprobar el proyecto» del ATC en Villar de Cañas han llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a enviar al Ministerio un Informe sobre el Impacto radiológico «con graves deficiencias«. Por ello, advierte de que es «imposible» que el Ministerio emita una declaración de impacto ambiental «bien fundamentada, basada en los datos enviados por el CSN».

Castejón acusa al Gobierno del «acelerón» que está dando el CSN para lograr los permisos del ATC «antes de las próximas elecciones generales» y advierte de que esta es la causa que ha llevado al regulador a «aprobar un informe con graves deficiencias» pues no cumple las disposiciones de la instrucción de seguridad 29 (IS-29) para instalaciones de residuos radiactivos. Según esta IS-29, se exige tener en cuenta sucesos anormales y accidentes que puedan afectar a los trabajadores o a la población circundante. «El CSN está sometido a presiones intolerables, lo que hace que esté tomando decisiones equivocadas como esta de aprobar un informe con graves deficiencias», denuncia la organización.

Castejón ha insistido en que el emplazamiento del ATC presenta «la grave deficiencia de tener un acuífero muy superficial y dinámico» que hace aflorar el agua y que llega a inundar los terrenos. «Dado que el Informe del CSN no tiene en cuenta las posibles fugas, es imposible que evalúe convenientemente este riesgo y de este modo no será en absoluto fiable», ha apostillado. Por ello, pide la suspensión del proyecto y que se «abandone la pretensión» de construir el ATC en Villar de Cañas, debido a los «numerosos datos técnicos» que muestran que los terrenos son inadecuados y su construcción supondría un riesgo «inadmisible».

El pleno del CSN vuelve a estudiar este lunes el informe de la licencia de emplazamiento

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuya celebración estaba prevista para el miércoles 29 de julio fue adelantado a este lunes, según fuentes internas del organismo regulador atómico, para seguir estudiando el informe sobre el emplazamiento del almacén temporal centralizado de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca). Según estas fuentes, adelantar alguna reunión ordinaria es una «práctica habitual» cuando se trata de expedientes complejos que llevan más tiempo del normal.

El informe de emplazamiento o de autorización previa, de ser positivo, supondría un «reconocimiento oficial de la idoneidad del emplazamiento», Villar de Cañas (Cuenca), que ha sido criticado por la composición geológica de sus suelos por geógrafos, ecologistas y otros expertos en estigrafía. Así, si el CSN emite un informe favorable sobre el emplazamiento, quedaría en manos del Ministerio de Industria conceder a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el permiso para iniciar las infraestructuras y acciones preliminares para la construcción del silo donde se almacenarán durante casi un siglo los residuos atómicos españoles.

Sin embargo, aunque este sería el primer paso necesario, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción. La solicitud de autorización previa y de construcción del ATC fue presentada por Enresa al departamento de Industria en enero de 2014. El Consejo de Ministros, en una de sus primeras reuniones desde la formación de Gobierno presidido por Mariano Rajoy, acordó designar a Villar de Cañas como emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.

La elección de este emplazamiento ponía un punto y seguido a la proposición de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados en 2006 por la que se instaba a la creación de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que debía cumplir el emplazamiento y sus instalaciones de cara a cumplir el mandato parlamentario de 2004 de contar en España con un almacén donde albergar este tipo de residuos. Posteriormente, en 2009 se abrió el concurso o convocatoria pública para la presentación de candidatos, a la que se presentaron ocho candidatos y se definía también la inversión prevista, cercana a los 800 millones de euros.