La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear (ASTECSN) rechaza la reacción del pleno del CSN a sus actuaciones

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Europa Press.– La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) está en «desacuerdo total» con el comunicado emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) respecto de las actividades y acciones de la asociación y considera que «atenta contra los principios democráticos» y busca «mantener la cultura del miedo«. Así lo estima su presidenta, Nieves Rodríguez Guitián, que cree que ha emitido una nota «equivocada» pero añade que si consideran que la ASTECSN ha cometido «algún delito», que se lo comuniquen.

De este modo, asegura que los miembros de la asociación entienden que han actuado en todo momento de forma responsable, informando al pleno de las cuestiones de seguridad nuclear que consideraban importante que conocieran los consejeros. «Hemos usado la vía correcta. Los propios inspectores nos han pedido que transmitiéramos esas informaciones al pleno», ha señalado Rodríguez Guitián sobre el informe sobre el presunto fallo de seguridad en Almaraz. Además, apunta que en el CSN «no existe» un procedimiento interno para presentar las discrepancias internas en el organismo, por lo que Guitián solicita, precisamente un mecanismo para gestionar estas discrepancias según el modelo de la NRA (organismo regulador de Estados Unidos).

Asimismo, respecto a la queja del CSN de que no conoce los miembros que conforman la ASTECSN, lamenta la queja porque no tiene por qué informar de los integrantes de la asociación «más aún cuando se pueden producir represalias«. En todo caso, recordó que en el regulador hay en torno a 210 técnicos de los que forman parte de la nueva asociación «más de la veintena que dice el CSN».

En definitiva, opina que la publicación de un comunicado del CSN «contra sus propios técnicos» es un suceso inaudito que no había sucedido nunca. Finalmente, ha manifestado que para la ASTECSN, el CSN adolece de falta de independencia, de transparencia y de un liderazgo de calidad para poder funcionar con responsabilidad y calidad. «Nosotros sabemos que debemos defender la calidad y la transparencia. El camino no es fácil», ha concluido.

El CSN presenta una denuncia por las pancartas desplegadas en su sede por Greenpeace contra la reapertura de Garoña

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Redacción / Agencias.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegaron 2 pancartas de 27 m2 cada una sobre la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Bajo los mensajes Stop Garoña y Stop nucleares, Greenpeace expresó su rechazo a la reapertura de la central nuclear burgalesa. El CSN presentó la correspondiente denuncia por el acceso a su sede central ante la Dirección General de la Policía. 6 activistas de Greenpeace fueron detenidos.

Los hechos transcurrieron así: 2 vehículos con miembros de la organización Greenpeace accedieron al edificio del CSN por los pasos del garaje, que estaban abiertos para el acceso del personal del CSN, y desplegaron pancartas en la fachada del edificio para pedir el cierre de Garoña (Burgos). Dichos vehículos han sido retenidos por el servicio de seguridad de la sede del CSN, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez alertados, tomaron el control del incidente, según explicó el organismo regulador. La Policía Nacional detuvo y trasladó a dependencias judiciales a 6 activistas tras permanecer colgados de la fachada del CSN durante más de 4 horas.

El Pleno del CSN lamentó la acción de Greenpeace, pues como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con carácter independiente, «no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo. Además las competencias del CSN en la renovación de Garoña «se limitan a la emisión del informe técnico»; corresponde al Ministerio de Industria la resolución final, «tanto en lo que se refiere a la concesión o denegación de la petición, como a cualquier eventual decisión sobre la suspensión de dicho informe técnico». El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones reivindicativas que pueden ser interpretadas como «una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador».

Greenpeace quiere paralizar el proceso

Además de la protesta realizada en la fachada del CSN, junto a la puerta de la sede otros activistas han portado una tercera pancarta en la que se podía leer Por un CSN independiente. De este modo, Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, “después de que en el último pleno, el pasado 3 de febrero, aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a la central nuclear burgalesa para operar hasta los 60 años”.

La organización apunta que, con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, «ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento» ya que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, habían pedido previamente a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es “inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN”.

Greenpeace denuncia que “las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del PP del que proceden 3 de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador”. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, una decisión, a su juicio, «muy cuestionable» teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que es independiente de la Administración General del Estado. “Entre las tareas de Marti como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN», subrayó Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace también recuerda que otro consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en lo que consideran «una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones».

Aparte de la protesta, Greenpece ha lanzado también una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. «El CSN no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente», señaló la organización.  «El presidente del CSN ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular», denunció Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.

La francesa EDF extiende la vida de sus centrales nucleares en el Reino Unido

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EFE.- La eléctrica francesa EDF confirmó que extenderá en varios años la vida de 4 de sus centrales nucleares en el Reino Unido, tras realizar «exhaustivos» análisis técnicos y de seguridad. EDF, participada por el Estado francés, mantendrá abiertas 5 años más las plantas inglesas de Heysham 1 y Hartlepool, que iban a ser cerradas en 2019, mientras que Heysham 2 y Torness, en Escocia, recibirán una prórroga de 7 años, hasta 2030. La decisión de retrasar el cierre salvaguardará unos 2.000 empleos fijos y 1.000 autónomos.

«Nuestra continua inversión, nuestra experiencia y la relación profesional con el regulador significa que podemos prolongar con seguridad la vida operativa de nuestras plantas nucleares», manifestó el consejero delegado, Vincent de Rivaz. EDF está pendiente de concretar su inversión para una nueva planta en Hinkley Point, después de haber llegado a un acuerdo con China para que ésta se haga cargo de un tercio del coste, a cambio de una participación del 33,5%. De Rivaz aseguró que, pese al retraso, sigue en marcha este gran proyecto nuclear, cuyo coste estimado es de 18.000 millones de libras (23.000 millones de euros).

Podemos defiende planificar el cierre de las centrales de carbón, clausurar las nucleares antes de 2024 y prohibir el fracking

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EFE / Servimedia.- El documento presentado por Podemos para intentar un gobierno de coalición con el PSOE propone la planificación del cierre de las centrales de carbón, aunque garantizando «una transición justa» de los empleos de esta actividad hacia otros sectores. Asimismo, se subraya que la meta es que haya un sistema eléctrico 100% renovable en 2050 y que todas las centrales nucleares estén clausuradas en 2024. También quiere una Ley de Cambio Climático y rechaza el fracking y realizar nuevos sondeos petrolíferos.

Todas estas medidas aparecen recogidas en el documento en el apartado relativo al modelo económico e industrial, que tendría como meta «la transición energética hacia una economía descarbonizada, menos dependiente enérgicamente del exterior y más eficiente». Podemos aboga por «un Gobierno del Cambio» que impulse una reforma del sistema eléctrico, entre cuyos ejes estaría lo relativo al carbón. La formación que lidera Pablo Iglesias aboga por «la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores». Ya en el programa de las elecciones generales del 20 de diciembre, Podemos defendía «el cierre progresivo de las centrales de carbón».

Por otro lado, Podemos defiende además una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes. Para ello, se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes, señala el texto. Las críticas desde los territorios mineros no han tardado en producirse. La secretaria de Política Municipal del PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, criticó a Podemos por su postura sobre el carbón. «Podemos se alía con el PP contra la minería del carbón. En campaña lo negaban. Esto es lo que pinta Podemos Asturias», ha censurado Lastra en Twitter.

En las propuestas presentadas por el PSOE para intentar pactar un gobierno, no se menciona el asunto del carbón. En su programa electoral, los socialistas planteaban que hasta que se avance hacia una transición energética y una economía libre de emisiones, era preciso encontrar una «solución justa» para la minería del carbón. Esta salida, según los socialistas, debería combinar su compromiso de «cero emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética del país y la seguridad del suministro».

Rechazo al fracking o prospecciones

Volviendo a la propuesta de Podemos, el documento Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías aboga por el «cierre paulatino» de las centrales nucleares que actualmente están en funcionamiento en España, Además, plantea la prohibición del fracking y de nuevos sondeos de hidrocarburos y aprobar una Estrategia de Rescate Ecológico a 20 años para recuperar las zonas degradadas por causas diversas, con especial atención a la biodiversidad. Derogar la Ley de Costas, medidas para llegar al «vertido cero» e inversiones públicas en infraestructuras ambientales son otras propuestas realizadas.

La formación de Iglesias reivindica la elaboración de una Ley de Cambio Climático que recoja una potenciación de las actuaciones autonómicas sobre política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y retomar las negociaciones con la Unión Europea para hacer una propuesta de gestión de emisiones de CO2 y poner precio fijo a la tonelada de carbono emitido. Esa nueva norma supondría elaborar un plan de transición energética para que el 100% del consumo proceda de energías renovables en 2050 y un plan de reducción de emisiones en los sectores difusos (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión).

El alcalde de Villar de Cañas destaca que Enresa sigue adelante con el ATC

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EFE.- El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Sáiz, consideró previsible la desestimación del recurso del Gobierno central sobre la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en la laguna de El Hito, pero señaló que Enresa «sigue adelante» con las obras del ATC. Así lo indicó después de que la Justicia haya refrendado el auto que denegó la suspensión cautelar de los trámites de protección ambiental puestos en marcha por la Junta de Castilla-La Mancha, recurridos por la Abogacía del Estado.

«Yo sabía que esto iba a pasar. No quieren medidas cautelares. Vamos al Contencioso Administrativo y punto», agregó el regidor. Sáiz añadió que, a pesar de «todos los recursos» que hay actualmente presentados en torno al almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas, la empresa nacional de residuos radioactivos (Enresa) sigue trabajando. «Continúa con sus perforaciones, sigue licitando. La obra no la ha parado nadie», añadió Sáiz. La resolución no es firme y cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mientras que el procedimiento principal sigue tramitándose en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Dies Llovera, consejero del CSN a propuesta del PP, defiende su rigor y «más absoluta independencia» de motivaciones políticas

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Europa Press.- El consejero de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies Llovera, emitió un voto particular en el que defiende su «más absoluta independencia de cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones del organismo regulador en el marco del proceso de evaluación de la renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El consejero votó la semana pasada a favor de cuatro puntos que figuraban en el orden del día relativos a ese proceso y ahora ha emitido una explicación de su voto en la que defiende que su toma de decisión se corresponde con el procedimiento que establece el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que determinan el proceso de evaluación de las solicitudes de los titulares de las instalaciones nucleares y los requisitos a los que deben someterse y las modificaciones de diseño que deben estar aprobadas durante el proceso de evaluación de la solicitud de renovación de la licencia.

30 años de experiencia nuclear

En consecuencia, de acuerdo con el voto particular, añade que la práctica regulatoria se sigue de acuerdo con la normativa aplicable, con los procedimientos internos y, «en este caso también» con una guía de evaluación específica. Asimismo, en su toma de decisión favorable, Dies Llovera expone que su voto se basa también en sus «conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear». En base a este bagaje, afirma compartir «plenamente» la fundamentación técnica de las propuestas como resultado de la «estricta aplicación de la normativa» y del seguimiento del procedimiento, además de «en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero».

Respecto del procedimiento de Garoña en cuestión, explica que la evaluación de la seguridad nuclear y la protección radiológica no es un proceso abstracto y dependiente únicamente del buen saber y entender de los técnicos implicados y de los miembros del Pleno, sino que viene determinado por la aplicación estricta de la normativa aplicable y debe basarse en criterios técnicos. El consejero defiende que lo relacionado con Garoña se decide en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno «le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas» en la Ley y, por tanto, «adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Los plazos ya están marcados

Del mismo modo, añade que toda esta normativa «garantiza la transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse», de modo que los expedientes analizados en el pleno del 3 de febrero respecto a la planta atómica de Garoña, «cumplen plenamente» tanto con los requisitos técnicos impuestos, como con los procedimientos administrativos e internos preestablecidos«. En todo caso, afirma que «ninguna» de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.

Por último, subraya que, a su juicio, el pleno tiene la «responsabilidad de analizar en profundidad los argumentos técnicos que apoyan las propuestas, así como si han respetado las garantías administrativas y procedimientos; en base a ello cada consejero debe formarse su criterio y emitir su voto. Mientras, al CSN le corresponde determinar si las solicitudes son «compatibles con la seguridad nuclear, así como qué requisitos deben imponerse para mejorarla».

La Justicia rechaza de nuevo suspender la ampliación de la zona protegida que entorpece la construcción del ATC

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EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del Gobierno central contra el auto que denegó la suspensión cautelar de la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito (Cuenca), que afecta a la construcción del ATC en Villar de Cañas.

En el auto se reproducen muchos de los argumentos esgrimidos en diciembre para denegar la medida cautelar, se recuerda que la nulidad del acto administrativo recurrido debe ser apreciada «de manera evidente, de un simple vistazo», mientras que en este caso no se puede afirmar que la decisión del gobierno de Castilla-La Mancha se ha adoptado «al margen de los intereses ambientales a cuya tutela se dirigen los procedimientos iniciados».

«No urge para seguridad nuclear»

Asimismo, entiende que no está justificada la urgencia de suspender cautelarmente el procedimiento amparada en la necesidad de construir el ATC por motivos de seguridad nuclear, ya que hasta el momento no ha existido una instalación semejante y no se prueba «la imposibilidad de adopción de alternativas que, aunque puedan ser algo más costosas económicamente, resulten igual y admisiblemente seguras«. En lo relativo a una supuesta invasión de competencias por parte de la comunidad autónoma, la Sala subraya que precisamente determinar la concurrencia de las competencias estatales en materia energética y las autonómicas en material ambiental será la solución de fondo al litigio, y por tanto «impone descender al análisis último del fondo del asunto», lo que no cabe cautelarmente.

La resolución no es firme y cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mientras que el procedimiento principal, al margen de esta denegación de la medida cautelar, sigue tramitándose en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Tras esta resolución, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha opinado que «la justicia vuelve a avalar la política medioambiental» del Ejecutivo castellanomanchego. Hernando recordó que se trata del «segundo portazo» que la justicia da al Gobierno central por su «obcecación».

Fernando Castelló, consejero del CSN, advierte de que parar el proceso evaluador de la reapertura de Garoña podría ser «prevaricación»

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Europa Press / EFE.- Fernando Castelló, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del Partido Popular, ha advertido de que interrumpir en estos momentos el proceso evaluador en torno a la solicitud de renovación de autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) podría implicar incurrir en «prevaricación«. Castelló argumenta así su voto favorable a la decisión del pleno del CSN de la pasada semana sobre diversos aspectos relativos a la autorización de Garoña.

Además, precisa que la filtración del voto particular de Narbona, sin que se haya aprobado el acta definitiva en una reunión posterior del pleno, hace necesario difundir también la argumentación de su voto. «Aún en el caso de que en un acto de voluntarismo impropio de un regulador, el pleno del CSN se pudiera plantear que las circunstancias del entorno político, social o económico pudieran ser valoradas para interrumpir aplazar o demorar el proceso evaluador, se debería estudiar previamente si jurídicamente no estuviéramos incurriendo en un acto de prevaricación, o cuanto menos dicha actuación pudiera ser recriminada en sede judicial, por el titular, para reclamar posible perjuicios económicos o sociales, cuanto menos», alerta Castelló en la justificación de su voto.

Castelló advierte de que «en este momento» no dar respuesta por parte del CSN a un proceso administrativo sobre la nuclear de Garoña, como establece la legislación en vigor, sería por parte de este organismo dar respuesta «a criterios no establecidos en la ley y entrar en un debate político, actuando fuera del sentido de la independencia reguladora». «La dilación, el aplazamiento o la moratoria del proceso evaluador justificada por circunstancias políticas, sociales o económicas no tiene cabida en la consideración de los factores que por ley le competen al CSN, que son exclusivamente, la seguridad nuclear y la protección radiológica y nuestro debate debe estar siempre orientado sobre la justificación técnica de dicho objetivos y de ningún otro», asegura.

Además, el consejero añade que el CSN «ni se ha impuesto plazos para informar sobre este asunto, ni se los puede imponer; ni sobre este, ni sobre ningún asunto que le competa», señala. En este sentido, recalca que las evaluaciones se desarrollan sobre procedimientos reglados y en función de guías de evaluación que elabora previamente el cuerpo técnico del organismo y que «nunca una previsión de fechas se puede confundir con un plazo impuesto o decidido». «Decir lo contrario es querer engañar a la opinión pública y hacerle un flaco favor al prestigio y trabajo riguroso del regulador nuclear español», añade. El pleno del CSN apreció favorablemente varias actuaciones para la reapertura de Garoña, solicitada por el titular hasta 2031.

Castelló explica que la apreciación favorable de dichos puntos «no tiene un efecto inmediato», ya que serían de aplicación si se concediese la renovación de autorización solicitada, decisión que corresponde al Ministerio de Industria, departamento que ha solicitado al CSN información sobre la situación de la planta nuclear en materia de seguridad y protección radiológica. «El CSN no abre ni cierra centrales» asevera el consejero, quien subraya que «no es competencia del regulador». Apunta además que Garoña dispone de autorización y que su estado es de «parada de explotación» desde julio de 2013 y que son aplicables «los documentos oficiales de explotación para una central nuclear en situación de parada».

Castelló argumenta también en su voto que las especificaciones y modificaciones de diseño analizadas en el pleno del día 3 no son «la primera aprobación parcial que eleva al Pleno» y responden a requisitos que el CSN ha exigido a la central. Además el organismo requirió que «todas las modificaciones de diseño deberían ser apreciadas favorablemente». En su voto particular, subraya que desde el punto de vista de la concesión de licencia no serían necesarias, aunque «se considera conveniente», la aprobación de las evaluaciones parciales, sino el informe que el CSN evacúe sobre la solicitud de Nuclenor» (propietaria de Garoña).

PP de Álava: «no reabrirá»

Por su parte, el presidente del PP de Álava, Javier De Andrés, asegura tener la «convicción» de que Garoña «no se va a reabrir» por las condiciones de seguridad impuestas por el Gobierno del PP y el CSN. De Andrés considera que Garoña «lleva tres años cerrada porque económicamente no resulta rentable reabrir Garoña y no hay ningún indicativo real objetivo de que se vaya a reabrir». En ese sentido, indicó que, «así como la prórroga que dio el Gobierno socialista no le puso ninguna condición de seguridad adicional, el PP sí estableció hace más de tres años una serie de condiciones que hacían inviable la continuidad de Garoña, y se cerró en ese momento».

De Andrés ha señalado que la empresa «ha planteado las reformas» que se le han pedido y «va organizando una a una», pero «eso no hace viable Garoña». «Yo tengo la convicción de que no se va a reabrir porque las exigencias de seguridad que no cumple en este momento hacen que sea tan caro reabrirla como para que la decisión final sea la de cierre, que realmente es la situación que ya estamos viviendo», ha insistido. De Andrés ha reiterado que Garoña «ya está cerrada, aunque algunos parece que lamentan esta situación y quisieran que estuviera abierta para tener motivo de queja». «Yo creo que Garoña está cerrada y va a seguir cerrada», concluyó.

Narbona (CSN) pide paralizar las decisiones sobre Garoña hasta debatir las implicaciones de alargar un reactor hasta los 60 años

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Europa Press / EFE.- La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido, en el seno del organismo regulador, que se paralice cualquier decisión sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta que se analicen y difundan a la opinión pública las implicaciones en seguridad nuclear y radiológica de autorizar hasta los 60 años el funcionamiento de un reactor nuclear.

El pleno del CSN está compuesto por 5 miembros, el presidente, Fernando Martí (a propuesta del PP) y los consejeros Javier Dies Llovera y Fernando Castelló (a propuesta del PP) y las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (a propuesta del PSOE). La consejera ha emitido un voto particular a la decisión adoptada la semana pasada por mayoría en el pleno del Consejo, que apreció favorablemente varias actuaciones en el marco del proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la central, solicitada por el titular, hasta 2031. Si ese informe es negativo, obliga al cierre definitivo de la planta; si es positivo, correspondería al Gobierno la decisión política de prorrogar su funcionamiento.

Narbona ha votado en contra de varias decisiones del pleno en relación a la renovación de licencia de la central desde que se presentó y ha emitido diversos votos particulares. Sin embargo, en este caso, la política socialista aclara que sí voto a favor la semana pasada de la decisión del pleno del CSN de ampliar las condiciones del edificio de almacenamiento de material usado al tratarse de una instalación en todo caso necesaria para el desmantelamiento de la central. Eso sí, recuerda en su voto particular que la orden ministerial que decretó el cierre de la planta está plenamente vigente y que esa orden obliga al CSN a proseguir con las labores de cierre.

«Dado que no hay ningún plazo, ni legal ni técnico, que obligue al CSN a emitir su informe preceptivo en un tiempo determinado, por estar parada la central desde hace más de 3 años, el Consejo debería posponer los asuntos para la toma de decisión sobre Garoña», señala. Concretamente, en su voto particular, reclama que antes sea debatidas y explicadas, tanto en el pleno como ante la opinión pública, las implicaciones técnicas y jurídicas y las mejoras que en materia de seguridad nuclear y radiológica se estarían introduciendo derivadas de autorizar a un reactor nuclear a llegar a los 60 años de explotación comercial y con una renovación de más de 10 años de duración.

No es una petición nueva de la consejera, como recuerda Narbona, que apunta también su coincidencia con lo manifestado por el consejero Fernando Castelló (propuesto por el PP) en su voto particular emitido en noviembre de 2014 en el que afirmaba que dicho debate «debería haberlo hecho el pleno como cuestión previa cuando se tuvo conocimiento de la petición por parte del Ministerio de Industria». Que una central nuclear pueda operar hasta los 60 años de actividad es una circunstancia inédita en España, puesto que rebasaría los 40 años que operó por ejemplo la central nuclear de José Cabrera (Zorita).

Narbona plantea que debe aplazarse la decisión sobre Garoña hasta que no estén concluidas todas las mejoras técnicas que permitan a Nuclenor (titular de la central) cargar el combustible nuclear que, «es precisamente para lo que habilita una autorización de explotación». En todo caso, apunta que, si para implantar algunas de las modificaciones requeridas por el CSN para la hipotética carga del combustible, hiciera falta alguna aprobación puntual por tener que intervenir en los sistemas de seguridad disponibles en la actualidad, Narbona entendería justificada la elevación a pleno de un informe concreto sobre este asunto. «Si no fuera así, esta consejera considera que el pleno no debe proseguir con esta inédita forma de evaluar», advierte.

Narbona especifica que no está introduciendo «elementos políticos» en la tramitación de la solicitud presentada por Nuclenor ante el Ministerio y remitida al CSN. «Todos y cada uno de los argumentos que contempla este voto particular se refieren a la calidad de los procedimientos que garantizan la máxima seguridad nuclear y protección radiológica», añade. El regulador atómico ha informado de que está previsto que la remisión de ese informe al Ministerio «se produzca durante el segundo semestre del presente año». Al respecto, la consejera considera que el CSN no debería imponerse plazos para informar sobre la prórroga de la central.

Ecologistas en Acción cree que Nuclenor mantiene Garoña para que sea precedente para extender el funcionamiento del parque nuclear

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EFE / Europa Press.- Mientras desde el PSOE del País Vasco exigen que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detenga la evaluación de Garoña hasta que haya nuevo Gobierno, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, asegura que la propietaria de Garoña, Nuclenor, está soportando un «gasto notable» para mantener la planta abierta, aunque esté parada, para que sea un precedente en el parque nuclear español.

En su opinión, para Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, el gasto de mantener Garoña (Burgos) abierta con unos 300 trabajadores parece «algo ilógico» pero es «una inversión» «porque no se trata de mantener abierta esta central, sino de prolongar la vida de todo el parque nuclear». En este sentido, ha recordado que hay otras centrales que también están a punto de cumplir los 40 años que se fijaron para que funcionaran cuando se diseñaron, como Almaraz I, que los cumplirá en 2020 y Almaraz II, al año siguiente, y que se podrían beneficiar de una prórroga con «relativa facilidad» siguiendo el ejemplo de Garoña.

Castejón considera que el CSN también está contribuyendo a alargar la vida de la central de Garoña, al seguir la forma atípica de «licenciamientos parciales», en lugar de tratar todo el expediente para resolver la solicitud de prórroga, como se había hecho con anterioridad. De esta manera, considera el portavoz ecologista, se va «estirando» el periodo de resolución y se ganan meses de vida para el resto del parque nuclear. Además, parte de las especificaciones técnicas que se están aprobando para la central nuclear de Garoña son válidas para otras plantas y ya contemplan condiciones para que sigan funcionando más allá de los 40 años.

Castejón considera que la fórmula que está siguiendo el CSN con Garoña está sirviendo para evitar una valoración conjunta de la seguridad de la central burgalesa y el debate sobre una solicitud de prórroga por 17 años, la más larga planteada hasta ahora en España, que permitiría a la central llegar a los 60 años de actividad. Otro efecto del sistema de «resoluciones parciales» de la prórroga de Garoña es que «desmoviliza a los grupos ecologistas y a la sociedad», al convertirse en un tema que se prolonga en el tiempo y en el que se avanza a «pequeños pasos».

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción asegura también que en el caso de Garoña se están «vulnerando principios democráticos» al aprobar una ley «ad hoc» para que la central pueda seguir sin una orden definitiva de cierre tras su parada voluntaria en diciembre de 2012. También considera que el CSN, que es nombrado por el Parlamento y debe dar cuentas ante el Congreso, tendría que haber acatado la petición de todos los grupos parlamentarios salvo el popular para detener toda la tramitación del expediente de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno. Castejón insiste en que la aportación de Garoña a la red eléctrica es «prescindible» porque, a su juicio, España tiene una «sobrepotencia eléctrica de casi 60.000 megavatios-2.

PSOE vasco y el CSN

El PSOE del País Vasco aseveró que un Gobierno en funciones «no tiene legitimidad» para autorizar la renovación de la central nuclear de Garoña y, por tanto, debería ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detenga el proceso de evaluación hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo. En este sentido, los socialistas argumentan que en la actualidad la composición del CSN no se corresponde a la mayoría del Congreso de los Diputados, que es partidaria de cerrar esta central.

El PSOE considera que el «verdadero objetivo» del PP es «satisfacer los intereses del oligopolio eléctrico» y abrir Garoña «como punta de lanza para conseguir su gran objetivo prolongar la vida útil de las centrales nucleares» porque es «un negocio redondo para las eléctricas«. La formación socialista denuncia que el PP pretende dar un «golpe con premeditación y alevosía» para reabrir la central nuclear de Garoña, y ha animado a la sociedad alavesa a participar en el acto convocado para el 19 de marzo por todas las formaciones alavesas, salvo el Partido Popular, para reclamar el desmantelamiento de la planta.