El PSOE pide que el plan industrial de Castilla y León no incluya ni a Garoña ni al fracking

EFE.– La secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña, exigió que el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León en el que trabaja la Junta no incluya «ni Garoña ni fracking», apueste por las energías renovables y cuente con un plan específico para el medio rural. Además, Peña ha presentado las propuestas que el PSOE ha presentado para este plan regional, al que considera que le falta una «evaluación previa» y concretar la financiación que tendrá para su desarrollo.

Entre las prioridades del PSOE de Burgos, Peña reivindicó la apuesta por las energías renovables y señaló que, según sus cálculos, desde que se eliminaron las ayudas a esta materia hace 4 años por el PP, se perdieron en la provincia unos 4.000 puestos de trabajo. Peña señaló que el plan industrial es «una vía más» para que la Junta de Castilla y León paralice el desarrollo de los proyectos de fracking en la región y en la provincia como hará, según indicó, el futuro gobierno de España «según la PNL presentada y aprobada por la mayoría de los grupos».

Activan el muro de hielo de Fukushima para frenar los vertidos radiactivos

EFE.- La operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima activó el «muro de hielo» subterráneo construido en torno a los reactores, una medida destinada a contener los vertidos de agua contaminada al océano Pacífico. La operadora de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), puso en marcha el sistema de tuberías subterráneas que permitirá congelar el subsuelo y crear una barrera física alrededor de las 4 unidades dañadas por el terremoto y tsunami de marzo de 2011, según confirmó una portavoz de la empresa.

La instalación del sistema ha llevado 2 años, y pese a que TEPCO presentó el proyecto en 2013 la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) no había dado su visto bueno hasta ahora para analizar en profundidad la seguridad del proyecto, que costará unos 34.500 millones de yenes (271 millones de euros/307 millones de dólares). En la víspera, la NRA dio luz verde a una primera fase del «muro de hielo», que flanqueará la cara de Fukushima Daiichi que da al mar (oeste de la planta). Más adelante, la segunda fase de la barrera helada se extenderá a las zonas norte y sur de las instalaciones nucleares, lo que supondría completar aproximadamente el 95% de su perímetro total, detalló la portavoz.

Impedir agua entre a reactores

El primer tramo del «muro de hielo» tardará aproximadamente mes y medio en estar operativo; su fin es que el agua de los acuíferos subterráneos no penetre dentro de los edificios de los reactores, donde se mezclan con refrigerante contaminado. El objetivo es lograr reducir el volumen de agua radiactiva que se acumula en los sótanos de las unidades nucleares, donde se filtra después por efecto del rebalsamiento al Pacífico.

Una vez esté operativa la barrera helada, la cantidad de agua que se filtra diariamente en las instalaciones nucleares se reducirá desde las aproximadamente 200 toneladas actuales hasta unas 50 toneladas, según TEPCO. Esta cantidad se podría reducir aún más si se completa la tercera fase de la barrera subterránea, es decir si se sella el subsuelo del lado este de la central. La NRA aún no ha autorizado la construcción del «muro de hielo» en esta última zona, ya que teme que si el nivel de los acuíferos subterráneos en torno a los reactores es inferior al líquido radiactivo que se acumula dentro de ellos se podrían producir fugas.

Martí (CSN) explica a Transparencia Internacional los informes sobre el ATC de Villar de Cañas

EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, informó durante una hora al presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, sobre las características de dichos informes, relativos a la idoneidad y condiciones de seguridad de la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC), en Villar de Cañas. A finales de febrero pasado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó en una resolución que el CSN remitiese 2 de los 6 documentos solicitados por Transparencia.

Lizcano añadió que el plazo de entrega de la documentación expira el 10 de abril, según sus cálculos, y el 13 de abril según el CSN, momento a partir del cual los hará públicos. El organismo regulador en materia nuclear solicitó hace un par de semanas una prórroga al Consejo de Transparencia para el envío de la documentación, debido a que necesitaba cerciorarse de que no incurría en posibles conflictos con protección de datos, propiedad intelectual o secreto profesional de los autores de los estudios.

El ATC, con un presupuesto superior a los 900 millones de euros, consiste en una nave blindada con paredes de casi 2 metros de espesor, y guardará 6.700 toneladas de combustible gastado y de residuos de alta actividad de las plantas nucleares en cápsulas selladas. En 2010, 8 localidades presentaron sus candidaturas para acoger el ATC nuclear: Zarra (Valencia), Santervás de Campos (Valladolid), Ascó (Tarragona), Albalá (Cáceres), Congosto de Valdavia (Palencia), Melgar de Arriba (Valladolid), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas. El informe técnico final colocó a la localidad conquense en el cuarto lugar, después de Zarra, Ascó y Yebra.

El pasado 30 de mayo, el Tribunal Supremo rechazó los recursos de los ayuntamientos de Ascó y Yebra contra la decisión del Gobierno de elegir a Villar de Cañas , porque «nada obligaba» a escoger al municipio con mayor puntuación en la valoración técnica. Según la sentencia del alto tribunal, el criterio de la Comisión Interministerial que elevó la propuesta al Consejo de Ministros no era vinculante para el Gobierno.

Miles de «liquidadores» de Chernóbil piden en Ucrania ayudas al Gobierno

EFE.– Unos 6.000 miembros de organizaciones ucranianas de «liquidadores», aquellos que participaron en los trabajos para hacer frente al accidente de la central nuclear de Chernóbil, se manifestaron por el centro de Kiev para exigir al Gobierno más ayudas y reconocimiento. «Los liquidadores se extinguen como velas», señalaba una de las pancartas, en alusión a los cientos de miles de personas que colaboraron de alguna manera en las tareas ligadas a la catástrofe atómica del 26 de abril de 1986.

«Nosotros salvamos al mundo. Salvamos vidas. Vosotros vivís felices, nosotros estamos enfermos y muriendo, queremos vivir como vosotros», podía leerse en otro cartel portado por los manifestantes, que marcharon hacia el edificio del Consejo de Ministros. Guennadi Alexandrovich, uno de los asistentes, afirmó: «Nos hemos reunido para atraer la atención del Gobierno, de nuestra sociedad y del mundo entero sobre el problema de los liquidadores».

«Hay leyes en Ucrania que protegen los derechos de los liquidadores, pero primero no se cumplen, y además queremos que cambien», señaló otro manifestante, Gleb Malutin, representante de una de las organizaciones convocantes. Explicó que, según la ley, la pensión del liquidador se calcula de acuerdo al salario que recibía en el momento del accidente. Por ello, «si la persona era trabajador de la central nuclear recibe una buena pensión, pero si era uno de los soldados que fueron enviados a luchar contra la radiación recibe una cantidad de miseria. Eso no es justo», subrayó.

Vladímir Gúdov, que fue uno de los vicejefes del batallón especial que se envió a Chernóbil para frenar la propagación de la radiación, señaló que la situación de los liquidadores empeoró tras la desintegración de la URSS en 1991. «En los tiempos soviéticos la sanidad era gratuita, teníamos protección social. Después se hizo de pago y no podemos hacer frente a los tratamientos», señaló. «Lo que hicimos salvó al mundo, evitamos que se repitiera una explosión que habría sido más letal que la primera, que habría destruido ciudades como Kiev y Minsk y hecho de Europa un continente inhabitable», asegura.

La central nuclear de Almaraz trabaja en renovar su licencia tras su «récord absoluto» de producción de electricidad en 2015

Europa Press / EFE.- El director de la central nuclear de Almaraz, José María Bernaldo de Quirós, señaló que la central trabaja ya en su petición de renovación de la licencia de explotación más allá del año 2020, cuando finaliza la actual. Estas intenciones llegan trasel «récord absoluto» de producción eléctrica registrado en 2015, con 16.705 millones de kilowatios hora generados por las dos unidades de la planta.

De hecho, la producción de la central de Almaraz durante 2015 es la «equivalente al consumo anual de más de 4 millones de hogares», por lo que la instalación cacereña mantiene «un lugar de privilegio en lo que es la generación eléctrica del país, en el primer lugar». Con estas cifras, Almaraz tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde mayo de 1981, fecha de la puesta en marcha de la Unidad I, de casi 480.000 millones de kWh,

Bernaldo de Quirós señaló que tras las últimas inversiones realizadas, que cifró en 600 millones de euros en los últimos 10 años, la planta tiene «los deberes cumplidos» y está «adaptada» a la normativa actual. A partir de ahí, la «estrategia» de la central «está orientada en obtener el permiso más allá de los 40 años» de explotación, que se cumplen en 2020, «para ir a los 50 o 60», al igual que 75 centrales nucleares de la misma generación «ahora mismo en Estados Unidos tienen permisos de explotación a 60 años«, apuntó el dirigente.

La planta nuclear cacereña presentará en junio de 2017 el informe con la solicitud de «extensión de la renovación de la autorización de explotación», en el que se hace un «repaso completo» del funcionamiento y actualización de la planta en la última década. A partir de ahí, un año antes de la renovación de la licencia se amplía el informe con los dos últimos años, y «es el que sirve de base para la evaluación técnica» que realiza el Consejo de Seguridad Nuclear, cuya decisión es «vinculante» en el caso de que sea negativa mientras que, si es positiva, será el Ministerio de Industria el que decida a partir de ahí si concede la renovación de la licencia o no.

Por todo ello, y dado que «el próximo gran paso de nuestro futuro es la renovación», Bernaldo de Quirós ha querido «poner en valor lo mucho que aporta la central» que, según los datos que ha aportado, genera 2.900 empleos en Extremadura entre directos, indirectos e inducidos, y ha cifrado en 45 millones de euros la contribución de Almaraz a su entorno. Así, el director de la Central Nuclear de Almaraz calcula que el «impacto negativo» en la economía extremeña del posible cese de la actividad de esta planta sería de 91 millones de euros.

Respecto al funcionamiento de la central nuclear de Almaraz durante el segundo semestre de 2015, Bernaldo de Quirós señaló que la Unidad I generó una producción de energía eléctrica bruta de 8.777 millones de kilowatios hora, mientras que la de la Unidad II ha sido de 7.928 millones de kilowatios hora. La menor producción de la Unidad II se debe a que entre el 1 de junio y el 11 de julio estuvo parada por tareas de recarga, y a partir de ahí, estuvo operando al 100% de potencia hasta el 16 de octubre, cuando se llevó a cabo una parada programada de 3 días para realizar una prueba de operabilidad de un generador diesel.

Por su parte, la Unidad I operó durante todo el semestre, excepto en una parada programa de 5 días que se realizó en octubre para sustituir una válvula de seguridad del presionador, y a finales de noviembre se realizó una reducción de potencia hasta el 10% para reparación de una pérdida de vapor. Respecto a la protección radiológica, el director de la planta señaló que 2015 ha sido «un año muy normal», ya que «la central está en unos niveles de los mejores de su generación», con una dosis total e 572,48 miliSievert por persona. Durante 2015 se registraron dos incidencias técnicas de carácter menor que fueron notificadas al CSN.

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de la central nuclear de Almaraz, Aniceto González, explicó que responsables de la planta se han reunido con los alcaldes de la «zona de influencia», quienes se mostraron «tremendamente preocupados» porque se esté cuestionando la «perdurabilidad» de la planta «más allá de 2020». En ese sentido Bernaldo de Quirós señaló que los alcaldes «apoyan como uno solo la continuidad de Almaraz», ya que es «un clamor entre todos ellos que la instalación debe seguir y están unidos en eso», por lo que éste es «el mejor apoyo» que la planta puede tener.

La dirección de Almaraz considera «imprescindible» su Almacén Temporal Individualizado (ATI) para combustible gastado

EFE.- El director de la central nuclear de Almaraz, José María Bernaldo de Quirós, señaló que el proyecto de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) para combustible gastado en esta planta es «imprescindible», ya sea para aumentar la vida útil de la misma o, en caso contrario, de cara a su desmantelamiento.

En este sentido, Bernaldo de Quirós, expuso que en 2018 se alcanzará el grado máximo de saturación (ocupación) de las piscinas de combustible gastado de la Unidad I, mientras que la de la Unidad II se producirá en 2021. Si el citado proyecto no consigue la renovación de la licencia de actividad hasta 2030, «cuando lleguen los años de saturación de las piscinas la planta tendría que cesar en su actividad«. Además, de no renovarse la licencia de actividad, el cierre y desmantelamiento de Almaraz exigiría como paso previo extraer el combustible gastado, el cual debe ser trasladado y almacenado.

El proyecto del ATI, cuya ejecución supone un desembolso de 24 millones de euros, recibió cerca de 330 alegaciones a su informe de impacto ambiental, la mayoría de ellas presentadas a título personal por la ciudadanía. Almaraz ya respondió a estas alegaciones y será ahora el Ministerio de Industria el que determine si da luz verde al citado proyecto ambiental, requisito necesario para solicitar la licencia de obras. Según De Quirós, y siempre que se obtengan los permisos, las obras podrían comenzar en octubre de este año con el objetivo de que el ATI esté operativo a principios de 2018.

El ATI de Almaraz tiene como objetivo proporcionar margen de almacenamiento en las piscinas de la central, liberando así espacio y supone un plan de contingencia frente a las incógnitas que se han planteado sobre la puesta en servicio del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca). Proyectado sobre la zona norte de los terrenos de la planta a partir de un estudio pormenorizado de numerosos factores, tanto geológicos como medioambientales, así como de seguridad, el ATI puede almacenar hasta 20 contenedores, cada uno de ellos con una capacidad de albergar 32 elementos de combustible gastado, lo que equivale a una sexta parte del generado por la propio central.

El ATI, según el proyecto, es una plataforma o losa de almacenamiento, fabricada en hormigón a unos dos metros bajo la cota del suelo, y dispondrá de un muro perimetral de 5 metros de altura, con 2 metros en subsuelo y los 3 metros restantes sobre superficie. Asimismo, contempla un vallado de delimitación de zona controlada, uno doble de seguridad física y un tercero exterior para acotar el terreno de la zona libre de acceso.

La Plataforma anti ATC denuncia que Enresa adjudica trabajos en Villar de Cañas «a dedo» y con el proyecto paralizado

EFE / Europa Press.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha denunciado que la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) ha adjudicado por tercera vez de forma directa unos trabajos relacionados con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, aunque el proyecto está «paralizado». Según indicaron, es la tercera vez que Enresa realiza una adjudicación sin someterse al trámite de oferta pública, pero esta vez ha sido la de mayor cuantía, de unos 300.000 euros.

Este proyecto se adjudicó al mismo grupo de empresas constituidas en una Unión Temporal de Empresas que actualmente se encuentran realizado sondeos de 200 metros en los terrenos designados para construir el ATC, según la Plataforma. Se trata de trabajos de caracterización de los terrenos para el ATC, complementarios a los que se están realizando en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), del informe para la autorización previa o de construcción emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La Plataforma ha indicado que se concentrarán, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para protestar frente a la sede de Enresa el 28 de marzo. La portavoz de la Plataforma, María Andrés, subrayó que Enresa «debería ser absolutamente escrupulosa en la adjudicación de dinero público y, en este caso, ni siquiera se han guardado las formas». Además, recordó que el ATC está «paralizado» desde julio por la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito puesta en marcha por el Gobierno regional y también porque no tiene ni «planeamiento urbanístico» ni «ninguno de los cuatro permisos pertinentes».

Finalmente, añadió que los abogados de la Plataforma están estudiando las contrataciones por si procediera tomar alguna medida. Asimismo, este colectivo ha aplaudido que el CSN tenga que entregar a Transparencia Internacional España algunos informes relacionados con el ATC, y recordó que la Plataforma también había pedido estos informes. Por ello confía en que el CSN, «ante este toque de atención, cambie su forma de actuar e incremente su transparencia«.

«No hay nada que ocultar»

Por su parte, el delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, señaló, sobre la presentación de los informes del ATC, que «todo lo que clarifique este situación es bueno», pues a su modo de ver «no hay nada que ocultar». Así respondió Gregorio sobre la solicitud del CSN al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una prórroga de 15 días para entregar los informes que este órgano le instó a entregar a Transparencia Internacional. Además, sobre la denuncia de la Plataforma sobre los contratos adjudicados por Enresa, Gregorio señaló que «es una cosa que tendremos que mirar».

El CSN pide más tiempo para entregar los informes sobre el almacén nuclear de Villar de Cañas

EFE/Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido 15 días adicionales para poder cumplir con la exigencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de entregar varios informes sobre el futuro almacén de residuos de alta radiactividad de Villar de Cañas (Cuenca) a la ONG Transparencia Internacional.

A finales del pasado mes de febrero, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud de esta oenegé para conocer los estudios técnicos realizados sobre la idoneidad y condiciones de seguridad de la localización conquense.

En su resolución, con fecha 24 de febrero, emplazaba al organismo regulador en materia nuclear a facilitar la documentación a Transparencia Internacional en el plazo de quince días hábiles.

Sin embargo, han pedido duplicar el plazo para hacerlo. En concreto, el Consejo de Transparencia les requirió el 7 de abril la entrega. Si bien, desde el CSN piden estos 15 días de gracia porque se han puesto en contacto con la Universidad de Cantabria y la empresa URS, por si estos informes pudieran tener «limitaciones derivadas del secreto profesional o de la propiedad intelectual o industrial». De este modo, se permitiría suprimir aquellos datos que pudieran «atentar contra esos derechos».


Por su parte, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, ha valorado como «una noticia positiva» la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de entregar tales informes, aunque ve «negativo e inconveniente» la petición para ampliar su plazo puesto que se trata de una «información muy sensible e importante» para la sociedad que no debería retrasarse.

Además, Lizcano ha explicado que en el momento en el que obren en su poder los difundirá ya que son estudios de «utilidad pública».

En su resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluye que se entregue a esta ONG los informes de carácter geotécnico e hidrogeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad de la ubicación del ATC, así como el presentado por la empresa URS en relación a las condiciones del terreno de la futura instalación.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente y está adscrito, a efectos puramente organizativos, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Gobierno alemán defiende el apagón nuclear en 2022

EFE.- El Gobierno alemán defendió ante el Tribunal Constitucional su decisión de acelerar el apagón de todas las centrales nucleares para 2022, en el proceso por una demanda presentada por los consorcios energéticos alemanes E.On y RWE y el sueco Vattenfall. «Precisamente también por las décadas de controvertido debate social como trasfondo, no era factible continuar de la misma manera», declaró durante el juicio la titular de Medio Ambiente alemana, Barbara Hendricks.

En ese sentido, se mostró convencida de que determinar por ley una fecha definitiva para el apagón nuclear contribuye a aplacar la controversia de décadas en torno a la energía atómica. «Entre tanto existe un amplio consenso social respecto a que en un futuro las necesidades energéticas se cubran en la medida de lo posible con energías renovables», agregó. De hecho, recordó que ya en 2002 se había acordado el apagón definitivo y subrayó que la ley de 2011 hace referencia a este consenso. «El hecho de que se avanzara en el apagón nuclear no es ninguna circunstancia nueva», sentenció.

En tanto, los consorcios energéticos E.On, RWE y Vattenfall subrayaron su derecho a una indemnización ante el cambio radical de la política energética del Gobierno alemán tras la tragedia de Fukushima, que equiparan a una expropiación. El cuarto gran suministrador energético, EnBW, comparte esta interpretación jurídica pero no participa en la demanda, pues más del 98% pertenece a manos públicas.

En opinión del presidente de la junta directiva de E.On, Johannes Teyssen, esta decisión política debe ser sostenida de forma solidaria por toda la sociedad, pues de lo que se trata en definitiva es de una «compensación justa«. En tanto, el presidente de la junta directiva de RWE Power AG, Matthias Hartung, subrayó que los legisladores pueden por supuesto llevar a cabo una nueva evaluación de la energía atómica, pero señaló que esto debe ocurrir siempre en el marco constitucional.

La coalición de gobierno entre la CDU de la canciller, Angela Merkel, y los liberales del FDP, decidió en 2011 tras la tragedia nuclear de Fukushima dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida de las centrales atómicas aprobado el año antes. El Gobierno alemán estableció por ley un calendario de cierres gradual de las entonces 17 nucleares todavía en funcionamiento, las últimos a más tardar en 2022.

Paralelamente, los consorcios están negociando con el Gobierno el reparto de la enorme carga económica y de riesgos que supondrá el desmantelamiento de las centrales nucleares y el almacenamiento de los residuos atómicos. Berlín reclama para hacer concesiones la retirada de todas las demandas, por lo que no queda descartado que Gobierno y consorcios energéticos lleguen a un acuerdo extrajudicial.

La Diputación Foral de Álava se personará en el expediente de reapertura de la central nuclear de Garoña

Europa Press / EFE.- La Diputación Foral de Álava anunció que se personará ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su condición de interesada, tanto en el procedimiento de autorización de un almacén temporal individualizado para la central nuclear de Santa María de Garoña, como en el de la renovación de la autorización de reapertura de la central burgalesa.

El Consejo de Diputados de Álava ha acordado solicitar «audiencia, vista y acceso» a los expedientes e información pública ambiental, después de que sus servicios jurídicos hayan confirmado que la institución alavesa es «parte interesada» en los procedimientos relacionados con Garoña. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), explicó que la Diputación ha tenido «conocimiento extraoficial» de ambos expedientes porque «en ningún caso, ha sido informada o tenida en cuenta por el Ministerio de Industria en estos expedientes». Sin embargo, la Diputación Foral considera que ambos expedientes, cuya resolución aún no se ha dictado, «sí que afectan a la institución y sus intereses legítimos«.

González insiste en que tras el acuerdo formal de personamiento, la Diputación «solicitará poder opinar sobre los expedientes» y que se le dé traslado completo de toda la información. El diputado general reconoce que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, podría entender que la Diputación no es parte interesada, algo que a su juicio sería «absolutamente fuera de lo normal«. En ese caso ha advertido que la entidad foral «agotará todas las vías judiciales para que se la tenga en cuenta como parte personada».

En este sentido, ha recordado que tiene competencias en Medio Ambiente y Urbanismo, que incluyen el Ciclo Integral del Agua, Paisaje, Conservación de la Naturaleza, Biodiversidad y Especies Protegidas de Flora y Fauna. Asimismo, ha subrayado que la Diputación es una de las Administraciones Públicas que, por proximidad geográfica, queda incluida en el Plan Director de Protección Civil de la central nuclear de Garoña, ubicada a 40 kilómetros de Vitoria.

«Resulta incuestionable que la Diputación ostenta un interés legítimo en cualquier actuación o procedimiento que tenga como resultado la adopción de actos administrativos o disposiciones normativas susceptibles de afectar de forma directa a una pluralidad de intereses que esta Administración foral debe salvaguardar en relación con las personas y sus bienes, situados en un entorno muy próximo a la central nuclear», detalla el informe jurídico.

Protesta contra Garoña este sábado

Las Juntas Generales de Álava han organizado el próximo 19 de marzo un acto social e institucional contra la posible apertura de la central nuclear. El acto llega tras una moción aprobada en el pleno del 29 de noviembre en la que se instaba al parlamento del País Vasco a convocar a la mayor brevedad posible un gran acto institucional y social que visualice el rechazo «masivo y unánime» del territorio a cualquier intento de mantener la actividad de Garoña.

De esta forma, la Plaza de la Provincia de Vitoria acogerá este sábado un acto en el que un centenar de colectivos participarán en el acto organizado por las Juntas Generales para «visibilizar el rechazo unánime» de la población a un posible reinicio de la actividad de la central. El acto comenzará a las 12.00 horas, con la creación de una estructura formada por globos que representará «la opinión mayoritaria» en el territorio y finalizará con la lectura de un manifiesto «redactado por una destacada figura de la cultura alavesa».

«Las significaciones políticas presentes en el parlamento alavés no son sino la representación de la voluntad de todos los alaveses y, por lo tanto, deben actuar como motor en aquellas cuestiones que afecten y/o preocupen a esta sociedad«, insistieron desde las Juntas alavesas. Asimismo, han subrayado que la iniciativa busca «impulsar un marco en el que estas personas puedan manifestar su opinión acerca de un asunto que forma parte indiscutible de la actualidad del territorio».