Greenpeace señala con una flecha gigante a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para exigir su cierre

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EFE.- La central nuclear de Almaraz (Cáceres), inmersa en su 23ª recarga de combustible y trabajos de mantenimiento general de la Unidad II, fue señalada por los activistas de Greenpeace con una gran flecha flotante de 500 metros en el embalse situado junto a la central «para indicar al Gobierno que esta central debe de ser la siguiente en cerrar después de que lo haga la de Garoña (Burgos), ya que su renovación de licencia de actividad está cerca”.

Vigilancia al usar un dron

Efectivos de la Guardia Civil mantuvieron un dispositivo de vigilancia sobre esta acción reivindicativa, con especial atención al uso de un dron por parte de los activistas, según explicaron fuentes de la central nuclear de Almaraz. Los activistas se encontraban en una zona transitable del embalse Arrocampo y no sobrepasaron «el muro de separación térmica del agua«, según añadieron estas últimas fuentes. En este sentido, fuentes de Greenpeace reiteraron que el propósito de su acción no era violar el perímetro de seguridad de la central ni cuestionar la seguridad de la misma. «El objetivo es señalarla para que sea la siguiente en cerrar», han insistido.

Bajo el lema Central de Almaraz, siguiente en cerrar y Ni una licencia más, la organización reclama al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que no autorice a Almaraz a continuar, que no facilite más licencias a ninguna otra planta atómica y que se termine así con la producción de residuos radiactivos. Además, destaca que un cierre nuclear escalonado generaría 300.000 empleos. Junto a la gran flecha, han situado una pancarta de 240 metros cuadrados con su logotipo. La instalación, que en 2020 cumplirá 40 años de vida operativa, es propiedad de Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11,3%).

En este contexto, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, aseveró que el nuevo Ejecutivo con su ministro de Industria al frente, no puede eludir la cuestión del cierre progresivo de las nucleares y «debe hacerlo con urgencia». A su juicio, el reto no es solo cerrar las «obsoletas instalaciones nucleares de manera ordenada» para evitar riesgos mayores, sino asegurar la financiación para su desmantelamiento y la gestión de sus residuos radiactivos, porque «sería vergonzoso» dar más licencias para que “las eléctricas sigan ganando más y que los consumidores paguen de su bolsillo el coste del desmantelamiento de sus nucleares y de sus residuos de por vida”.

Recarga de combustible en Almaraz                    

Mientras tanto, la central nuclear de Almaraz está realizando su 23ª recarga de combustible y trabajos de mantenimiento general de la Unidad II. Según indicaron, el acoplamiento a la red está previsto para el próximo 18 de diciembre, lo que supone una parada programada de 41 días. Para esta recarga se contrataron a más de 70 empresas especializadas, que emplearán a 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla habitual de la central, la mayoría de Extremadura. Estos profesionales han recibido la formación adecuada a las actividades a realizar en la planta enfocada a la prevención de riesgos laborales y a evitar el error humano en la ejecución de los trabajos programados.

Además de los trabajos propios de recarga de combustible y mantenimiento general, se continuará con la implantación de modificaciones de diseño vinculadas a compromisos con el CSN. Como nuevas actividades incluidas en esta recarga se encuentran las relacionadas con el programa de Inspección en Servicio y, entre ellas, destacan la inspección por ultrasonidos de las penetraciones de la tapa de la vasija y la inspección visual de la vasija e inspección de las zonas roscadas de la brida. Además, Almaraz llevará a cabo una prueba de estanqueidad del recinto de contención y de las toberas del sistema de rociado y se procederá a la sustitución del juego de dosímetros de acuerdo al programa de dosimetría neutrónica exterior de la vasija.

Las empresas valoran experiencia de Nadal y piden diálogo para grandes retos mientras CCOO ve erróneo separar Industria y Energía

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Redacción / Agencias.- El sindicato CCOO advirtió de que crear un ministerio para el sector energético y para la digitalización, al margen de acometer una política industrial común, es «un error político y estratégico». Por otro lado, algunas de las principales asociaciones empresariales del sector energético reconocieron la experiencia del nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, al que reclaman dialogo para un calendario de trabajo plagado de grandes retos.

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han reclamado a Nadal que se recupere el diálogo que no ha habido en la última legislatura con un sector que exporta tecnología por casi 3.000 millones de euros anuales y da trabajo a 22.500 personas. «La llegada del nuevo Gobierno coincide con el final del primer semiperiodo regulatorio: hay un doble motivo para introducir ahora cambios en la regulación que pongan fin a la incertidumbre y reactiven las inversiones necesarias para cumplir con los compromisos internacionales», señaló AEE.

Desde la patronal fotovoltaica UNEF también esperan que el diálogo esté en el centro de esta nueva legislatura y que Nadal esté abierto al sector, que «puede tener un papel importante, si no se crean obstáculos a su desarrollo, tanto en la creación de empleo como contra el cambio climático». Asimismo, el presidente de la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), Luis Crespo, mostró su deseo de que Nadal recupere el diálogo y «corrija, en la medida de lo posible, el desequilibrio generado en la pasada legislatura en perjuicio de las renovables». En este sentido, Crespo solicita que solucione «urgentemente el problema de la inseguridad retributiva que contiene el sistema actual y que tanto perjudica a las empresas.

Futuro de renovables y cogeneración

Asimismo, confía en que Nadal, al que da la «enhorabuena» por su nombramiento, sea consciente de que las renovables «son el futuro, mientras que las tecnologías convencionales son el pasado» y que actúe en consecuencia «apoyándose en un sector que tan eficazmente puede contribuir al desarrollo económico del país y a la proyección exterior de sus empresas». Por ello, pide al ministro que, ante «el progresivo e inexorable incremento de contribución de las renovables», entienda que la generación con almacenamiento es un producto distinto de la generación variable, «que aporta mayor valor al sistema y, por tanto, que se planifique con mentalidad de largo plazo dando una cabida relevante a la gestionabilidad de las renovables».

El director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, ha valorado la capacidad de Nadal y su probada experiencia para acometer retos en el nuevo ciclo que se inicia. «Se inicia un nuevo ciclo con un calendario muy exigente: hay que buscar un Pacto de Estado en Energía y tendrán toda nuestra colaboración», ha apuntado Rodríguez, quien ha insistido en la urgencia de que se active el plan renove que llevan años reclamando y que permita actualizar 2.500 megavatios (MW) de cogeneración.

Desde Gas Industrial, la asociación integrada por grandes compañías consumidoras de gas, su directora general Verónica Rivière reiteró esa necesidad de diálogo tomando muy en cuenta a los consumidores e impulsando la competitividad industrial. Asimismo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) también felicitó a Nadal, ha valorado su experiencia y le pidió que se comprometa con el mantenimiento de la red española de estaciones de servicio en España, de la que dependen de manera directa más de 60.000 puestos de trabajo.

Error separar Industria y Energía

CCOO expresó sus sospechas de que la configuración del Gobierno «atiende más a la voluntad de recompensar apoyos y actitudes que a ofrecer resultados a los problemas que embargan al país». En cuanto al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, CCOO denuncia que «es uno de los artífices de los desmanes económicos del Gobierno anterior», ya que fue el responsable de la Oficina Económica de Moncloa.

El sindicato considera que el presidente del Gobierno «olvida» que para crear empleo de calidad e impulsar actividades de valor añadido «conviene gestionar las políticas de forma coordinada«. Rajoy, señala el sindicato, ha decidido disgregar las políticas que requieren de una especial «coordinación, cohesión y planificación» para conseguir que el país acorte la «importante brecha» que le separa de las economías desarrolladas en materia industrial.

Nadal “desautorizado” porque es «pronuclear»

Álvaro Nadal está «desautorizado» como titular de Energía porque es un firme «pronuclear», según el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, prevé que Nadal continuará la política pronuclear del Gobierno de Rajoy durante la pasada legislatura. Además ha señalado que el nuevo ministro será encargado de «muchos asuntos energéticos» que se tendrán que decidir en esta legislatura tales como el almacén temporal de residuos nucleares, la renovación de licencia de la central nuclear de Garoña (Burgos), así como decidir si extiende la vida de las dos unidades de la central de Almaraz (Cáceres), cuya licencia expira en 2020 y si lo hace, «por cuánto tiempo».

Para Castejón es «una mala noticia» que el Gobierno sea dirigido por el Partido Popular porque opina que seguirá con una política de continuidad en lo energético. «En el fondo hay un alineamiento claro del anterior Gobierno, que continúa pegada a las grandes empresas eléctricas del país y ha seguido apostando por el carbón, petróleo y la nuclear», ha reprochado. Además, lamentó que el anterior Ejecutivo no ha encaminado al país hacia una transición energética sino todo lo contrario, ha apostado por mantener las «energías sucias» y por dificultar el cambio hacia un modelo energético sostenible, al tiempo que vaticina que el nuevo equipo de Gobierno seguirá la misma senda.

Alemania, Países Bajos y Luxemburgo presionan a Bélgica para que cierre la central nuclear de Tihange

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Europa Press / EFE.– Unos 90 distritos de Alemania, Países Bajos y Luxemburgo han amenazado con recurrir a la justicia para forzar a Bélgica a cerrar el reactor nuclear de Tihange 2 por los riesgos elevados para sus regiones en caso de accidente nuclear. Entre el 40% y el 60% de la provincia de Limburgo dejaría de ser habitable en caso de un incidente y el 10% de Aix-la-Chapelle (Aachen) se vería afectado, según alerta un grupo de expertos del Instituto de Ciencias de Seguridad y Riesgo (ISR).

Electrabel, que explota la central nuclear belga, reivindica la «gran cultura de seguridad» de la compañía. «Incluso las irregularidades más pequeñas dan lugar a la parada de una central», asegura la portavoz de la compañía, Geetha Keyaert. Los reactores nucleares de Doel 3 y Tihange 2 en Bélgica han sido cerrados en varias ocasiones por las dudas sobre su seguridad. En este sentido, en diciembre de 2015, tras 21 meses desconectada por problemas de seguridad, Tihange 2 reanudó su actividad.

Eso sí, el Gobierno belga ha dado marcha atrás en su idea inicial de distribuir en 2017 pastillas de yodo a todos los ciudadanos como prevención ante un accidente nuclear en un radio de 100 kilómetros de las centrales nucleares, tal y como anunció en abril la ministra de Sanidad, Maggie De Block, que aceptó distribuir a 100 kilómetros a la redonda de las centrales nucleares belgas estas pastillas, que actúan sobre la tiroides saturándola para evitar que absorban el yodo radiactivo que liberaría un escape nuclear. En la práctica, la medida suponía proporcionar yodo a todos los habitantes belgas.

Sin embargo, el ministro del Interior, el nacionalista flamenco Jan Jambon, señaló ahora en sus planes de política general que los comprimidos solo se distribuirán entre «los grupos prioritarios». El político hace referencia a los argumentos presupuestarios para limitar la «campaña de predistribución» de las pastillas a las escuelas y otros lugares específicos en todo el país, precisó el periódico belga. También se mantiene en vigor el reparto del yodo en todos los hogares situados a 20 kilómetros a la redonda de una central nuclear.

El diputado ecologista Jean-Marc Nollet calificó de «escandalosa» la limitación en el reparto de yodo y añadió que el Ejecutivo belga antepone la «rentabilidad» de Electrabel, encargada de gestionar las centrales del país, a la «seguridad elemental» de los ciudadanos. «Es profundamente ingenuo imaginar que, en caso de catástrofe, cada belga podrá llegar a un centro de distribución de pastillas regional o provincial. No puedo aceptar que, para hacer ganar algunos millones a Electrabel, sacrifiquemos de ese modo la protección de la población», declaró Nollet.

Nadal deberá resolver la financiación del bono social de electricidad y decidir sobre las renovables, Garoña y el ATC

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EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) fue la primera organización, tras conocerse su nombramiento, en solicitar una reunión urgente con el nuevo ministro Álvaro Nadal, para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. Hasta ahora jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal tendrá un estreno intenso al frente de la nueva cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital, ya que deberá buscar un nuevo sistema de financiación del bono social eléctrico.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, que consideró «inaplicable» el sistema actual de financiación, Nadal tendrá que afrontar la devolución a las compañías eléctricas de los 500 millones de euros que han aportado para permitir que los colectivos más vulnerables disfruten de un descuento del 25% en el recibo de la luz. Después de unos años de intensas reformas, fundamentalmente en el sector eléctrico, el nuevo ministro se encontrará con otros temas de calado, como la revisión del margen de comercialización de la tarifa eléctrica regulada, la nueva orden de peajes para la revisión trimestral de la luz, con la necesidad de evitar subidas, la aplicación de los superávit de tarifa o los detalles de la próxima subasta de renovables.

Anpier pide audiencia con Nadal

Precisamente la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ya ha solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro de Energía para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. En una carta firmada por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se recuerda al nuevo titular de Energía que «el colectivo de pequeños productores fotovoltaicos ha sufrido recortes draconianos en los últimos años, que les han colocado en unas situaciones financieras dramáticas; además de recibir un injustificado maltrato por parte del anterior Ejecutivo«. La asociación señala que el anterior ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se negó a recibir al sector, «a pesar de recibir más de una decena de solicitudes por parte de Anpier».

La asociación subraya que «no es poca la responsabilidad» que asume el nuevo ministro, con un «inevitable cambio de modelo» tanto en la generación como en la forma de distribuir y consumir la energía, que ha de realizarse «con urgencia; pero con el sosiego necesario para evitar errores cuyas consecuencias lastren la proyección económica y el bienestar de los españoles».

Decisiones sobre Garoña y ATC

En materia nuclear, Nadal hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para que siga produciendo electricidad. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares españoles, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta final de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo pocos avances se realizaron durante el primer mandato de Rajoy y desde 2015 las instalaciones han encontrado la oposición y las trabas del nuevo Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page.

Nadal se situará al frente de un Ministerio de nueva creación, que sustituye en buena parte al anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Si Energía y Turismo se mantienen como rúbricas de cabecera, la Agenda Digital gana peso y el área de Industria pasa a depender del también nuevo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El nuevo Ministerio colma en parte las expectativas del sector de las telecomunicaciones, que reclamaba una mayor consideración dentro de las funciones de Gobierno, mientras que deja al sector energético sin la vinculación con Medio Ambiente reclamada desde diferentes empresas. El sector turístico reclamaba un Ministerio propio, pretensión que no se ha visto cumplida.

El nuevo ministro deberá dirigir la política energética conforme a los objetivos de la Unión Europea en materia medioambiental. No solo habrá de afrontar el reto de cumplir el objetivo comunitario de que el 20% de la energía final proceda de renovables en 2020, sino que también deberá defender el legado de su hermano gemelo, Alberto. Este legado, que incluyó un recorte de 2.700 millones a las empresas, se plasmó en una nueva Ley del Sector Eléctrico, en la que se recoge una retribución para las energías renovables y las redes eléctricas conforme a una rentabilidad razonable para toda la vida útil del activo calculada a partir de los bonos del Estado más un diferencial.

Ahora, Álvaro Nadal deberá completar los desarrollos normativos pendientes y hacer frente a la prueba de estrés de los tribunales, en la que se verá qué parte de la reforma sobrevive a la alta litigiosidad provocada. El Tribunal Supremo ya ha avalado los recortes a las renovables, que están aún pendientes de resolución en los tribunales de arbitraje internacional. Sobre la mesa Nadal se encontrará también con asuntos como el posible desarrollo de una normativa sobre autoconsumo energético menos restrictiva. También deberá supervisar de forma transversal los diferentes proyectos económicos y empresariales para que se ajusten a los objetivos climáticos.

La demanda de electricidad aumenta un 0,7% en octubre

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Redacción / Agencias.- La demanda peninsular de energía eléctrica ascendió en octubre a 19.866 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 0,7% con respecto a octubre del 2015, según Red Eléctrica de España (REE). Teniendo en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica aumentó en octubre un 1,2% con respecto al mismo mes de 2015.

En los diez primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica ascendió a 207.682 GWh, un 0,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Una vez corregidos la influencia del calendario y de las temperaturas, la demanda de energía eléctrica fue un 0,1% superior a la registrada en el año anterior. La producción de origen eólico alcanzó en octubre los 2.388 GWh, un 38,5% menos que el año pasado. En octubre, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 25,6% de la producción. El 50,5% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

La tecnología con mayor aportación a la cobertura de la demanda fue en octubre la nuclear, con un 24,9%, por delante del 21% del carbón, el 11,7% de la eólica, el 10,9% de la cogeneración y 8% de la hidráulica. En los diez primeros meses del año, la nuclear se consolida como principal tecnología, con un 23,6% del total, frente al 20% de la eólica, el 15,9% de la hidráulica y el 12,6% del carbón.

El caso de una fuga en 2007 de partículas radiactivas de la central nuclear de Ascó deberá resolverse en juicio

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Europa Press / EFE.- El caso de una fuga de partículas radiactivas en la central nuclear de Ascó (Tarragona) en noviembre de 2007, durante las tareas de recarga del grupo I, se resolverá finalmente en juicio después de que el juzgado estimara parcialmente algunos de los recursos que en su día presentaron el Ministerio Fiscal y la entidad Ecologistas en Acción, al cual se adhirió Greenpeace, contra el archivo de la causa, por lo que revocó su sobreseimiento provisional.

En el auto, el Juzgado de Instrucción 1 de Gandesa (Tarragona) ha dado la razón a los ecologistas en que debe ser en juicio donde se contrasten las periciales de los demandantes y de la Asociación Nuclear Ascó Vandellós (Anav), ya que llegaron a conclusiones contrarias. «Dado que nos hallamos en presencia de periciales que alcanzan conclusiones distintas, deberá ser en el acto de juicio oral donde se practique la prueba en toda su extensión a fin de determinar qué efectos sobre las personas, bienes y medioambiente se produjeron por la emisión», razona el tribunal.

Sin embargo, el juzgado de Gandesa ha confirmado el sobreseimiento de la causa contra dos inspectores residentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el momento en que se produjo la fuga, Antonio García Rotellar y Manuel Oliva González, que habían sido investigados, después de haberlo pedido tanto la Fiscalía como la Anav ante lo que la acusación no presentó recurso. En noviembre de 2015, el juzgado de Gandesa había archivado la causa a petición de la Anav por esta fuga que tuvo su origen en los trabajos de recarga de Ascó I en noviembre de 2007, en los que se ensució el sistema de ventilación del edificio de combustible.

Durante los hechos se liberaron un millar de partículas radiactivas cuando finalizaba el proceso de recarga de la central. Durante este proceso, un operario derramó agua contaminada con las partículas cerca de una reja de aspiración del circuito de ventilación, que se acabó expulsando por las chimeneas hasta el exterior. Anav, propietaria de Ascó, no informó de los hechos al CSN hasta abril del 2008. El incidente, calificado inicialmente de nivel 1 en la escalera INES, fue elevado a nivel 2 por el CSN por «inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar información incompleta y deficiente al organismo regulador«.

CCOO reclama un relevo generacional y garantías de empleo para las centrales nucleares

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Europa Press / Servimedia.- CCOO de Industria considera que la política de las centrales nucleares debe dar un giro de 180 grados y reclama un relevo generacional, garantía de empleo y un cambio «radical» en la gestión. En este sentido, el sindicato reclama que “cuanto antes” se proceda a la inversión de las centrales y se apliquen sistemas de relevo generacional que garanticen el necesario traspaso de conocimiento y experiencia, según acordaron los delegados del sector nuclear en Almaraz. En la reunión participaron representantes de Almaraz, Trillo, Cofrentes, Ascó y Vandellós.

Todos los participantes coincidieron en que “si no se produce un cambio radical, habrá pocas posibilidades de ampliar la vida útil de los grupos nucleares y muchas de que alguno de ellos no renueve la próxima licencia de explotación”. La finalización de los actuales permisos de explotación, indica el sindicato, «produce una gran incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras más jóvenes que no saben si mantendrán su empleo en el futuro». «Lamentablemente, a estas circunstancias hay que añadir la política de recortes que aplican las empresas propietarias de las plantas nucleares en inversión y mantenimiento de equipos», lamenta el sindicato.

Situación de las empresas contratistas

Los delegados también analizaron la situación y expectativas de la central nuclear de Almaraz y la situación que se vive en la central extremeña ante la denuncia del Gobierno de Portugal y de los grupos ecologistas. En la reunión se abordó la cuestión de las empresas contratistas que trabajan en las centrales nucleares. CCOO de Industria ha detectado que la «nefasta política empresarial que se aplica en la renovación de los contratos de servicio, con una drástica reducción económica, está provocando una gran incertidumbre laboral a buena parte del personal y la pérdida del conocimiento».

Greenpeace cree que el fondo de gestión de residuos radiactivos es insuficiente y sólo financiará un 30% del coste

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Redacción / Agencias.- Greenpeace advierte de que la dotación del fondo destinado a la gestión de residuos radiactivos y futuros desmantelamientos de centrales nucleares resulta «insuficiente» puesto que «sólo alcanza para financiar el 30% del coste». Según esta organización, las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales son públicas y se llevan a cabo con dinero ya recaudado pero señalan que la cifra actual es de 4.200 millones de euros «frente a los 22.200 millones de euros requeridos, según cálculos del Tribunal de Cuentas».

A esos 4.200 millones de euros, “un 19% del gasto total”, se añade que si el almacenamiento temporal de los residuos es mediante ATIs se añaden 370 millones de euros, y si es mediante ATC son 1.232 millones de euros, “lo que significa un 2% y un 5% por ciento, respectivamente, de la inversión total”. Por tanto, “a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84% de la vida útil, las ayudas disponibles ni siquiera alcanzan el 30% del total que se va a requerir”, según ha denunciado la organización.

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha calificado el fondo como «infradotado» ya que con él «no podría afrontarse una situación crítica» y denunció a las compañías eléctricas por la existencia de este «enorme agujero que estas empresas no han pagado». En este sentido, el grupo ecologista insta al Gobierno a que «no se conceda la licencia de explotación a los reactores nucleares operativos» a medida que vayan finalizando las concesiones, entre 2021 y 2024.

Para Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, el plan vigente de residuos radiactivos es «obsoleto» a pesar de la actualización agregada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2015. Por ello propone elaborar un nuevo plan que gestione los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor. También plantea revitalizar las comarcas que, hasta ahora, eran dependientes de las nucleares por su emplazamiento. Montón ha explicado que existen unos 20 años «de colchón» en la que el propio desmantelamiento de la central y la colocación de renovables supone trabajo para el entorno. Sin embargo, advierte de que «si no se revitalizan las comarcas, tras los 20 años habrá un gran bajón».

Tasas “insuficientes” para las eléctricas

Montón reconoce que «las eléctricas sí están pagando las tasas, pero éstas son insuficientes» y por ello ha instado a modificar el modelo de recaudación por otro «más apropiado» ya que «mientras el fondo disponible no alcanza, las empresas propietarias de las centrales ingresaron por la producción nuclear 30.837 millones de euros entre 2005 y 2015. «Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios», ha insistido la responsable de nucleares de Greenpeace. A su juicio, «aún hay tiempo de hacer las cosas bien».

Por ello, desde Greenpeace consideran «imprescindible» el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, parta de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes. Además, señalan que para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares.

Sobre esta situación, Greenpeace denuncia que las empresas dueñas de las centrales no tienen preparado esa cuantía necesaria para tener cubierto el cierre, a pesar de que sus beneficios son de 72.000 millones de euros. «Podría tratarse de una situación similar a la del rescate bancario, porque las eléctricas se han dedicado a invertir sus beneficios y no aguardarlos para la llegada del cierre, por lo que no podrán afrontarlo económicamente», denuncian desde la organización. En este sentido, critican la falta de control sobre este tema de los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de los años.

Impacto económico del desmantelamiento nuclear

Greenpeace insistió en que el cierre gradual de las centrales nucleares tendría «un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad«, además de suponer un «importante incentivo» para la economía española y la creación de empleo. Respecto al impacto económico ligado al cierre de las centrales nucleares españolas, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros según el estudio El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, realizado por la organización.

Según su informe, las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes «supondrían la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable». Montón precisó que los dos sectores más beneficiados serían el comercio y la hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones. La ONG ha organizado cinco carreras populares simultáneas en las poblaciones cercanas a las centrales nucleares este domingo, con objeto de recoger apoyo ciudadano contra la industria nuclear.

El CSN reclasifica de 0 a 1 en la escala INES un suceso notificado por la central nuclear de Almaraz

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) clasificó como nivel 1 (anomalía) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) un suceso notificado por la central nuclear de Álmaraz (Cáceres) el pasado 26 de julio, y calificado como 0 (sin significación) de forma provisional, una vez efectuada la revisión de los datos obtenidos tras las diferentes inspecciones y evaluaciones, según comunicó.

Este suceso, aplicable a las dos unidades y relativo a un incumplimiento de una exigencia de vigilancia requerida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), fue comunicado y publicado en la web del CSN. Los hechos descritos en el suceso notificado «no tuvieron repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento» por lo que, aplicando el manual de la Escala INES, se debe clasificar siguiendo los criterios de defensa en profundidad (un conjunto de niveles que combina un diseño de múltiples barreras para alcanzar el objetivo de eliminar o minimizar los riesgos en caso de que alguno falle) sin suceso iniciador.

En ambas unidades, el sistema de limpieza del cambiador de calor del sistema de agua de refrigeración de componentes estuvo fuera de servicio durante un tiempo «superior» al que se establece en las ETF. En el caso de la unidad 1, se trata del cambiador de calor del tren B y en la unidad 2, del correspondiente al tren A.

El sistema de refrigeración de componentes es un circuito cerrado cuya función es transmitir la carga térmica de los equipos que requieren refrigeración, al sistema de agua de servicios esenciales. Dicha carga térmica se toma en los enfriadores de los equipos y se transfiere en los cambiadores de calor del sistema de componentes al agua de servicios esenciales, que, a su vez la evacua hacia el exterior, explica el CSN.

El CSN ha llevado a cabo diversas inspecciones y solicitó al titular de la instalación un análisis de la capacidad del cambiador de calor del sistema de refrigeración de componentes para realizar su función durante el tiempo que estuvo fuera de servicio el sistema de limpieza de dicho cambiador. Tanto las inspecciones como el estudio han concluido que, durante ese tiempo, ambos cambiadores «mantuvieron su función de seguridad». Tras el análisis efectuado y de acuerdo con los procedimientos establecidos, el suceso se reclasificó como nivel 1 en la Escala INES.

La estatal EDF anuncia el parón de 5 de sus reactores nucleares en Francia para realizar controles de seguridad complementarios

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EFE.- La eléctrica estatal francesa EDF procederá al cierre temporal de 5 de sus reactores nucleares hasta mediados de enero de 2017 debido a los controles de seguridad complementarios a los que sus generadores deben someterse. EDF, que ya tiene 21 de sus 58 reactores con su operación suspendida, también pidió al Gobierno «todas las medidas necesarias» que eviten los «efectos especulativos» en el mercado mayorista.

La Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (ASN) solicitó el cierre temporal de 5 reactores para realizar controles de resistencia de sus generadores durante 3 meses debido a una alta concentración de carbono. Uno de los cinco reactores inspeccionados por la ASN se trata de uno de los más antiguos en servicio en Francia, el de Fessenheim 1, en Alsacia, junto a la frontera alemana. Los otros cuatro son el de Tricastin 4; el de Gravelines 4; el de Civaux 1; y el de Tricastin 2. Los controles se efectuarán desde este momento hasta mediados del próximo mes de enero.

A pesar de estos cierres temporales, EDF aseguró que los objetivos de producción de la energía nuclear para 2016 están «confirmados» (380-390 TWh), así como los de 2017 (390-400 TWh). EDF gestiona los 58 reactores en Francia que producen más del 75% de la electricidad del país. 21 están sin actividad temporalmente por diferentes razones: 10 por mantenimiento, 4 por incidentes y 7 por verificaciones.