Las organizaciones antinucleares se reúnen para aumentar su presión a Zapatero para que cierre Garoña

Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal Antinuclear, de la que forman parte ONG como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, se reunirán mañana en Madrid para concretar «nuevas movilizaciones» cuando falta menos de una semana para que finalice el permiso de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Su objetivo es «lograr que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cumpla el compromiso del PSOE y de su Gobierno de cerrar las centrales nucleares», empezando con el cierre, ahora en julio de 2009, de Garoña.

Además, nueve grupos locales de voluntarios de Greenpeace saldrán mañana a las calles de La Coruña, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra y Sevilla para recoger firmas de apoyo al cierre de la central.

Los voluntarios informarán a la ciudadanía sobre las razones por las que creen necesaria su clausura, e invitarán a firmar el manifiesto que elaboró Greenpeace junto a Ecologistas en Acción y que han apoyado más de 250 voces de la cultura, la política y la ciencia del país.

«Sería inaceptable que los intereses privados y particulares de Endesa e Iberdrola se antepusieran al interés general de los ciudadanos y de la protección de la salud pública y del medio ambiente», declara Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

El Foro Nuclear acusa al Gobierno de manipular el informe del Consejo de Seguridad Nuclear

La presidenta del Foro Nuclear Español, María Teresa Domínguez, ha acusado este jueves al Gobierno de «manipular» el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre a central burgalesa de Santa María de Garoña, al haber solicitado un nuevo informe al organismo regulador tras recibir el pasado 5 de junio el dictamen favorable a la renovación de la nuclear.

«Desafortunadamente, el Gobierno ha manipulado ese informe y ha pedido al CSN que emita otro, y el consejo lo único que ha hecho ha sido que las medidas que había exigido para diez años ponerlas en el tiempo para que el Gobierno tome esa decisión arbitraria», ha explicado Domínguez.

Así, ha apuntado que en Estados Unidos hay 54 centrales que renovaron sus licencias y ayer en Praga la UE contempló en su Plan Estratégico Europeo (SRA, por sus siglas en inglés) que aquellas centrales en operación podrán renovar sus licencias siempre que tengan informe favorable.

Además, ha explicado que algunos políticos basan sus criterios antinucleares en el desconocimiento. A su juicio, no se debe tener ninguna duda de que si el CSN ha dicho que la central puede operar diez años más todos los componentes, incluidos la vasija, que los ecologistas afirman que está agrietada, se encuentran en buenas condiciones.

«Si el CSN ha dado ese dictamen tenemos que estar seguros porque es el que está dotado y está contrastado internacionalmente, lo que es totalmente descorazonador y desconcertante desafiante es cómo el Gobierno está tratando ese informe del CSN», comentó Domínguez, al tiempo que pidió que en España hay que salir a la calle y decirle Zapatero que la ciudadanía quiere «un Gobierno para la sociedad, que no sólo se preocupe por sus votos».

En la misma línea, ha hecho referencia a la coyuntura económica actual y ha resaltado que España cuenta con el paro más alto de Europa, es un país «totalmente desindustrializado», que ha desorientado a los inversores en todo tipo de energía, incluidas las renovables, y una economía «sin motor de crecimiento». «Nada de esto parece preocupar al Gobierno, ni la propia central de Garoña», ha puntualizado.

Por otro lado, ha destacado que la central burgalesa está operando con un factor de disponibilidad mayor del 90 por ciento en sus últimos años y ha sido destacada año tras año como una de las centrales mejores del mundo por sus indicadores de funcionamiento, que ha invertido en modernización en lo últimos diez años más de 300 millones de euros, que es motor económico de la zona y que evitaría descargar 250 millones de toneladas de CO2 anuales. En conjunto, el cierre de Garoña podría suponer 11.000 millones de euros más, debido al coste de producir la misma energía equivalente mediante tecnología solar o eólica, 2.400 millones de euros en derechos de emisión de carbono y aumentar en 2.800 millones de euros el déficit exterior por compra de recursos energéticos.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) consideró ayer que serán necesarias condiciones adicionales en caso de que el Gobierno decida renovar la autorización de la licencia de explotación de Garoña por dos, cuatro ó seis años, en lugar de por diez años, como había solicitado el titular de la instalación y dado el visto bueno del CSN con el cumplimiento de quince condiciones. Así, los consejeros aprobaron por unanimidad la remisión al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) de los análisis de límites y condiciones solicitados, en respuesta a la petición de este Departamento de estudiar las condiciones para la renovación en plazos inferiores a los solicitados por el titular, Nuclenor (participado al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola). El Ejecutivo debe tomar una decisión antes del 5 de julio.

Los trabajadores de Garoña reclamarán diez años de salario por lucro cesante, si el Gobierno cierra la central

Según informó ayer el Comité de Empresa de Nuclenor, los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, interpondrán recurso contra la resolución administrativa que se dicte, en caso de que no se conceda el permiso por 10 años tal como ha dictaminado el Consejo de Seguridad Nuclear. Asimismo, y si procede, solicitarán medidas cautelares.

Igualmente, «se está ultimando la preparación para presentar más de mil querellas (una por cada trabajador) contra el Gobierno por prevaricación, ya que se habla en el programa electoral del PSOE de vida útil, y la vida útil de Garoña, según el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, es hasta el 2019 o más». En las mismas se pide la responsabilidad subsidiaria del Estado por el lucro cesante correspondiente a los salarios que se dejarían de percibir.

Por otro lado, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) han convocado para mañana viernes, 26 de junio, en la central nuclear de Santa María de Garoña, a las organizaciones empresariales más importantes de los ámbitos nacional, regional y provincial «con la doble finalidad de realizar un pronunciamiento público en apoyo de la continuidad de la instalación y mantener un encuentro con los responsables y el Comité de Empresa de Nuclenor«.

Unos 600 trabajadores de Ascó protestan contra posible cierre nuclear Garoña

Los trabajadores, convocados por el sindicato UGT y la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Personal con Licencia de Operación de Centrales Nucleares (FELO) -CCOO no se ha sumado a la acción reivindicativa-, se han concentrado este mediodía durante media hora fuera del doble vallado de la central de Ascó.

Allí se ha leído un manifiesto en contra de la posible resolución del Gobierno central del cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña y su posterior desmantelamiento «al margen de las consideraciones técnicas del Consejo de Seguridad Nuclear». Según los convocantes, los argumentos utilizados por los partidarios del cierre de Garoña «no están sustentados técnicamente», puesto que el informe del CSN «admite el alargamiento de vida de la planta por diez años más».

Además, estas razones «no suponen garantía alguna de mantenimiento de los puestos de trabajo, en las actuales circunstancias de crisis y destrucción generalizada de empleo».

La «promesa electoralista» del PSOE podría «dejar sin trabajo a muchas personas» -en la planta de Burgos trabajan unas 600 entre plantilla y contrata- pese a «no existir razones técnicas que lo justifiquen» y «no haber planteado una alternativa de reindustralización de la zona», según los sindicatos. Han añadido que esta «amenaza» se extiende a las otras siete plantas en funcionamiento en España, entre las que se encuentran las tres nucleares de Tarragona: Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, cuya vida útil, en caso de que alcanzasen los 40 años, finalizaría en 2022, 2025 y 2027, respectivamente.

Las tres plantas tarraconenses generan, entre la plantilla fija y los empleados de contratas, unos 1.400 puestos de trabajo, además de «centenares indirectos». El pasado 22 de junio ya se llevó a cabo una acción similar en la central nuclear de Vandellòs II.

El Comité de Trillo ha convocado para hoy una concentración contra cierre Garoña

El comité de empresa de Trillo entiende que, ante el informe favorable emitido recientemente por el Consejo de Seguridad Nuclear en el que se reafirma la seguridad en la operatividad de Garoña, «no existe ninguna razón que impida que permanezca en servicio», ha declarado un portavoz del comité.

El comité de la central nuclear de Trillo -integrado por CCOO, APLOC, UGT y SITAT- ha expresado a través de un comunicado su «total apoyo» a cualquier acción que promuevan los trabajadores de la central burgalesa en el supuesto de que finalmente se les niegue el permiso de explotación.

Para el comité de empresa de Trillo, cualquier decisión «hace imprescindible un acuerdo de alcance nacional con la participación de todos los agentes sociales y políticos, atendiendo a criterios de seguridad, estabilidad de la red, compromisos medioambientales y mantenimiento de los puestos de trabajo», y de manera especial en estos tiempos de crisis.

Por último, los integrantes del comité han manifestado su «firme disposición» a realizar cualquier medida que se considere necesaria para defender los puestos de trabajo de todo el personal, plantilla y contratas que prestan su servicio en cualquier nuclear española.

El cofundador de Greenpeace asegura que la energía nuclear es necesaria

El ecologista canadiense hizo estas declaraciones durante una conferencia organizada por el Foro Nuclear, en la que además aseguró que, si el Gobierno español decide finalmente cerrar Garoña, «se quedará atrás e irá en contra de la tendencia mundial». Aseguró en este sentido que España está en un momento en que puede «avanzar» o retroceder», en referencia a la decisión que el gobierno tiene abierta referida a la central de Santa María de Garoña.

El ex miembro y cofundador de Greenpeace Patrick Moore piensa que cerrar centrales nucleares en España sería dar «un paso atrás» porque «aparte de la energía hidroeléctrica, la única energía a gran escala que pueda sustituir a los combustibles fósiles es la energía nuclear». Moore se alinea con quienes opinan que el mayor problema en materia medioambiental es el cambio climático y el efecto de las emisiones contaminantes de carbono.

El cofundador de Greenpeace recuerda que países como EEUU, Canadá, Francia, Bélgica, Finlandia, China, Rusia o India ya han aprobado la construcción de nuevos reactores y Suecia ha decidido dar marcha atrás a su política de cierre de centrales nucleares.

«La oposición a las centrales nucleares no se basa en el cerebro sino en el miedo, es una oposición basada sólo en información sesgada y en política de la peor clase», explica.

Moore asegura que la quema de combustibles fósiles es «la primera razón de daño a la salud», mientras que «la nuclear no contamina, no emite dióxido de carbono (principal responsable del cambio climático), y no afecta a la salud porque nunca ha muerto nadie por la energía nuclear».

Esta última afirmación se basa en que la energía nuclear es «segura, limpia, y sostenible; ninguna central en el mundo occidental ha causado daños a las personas» porque el accidente de Chernobyl fue causado por el propio diseño de la central que no era de energía eléctrica, sino de uso bélico, y carecía de las medidas de seguridad adecuadas.

Además, Moore recuerda que los recursos fósiles «ya están llegando a sus picos de utilización» y que sólo existen reservas en la Tierra para unos cien años, mientras que la energía eólica o solar «no pueden abastecer toda la demanda energética» porque dependen de las condiciones atmosféricas.

Sobre la gestión de los residuos, Moore resalta que con la capacidad económica y la tecnología adecuadas «el 94% se puede reciclar» y que los sistemas de almacenamiento permiten guardar los residuos durante 100 o 300 años.

Moore afirmó que la energía nuclear es el «logro científico» de la sociedad, ya que los reactores de estas centrales no emiten dióxido de carbono, mientras que los combustibles fósiles son los responsables de más del 40% de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Con respecto a las energías renovables, Moore aseguró que no son suficientes para abastecer toda la demanda de electricidad, por lo que rechazó que las autoridades digan a la sociedad que la energía eólica y la solar pueden sustituir a la nuclear. También advirtió que determinados desarrollos de energías renovables pueden no ser sostenibles como es el caso de las primas a determinados sectores que superan en diez veces el precio de generación en el mercado.

Patrick Moore, miembro fundador y ex Presidente de Greenpeace Canadá, así como director internacional de Greenpeace International, ha dirigido el movimiento medioambiental internacional durante más de 35 años. Este experto canadiense hace un llamamiento para que se traten los temas medioambientales en base a datos científicos correctos, para la búsqueda de consenso y la creación de soluciones sostenibles.

El PSOE pide al PP un pacto de estado sobre energía y no llevar debate a la UE

Como ayer informábamos, Un grupo de once eurodiputados, entre ellos cuatro del PP, pidió ayer en una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ampliación de la licencia de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que concluye el 5 de julio.

Morán, en unas declaraciones, lamentó que los eurodiputados populares «vuelvan a las andadas» para presionar desde una de las instituciones de la UE sobre «una decisión que debe tomarse en España».

Por su parte, el portavoz de Energía en la Comisión Europea, Ferrán Tarradellas, dijo que cualquier decisión sobre el futuro de Garoña «es un asunto del Gobierno español únicamente», en respuesta a una pregunta sobre la adopción en la UE de un marco legislativo común sobre seguridad nuclear.

La carta de los eurodiputados, en respuesta a una petición de un grupo de trabajadores de la central que estuvo este miércoles en Bruselas para pedir apoyo en el Parlamento Europeo contra un hipotético cierre, pide al Gobierno de España que «reconsidere» una posible decisión sobre la clausura de la central nuclear. Además, señala que la prórroga de la licencia contribuiría a la lucha contra el cambio climático, a la mejora de la seguridad del suministro energético y a la recuperación económica de la UE.

Morán apostó en cambio por «un nuevo modelo energético» para España y citó el modelo de Alemania, donde los grandes partidos políticos acordaron un pacto de estado para cerrar la centrales nucleares en 2020. También recalcó que la carta da la impresión de que la continuación de Garoña es la única forma de luchar contra el cambio climático y asegurar el suministro energético en España, y recordó que hay otras alternativas.

La carta enviada hoy cuenta con la firma de tres eurodiputados socialistas, la húngara Edit Herczog, el checo Richard Falbr y el búlgaro Evgeni Kirilov, y Morán precisó que la primera es «parte interesada» porque preside un foro de defensa de la energía nuclear.

Los trabajadores de Garoña irán hoy a la Moncloa con la intención de ser recibidos por Zapatero

Los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) acudirán hoy viernes a las 12:00 horas a la Moncloa «para que nuestro presidente escuche lo que le tenemos que decir».

Según el Comité de Empresa de Nuclenor, esta iniciativa se produce «ante el silencio del Gobierno a las distintas peticiones de los representantes de los trabajadores de la central para ser recibidos por José Luis Rodríguez Zapatero».

Este Comité de Empresa espera que el presidente del Gobierno les reciba «para tratar temas de vital importancia, como son el futuro de Garoña y de las más de mil familias que dependemos de ella».

Rosa Díez visitará Garoña el próximo lunes

La diputada Rosa Díez, acompañada de miembros de la ejecutiva comarcal, regional y nacional de UPyD, visitará la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) el próximo lunes 29 de junio.

Una vez realizada la visita de las instalaciones de la planta, en torno al mediodía, se reunirá con el Comité de Empresa para interesarse sobre las inquietudes de los trabajadores, según informó ayer este comité.

No hay capacidad para abordar el desmantelamiento de Garoña y Zorita simultáneamente

La empresa pública dedicada a la gestión y el almacenamiento de los residuos radiactivos que se producen en España, Enresa, no tiene los recursos humanos ni los técnicos para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales nucleares «José Cabrera», en Almonacid de Zorita (Guadalajara) y de Santa María de Garoña (Burgos) de manera simultánea.

Así lo reconocieron fuentes de Enresa que señalaron que las capacidades humanas y los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad en España «podrían ser insuficientes para acometer dos desmantelamientos al mismo tiempo».

Si el Gobierno decidiera finalmente cerrar Garoña en 2011, en su 40 aniversario, el desmantelamiento comenzaría en 2014, por lo que coincidiría de lleno con el plan para desmontar Zorita que acumula ya varios meses de retraso. La central de Zorita es la primera que comenzó a operar en España.

Además, el Gobierno no ha decidido aún la situación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) que acogerá los residuos de alta actividad de las instalaciones nucleares españolas, el cual también deberá gestionar los residuos de la central catalana de Vandellós I. Los residuos de esta planta se guardan de momento en Francia, pero han de regresar a territorio español antes del 31 de diciembre de 2010.

Zapatero afirma que extremará las garantías de seguridad y evitará intereses «economicistas»

El modelo energético fue uno de los asuntos abordados en el debate de la comparecencia del presidente ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar del último Consejo Europeo.

Rodríguez Zapatero se mostró dispuesto a abordar un debate sobre el modelo energético y reiteró que su criterio fundamental al decidir sobre Garoña será ante todo «responsabilidad, en primer lugar con la seguridad». Subrayó que Garoña ha cumplido ya su vida de diseño, a la que no han llegado «la gran mayoría» de centrales nucleares del mundo.

Varios portavoces le pidieron reflexión antes de decidir, y el presidente reconoció que recapacita sobre este asunto cada día, y tiene claro que no se dejará condicionar «ni un ápice» por esos intereses que llamó «economicistas» y que distinguió de los «económicos».

Esos criterios económicos, las garantías de fuentes energéticas y la competitividad de la economía estarán también entre los factores a tener en cuenta al decidir. Sin embargo, pidió que no se aborde el debate desde un punto de vista ideológico «desde ningún ángulo» sino desde la seriedad y la responsabilidad.

«Es más fácil dar una opinión sin tener la última responsabilidad de decir sí a una central con más de cuarenta años de vida para que siga funcionando», dijo el presidente a los portavoces.

El criterio del Gobierno, insistió, es mantener la energía nuclear que sea «imprescindible» siempre con garantías de seguridad y apostando por las energías renovables, que son «completamente seguras».

Foro Nuclear cifra en más de 160.000 millones el coste de cerrar las centrales

El director técnico del Foro Nuclear, Antonio González, cifró en 162.994 millones de euros el coste de cerrar, durante los próximos 20 años, los ocho grupos nucleares que existen en España, lo que produciría un «aumento de la tarifa eléctrica».

En el transcurso de la Jornada Anual de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE), González aseguró que estos costes se desprenden de un cálculo basado en el plan de fomento de energías renovables del Ministerio de Industria, según el cual se sustituiría la energía nuclear en un 35% por la energía producida por centrales de ciclo combinado, un 25% por la de las centrales de carbón, 25% por energía eólica, 6% termosolar y 9% fotovoltaica.

Estos cambios, según el representante del Foro Nuclear, supondría que los costes de producción se encarecerían en 5.100 millones de euros anuales, a la vez que combatir el incremento de las emisiones de CO2 a la atmosfera producidos por las centrales de ciclo combinado y de carbón supondría un gasto extra de 448 millones de euros anuales.

A estos dos gastos habría que sumar los 150 millones anuales que se calculan en la sustitución de equipos. Lo que sumando, el coste de producción, la sustitución de equipos, el coste de renunciar a la tecnología nuclear cifrado en 2.442 millones de euros, y combatir el CO supondría que cerrar las ocho centrales nucleares existentes generaría un coste total de más de 162.994 millones de euros en 20 años.

Por ello, González aseguró que la decisión de acabar con la energía nuclear «no depende de cuestiones técnicas sino políticas», aunque añadió que el debate entre energía nuclear y energía renovable «es un tanto absurdo, ya que son energías complementarias».

Dado lo cual, el director técnico del Foro Nuclear pidió un pacto de estado que posibilite que las decisiones se tomen en un marco estable dentro de una estrategia enérgetica global de futuro.