El carbón nacional vincula su futuro más allá de 2019 a la continuidad de las centrales térmicas

Europa Press / EFE.- El sector del carbón ha vinculado «directamente» su futuro más allá de 2019, fecha en la que está previsto el cierre de las minas o la permanencia de solamente aquellas viables mediante la devolución de las ayudas recibidas, a la continuidad de las centrales térmicas propiedad de las eléctricas. «Si las centrales de carbón no tienen la proyección suficiente para continuar, no tiene mucho sentido que sigamos con un combustible que no va a ser utilizado», afirmó el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia.

Con el debate abierto respecto al futuro de las centrales de carbón, después de que Iberdrola haya pedido el cierre de sus plantas de Lada y Velilla y con la continuidad de otras centrales en el aire más allá de 2020, Iglesia señaló que el sector pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que retome la posibilidad de aplicar unos pagos por capacidad para la desnitrificación de las centrales térmicas que permitiría a las compañías abordar esas inversiones necesarias para alargar su futuro por encima de ese horizonte.

«Fue una iniciativa tomada desde la Secretaría de Estado de Energía en 2015, pero en la que la CNMC encontró problemas serios y en aquellos momentos se abandonó. Todos y cada uno de los días que hablamos con el Ministerio, gobiernos autonómicos o cualquier administración, lo solicitamos. No pedimos nada para nosotros, tenemos firmado que las ayudas se han acabado, pero creemos que se podrían establecer los mecanismos adecuados para que las centrales puedan seguir generando electricidad con carbón», apuntó.

Con la garantía de esta continuidad de las centrales, Carbunión considera que las empresas mineras podrían planificar su actividad productiva a partir de 2019, con el objetivo de aportar entre 4 y 6 millones de toneladas anuales de combustible autóctono. Actualmente sobreviven 8 empresas del sector en España, 2 menos que en 2016 y lejos de las 21 que existían en 2011. Las ayudas recibidas por el sector, que ya van tocando a su fin, superan los 520 millones de euros en estos 7 años, aunque se redujeron a apenas 25,7 millones de euros en 2016 y cayeron drásticamente en 2017 con 1,3 millones, que, además, según Iglesia, incluyen la ayuda de 10 euros por tonelada dada por el Ministerio.

Iglesia, que reconoció estar «expectante» por conocer las conclusiones que presentará este mes la Comisión de Expertos sobre la transición energética respecto al mix energético necesario, defendió el «importante» papel del carbón como respaldo para la generación renovable, tal y como se vio el año pasado debido a unas condiciones climáticas en las que se registró la ausencia de viento y precipitaciones. «Si en 2016 o 2017 hubiésemos estado cerrados, los volúmenes de carbón importado habrían sido mayores», añadió Iglesia, quien valoró que gracias al carbón autóctono España no depende «exclusivamente de unos precios internacionales que pueden perjudicar al país».

El presidente de Carbunión ha recordado que el carbón supone un 23% de la generación de electricidad en Europa y un 15% en España, lo que demuestra que el país que tiene carbón lo utiliza para generar energía y ha animado a que España siga esa senda de los países europeos. Respecto a la cuantía de ayudas que tendrán que devolver las empresas que continúen con su actividad a partir de 2019, Iglesias ha dicho que es difícil cuantificarlo, pues para eso habría que saber cuántas y cuáles van a seguir, al tiempo que ha demandado que las ayudas se puedan devolver de forma escalonada para que no interfiera en la actividad de las empresas.

Desde Carbunión, califican 2017 de un año «esperanzador», con unos números que prácticamente recuperaron los niveles de 2015, tras los malos datos de 2016, aunque esperan que 2018 sea un ejercicio de «transición y diálogo» de cara a 2019. Entre 2011 y 2017, el sector redujo la producción y el empleo en un 58% y en un 62%, respectivamente, a pesar de la recuperación del año pasado. La producción con carbón nacional se incrementó en casi un 60%, hasta los 2,78 millones de toneladas, lejos de los más de 6 millones de 2011 y 2012 y frente a los 17,4 millones de toneladas de importación.

Del total de la producción del 2017 en España, más del 60% procedió de explotaciones a cielo abierto, mientras que la de las subterráneas no pasó del medio millón de toneladas. En 2017 la producción de carbón se vio favorecida por la caída de la producción hidráulica, que obligó a utilizar las centrales térmicas que utilizan carbón y gas. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2018 ha bajado, aunque Iglesias espera que la producción se mantenga en el entorno de la de 2017, aunque dependerá de la meteorología.

Iglesias apuntó que la producción de carbón autóctono, con excepción de 2017, viene decreciendo desde 2011, mientras que las importaciones oscilan según la necesidad para generación eléctrica. El grueso de las importaciones de carbón que se hacen en España, en concreto el 87% en 2017, proceden de 4 países (Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica), naciones con las que, según Iglesias, es difícil competir por los menores costes con que producen. En lo que se refiere a la participación del carbón nacional en el carbón térmico consumido, se limitó al 14%.

En lo que se respecta al empleo, el número total de trabajadores se situaba a cierre de 2017 en 2.197 personas, frente a los más de 5.800 trabajadores de 2011. En 2017 se registró un ligero repunte del 7% con respecto a 2016, incremento que no ocurría desde 2011 aunque fue debido, principalmente, al aumento de las contratas, ya que el número en plantilla sigue descendiendo, según Carbunión. En este sentido, la plantilla de las empresas disminuyó desde los 1.675 trabajadores que tenían en 2016 a 1.592 en 2017, en torno a un 5%, mientras que la de las contratas aumentó un 60%, al pasar de 379 trabajadores a 605.

CCOO de Industria de Asturias solicita que el servicio de interrumpibilidad cuente con el carbón

EFE. – CCOO de Industria de Asturias pide que el servicio de interrumpibilidad que bonifica a las empresas electrointensivas cuente con las centrales térmicas que generan energía con carbón autóctono. El motivo que defiende Comisiones Obreras es que con esta decisión se podría «garantizar un mínimo de independencia para el estado español».

Asimismo, el sindicato asegura que «insistimos en que para garantizar un mínimo de independencia en materia energética para el estado español, el carbón autóctono ha de tener un papel imprescindible dentro del mix energético nacional».

Según Comisiones Obreras de Industria, los trabajadores del sector minero, térmico e industrial, «no pueden ser reos de quienes, por su único afán de obtener mayores beneficios, como es el caso de Iberdrola, pretenden que otras formas de generación de energía sustituyan a aquellas que de forma real y contrastada pueden responder al interés general».

Por otro lado. ante la nueva subasta para la tarifa eléctrica que tendrá lugar antes del mes de mayo, CCOO solicita una articulación adecuada que permita una industria electrointensiva competitiva en costes

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.

Energía acuerda abordar el futuro del carbón con los sindicatos en grupos de trabajo a partir del 12 de marzo

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT el establecimiento de un grupo de trabajo para abordar el futuro de la minería del carbón y cuyos detalles se concretarán la semana del próximo 12 de marzo, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, tras una reunión con los representantes mineros de sendas organizaciones sindicales en una situación de incertidumbre por la intención de algunas compañías eléctricas de cerrar sus centrales térmicas de carbón.

En lo que ha calificado como un «año importante» para la minería y el carbón, Navia ha reiterado que «es importante trabajar con agentes sociales para lograr una transición ordenada y lógica«. Por ello, subrayó que las reuniones del grupo de trabajo tendrán una frecuencia más elevada y tendrán un carácter eminentemente «técnico» para «tratar cuestiones más concretas que puedan suscitar Administración y sindicatos». El Ministerio concretó que las reuniones técnicas estarán a cargo del gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Joaquín Fernández Dapena, que se sentará con la patronal Carbunión y sindicatos en dos mesas separadas para abordar la cuestión «desde un formato técnico y no político».

El coordinador de Industria de CC.OO., Jesús Crespo, recordó que, si bien «hay que hablar del futuro», primero hay que «resolver el presente». Del mismo modo, destacó la intención de los sindicatos de incorporarse a la plataforma europea de regiones con minería del carbón que se presentó recientemente en España. Desde CC.OO. han resaltado que el grupo en el que participarán los sindicatos se reunirá cada tres semanas y en junio se convocará a los representantes de la comisión de seguimiento para informar de los avances logrados. Además, la organización sindical creará un equipo de trabajo que se reunirá de forma paralela y que dará soporte a las reuniones que se celebrarán en el Ministerio.

El secretario del sector minero de UGT, Víctor Fernández, explicó que el grupo de trabajo contará con 5 representantes de los sindicatos y que el objetivo es reunirse con el ministerio «3 veces cada 2 meses». También ha expresado, por su parte, que las próximas reuniones «deberían ser más ágiles» para llegar a junio «con el tema prácticamente resuelto». Fernández añadió que «para cuando finalice el año» habrán de realizarse «las gestiones oportunas». También ha mostrado disposición a que «nadie se quede en la calle» hasta ese momento. Ambos sindicatos han subrayado la necesidad de involucrar a las propietarias de las centrales térmicas de carbón para que realicen las inversiones medioambientales pertinentes para seguir operando.

Estos encuentros urgen, según los sindicatos, porque este año se acaba el Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras (2013-2018) y se necesita un nuevo marco de actuación para activarse en enero de 2019 que no pase por el cierre de las centrales y la pérdida del empleo de los trabajadores. El sindicato UGT destacó que dicho marco debería llevar implícito el desarrollo de un plan social que incorpore medidas como bajas incentivadas y planes de prejubilación para que ningún empleado sea despedido. “Tenemos que ver los sindicatos como lo presentamos», ha apuntado Fernández.

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.

Castilla y León pide en Bruselas fondos para una transición energética «justa» para las regiones mineras de la Unión Europea

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, pidió en Bruselas que la Unión Europea se implique más y con «más fondos» para que las regiones carboneras europeas tengan una transición energética «justa y equilibrada».

Del Olmo participó en las jornadas organizadas por Plataforma de Regiones Carboneras en Transición de la Unión Europea, donde defendió un proceso de descarbonización «que no deje costes socioeconómicos por el camino» y que ofrezca soluciones a todas las personas que trabajan actualmente en el sector. «Se debe atender las necesidades de los territorios carboneros y que las personas que trabajan en la minería y en todo lo que arrastra la minería tengan una buena colocación en otros sectores», aseguró.

La consejera manifestó que Castilla y León seguirá siendo una región con producción de carbón y con centrales térmicas, pero que a su vez apostará por la diversificación de la industria y de la actividad económica, algo que a su juicio, coincide con los objetivos en materia energética de la Unión Europea. Del Olmo incidió en la necesidad de lanzar proyectos de investigación en captura de carbono o en nuevas tecnologías para la quema de carbón y pidió ayuda comunitaria para su financiación. «Vamos a hablar de cómo se pueden financiar esas actividades alternativas», afirmó.

La consejera advirtió de que la reestructuración en la región ha sido «brutal», donde se ha pasado de tener «2.000 trabajadores a 400». «Hay que mantener lo que queda e ir hacia una transición justa y ordenada desde un punto de vista socioeconómico. No puedes dejar un territorio tan grande sin actividad económica», indicó. La responsable de la economía castellanoleonesa explicó que hay 41 regiones en transición en el carbón de distintos Estados miembros que comparten que “la producción de carbón ha tenido un peso esencial. Hay regiones donde la alternativa son las energías limpias y olvidarse del carbón pero no es nuestro caso, que compartimos junto con otras regiones la pervivencia del carbón«, concluyó.

El PP prepara una proposición de ley para evitar el cierre de las térmicas con el apoyo decidido de UGT

EFE / Europa Press.- El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Hojas, advierte de que cerrar las centrales térmicas supondrá un mayor coste energético, algo que considera que el país «no lo puede permitir». En este sentido, el PP registrará próximamente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que tendrá como objetivo limitar estos cierres y evitarlos, con un contenido en la línea del proyecto de decreto que elaboró el Ministerio de Energía.

Fuentes del PP han explicado que la idea es que su toma en consideración pueda ser debatida en marzo y, aunque el contenido será fundamentalmente el mismo que el del texto elaborado por el Ministerio, la idea es incorporar alguna de las prevenciones que estableció en su informe del pasado 24 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que alertó de la posibilidad de que el real decreto pudiera contravenir la normativa europea. En concreto, el PP se plantea matizar el mecanismo de subasta, considerado por la CNMC como «muy complejo», para que la compensación a un tercero por mantener una central térmica no pueda ser considerado por la Unión Europea como ayuda de Estado.

Este informe de la CNMC determinó que, al ser una norma de rango inferior, no era posible modificar mediante un real decreto aspectos que figuraban en leyes reguladoras de este sector, por lo que en ese momento el Gobierno se planteó la posibilidad de sacar adelante la regulación mediante un Decreto Ley, que debía ser convalidado en el Congreso, pero que tiene una tramitación más larga y compleja que la de una proposición de ley.

En la misma línea, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido en que la posición de la comunidad en cuanto a las térmicas es «archiconocida», en la línea de lo que acordó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los de otras comunidades afectadas, Asturias y Aragón. Esta solución pasa «por dar rango de ley a la normativa que ponga trabas a las eléctricas cuando de motu proprio estás sólo buscan el beneficio económico», por más que lo «enmascaren de reverdecimiento», criticó.

La portavoz de la Junta ha insistido en que las eléctricas «ya no engañan a nadie» y ha recalcado que se trata de decisiones que afectan a la minería, pero también producen un «perjuicio social» que incide en el coste de la luz. Marcos también ha tenido reproches para el PSOE y se ha referido en concreto a la presidenta socialista Cristina Narbona, que no apoya el mantenimiento del carbón y de las térmicas, por lo que ha confiado en que «recapacite» y respalde una «transición» con una «descarbonización progresiva».

UGT está con el Gobierno

Por su parte, Hojas también se ha referido a los anuncios por parte de Iberdrola y Endesa de los anuncios de cierre de las centrales de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) en el caso de la primera y Compostilla (León) en el de la segunda. El responsable de UGT considera que es «incomprensible» que las eléctricas se escuden en las energías limpias cuando hay tecnología que permitiría seguir con la quema del carbón autóctono, que significa un 7% pero que considera que su abandono sería «brutal» para el país en impacto social. En este sentido, y tras recordar los beneficios de Iberdrola, ha señalado que se podría invertir una «pequeñísima parte» de ellos en una transición hacia energías verdes «responsable».

Hojas ha advertido de que dentro de poco las compañías pedirán cerrar las centrales nucleares y se ha preguntado a dónde van a llevar el precio por kilovatio, algo que repercute no sólo en la pobreza energética, sino en las industrias, que perderán competitividad. Como consecuencia de ello, ha señalado que si ocurre esto se «cargarán de un plumazo» todos los acuerdos a los que se llegue, dado que hay una diferencia de un 30% en competitividad energética si se compara España con Alemania o Francia. «Cualquier acuerdo de competitividad pierde capacidad por el coste de la energía», ha señalado.

En este contexto, Hojas se ha congratulado por el pacto firmado por Aragón, Asturias y Castilla y León en el que abogan por un pacto de Estado por la energía que considera «fundamental», no sólo por los costes, sino por las consecuencias para el futuro industrial, por ello ha abogado por trabajar por una «política de Estado». Asimismo, anunció «movimientos importantes» en Bruselas para pedir y exigir una moratoria y flexibilidad para la devolución de las ayudas al carbón de manera que el plazo se extienda más allá de 2018.

Hojas ha aclarado que los sindicatos van a seguir su apuesta por ir a una transición a las energías limpias pero ha matizado que hay que hacerlo de manera «socialmente responsable» porque el país no puede permitir que sea de otra forma y que los costes energéticos se «disparen». Asimismo, ha cuestionado si a lo que se quiere ir es hacia ciclo combinados de gas, que son más caros, por lo que considera que hay debates que se caen «por su propio peso», aunque los intereses empresariales sean legítimos, pero cree que deben de ir acompañados por una responsabilidad social corporativa en el territorio del que han sacado tanto beneficio.

Abogados ambientales del IIDMA piden a los europarlamentarios españoles que acaben con las ayudas al carbón

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha reclamado a los europarlamentarios españoles miembros del Comité de Industria del Parlamento Europeo que pongan fin a las ayudas al carbón. Así, con motivo del debate sobre el diseño del futuro mercado energético de la Unión Europea y, en concreto, sobre el Reglamento del Mercado Interno de la Electricidad que se está negociando, los abogados ambientales han formulado un conjunto de recomendaciones a los representantes españoles en la Eurocámara.

En concreto, han subrayado la importancia clave de regular los mecanismos de capacidad para evitar el alargamiento de la vida de las centrales de carbón de manera artificial, y los mecanismos de acceso y despacho preferentes, para promover una transición energética a las renovables. El carbón, según recuerdan, es la fuente de energía más contaminante y además impacta sobre la salud y el medio ambiente. Así, recomienda promover las energías limpias como base para una transición energética baja en carbono.

Límite: 550 gramos de CO2/kWh

En cuanto a las evaluaciones de adecuación de recursos y mecanismos de capacidad, estiman que estos mecanismos deben ser reducidos al máximo y controlados con una evaluaciónque certifique su necesidad real y un plan para su abandono posterior. De este modo, aseguran que las centrales con emisiones intensas de carbono, bajo criterios estrictos de límites de las emisiones de CO2 de 550g CO2/kWh, «no deberían recibir subvenciones que alarguen su vida de forma artificial».

La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha señalado que este tipo de mecanismos, mal entendidos, permiten que se alargue de forma artificial el uso del carbón a pesar de ser el combustible más contaminante. «No se debe permitir el uso de la legislación para proteger y subvencionar centrales térmicas que están abocadas al cierre en el contexto actual. Es necesario trabajar en un plan ordenado de abandono del carbón y cierre de las centrales térmicas si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más duros del cambio climático», sentenció.

Baleares asegura que Arias Cañete considera «positiva» su legislación climática para acabar con el carbón en la térmica de Alcudia

EFE / Europa Press.- El consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno autonómico de Baleares, Marc Pons, asevera que el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, hizo una valoración «positiva» de la ley balear de cambio climático ya que está en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. «La valoración del comisario ha sido positiva, entre otras cuestiones porque la Unión Europea se ha marcado ese mismo objetivo: la descarbonización de la economía europea para 2050», afirmó Pons.

Pons indicó que la Unión Europea ve con buenos ojos el plan del Gobierno balear porque desea que los territorios insulares sean «punta de lanza» para conseguir la transición energética y «se comparten objetivos y formas». El Plan de Transición Energética de Baleares y la estrategia de las Islas para alcanzar los compromisos de lucha contra el cambio climático fueron presentados el 15 de febrero y una de sus principales propuestas es prohibir la entrada de coches diesel al archipiélago a partir de 2025 y de gasolina en 2035, una medida que no afectará a las motocicletas, turismos y furgonetas que ya circulan en Baleares.

«Hay ciudades europeas que ya han puesto esta limitación, como París, donde los diesel ya no pueden circular», recordó Pons, quien añadió que el comisario «no va a cuestionar» estas decisiones que son de ámbito municipal o autonómico. Además, la ley prevé que las flotas de vehículos de alquiler incorporen vehículos eléctricos desde 2020 en una proporción que irá desde un 2% ese año al 100% en 2035. En este sentido, Pons se ha interesado por las líneas de ayuda europeas específicas para construir la infraestructura necesaria para los coches eléctricos, como puntos de carga.

Por último, el consejero balear comentó que el gobierno autonómico ha planteado el cierre de centrales de carbón como la térmica de Es Murterar, en Alcudia (Mallorca) como una medida «estratégica» para la descarbonización de la economía aunque esto, recordó, dependerá de lo que proponga el Gobierno central. Cabe recordar que el Gobierno central rechazó el cierre de los grupos de carbón de la central de Alcudia y la sustitución del fuel y el gasoil de la central de Mahón por gas natural, a lo que Pons respondió que se trata de una decisión «equivocada» y «cortoplacista» que «cierra la puerta» a las energías renovables.

«Esta decisión condena a las Islas Baleares a mantener un sistema de producción de energía desfasada. Podemos seguir incrementando la producción de energías renovables pero ellos quieren seguir consumiendo carbón porque es lo más barato», explicó el consejero. Asimismo, el objetivo del Gobierno balear sigue siendo el cierre de los dos primeros grupos de Es Murterar y la reconversión de la central de Mahón antes de 2020 y, posteriormente, el cierre progresivo de los otros dos grupos de la instalación de Alcudia, como actuaciones imprescindibles del Plan de Transición Energética.

Movimientos del PP en Bruselas

Por su parte, las eurodiputadas del PP, Rosa Estaràs y Pilar Ayuso, responsable de medioambiente de la delegación española del PPE, han solicitado a la Comisión Europea que verifique si el anteproyecto de ley que está desarrollando el Gobierno de Baleares sigue las directrices fundamentales de la Unión Europea. La dirigente popular ha manifestado que «el desarrollo sostenible es un compromiso adquirido desde hace tiempo por las instituciones y ciudadanía de Baleares», y que «el grupo popular comparte con el Gobierno autonómico los objetivos alcanzados en el Acuerdo de París en 2015 de llegar a las cero emisiones en 2050«.

El precio del mercado eléctrico sube un 7,6% en la primera quincena de febrero por el temporal de frío

Europa Press.- El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de frío. En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como pool, se ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE. En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el precio. No obstante, las importaciones, que se están incrementando un 60% respecto al 2017, han permitido «equilibrar fuerzas y moderar el precio». Así, el mix energético se mantiene similar al de los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y una generación nuclear a pleno rendimiento. Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste ha sido compensado con la importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación.