El PSOE asturiano pide una transición energética justa mientras Izquierda Unida pide frenar los “despropósitos” de Ribera sobre el carbón

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EFE.- El diputado de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha emplazado al PSOE a poner coto a los «despropósitos» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el “escaso futuro” del carbón y de las centrales térmicas. Por su parte, el secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado «una transición ecológica de la economía justa», en relación al futuro del sector del carbón, que tenga en cuenta «la situación de los territorios y de las personas».

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene «un marco claro» como son las resoluciones de su 39º Congreso, en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general, y que definen la postura del PSOE «en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores». En este sentido, ha indicado que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, «conoce bien la realidad» del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso de descarbonización. El dirigente socialista ha respondido así a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas.

«Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias es y será nuestra seña de identidad como socialistas», añade Barbón que incide en que desde el PSOE asturiano no valorarán «posiciones, sino decisiones» y que, cuando se adopten, «será el tiempo de analizarlas y de posicionarse». Además, el secretario general del PSOE asturiano considera «una absoluta vergüenza» que el PP quiera alzarse «como defensor del carbón autóctono» tras casi 7 años de gobierno en los que no invirtió «ni un solo euro» en las cuencas mineras, que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos y que no negoció «nada» ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligue a devolver las subvenciones recibidas.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir «que apoya al carbón» por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares «es cero». Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado «tiene que plantarse con una sola voz» en defensa del sector del carbón y de una transición «ordenada» para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Fernández ha recordado que el parlamento de Asturias, con la única abstención de Ciudadanos, respaldó la iniciativa del PP en el Congreso para condicionar los cierres de centrales a su efecto sobre el aumento del precio de la electricidad, a la que se oponían PSOE y Podemos en la Cámara Baja. Para la líder del PP «quienes nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con ese nombramiento sabían muy bien que era contraria al carbón» dado que Ribera «tiene biografía, currículum y muchos discursos en su haber y ninguno era favorable» al sector.

Por su parte, el diputado de Foro por Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que ha acusado al PSOE de haber cometido «un grave fraude democrático» al anunciar medidas en relación con la minería del carbón tras llegar al Gobierno que no figuran en el programa con el que se presentó a las elecciones generales en 2015 y 2016. Por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las ministras para la Transición Ecológica y de Industria para que expliquen su programa de gobierno. Según Oblanca, la sociedad se está enterando de sus propuestas «en los platós de televisión» y plantean medidas preocupantes y objetivos contrapuestos «que generan incertidumbre en un sector vital para la economía de Asturias».

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas. El dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede «negar lo evidente» y lo que es necesario es defender un hueco para el carbón nacional. «Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono», ha añadido.

Los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad, lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa. Asimismo, el traslado del carbón importado para su uso en dichas instalaciones genera el 20% de los tráficos del puerto gijonés de El Musel y mueve anualmente unos 200.000 camiones.

Izquierda Unida arremete contra Ribera                                               

Según Izquierda Unida, tras las afirmaciones de Ribera los socialistas «deben dar explicaciones y trasladar un mensaje inequívoco, claro y rotundo de tranquilidad a las comarcas mineras, a los trabajadores de la minería de carbón y a los de la industria electrointensiva, cuya continuidad podría verse afectada por un aumento de la tarifa eléctrica derivado del cierre de las térmicas.

«El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo, si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, a la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón, o si van a primar las de la nueva ministra», añadió. A su juicio, «en un alarde de irresponsabilidad», Ribera ha acelerado la transición energética «a unos términos que ya no son ni exprés sino que tienen carácter inmediato» lo que ha generado «una alarma social innecesaria» en Asturias «y alguien debería decirle que así no se empieza un mandato».

Zapico se ha mostrado además «preocupado» por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos «con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza«. «Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso», concluyó el parlamentario de Izquierda Unida.

Podemos rechazará desmantelar centrales térmicas

Por su parte, Segundo González (Podemos) ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica a explicar sus planes para la transición energética y en lo relativo al carbón y las cuencas, y ha avanzado que su partido se opondrá al» desmantelamiento de cualquier industria» sin alternativas que garanticen mantener el empleo. González ha señalado que su grupo ya ha cuestionado los incumplimientos constantes de los planes de reactivación de las comarcas mineras del anterior Gobierno por lo que solicitan un plan integral de reactivación. Dicho plan, afirma, debería empezar por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta materia.

Ribera apostará por derogar los cargos al autoconsumo y cerrar las centrales nucleares y las térmicas porque «no tienen futuro»

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó su intención de derogar el conocido como impuesto al sol y fomentar las energías renovables y, al mismo tiempo, empezar a dar pasos para dejar de prolongar energías como la nuclear y el carbón porque considera que «no tienen futuro» y que «ya no tienen sentido«.

La nueva ministra ha cuestionado si no es «más sensato» diversificar la economía de las zonas donde se ubican centrales nucleares en vez de «alargar el riesgo» y pensar en «lo que está por venir», para lo que considera que se deben ir preparando «salidas alternativas» para que la gente confíe en su capacidad de tener un «futuro viable». A ese respecto, Ribera asegura que el recibo de la luz sin energías convencionales «no tiene por qué» ser más caro, sino que debe reorganizarse, algo que está en discusión en prácticamente todos los países europeos.

En ese sentido, ha destacado que ahora la mayor parte de la soluciones renovables tienen ya costes operativos comparables con la mayoría de los sistemas convencionales de generación aunque plantean «otros desafíos» que son la forma de dar salida a otras energías fósiles que «ya no tienen sentido pero que han supuesto una inversión previa en décadas anteriores«. En definitiva, Ribera admite que este es un «periodo convulso en el que hay muchas cosas que abordar» y que «no es tan sencillo» pero, en su opinión, en vez de poner «puertas al campo» es preciso «abordar con franqueza y responsabilidad, y con una visión de conjunto» y ponerse de acuerdo en cómo hacer esta transición.

La ministra ha indicado que «no hay ninguna duda» de que el Gobierno apostará por una mayor capacidad renovable y adelantó que entre sus prioridades está quitar el conocido como impuesto al sol. Precisamente, destacó que ha sido una de las «cosas más llamativas» en los comentarios de analistas internacionales, así como las dificultades y barreras que no son técnicas sino regulatorias y fiscales para el despliegue de las soluciones «más viables» para una buena parte de los consumos y para pequeños consumidores, que podrían estar gestionando soluciones de proximidad.

«Son soluciones que se están generalizando y facilitando en la mayor parte de los países en los que la disponibilidad solar es infinitamente menor que la española», comentó. Además, ha manifestado que no tiene sentido decir que España carece de recursos energéticos y añadió que lo que hay que hacer es dar encaje a los que son fundamentalmente los que tiene España, “el sol, en menor medida el viento y algo de geotermia”, e ir facilitando el proceso de transición.

Ribera también le augura «poco futuro» al carbón y ha mostrado su «preocupación» por el futuro de la población que vive en comarcas cuyo «monocultivo económico» y prosperidad depende del carbón. A su juicio, España debía llevar 10 años invirtiendo en la diversificación industrial y económica, y en alternativas que sean atractivas para la población local en vez de «desperdiciar dinero en mantener situaciones que tienen poco futuro«. «Desde el punto de vista para el impacto del planeta, la salud y el cambio climático, es difícil pensar que el carbón pueda tener futuro«, ha sentenciado.

Castilla y León buscará convencer a los socialistas de Asturias y Aragón para que apoyen la propuesta sobre las térmicas

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha avanzado que buscarán una alianza con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón para evitar que antes de que se cierren las térmicas se vendan, para no incidir en el empleo en las comarcas mineras. Del Olmo presidió, en la sede de la Diputación de León, una reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La consejera señaló que, en defensa de la minería, la Junta va a apoyar la proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso para evitar el cierre de las centrales térmicas. «Me parece fundamental, cuando hay anuncios de que las eléctricas quieren cerrar alguna térmica en la comunidad, estar con el Gobierno y, sobre todo, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que antes de cerrarlas se vendan a quien pueda estar interesado, para el mantenimiento del empleo», añadió Del Olmo.

Asimismo, ha subrayado que en los próximos días se pondrá en contacto con los consejeros de Asturias y Aragón para promover entre las tres comunidades que se vendan las térmicas antes de que se cierren. Además, del Olmo ha recordado que España se ha adherido al programa de Regiones Europeas Carboníferas en Transición y que el Gobierno ha designado a Asturias, Aragón y Castilla y León para que presenten proyectos con el objetivo de conseguir fondos para sus comarcas mineras.

Diversificación de la actividad económica

«En ese sentido estamos trabajando también con Asturias y Aragón para incentivar la I+D+i en relación con las energías más sostenibles y para ello vamos a contar con proyectos para la Ciudad de la Energía, que dispone de un buen equipo de investigación», ha explicado. Del Olmo ha precisado que dentro de esa plataforma de la Unión Europea hay otros proyectos de diversificación de la actividad económica de las comarca mineras, y ha indicado que en ese ámbito también se trabaja con Asturias y Aragón.

La consejera recordó que las tres empresas mineras que operan en Castilla y León tienen firmados contratos para la venta de carbón, lo que calificó de «buena noticias» porque «va a suponer el mantenimiento, al menos, del empleo en esas compañías». También advirtió de la importancia que para la minería tiene que se aprueben los presupuesto generales del Estado porque contemplan recursos para los convenios MINER. Además, destacó que hay dos proyectos de diversificación «muy avanzados» en las comarcas mineras, uno de ellos el de Forestalia, con una creación de 50 empleos directos y 400 indirectos. «El otro proyecto va a dar empleo a más de cien personas. Por discreción no puedo decir su nombre pero esta bastante avanzado», indicó.

Asturias lo debatirá el viernes

Por su parte, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatirá el viernes una iniciativa del PP que respalda el contenido del proyecto de ley tramitado por esta formación en el Congreso para modificar la normativa que regula el sector eléctrico y evitar el cierre de centrales térmicas como la de Lada. La iniciativa, que aún debe ser debatida en comisión en la Cámara baja, plantea condicionar el cierre de una instalación, como el que ha solicitado Iberdrola para la central asturiana y para la de Velilla (Palencia), a los posibles efectos que tendría sobre el incremento del precio de la electricidad.

Así, el PP defiende en el Congreso, con el respaldo del Gobierno central, que los cierres de instalaciones de producción eléctrica con una potencia superior a 50 megavatios requieran de tres dictámenes previos aunque no vinculantes de la CNMC, la Oficina del Cambio Climático y del IDAE. Tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos han mostrado su rechazo en el Congreso a esta propuesta aunque el Gobierno asturiano que preside Javier Fernández sí ha defendido que el Ejecutivo central disponga de mecanismos para evitar que las compañías eléctricas puedan decidir de forma unilateral cierre de plantas de producción de energía.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, se mostró confiada en obtener «el apoyo unánime» de la Junta a esta iniciativa para promover, ha apuntado, un sistema eléctrico «ordenado» a partir de criterios de defensa del interés general. «Los criterios de las empresas no pueden suponer una alteración del sistema eléctrico en su conjunto», ha apuntado Fernández tras incidir en la importancia de que la Junta se pronuncie políticamente sobre esta cuestión pese a que el Principado no cuente con competencias en el ámbito de la regulación del sector energético.

El diputado de Foro, Pedro Leal, que anunció la presentación por parte de su grupo de una iniciativa similar, ha incidido en la necesidad de que los distintos partidos tengan la misma postura «en Madrid, en Bruselas o en Asturias» y ha apuntado que esta votación constatará «el peso de cada uno en sus respectivas organizaciones». «En todo país serio la decisión de cerrar una central térmica dedicada a la producción de electricidad no puede adoptarse de espaldas al Gobierno y en contra del interés general», apuntó, para rechazar una medida «que encarecerá el precio de la luz y abrirá la puerta al aumento de las horas de funcionamiento de las centrales nucleares, que desempeñarán el papel de las térmicas».

Cañete pide a los Gobiernos no «poner barreras injustificadas» a la entrada y salida de empresas de generación eléctrica

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, reiteró a los Estados miembros de la Unión Europea que «no conviene poner barreras injustificadas a la entrada y salida de empresas de generación de electricidad» y que los países deben establecer un marco reglamentario «apropiado que facilite las inversiones necesarias para la transición a la energía limpia».

En una respuesta a la pregunta en el Parlamento Europeo planteada por el eurodiputado José Blanco respecto a los planes del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para endurecer las condiciones para el cierre de centrales de generación eléctricas, Arias Cañete, en nombre de la Comisión, señala que esta consideración ya está contenida en la nueva configuración del mercado recogida en las propuestas legislativas del paquete Energía limpia para todos los europeos.

Se trata de una medida que el Gobierno decidió presentar por medio de una proposición de ley a través del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, incorporando así observaciones que había realizado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe y en busca de dar rango de ley a la norma, tal y como planteó la CNMC.

En su respuesta, Cañete subraya que la Comisión se mantiene «en estrecho contacto» con las autoridades españolas con objeto de aclarar el contenido de estos proyectos de normas y «trabajar en la búsqueda de una solución que se ajuste al Derecho vigente de la Unión». Además, destaca que para alcanzar los objetivos de París «es necesaria la contribución de todos» y afirma que «es responsabilidad de los Estados garantizar que su marco reglamentario facilita la transición hacia una energía limpia».

Endesa recupera 987 hectáreas de la antigua mina de carbón a cielo abierto de Encasur en Puertollano, cerrada en 2015

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EFE / Europa Press.– El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Endesa, Borja Prado, visitaron en Puertollano la restauración medioambiental de la mina de carbón a cielo abierto de Encasur, cerrada desde 2015, donde la empresa ha recuperado 987 hectáreas. Con la restauración medioambiental de la antigua Mina Emma de extracción a cielo abierto de Puertollano, a la que se dedicaron alrededor de 40 millones de euros, Endesa culminará su plan de restauración de espacios mineros, según explicó la empresa.

La restauración que realiza Endesa en Puertollano supone devolver los terrenos para el uso agrícola y ganadero, con una productividad mayor que la que tenían antes de la explotación minera, cuyas instalaciones están siendo desmanteladas en un proceso que finalizará previsiblemente en 2020. En total, se han recuperado 669 hectáreas destinadas a cultivos de cereales y pastos, 126 hectáreas al cultivo de 27.950 olivos y frutales como membrillos, higueras o granados, 104 hectáreas a vegetación autóctona y 36 hectáreas al lago y zonas de humedales.

Por todo ello, el presidente de Castilla-La Mancha aseguró que «es un orgullo ver cómo Endesa no sólo ha cumplido con la ley a la hora de restablecer ambientalmente esta explotación minera, sino que lo ha hecho con esmero y mimo». «El cariño que siempre ha puesto Endesa en esta explotación se ha cifrado ahora en un proyecto de generación ambiental que va a recibir elogios por los especialistas«, ha destacado el presidente autonómico. Además, ha resaltado que existe el interés de que lo que fue una explotación «que ha dado tanta mano de obra a Puertollano, pueda tener en un futuro inmediato una referencia económica de explotación muy vinculada precisamente a este ejemplo medioambiental».

Endesa y su compromiso medioambiental

Por su parte, el presidente de Endesa agradeció al presidente de Castilla-La Mancha su presencia en la mina, la última extractiva de la compañía, «lo que es una muestra de apoyo a esta apuesta por la recuperación medioambiental de esta explotación, un proyecto en el que se han plantado 100.000 árboles y que representa el firme compromiso de Endesa con la sostenibilidad y el medio ambiente«. En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional establece por norma que al finalizar el aprovechamiento de una explotación minera, la entidad explotadora deberá proceder a la rehabilitación y abandono definitivo de la explotación y, si no lo hace, se encarga la Junta de hacerlo como Administración, con los avales que previamente se les ha solicitado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 1.066 avales depositados por las empresas mineras por un importe de más de 69 millones de euros para garantizar la regeneración ambiental de las explotaciones mineras. Durante esta Legislatura, el Ejecutivo autonómico ejecutó 10 avales, lo que supone haber invertido más de 286.000 euros en recuperar espacios de explotaciones mineras y, antes del verano, está prevista la licitación de 6 avales más por importe de 447.000 euros.

Galán reitera que pretenden cerrar las centrales térmicas y asegura que Iberdrola defenderá a los accionistas minoristas en Siemens Gamesa

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EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseveró que su compañía, como accionista minoritario reforzado en Siemens Gamesa, en la que tiene un 8%, seguirá defendiendo que «no se utilicen los recursos de todos los accionistas en beneficio de un único«. Asimismo, en respuesta a un accionista durante la junta, recordó que la posición de la compañía sobre el cierre de las centrales de carbón es bien conocida, pues lleva años sustituyendo centrales con altas emisiones por otras más eficientes.

En cuanto a la postura del Ministerio de Energía, contrario a los cierres de las centrales de Velilla, en Palencia, y Lada, en Asturias, de los que un pequeño grupo de trabajadores de esta última se han manifestado ante el Palacio Euskalduna, afirmó que las legislaciones las hacen en cada país quiénes las tienen que hacer, en referencia a la proposición de ley que quiere tramitar el Gobierno para que pueda denegarse el cierre de centrales de generación eléctrica por razones económicas y no sólo por seguridad del suministro, «y nosotros nos sometemos a ello».

También se refirió al cierre de la nuclear burgalesa de Garoña, aunque eludió pronunciarse sobre si Iberdrola solicitará la renovación de los permisos de otras 5 centrales nucleares en las que participa la compañía y que cumplirán los 40 años de funcionamiento en los próximos años. Galán recordó que el cierre de Garoña, central de la que Iberdrola era propietaria al 50% con Endesa, no se solicitó por un problema técnico, sino que fue su falta de rentabilidad económica la que llevó a Iberdrola a solicitar su cierre. Galán indicó que queda en manos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) su desmantelamiento y que espera que las asociaciones que quieran puedan opinar y ser escuchados en ese proceso.

Cisma con Siemens en Gamesa

Respecto a la situación en el gigante eólico, Galán, en respuesta a un accionista, ha agradecido que reconozca el intento que está haciendo Iberdrola «por defender a los minoritarios que invierten en Siemens Gamesa«, compañía fruto de la fusión entre la división de renovables del grupo alemán Siemens, accionista mayoritario con un 59%, y Gamesa. El presidente de Iberdrola ha dicho que por la «condición, de alguna manera, de minoritario reforzado», que le reconoció la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Iberdrola, están pidiendo que haya «transparencia» en Siemens Gamesa, que «se utilicen las mejores prácticas de gobierno corporativo y que no se utilicen los recursos de los accionistas en beneficio de uno, y seguiremos en ese campo».

Respecto a que la CNMV pudiera revisar el pacto con Iberdrola, por el que Siemens fue eximida de la obligación de presentar una opa por el 100% de Siemens Gamesa, Sánchez Galán ha respondido que son los responsables del supervisor bursátil los que tienen que tomar esa decisión. Preguntado por cómo puedan afectar a la compañía nuevos cambios regulatorios en España, indicó que Iberdrola lo que espera es que haya «una regulación como corresponde, estable y predecible, y si hay algunos cambios que sean debatidos en el Parlamento y los conozcamos todos al tiempo adecuado».

En respuesta a varios accionistas por el impacto que pueda tener para la compañía el brexit en Reino Unido, donde Iberdrola opera a través de su filial Scottish Power, ha manifestado que el negocio que tiene allí es interno, por lo que se invierte y se paga en libras. Las únicas consecuencias que ha dicho que puede haber son las derivadas de una mayor o menor actividad económica y su repercusión en el crecimiento del país, y como consecuencia, en la demanda eléctrica, si bien cree que los efectos serán «mínimos», porque la mayor parte del negocio que Iberdrola tiene en ese país es regulado.

Impacto en Castilla y León

Por otro lado, Iberdrola ha cifrado en 600 millones de euros el impacto económico de la compañía en 2017 en Castilla y León, comunidad en la que ha efectuado compras por valor de 246 millones de euros a cerca de 800 empresas, mientras que las inversiones han llegado a los 107 millones de euros. Además, el impacto fiscal de la actividad económica que la compañía ha llevado a cabo en comunidad ha superado los 160 millones de euros, los salarios y otras retribuciones han alcanzado la cifra de 74 millones y la plantilla ya asciende a cerca de 1.100 personas.

En Castilla y León, Iberdrola cuenta, además, con más de 37.000 accionistas que este año se beneficiarán de un aumento del 4,2% en su retribución con respecto a 2017. Teniendo en cuenta que estos accionistas poseen un total de 124.076.890 títulos de Iberdrola, la empresa les repartirá una retribución con cargo a 2017 de, al menos, 40,077 millones de euros.

Según los datos de Iberdrola, Castilla y León es una de las comunidades que más proveedores ha aportado el pasado ejercicio a Iberdrola. Entre los contratistas castellanos y leoneses de la compañía más activos en 2017 figuran empresas como Ecología y Espacio, Administración, Organización y Control de Proyectos, Tecinsa, Marval Seguridad Integral, Eugenio Alvarez del Collado, Royba 98, Transformadores Gedelsa, M. Calderero Construcciones, Metalúrgica Compañía Industrial Mirandesa y Cuarta Esfera.

Según indicó, Iberdrola tiene previsto culminar durante 2018 el desarrollo del proyecto de implantación de las redes inteligentes en la comunidad, un despliegue que ha supuesto ya la sustitución de 1,49 millones de contadores tradicionales por los nuevos equipos dotados de telegestión. La inversión de Iberdrola en esta iniciativa en Castilla y León alcanzará los 180 millones de euros, gracias a los cuales durante el ejercicio los más de 1,5 millones puntos de suministro a los que la empresa da servicio en la región tendrán contadores inteligentes y sus más de 15.360 centros de transformación también funcionarán con esta tecnología.

Otras iniciativas de Iberdrola se centran en el ámbito de la I+D y entre ellas figuran la colaboración con la empresa salmantina Arbórea Intellbird, S.L., en la que ya invirtió en 2013 a través de su fondo de capital riesgo Perseo. Desde entonces Arbórea se ha convertido en un aliado en el desarrollo de nuevas tecnologías para la revisión y el mantenimiento de sus aerogeneradores eólicos, sector en el que Iberdrola fue pionera en 2001.

España se suma a la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición para ofrecer alternativas a las comarcas mineras

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Europa Press / EFE.- España se ha adherido a la Plataforma de Regiones del Carbón en Transición, impulsada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es la reactivación económica y el desarrollo alternativo para lograr la transformación de las comarcas mineras ante los retos a los que se enfrentan estas regiones en la transición energética.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, envió sendas cartas al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y al comisario de Energía y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete, en las que manifiesta el apoyo del Gobierno a la adhesión de España a la plataforma. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón formarán parte del equipo que participará en la plataforma, junto a representantes del Ministerio de Energía. Estas comunidades podrán presentar directamente sus proyectos concretos.

No perjudicar a comarcas mineras

Las próximas reuniones están previstas para junio y octubre en Bruselas y Polonia. El propósito de esta iniciativa es lograr un proceso de transición energética «justo», que no perjudique a las comarcas mineras. La plataforma pretende facilitar el intercambio de información sobre fondos y programas europeos de ayudas, el diálogo sobre el marco normativo del sector y el intercambio de experiencias entre las regiones mineras. En este contexto de transición energética, el Gobierno tiene como objetivo lograr que el coste de la energía sea lo más competitivo posible para el consumidor y para la industria.

Carbunión subraya que los expertos defienden la continuidad del carbón, al menos hasta 2030, mientras Endesa reivindica a las térmicas

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EFE.- Endesa ha emprendido una campaña para alertar contra lo que considera «falsos mitos» en torno al sector energético y el medio ambiente, negando que las centrales térmicas sean el origen de la mayor contaminación. Por su parte, la patronal del carbón, Carbunión, considera que el informe de los expertos sobre transición energética «deja la puerta abierta para la continuidad del carbón», ya que la generación termoeléctrica con este mineral seguirá necesitándose como respaldo a las renovables al menos hasta 2030.

Carbunión considera que el informe plantea el mantenimiento de las centrales térmicas de carbón en el mix de generación como respaldo imprescindible a las energías renovables. Además, la patronal del carbón ha recordado que la generación con carbón puede suponer un freno al encarecimiento de la factura eléctrica que se produciría utilizando otras fuentes como el gas natural. En este sentido, Carbunión indicó que el informe cifra ese encarecimiento entre un 14% y un 30%, en función del escenario escogido.

Además, Carbunión ha señalado que el cierre de las térmicas de carbón supondría nuevas inversiones en otro tipo de centrales de respaldo y defiende dar utilidad al carbón autóctono producido en España frente a incrementar las importaciones de gas. Sin embargo, en el escenario base del informe sobre transición energética, el carbón desaparece casi por completo para 2030, al resultar inviable con los precios que tendrán las emisiones de CO2.

El «falso mito» del carbón

En esa primera entrega de la campaña para alertar contra lo que considera «falsos mitos» en torno al sector de la energía y el medio ambiente, Endesa trata de desterrar la idea de que el carbón es el principal agente contaminante que provoca el cambio climático: «No culpes sólo al carbón, tu coche y otros mil millones contaminan mucho más», reivindica el texto. Un spot complementa el mensaje de Endesa, propietaria de varias centrales térmicas.

Los protagonistas del anuncio conversan sobre cómo desplazarse a un cine cercano. Ante la propuesta de ir en coche, surge la opción de ir andando. Uno de los jóvenes contesta: «primero que cierren las centrales de carbón, que está demostrado que el carbón es lo que más contamina», frase que es señalada como un “falso mito”. Tras esta conversación, el spot concluye con un gráfico en el que Endesa tacha la afirmación de que «el carbón es el principal responsable del cambio climático» y añade que «el transporte tradicional en España supone el 40% de las emisiones contaminantes», mientras que las centrales térmicas «el 14%».

La empresa sostiene que «aunque es frecuente escuchar que las centrales térmicas de carbón son las responsables del cambio climático, la Agencia Europea de Medio Ambiente ya dictaminó que el transporte era el sector más contaminante». «Ojo, nadie duda de la necesidad de descarbonizar la economía y de que el carbón tendrá que dejar de utilizarse… pero pongamos cada problema en su sitio», concluye Endesa.

El Gobierno dará hasta 10 millones de euros en ayudas para reducir las emisiones en las centrales térmicas de carbón

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EFE.- El Gobierno promoverá mecanismos de apoyo por un importe de hasta 10 millones de euros para reducir las emisiones en centrales térmicas de carbón, según recoge una disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. La disposición señala que esos mecanismos de apoyo estarán sometidos a los requisitos y límites previstos en la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea.

Una directiva comunitaria sobre emisiones industriales obliga a realizar proyectos de desnitrificación (para eliminar las emisiones de dióxido y monóxido de nitrógeno) en las instalaciones que quieran seguir funcionando más allá de 2020 y, si no lo hacen, la Unión Europea les irá reduciendo las horas de funcionamiento. Asimismo, el Gobierno promoverá la firma de convenios marco de colaboración con las comunidades autónomas afectadas por el cierre de la minería del carbón para otorgar ayudas al desarrollo de proyectos de infraestructuras y restauración en las cuencas mineras. Estos convenios marco podrán incorporar proyectos de los sucesivos planes sectoriales del carbón que se encuentren pendientes de liquidación hasta un importe máximo de 21,3 millones de euros.

El presupuesto de Industria y Energía para 2018 crece un 6,2%, hasta los 5.768 millones de euros

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Las políticas de Industria y Energía contarán en 2018 con unos recursos de 5.768 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio precedente, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En materia de energía, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.

Así, los Presupuestos recogen dotaciones para hacer aportaciones derivadas de los ingresos obtenidos por subastas de derecho de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios, medidas fiscales para la sostenibilidad energética y transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares, que suman 3.710 millones de euros. En cuanto a la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará en 2018 con unos recursos de 319 millones para financiar el marco de actuación en el período 2013-2018, 30 millones menos que en 2017.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se ha consignado también una nueva dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Esta cantidad servirá principalmente para llevar a cabo actuaciones previstas dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, de forma que se anticiparán a los beneficiarios fondos para actuaciones que, una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. También se prevé una dotación de 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, a gestionar por el IDAE.

Para medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas de cualquier origen, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) contará en 2018 con un presupuesto de 46,88 millones de euros. Según consta en el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la cantidad prevista apenas varía respecto a los 46,51 millones de euros que contemplaban los presupuestos generales de 2017 y también los del ejercicio anterior. De los 47 millones de euros, 150.320 euros se dirigirán a indemnizaciones de altos cargos al cesar sus puestos y 75.000 euros a premios de jubilación de su personal.

Además, 135.000 euros se destinarán a becas para la formación de postgraduados en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y otros 280.000 euros a Universidades públicas para financiar las Cátedras de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.

Dinero para ATI en Garoña

Por otro lado, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado incluye una partida de algo más de 4 millones de euros para el Sistema de Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI) de residuos de la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta partida figura en el detalle de inversiones de las empresas públicas en la provincia de Burgos, a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que gestionará esta inversión. En el mismo epígrafe el Gobierno detalla que en la programación plurianual de este proyecto figuran 813.000 euros para el siguiente ejercicio, si bien recuerda que para este mismo fin fueron presupuestados en 2017 algo más de 3,4 millones de euros.

El Almacén Temporal Individualizado para residuos de alta actividad, fundamentalmente el combustible que se sacó del reactor de Garoña y sigue almacenado en la piscina de la central nuclear, se construiría dentro del recinto de la planta, según fuentes de Enresa. Fuentes de Ecologistas en Acción aclaran que el proyecto contempla el almacenamiento a la intemperie y la disposición en seco del combustible gastado de la central nuclear así como su protección física hasta su traslado al futuro Almacén Temporal Centralizado, que albergará este tipo de residuos de toda España.

La alcaldesa de Valle de Tobalina, donde se encuentra Garoña, Raquel González, ha insistido en su deseo de que el almacén temporal permanezca el menor tiempo posible en el entorno de la central nuclear burgalesa, por lo que urge la construcción del almacén centralizado para que el material radiactivo se lleve allí. El Almacén Temporal Individualizado podría operar en la zona de Garoña por un periodo de 20 años y albergará los residuos de alta actividad para que pueda desmantelarse la planta nuclear, cuyos residuos de baja actividad se trasladarán en su totalidad a las instalaciones de El Cabril (Córdoba).