Los sindicatos plantean al Gobierno crear una mesa de trabajo con los Ministerios de Industria y Transición Ecológica

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Europa Press.- Mientras Greenpeace ha publicado un documental contra el carbón y las térmicas, UGT FICA y CCOO de Industria han trasladado al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la necesidad de crear una mesa de trabajo conjunta con presencia de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, junto a los propios sindicatos de industria y energía, para abordar el camino «hacia una transición energética justa que contribuya a fortalecer el tejido industrial y frene su deterioro».

Los sindicatos señalaron que esta propuesta, que ha sido bien acogida por el secretario de Estado de Energía, podría materializarse en octubre con presencia de representantes de ambos Ministerios y de los dos sindicatos mayoritarios. UGT FICA y CCOO han recordado a Domínguez la problemática que atraviesa el sector energético y las alternativas que proponen garantizar esta transición energética «justa que avance en paralelo con la reindustrialización de la economía».

Entre estas alternativas, UGT defiende un mix «equilibrado en el que tengan cabida todas las fuentes de energía» y establecer un sistema transparente de formación de precios que eviten «las bruscas oscilaciones y sea asumible tanto por las empresas de cara a garantizar su viabilidad, como por los consumidores con el objeto de erradicar la pobreza energética«. Por su parte, CCOO consideró «imprescindible» la participación del Ministerio de Industria en el grupo de trabajo, «ya que las decisiones que allí se tomen le afectarán de forma directa». Según este sindicato, la mesa debería hablar de las subastas de interrumpibilidad y de renovables que se avecinan, del mix eléctrico y energético y del mercado de emisiones.

Greenpeace contra las centrales térmicas

Por su parte, la organización Greenpeace hizo público el documental El lado oscuro del carbón, las voces silenciadas, que se puede ver en Youtube y que refleja los impactos económicos, sociales y en la salud del uso del carbón, incluidas las consecuencias negativas de vivir cerca de una central térmica. «Yo soy termicana. Nací y viví, igual que mi hermana, que me llevaba solo un año, en la central térmica de Compostilla, donde mi padre trabajaba. Mi hermana y mi padre murieron del mismo cáncer. Se sabe el daño que produce aquello desde hace 60 años. En nombre del progreso se permite seguir construyendo un mundo en el que nos estamos envenenando», afirma en su trabajo la médico Sara Velasco.

Doctores, exmineros, activistas y asociaciones vecinales protagonizan el documental de 30 minutos que revela «la cara más amarga y menos conocida» del carbón, según Greenpeace. Se trata de un trabajo realizado por un equipo de periodistas y documentalistas que ha recorrido varios puntos de la geografía carbonera española para documentar las consecuencias de la quema y extracción de este mineral. Junto al documental, Greenpeace publica un informe en el que recopila los impactos económicos, sociales y en la salud del carbón. Asturias, León, Almería y Aragón son los escenarios elegidos para la elaboración del trabajo.

UGT no ve motivos para cerrar las térmicas y adelantar la descarbonización en España cuando Alemania la prolonga hasta 2050

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Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ve motivos para adelantar en España el proceso de descarbonización, que implicaría el cierre de centrales térmicas, cuando otros países como Alemania lo prolongan hasta el año 2050. En este sentido, Álvarez apuesta por mantener el carbón como reserva estratégica de España ya que se trata de un país muy dependiente energéticamente y es posible que haya cambios en el «panorama internacional».

«No creemos necesaria la descarbonización en los términos en los que se están planteando», ha señalado, añadiendo que «ni siquiera medioambientalmente» está tan claro que tenga un efecto positivo. No obstante, en cuanto a los recursos que se destinen para la reindustrialización, Álvarez ha rechazado «hacer lo que se hizo en el pasado y que no ha funcionado». De esta forma, ha explicado que esos recursos han de servir para crear «empleo estable» y no limitarse para construir infraestructuras puntuales.

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha opuesto a una transición energética «precipitada» que, según ha augurado, tendría efectos de deslocalización en las empresas asturianas, al aumentar el precio de la electricidad. Finalmente reclamó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «respeto» para Asturias y que se reúna con los sectores implicados. «No queremos subsidios ni fondos para callar bocas, queremos un pacto de Estado para la energía», ha apuntado.

Los sindicatos transmiten al Gobierno que no aceptarán el fin del carbón ni indefiniciones sobre la reactivación de las cuencas

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Europa Press.- Los sindicatos UGT FICA y CCOO de Industria han transmitido al Gobierno que «no van a aceptar el cierre del carbón ni indefiniciones en la reactivación» tras una reunión a la que ha asistido por primera vez el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

En este sentido, UGT indicó que los sindicatos han pedido al Gobierno «un mayor compromiso y flexibilidad» en cuanto a la aplicación de la legislación vigente, así como que no se siga «demonizando» al sector. Además, han reclamado «sensibilidad» con las cuencas mineras y con sus trabajadores y un acuerdo consensuado que valore unos parámetros «que hagan posible la reactivación, junto a un plan social y la continuidad de las empresas a partir de 2019».

Asimismo, el sindicato ha vuelto a insistir en la urgencia de dotar al sector de un nuevo marco para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras, que tenga vigencia hasta el año 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica «por ser necesario tanto como energía de respaldo, como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las renovables«. UGT también exige el mantenimiento de una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.

CCOO: «con las manos vacías»

Por su parte, CCOO ha señalado que el Gobierno español ha «vuelto» a demostrar su «nulo compromiso» con el sector del carbón al acudir a la reunión sobre el futuro del sector «con las manos vacías». «El Ministerio para la Transición Ecológica acudió a la reunión con las manos vacías, sin documento y sin respuestas a las propuestas que plantearon los sindicatos», ha señalado el sindicato, que tiene la sensación de que la negociación sobre el futuro de la minería del carbón se encuentra «en el minuto número cero«. «Los sindicatos tienen una propuesta y el Ministerio para la Transición Ecológica un libro incompleto», lamentan.

«La posición del Ministerio va encaminada al cierre y a la desaparición sin alternativas de la minería del carbón», han señalado, para afirmar que el secretario de Estado tiene un “nulo interés por el futuro de la minería del carbón». Por ello, exigen «de forma reiterada» que arranque de forma definitiva la negociación con voluntad de avanzar. «El Ejecutivo socialista debería cambiar de actitud y dar continuidad al sector minero porque el tiempo se agota y la paciencia también. CCOO recuerda que los trabajadores y las trabajadoras de la minería del carbón necesitan soluciones», concluyó.

Transición Ecológica busca «acelerar» las alternativas a la minería mientras Castilla y León pide al Gobierno que defienda al carbón

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Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha rogado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defienda el carbón tanto en España como ante la Unión Europea. Por su parte, Ribera mantiene que el compromiso del Gobierno es «buscar como acelerar» las actividades alternativas a la minería en las comarcas que vivían de este sector, una labor que ha criticado que se encontró «descuidada» cuando asumió el Ministerio.

La ministra socialista reitera la necesidad de buscar alternativas para las personas y las comarcas que viven de la minería. Asimismo ha explicado que, cuando llegó al Ministerio hace poco más de 100 días, se encontró una situación un «tanto complicada», que ha asegurado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero trabajó para fijar el horizonte en 2018 para anticipar y construir alternativas, pero ha reprochado que después, con el Gobierno del PP, ha habido un «descuido importante«. En todo caso, ha insistido en que el Gobierno trabaja con sindicatos y alcaldes de las zonas mineras para «buscar como acelerar» la generación de oportunidades a la minería del carbón.

«La prioridad del Gobierno, con un compromiso muy grande del presidente, pero también con un entendimiento absoluto por parte del Ministerio que dirijo y del Ministerio de Trabajo, es buscar y construir esas alternativas en las comarcas, que como digo históricamente han vivido muy conectadas a la actividad minera«, ha reflexionado la titular de Transición Ecológica. Pero ha matizado que considera «responsabilidad» de las instituciones anticipar el proceso para que esas alternativas se materialicen, de modo que ha reiterado el «compromiso absoluto» del Gobierno y que así trabaja para buscar esas alternativas «de modo inminente».

El Gobierno y el carbón

Mientras tanto, desde Castilla y León, Del Olmo se ha mostrado en total desacuerdo con la intención de la ministra de finalizar «ya» con el carbón y ha avanzado que el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros acordó que se remita al Ministerio el documento con el posicionamiento «claro» de la comunidad de que se continúe con la actividad del carbón por ser una «reserva estratégica». Así, la consejera ha explicado que en casos como el actual con un incremento del recibo de la luz, el repunte actual deriva, como ha señalado, de la falta de generación eólica. «El carbón baja la factura», subrayó.

Tras esta explicación ha reseñado que no hay duda de que Castilla y León es una comunidad «verde», ya que produce el 25% del total de la energía eólica y el 20% a través de renovables. «No creo que la culpa del cambio climático lo tengan cuatro minas de carbón o las térmicas en zonas mineras», ha aseverado. «Por razones sociales y de competitividad le ruego a la ministra que defienda el carbón aquí y en la Unión Europea», concluyó.

La compañía minera Hullera Vasco-Leonesa inicia un ERE de extinción para sus últimos 68 trabajadores tras 125 años de historia

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EFE.- La administración concursal de la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa ha iniciado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la práctica totalidad de los 68 empleados que aún desempeñaban su trabajo en la empresa, que tiene 125 años de historia.

Según CCOO, este ERE supone un «nuevo mazazo a la provincia de León, al sector de la minería y a sus comarcas» y significa el cierre de la compañía.

Las causas que alegan los administradores concursales para presentar el ERE son económicas por el desmantelamiento de la mina de interior y que actualmente no tienen ningún contrato de compra de carbón para el próximo año por parte de las eléctricas.

CCOO estaca que con esta decisión «se pone punto y final a una larga agonía que desde 2014 ha supuesto la presentación de multitud de ERE para cientos de trabajadores, el cierre de las subcontratas de la compañía y la entrada en el concurso de acreedores por su delicada situación económica».

En este sentido, CCOO cree que la pérdida de empleo y la desaparición del sector del carbón no puede seguir siendo el principal objetivo de las propuestas del Gobierno.

Por ello, el sindicato espera que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y los asesores ministeriales presentes en la última reunión trasladen sus reclamaciones a la ministra y al secretario de Estado del ramo.

«Es necesario contemplar globalmente todas las implicaciones que están en juego, y más aún con una noticia tan drástica y lamentable para el sector y la provincia de León como la anunciada por la sociedad Hullera Vasco-Leonesa», ha apuntado CCOO.

El sindicato confía en que finalmente se evite la tensión que se viene acumulando en el sector, ya que puede tener consecuencias sociales imprevisibles.

Unidos Podemos pide que el Gobierno explique en el Congreso si el carbón tendrá continuidad en 2019

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EFE.- El diputado de Unidos Podemos por Asturias, Segundo González, registró una batería de preguntas al Gobierno para saber si prevé dar alguna solución a la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha límite para el cierre de las minas deficitarias.

Según González, la minería ha perdido más de 50.000 empleos desde el año 1952 y en la actualidad quedan 2.171 trabajadores en activo, 1.698 de ellos en Asturias después de que los planes de la minería impulsados en las últimas décadas por los gobiernos del PSOE y del PP se orientaran al cierre progresivo. En su iniciativa recuerda que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un plan de transición justa para las comarcas mineras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a no dar la espalda a las cuencas y a poner Hunosa «a la vanguardia de la transición energética».

A su juicio, el documento para una transición justa de la minería del carbón remitido certifica el cierre de la minería este año sin concretar los planes de transición que el Gobierno prevé poner en marcha para evitar la pérdida de empleos y reactivar económicamente las comarcas mineras. Además, el documento se limita a desarrollar los detalles de las ayudas para las prejubilaciones y las bajas indemnizadas una vez producidos los cierres «sin prácticamente plantear propuestas en materia de reactivación económica de las comarcas afectadas».

González emplaza al Gobierno a rectificar presentando «orientaciones creíbles para los planes de transición justa» y a plantear soluciones para el carbón autóctono hasta que se cierre la última térmica en Asturias así como a invertir los 250 millones previstos en el Plan de la Minería 2013-2018 «que el PP se negó a ejecutar». Finalmente, el diputado de Podemos pide conocer si el Gobierno prevé alguna solución para la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá de 2019 y si va diseñar y financiar planes de transición justa y ordenada para las comarcas mineras.

Los ecologistas se movilizan en Alemania contra las talas forestales en el bosque de Hambach para abrir minas de carbón

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EFE.– Miles de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del bosque de Hambach (Alemania) en apoyo a los grupos de activistas acampados en contra de las talas forestales y las extracciones de lignito y a los que un poderoso contingente antidisturbios trata de desalojar. La concentración aunó tanto a agricultores como a otros ciudadanos de esta región, contrarios a extender las extracciones carboníferas que comportarían la tala masiva en esos bosques.

La movilización se produce después de que el operativo policial intentara desmantelar a las cerca de 60 casetas de madera construidas en los árboles por los activistas. Las fuerzas de seguridad alemanas detuvieron a unos 30 activistas, según indicaron fuentes policiales. Varios activistas se atrincheraron en un túnel subterráneo, que finalmente abandonaron sin oponer resistencia. Hasta ahora el dispositivo antidisturbios desmanteló una docena del total de 60 casas de madera, instaladas a hasta 20 metros de altura, con el propósito de impedir las talas forestales.

Resistencia contra minas de carbón

Los ecologistas mantienen su ocupación en ese bosque desde 2012 y su presencia había sido tolerada por las autoridades locales pese a las sucesivas órdenes de desalojo. Su acción se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra las explotaciones de carbón de la región, tanto por los efectos de esa fuente de energía altamente contaminante como por la deforestación progresiva derivada de las talas. El consorcio energético RWE se planea extender sus extracciones de lignito a cielo abierto, lo que implicará nuevas excavaciones a partir del próximo otoño.

Los bosques de Hambach se extendían hasta los años 80 por unos 85 kilómetros cuadrados, la mitad de los cuales han sido ya explotados por el consorcio, que estima que hay aún 2.500 millones de toneladas de lignito por extraer. El desalojo actual se ampara en una orden del departamento de la Construcción de Renania del Norte-Westfalia, que argumenta que esas construcciones no se ajustan a las debidas normas de protección contra incendios y que ponen en peligro el bosque.

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

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EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.