‘Un futuro sin carbón’ se manifiesta en 20 ciudades por el fin de este combustible antes de 2025

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Europa Press.- Después de que varios activistas de Greenpeace escalaran la torre de refrigeración de la central térmica de Meirama (La Coruña) como parte de una iniciativa de protesta para pedir el fin de la quema de carbón, la plataforma Un futuro sin carbón convocó concentraciones en una veintena de ciudades de España para exigir el fin de este combustible fósil antes de 2025.

Un futuro sin carbón, formada por varios grupos ecologistas y diferentes organizaciones, celebraron una veintena de acciones ciudadanas en el marco de la campaña #ApagaElCarbón, que se celebró en todo el mundo ante la Cumbre del Clima (COP24) en Katowice (Polonia). Así, piden a políticos y empresas el fin del uso del carbón de 2025 y a la sociedad que aumente su conciencia social respecto del grave problema que supone este combustible fósil para la salud y el medio ambiente. La plataforma Un Futuro Sin Carbón busca su abandono progresivo y la transición hacia un modelo basado en energías renovables.

Integran la plataforma Ecologistas en Acción, WWF, Amigos de la Tierra, SEO-BirdLife, IIDMA, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Térmica NO la Pereda, Sol y Paz Pachacuti, Som Energia, Aliats per la biodiversitat; la plataforma ‘Galiza, Un Futuro Sen Carbón’ (integrada por: ADEGA, Amigos da Terra, Ecoar Global, Ecoloxistas en Acción, Feitoría verde, Ghichas Co-mando, Greenpeace, Nosa Enerxía, Petón do Lobo, Plataforma contra a Mina de Touro – O Pino y Verdegaia); La Carta de la Tierra León, Xarxa per a la sobirania energética, Naturalistes de Girona, Ekologistas martxan, Grupo Ecologista Mediterráneo y Acuíferos Vivos.

Activistas de Greenpeace en Meirama

Por su parte, los activistas accedieron a la central que Naturgy tiene en Meirama, de la que exigen su cierre, con pancartas con mensajes como Apaga el carbón y No al carbón. Un grupo ocupó la zona de descarga de carbón, mientras que otro equipo de escaladores subió hasta la torre de refrigeración con la intención de realizar «un gran dibujo de una grieta que simbolice la situación de la industria de la quema de carbón» y ponga de manifiesto la «necesidad de dar paso a un sistema 100% renovable».

Con esta acción de «protesta pacífica,», los activistas buscan «denunciar que el carbón es el principal responsable del cambio climático en el mundo» y cargar contra Naturgy. La compañía eléctrica es propietaria de 3 centrales térmicas de carbón, más la térmica de Anllares (León), que comparte en propiedad con Endesa. Aunque los ecologistas han recordado que Naturgy ya anunció que no alargaría la vida de su térmica de Anllares, apuntan que no se avanzó «nada» de lo que hará con las centrales de carbón que tiene en Galicia (Meirama), Asturias (Narcea) y León (La Robla).

«Es hora de que Naturgy asuma un compromiso urgente y real en la lucha contra el cambio climático y la transición energética y anuncie que no invertirá en alargar la vida de sus térmicas de carbón y por tanto las cerrará en el año 2020 como muy tarde y que asegure que las centrales nucleares en las que participa se van a cerrar a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación», ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. Greenpeace quiere «poner el foco» en la necesidad de «medidas urgentes y ambiciosas», como «el fin del carbón y del resto de energías sucias» y su «sustitución por renovables», para frenar el cambio climático.

En este sentido, para la organización ecologista es imprescindible establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía, de forma que las centrales nucleares se cierren a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación y se establezca 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón.

Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».

UGT pide a Endesa que acometa las inversiones necesarias para la continuidad de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla

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Europa Press.- La sección sindical de UGT remitió una carta urgente al consejo de administración de Endesa en la que le insta a que realice las inversiones que sean necesarias con el objetivo de cumplir con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea para que las centrales térmicas de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) «puedan continuar produciendo más allá del año 2020».

El sindicato señala que, en caso de no realizar estas inversiones, «se confirmaría la estrategia de descapitalización y desmantelamiento que está llevando a cabo la compañía». A este respecto, la sección sindical de UGT exige que, visto que el consejo de administración ha aprobado «ya el cierre efectivo de las centrales para el próximo 30 de junio de 2020», se prorrogue «con la mayor urgencia posible» el acuerdo marco de garantías, con el consiguiente acuerdo voluntario de salidas, que está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2018.

No hay aún comunicación oficial

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que Endesa haya considerado el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al no estimarlas rentables, pero asegura que el Gobierno aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la compañía sobre esta decisión. Asimismo, la ministra ha recordado que, en caso de que esa decisión sea formalizada, la eléctrica deberá elaborar un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad económica de las zonas que presentan dependencia de estas plantas.

9 centrales térmicas cerrarán pronto

Ribera ha destacado que, de acuerdo con la normativa europea, existe la obligación de hacer inversiones «muy importantes» en aquellas centrales térmicas de carbón que quieran seguir funcionando a partir del año 2020 y que son las empresas propietarias las que deben analizar y valorar si les interesa o no optar por esta medida. Estas han sido las declaraciones de la ministra después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmara que 9 de las 14 centrales térmicas echarán el cierre en junio de 2020, al no haber cumplido las inversiones requeridas por la normativa europea en materia de desnitrificación y desulfurización para continuar con su actividad.

Asimismo, Domínguez prevé que las 5 restantes no alarguen su actividad más allá de 2030. «Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que cerrarán bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó Domínguez.

No ha pedido el cierre

Por otro lado, Endesa ha comunicado a las centrales sindicales que no ha procedido a presentar al Gobierno la solicitud oficial de cierre para sus centrales térmicas. No obstante, la empresa también ha transmitido a los representantes de los trabajadores que el consejo de administración de Endesa ha aprobado su nuevo plan estratégico y que en él no se recogen, al igual que en las anteriores hojas de ruta de la compañía, las inversiones necesarias para adaptar estas dos centrales de carbón a las medidas requeridas por la directiva de emisiones de la Unión Europea.

En su actual plan inversor presentado en 2017, Endesa preveía unas inversiones totales de 5.000 millones de euros en el periodo 2017-2020, de las cuales unos 300 millones de euros se destinarían a adaptar el carbón a las mejores prácticas ambientales. Este plan inversor para el carbón que preveía la energética se centra en las centrales térmicas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña). Las otras centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias), ambas propiedad de EDP España.

Podemos denuncia la exclusión de trabajadores de subcontratas de la minería en el Plan de Transición Energética

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Europa Press.- Podemos ha denunciado la exclusión que sufren los trabajadores de las subcontratas de la minería en León y en Asturias en el Plan de Transición Energética firmado por el Gobierno y los sindicatos, tras reunirse con éstos la diputada de la formación por León, Ana Marcello, y el diputado por Asturias, Segundo González.

Marcello recalca que no ha sido una transición «justa», como «presumía» la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, porque «no ha contado con todos los agentes afectados». Por ello, la diputada anunció que registrará una solicitud escrita para celebrar una reunión con Ribera, así como con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el fin de abordar la situación y buscar soluciones. «No puede ser que queden exentos dichos trabajadores cuando en el acuerdo de Podemos con el Gobierno, en los Presupuestos, plantea que se deberían equiparar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las subcontratas y de las empresas matrices», reprochó Marcello.

Asimismo, la diputada ha defendido que «los miembros de las subcontratas de la minería tanto de León como de Asturias tienen que estar incluidos en este plan social porque, si no, se habrá dejado a mucha gente por el camino«. Además, Marcello ha asegurado que son «insuficientes» los 250 millones previstos para el Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras, porque no se plantea una «reactivación integral» para las zonas afectadas. Por ello, estima que es necesario «un estudio serio de dicha reactivación con el factor de la industrialización pero con visión de riesgos medioambientales».

Por su parte, el diputado por Asturias, Segundo González, señaló que la transición «justa» sería aquella que no dejara «a nadie atrás«. En la reunión propuesta con ambas ministras, les trasladará la necesidad de incluir en el plan social a todos los trabajadores y de que los fondos destinados a la reactivación se incrementen ya que «hace falta una inversión adicional» y que se dé uso a aquello que no se invirtió en el plan anterior, 135 millones de euros.

Lambán cree que el acuerdo para la transición justa del carbón no soluciona el problema integral de las cuencas mineras

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Europa Press.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el acuerdo para una transición justa del carbón rubricado por sindicatos y patronal «es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas mineras». El documento se firmó en Madrid ante la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

Lambán comentó que el preacuerdo «se anunció hace algunos días» y «ya tomó forma definitiva», pero «tenemos que seguir hablando sobre de qué pasa con la central térmica de Andorra» y, a medio plazo, con el cierre del carbón, «algo que tarde o temprano todos sabíamos que iba a llegar». El presidente ha asegurado que el Gobierno aragonés mantiene conversaciones «hace tiempo con la ministra Ribera y con la ministra de Industria», Reyes Maroto. En concreto, ha recordado el compromiso de Teresa Ribera de visitar en noviembre Aragón y «trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones».

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, se ha reunido recientemente con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien le ha anunciado «que estaban trabajando para ver de qué forma se puede alargar la vida de la central térmica, cuyo cierre, no lo olvidemos, depende fundamentalmente de una decisión de Endesa», empresa propietaria de la misma.

El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

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Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

Ribera y el sindicato UGT califican de «importantísimo» el acuerdo alcanzado para el sector de la minería del carbón

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Europa Press.- UGT Fica considera que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras es «razonable y positivo» para lograr una transición justa para el sector para el periodo 2019-2027. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado.

Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, «no se había trabajado» en organizar el proceso. «A 3 meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas alternativas viables con esa actividad», apuntó. Para Ribera, «engañarse sobre el marco era mirar para otro lado», ya que el principal perjudicado siempre «es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado», subrayó.

La ministra destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación «en las mejores condiciones posibles» y, en lo que respecta a la formación profesional, «se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería». Además, indicó que se creará un «contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando actividades industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir».

UGT, satisfecha con el acuerdo

Por su parte, el sindicato valora que en el preacuerdo se haya conseguido que «no haya salidas traumáticas en el sector» y que se reconozca «una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación«. El Gobierno, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los sindicatos UGT Fica y CCOO de Industria alcanzaron un principio de acuerdo que da futuro al carbón más allá de 2018.

El principio de acuerdo abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta el año 2027, siendo hasta 2023 las medidas para la restauración.

Además, el plan social acordado va dirigido a trabajadores de una edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También pueden acceder los trabajadores con 20 años trabajados en algunas empresas mineras, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal.

Empleo en actividades de restauración

Mientras, los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen después de 2018. Además, para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) articulará con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas.

En lo que respecta a la línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un plan de acción urgente para las mismas.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

El Ministerio y los sindicatos alcanzan un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón hasta 2027

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica, CCOO de Industria y UGT FICA alcanzaron un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Eso sí, a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta 2027.

Además, se ha acordado un Plan social dirigido a trabajadores de edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, pudiendo también acceder al mismo los que, con 20 años trabajados en empresas mineras de anexo, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal: (20 años el 10%, 21 el 8%, 22 el 6%, 23 el 4% y 24 el 2%).

Aquellos trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir del 31 de diciembre de 2018 y a tales efectos de recolocación de los trabajadores prevista en este acuerdo, se considerarán excedentes a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las mineras.

Para estos trabajadores excedentes se articularán con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas, en la normativa que se establezca para apoyar los proyectos de rehabilitación contenidos en el Plan para la Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018- 2023, dentro del Plan de Acción Urgente en Transición Justa, y se establecerá como uno de los criterios prioritarios para acceder a la financiación pública la recolocación de estos trabajadores.

La línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como el desarrollo de un Plan de Acción Urgente para las Comarcas Mineras. Dicho Plan contemplará actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición y la elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo.

En materia formativa y a fin de facilitar la búsqueda de nuevos empleos en los distintos ámbitos industriales y energéticos se acuerda la puesta en marcha de un Plan de formación dirigida hacia las necesidades tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas. En sus servicios de empleo correspondiente se les asignará un orientador que trabajará con los trabajadores excedentes del sector.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

Finalmente, el acuerdo incluye que Hunosa por sus especiales características y su particular relevancia en el sector y en la Cuenca Central Asturiana, estará sujeta a su propio Plan de Empresa, con características propias en materia de Plan Social y compromisos específicos en el ámbito de la reactivación de las comarcas mineras de la Cuenca Central Asturiana y su transición a un nuevo modelo económico.

Desde UGT han destacado su «defensa inequívoca» del carbón autóctono «como parte de nuestro mix energético» y han insistido en ello hasta «pactar con el IRMC que mas allá de 2018 y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería competitiva».

Un nuevo catalizador abre la puerta a la captura de CO2 en la conversión de carbón a combustibles líquidos

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Europa Press.- Las proyecciones mundiales de consumo de energía esperan que el carbón se mantenga como una de las principales fuentes de energía del mundo en las próximas décadas y una parte cada vez mayor se utilizará en CTL, la conversión de carbón en combustibles líquidos. Investigadores de Beijing (China) y Eindhoven (Países Bajos) han desarrollado catalizadores a base de hierro que reducen sustancialmente los costos operativos y abren la puerta a la captura de las grandes cantidades de CO2 generadas por CTL.

Para comprender la importancia de este logro, se requiere cierto conocimiento del proceso de CTL. La primera etapa es la conversión de carbón a gas de síntesis, una mezcla de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2). Utilizando el llamado proceso de Fischer-Tropsch, estos componentes se convierten en combustibles líquidos. Pero antes de que se pueda hacer, la composición del gas de síntesis debe cambiarse para asegurarse de que al final salgan los productos correctos: los combustibles líquidos. Así que parte del CO se elimina del gas de síntesis (rechazado) convirtiéndolo en CO2, en un proceso llamado cambio de agua-gas.

En esta cadena, los investigadores abordaron un problema clave. Como en la mayoría de los procesos químicos, se requieren catalizadores para permitir las reacciones. Los catalizadores CTL son principalmente a base de hierro. Desafortunadamente, convierten un 30% del CO en CO2 no deseado, un subproducto que en esta etapa es difícil de capturar y, por lo tanto, a menudo se libera en grandes volúmenes y consume mucha energía sin beneficio.

Los investigadores descubrieron que la liberación de CO2 se debe al hecho de que los catalizadores a base de hierro no son puros, sino que constan de varios componentes. Pudieron producir una forma pura de un carburo de hierro específico, llamado carburo de hierro épsilon, que tiene una selectividad de CO2 muy baja. En otras palabras, casi no genera CO2.

Ya se conocía su existencia, pero hasta ahora no había sido lo suficientemente estable como para el duro proceso de Fischer-Tropsch. El equipo de investigación chino-holandés ahora ha demostrado que esta inestabilidad es causada por impurezas en el catalizador. El carburo de hierro épsilon de fase pura que desarrollaron es, por el contrario, estable y permanece funcional, incluso en condiciones de procesamiento industrial típicas de 23 bar y 250ºC. El nuevo catalizador elimina casi toda la generación de CO2 en el reactor Fischer-Tropsch. Esto puede reducir la energía necesaria y los costos operativos en aproximadamente 25 millones por año para una planta típica de CTL.

El CO2 que se liberó anteriormente en esta etapa ahora se puede eliminar en la etapa anterior de cambio de agua y gas. Es una buena noticia, porque es mucho más fácil de capturar en esta etapa. La tecnología para hacer que esto ocurra se llama CCUS (captura, utilización y almacenamiento de carbono). Ha sido desarrollado por otras partes y ya se está aplicando en varias plantas piloto. La conversión de carbón a combustibles líquidos es especialmente relevante en los países ricos en carbón que tienen que importar petróleo para su suministro de combustibles líquidos, como China y Estados Unidos.

«Somos conscientes de que nuestra nueva tecnología facilita el uso de combustibles fósiles derivados del carbón. Sin embargo, es muy probable que los países ricos en carbón sigan explotando sus reservas de carbón en las próximas décadas. Queremos ayudarlos a hacerlo de forma más sostenible», apunta el investigador Emiel Hensen, de la Universidad de Tecnología de Eindhoven. Es probable que los resultados de la investigación reduzcan los esfuerzos para desarrollar catalizadores CTL basados en cobalto. Los catalizadores basados en cobalto no tienen el problema del CO2, pero son costosos y se están convirtiendo rápidamente en un recurso escaso debido al uso de cobalto en las baterías, que representan la mitad del consumo total de cobalto.

La demanda eléctrica crece un 3,4% en septiembre con la nuclear y el carbón como principales fuentes de generación

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Europa Press.- La demanda peninsular de energía eléctrica en septiembre alcanzó los 20.821 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 3,4% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

En los 9 primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en los 191.279 GWh, un 1% más que en el mismo periodo de 2017. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica es un 1,2% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de 2018, la nuclear es la principal fuente de generación, con el 21,7% del total, seguida de la eólica (19,4%), hidráulica (15,2%), carbón (13,5%), cogeneración (11,6%), ciclos combinados (9,7%) y solar fotovoltaica (3,3%).

En lo que atañe a septiembre, la producción de origen eólico alcanzó los 2.396 GWh en el mes, un 15% inferior a la del mismo periodo del año pasado, y supuso tan sólo el 12,1% de la producción total. Por su parte, la nuclear fue la fuente que más aportó al sistema en el mes, con el 25,2% de la generación, seguido del carbón (20,8%), mientras que la cogeneneración cubrió el 11,9%, los ciclos combinados el 11,1%, la solar fotovoltaica el 3,4% y la solar térmica el 2,5%. Con datos estimados, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 29,8% de la producción en septiembre. El 55,2% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Casado ve inasumible su cierre

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, considera «inasumible» suprimir «al mismo tiempo» el carbón y las fuentes nucleares del mix energético nacional, al tiempo que demanda que no se apueste por la «demagogia» y sí por la «sostenibilidad«. Asimismo, el presidente del PP reclama que el aislamiento energético del país se vea ayudado por las interconexiones energéticas a través de los Pirineos y el Golfo de Vizcaya.