Afirma que la «agilidad en la tramitación de los convenios» y la «flexibilidad para la adaptación a las distintas casuísticas» han permitido una mejor operatividad en lo que se refieren a la puesta en marcha de proyectos de infraestructuras.

Este departamento indica que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) ha realizado un «intenso trabajo» para mejorar el diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales y agilizar la gestión del desarrollo de las infraestructuras previsto en el Plan del Carbón.

Agrega que, fruto de esta labor de coordinación, se han firmado convenio por importe de más de 1.000 millones de euros en proyectos de infraestructuras, cuyo desarrollo depende sólo de las entidades que los realizan, que son principalmente las comunidades autónomas.

Según el Ministerio, este esfuerzo se materializa singularmente en las dos comunidades autónomas con mayor peso en el reparto de estos fondos, que son el Principado de Asturias y Castilla y León.

Respecto a Asturias destaca la puesta en marcha de actuaciones «emblemáticas» dentro del desarrollo de las infraestructuras en el Principado como la autopista «Y» de Bimenes, el Campus de Mieres, el soterramiento de las líneas FEVE en Langreo o el túnel de Rañadoiro, cuya inauguración se celebrará el próximo 5 de enero.

En el caso de Castilla y León, las actuaciones de 2009 se han materializado en el compromiso de fondos que más que duplican los de un ejercicio presupuestario ordinario, lo que permite recuperar en gran parte los atrasos que esta comunidad arrastraba.

Del Plan 1998-2005 ya está en ejecución el 95 por ciento de los fondos presupuestados, mientras que en cuanto al Plan 2006-2012 se ha iniciado la tramitación de los convenios asociados a los proyectos enviados por la Junta de Castilla y León.

Destacan obras como la variante de Villablino, la vía rápida Fabero-Berlanga-Fresnedo o CL-626 variante de Guardo y el Parque Motor de Torre Brañuelas, si bien su lanzamiento aún depende de la firma de la Junta de Castilla y León.

El pasado 31 de julio, el Gobierno aprobó su creación y encomendó a la empresa Hunosa la adquisición del mineral y la gestión del almacenamiento, ante la coyuntura por la que atravesaba el mercado de generación eléctrica.

A pesar de ello, considera que los objetivos de reducción de la dependencia energética en España y el mantenimiento de la seguridad del suministro a largo plazo «obligan a garantizar la continuidad de la generación a partir de fuentes autóctonas», junto con su cadena de aprovisionamiento.

Dado que «persisten las circunstancias que aconsejaron establecer el almacenamiento estratégico», el Consejo de Ministros acordó la prórroga del mismo.

Antonio Hernández, que participó en la Asamblea Anual de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), apuntó que las centrales que cedan espacio al carbón nacional serán remuneradas en función de sus costes variables.

El directivo de Industria respondía así tras ser preguntado por los informes elaborados por la comisiones nacionales de la Energía (CNE) y de la Competencia (CNC) sobre el borrador de decreto diseñado para incentivar el uso de carbón nacional por parte de las eléctricas en un contexto de baja demanda energética.

En su informe, Competencia advierte de que el coste desmesurado de las ayudas repercutirá en las tarifas y asegura que distorsionarán significativamente el funcionamiento del mercado y los mecanismos de formación de precios, según adelantó su presidente, Luis Berenguer.

El director general de Política Energética y Minas apuntó que han incorporado al Decreto mejoras propuestas por la CNE, a lo que añadió que ha mantenido reuniones con representantes de la Unión Europea y que el viernes se reunirá con miembros de la CNC «para ver temas técnicos».

Hernández aseguró que el mecanismo previsto en la normativa no interfiere en el mercado y señaló que éste seguirá siendo el que fije los precios tras casar oferta y demanda.

«Lo que hemos hecho es sacar el carbón del pool», dijo Hernández, que apuntó que, en caso de que no se cubran objetivos de carbón nacional éste se introducirá en el mix energético por la vía de las restricciones técnicas y para garantizar el suministro.

«Porque ahora la demanda sea muy baja no podemos prescindir de carbón», que es la única fuente de energía de origen fósil autóctona, dijo Hernández.

Defendió que los incentivos se darán para asegurar que en el futuro no haya apagones si la demanda crece y recordó que las renovables necesitan el respaldo de las centrales térmicas.

Respecto al coste, aseguró que lo que van a pagar los consumidores «por todos los conceptos» mantendrá el crecimiento previsto -debido al déficit de tarifa- y aseguró que el hecho de «meter carbón» no supondrá un encarecimiento de la TUR.

Explicó que la TUR, la única tarifa que fija el Gobierno, no subirá debido al carbón, dado que los incentivos se cargarán a la partida de «garantía de potencia» -un pago a las centrales por el mero hecho de estar disponibles- que todos los años cuenta con una reserva en las tarifas de acceso o «peajes».

«Si no da para todo, dará para casi todo», tanto para cubrir los incentivos como para remunerar a las centrales que deberán ceder espacio a las que queman carbón nacional (fuel, carbón importado y gas), que serán pagadas en función de sus costes variables.

Estas tecnologías deben ser remuneradas por su «lucro cesante», un pago que inicialmente el Ejecutivo había previsto como «sobrecoste del sistema», lo que se ha rechazado porque repercutiría sobre el coste de la energía y, por tanto, podía afectar a los comercializadores que tenían la energía vendida antes de la nueva normativa.

Esto se evitará al incluir estos pagos dentro de la partida de garantía de potencia.