El BBVA eleva su participación en Repsol YPF hasta el 3,284 %

De esta forma, la entidad que preside Francisco González pasó de tener 28,89 millones de acciones el 13 de julio de 2010 a controlar a finales del ejercicio pasado 40,09 millones de títulos, con los que superó el umbral del 3 %.

A precio de mercado, la participación del BBVA en la petrolera está valorada en unos 818,65 millones de euros, ya que a cierre de la sesión cada acción de Repsol YPF se cotizaba a 20,42 euros, tras caer el 0,78 % en una sesión en la que la Bolsa española perdió el 1,29 %.

En su notificación al supervisor, el BBVA explica que la compra de acciones en Repsol YPF se deben a «operativa con cliente».

La Audiencia Nacional levanta la suspensión «cautelarísima» al decreto del carbón nacional

Según el auto de la Audiencia Nacional, este tribunal ha decidido levantar la medida porque el Tribunal Supremo ha dado ya luz verde a la entrada en vigor del decreto, con el que se pretende incentivar la compra del carbón autóctono para así compensar el fin de las ayudas de la Unión Europea a este sector.

La Audiencia Nacional decidió en noviembre de 2010 mantener la suspensión del decreto, hasta que el Supremo resolviera sobre las medidas cautelares solicitadas por las grandes compañías eléctricas y la Xunta de Galicia, lo que hizo el pasado 22 de diciembre.

Sin embargo, la Audiencia ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la Abogacía del Estado contra el auto por el que había anunciado mantener la suspensión del decreto.

Esta norma obliga a las eléctricas a presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días, a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución (lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

Iberdrola, Endesa y Gas Natural recurrieron el decreto ante el Supremo, que calificó de «sumamente perentorio» el pasado 14 de octubre el plazo de tres días, y señaló que las eléctricas podrían impugnar la resolución de la Secretaría de Estado de Energía ante la Audiencia Nacional.

La Xunta de Galicia también presentó otro recurso, ya que considera que las centrales térmicas gallegas adaptadas para la quema de carbón de importación reducirían su actividad en un 20%.

El levantamiento de la suspensión por la Audiencia se ha conocido el mismo día en que Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la Xunta han presentado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prorrogue la suspensión cautelar que, a su vez, éste último ha aplicado sobre la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto.

Durante la vista oral que se ha celebrado en la sede del Tribunal, en Luxemburgo, los representantes legales de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y las autoridades gallegas han expuesto sus argumentos a favor de mantener la suspensión cautelar hasta la adopción de la sentencia que ponga fin al litigio.

La Comisión Europea también podrá exponer sus argumentos antes de que la corte se pronuncie sobre si levanta o mantiene las medidas cautelares, una decisión que, según fuentes comunitarias, podría tardar en llegar un tiempo considerablemente superior.

Sebastián defiende que el decreto del carbón es legal

«Es un tema estrictamente judicial» y «el Ministerio siempre ha defendido que ese decreto es legal», afirmó Miguel Sebastián durante el acto de presentación de los datos preliminares de cierre del ejercicio turístico 2010.

El ministro ha recordado además que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han decidido levantar las medidas cautelares aplicadas contra el decreto, en el que se incentiva la quema de carbón autóctono en centrales térmicas.

En cuanto al Tribunal de Luxemburgo, que examina su decisión de aplicar medidas cautelarísimas sobre la norma, indicó que «nunca ha puesto en cuestión la legalidad del decreto, sino el procedimiento de la Comisión Europea». «Veremos lo que tiene que decir el tribunal al respecto», añadió.

La empresa Emed Tartessus ha invertido más de 25 millones de euros para reabrir Riotinto

El grupo chipriota, del que depende Emed Tartessus, cuenta con una ampliación de capital reciente de 24 millones de euros, que se destinará en su mayor parte a este proyecto, por lo que la empresa dijo que «está lista para comenzar los trabajos de preparación de la reapertura, que, obviamente, no serán ejecutados hasta que alcance una determinada fase en el proceso de permisos».

La empresa destacó que obtuvo a finales de 2010 la cuarta firma de la Comisión Liquidadora de MRT, requerimiento de la Junta de Andalucía para hacer efectivo el traspaso de los derechos mineros de la zona en favor de Emed Tartessus.

Para ello, ambas partes han llegado a un acuerdo por el que EMED se ha comprometido a retirar todas las demandas contra la Comisión y colaborar en todo de forma razonable, siempre sujeto a la opinión legal de sus asesores para asegurar que el proyecto «está totalmente protegido contra más interferencias u obstrucción».

El siguiente paso tras la obtención de dicha firma es que la Junta de Andalucía apruebe la transferencia de los derechos mineros, aun pendiente, para luego «concentrarnos en los aspectos operacionales y ambientales según el proyecto presentado en 2010, revisado por las principales consultoras nacionales e internacionales», ha recordado.

Las eléctricas solicitarán al tribunal de la UE la prórroga de los incentivos al carbón

En otoño, la máxima instancia judicial europea ya ordenó la paralización provisional de las compensaciones a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad, a raíz de un recurso presentado por Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y la Xunta de Galicia.

Ahora, la corte debe decidir si mantiene esta suspensión hasta que tome una decisión definitiva sobre el recurso contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el real decreto, que permite las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2014.

Durante la vista oral que se celebrará en la sede de la corte en Luxemburgo, los representantes legales de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y las autoridades gallegas expondrán sus argumentos a favor de mantener la suspensión cautelar hasta la adopción de la sentencia que ponga fin al litigio.

Con motivo de la vista, que se centrará únicamente en la cuestión de las medidas provisionales, fuentes del tribunal recordaron que «las medidas provisionales no prejuzgan en modo alguno la decisión final del Tribunal General sobre el fondo del litigio en curso».

Tras la vista, en la que también se escucharán los argumentos de la Comisión Europea, la corte decidirá si mantiene estas medidas cautelares, lo que previsiblemente ocurrirá en pocas semanas, según expertos jurídicos en temas de competencia.

En cambio, la decisión definitiva de la corte de Luxemburgo sobre el caso podría tardar en llegar un tiempo considerablemente superior, según las mismas fuentes.

Además del recurso ante el Tribunal de la UE, las eléctricas tienen abierto otro frente ante las autoridades judiciales españolas.

En España, las eléctricas perdieron el primer asalto después de que el Tribunal Supremo desestimara el 22 de diciembre pasado las medidas cautelares pedidas por las compañías para paralizar la aplicación de la ley.

Las compañías afectadas presentaron sendos recursos ante el tribunal europeo y el español por considerar que las ayudas son contrarias a la libre circulación de mercancías y al mercado interior de la electricidad.

También argumentan que perjudicarán a las centrales eléctricas que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas natural), que serían expulsadas del mercado.

La Xunta de Galicia se sumó a los recursos al considerar que la nueva normativa afectará negativamente a centrales térmicas gallegas como As Pontes y Meirama, adaptadas para la quema de carbón de importación, y que verían reducirse su generación de electricidad en un 20%, lo que afectaría a su rentabilidad y, por consiguiente, a su futuro.

El Ejecutivo confía en poder adelantar ayudas al carbón nacional «en próximos días»

Así lo ha asegurado el director general de Energía, Antonio Hernández, en rueda de prensa en Valladolid, donde ha participado en una jornada sobre la minería del carbón organizada por el PSOE de Castilla y León.

El director general ha recordado que el Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, debe resolver ese día el recurro presentado por empresas eléctricas españolas, contra el Real Decreto del Gobierno que las obliga a comprar carbón nacional para sus centrales térmicas.

El Tribunal Supremo ya ha rechazado la suspensión cautelar de esta medida, que reclamaban las eléctricas, y el Gobierno espera que también lo haga el Tribunal europeo, ha subrayado Antonio Hernández.

De esta forma, «en los próximos días» se podrán adelantar a las empresas mineras las ayudas previstas por la compra del carbón nacional, con el fin de inyectarlas liquidez, ya que muchas de ellas se han visto obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo por no poder pagar los salarios de sus empleados.

La previsión para 2011 es que las centrales térmicas puedan quemar el carbón necesario para generar 23,4 teravatios de electricidad, después de que en 2010 solo hayan consumido el necesario para 4 ó 4,5 teravatios.

El director general ha subrayado que el Gobierno ha intentado que las eléctricas se dieran cuenta de que sus recursos «no tienen sentido» y los retiraran, ya que la Unión Europea dio su visto bueno al Real Decreto y será «muy extraño» que el Tribunal de Justicia europeo «ponga alguna traba».

«España no se puede permitir el cerrar» sus minas de carbón, ha advertido Hernández, ya que este mineral es «la única fuente fósil» de energía del país y «la tiene que proteger».

Hunosa cumple por primera vez todos los parámetros de su plan de empresa 2006-2012

Así, la sociedad pública cerrará este ejercicio con una plantilla de 2.042 trabajadores y una producción de 860.000 toneladas de carbón, lo que da cumplimiento en su integridad al acuerdo pactado en 2005 entre el accionista universal de la empresa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y los sindicatos.

En un conversación informal con periodistas el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, calificó de histórico este resultado para una empresa que en los últimos cinco años incrementó la productividad de su plantilla en un 60 por ciento y pasó de 1.500 a 2.400 kilos de carbón extraído por jornal.

En este periodo, ha recordado Secades, la empresa cumplió además con el compromiso de incorporar a 821 nuevos trabajadores para compensar las bajas causadas por las prejubilaciones, una cifra ligeramente inferior a la pactada como consecuencia de que se registraran menos salidas de las previstas inicialmente.

El vigente plan de empresa tenía como horizonte temporal para su primera fase el año 2010 al ser el último año de vigencia del reglamento de ayudas al carbón de la Unión Europea, que no ha sido renovado, y su desarrollo posterior hasta 2012 deberá adaptarse a las nuevas directrices comunitarias.

El reglamento no ha sido renovado y el Consejo Europeo aprobó el pasado 10 de diciembre la extensión de las ayudas públicas hasta el año 2018 para las explotaciones de carbón deficitarias aunque condicionadas a una reducción progresiva de subvenciones cifrada de cara al año 2013 en un 25 por ciento del subsidio que reciben.

Para el máximo responsable de Hunosa, que cuenta actualmente con unas reservas de carbón extraíbles de 15 millones de toneladas, con esta perspectiva la compañía estatal no debería tener problemas para garantizar su continuidad durante los dos próximos ejercicios.

No obstante, ha apuntado que, ya a finales de 2012 y de cara al recorte del 25 por ciento en las ayudas establecido para 2013, la compañía tendría que plantearse la posibilidad de cerrar dos de las explotaciones hulleras actualmente en funcionamiento.

Al margen de las dificultades del recorte de ayudas, Hunosa, de mantenerse el vigente sistema de prejubilaciones, perdería entre 300 y 350 trabajadores por año en 2011 y 2012 lo que dificultaría mantener el nivel de actividad dado que sería cuestionable si podrían seguir produciéndose incorporaciones a la plantilla de una empresa con fecha de caducidad en diciembre de 2018.

En caso de que se mantuviera el actual ritmo de altas en la empresa, Hunosa estima que alcanzaría la fecha fijada por Bruselas para el cierre de las compañías mineras deficitarias con unos 700 trabajadores que no habrían cumplido los requisitos para optar a la prejubilación.

El Tribunal Supremo decide desbloquear la entrada en vigor del decreto del carbón

El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas deben presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días, a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución (lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa recurrieron dicho decreto ante el Tribunal Supremo, que en un auto fechado el 14 de octubre, calificó de «sumamente perentorio» el plazo de tres días fijado y señaló que las eléctricas podían impugnar la resolución de la Secretaría de Estado ante el órgano jurisdiccional competente (la Audiencia Nacional).

Un recurso al que se sumó el de la Xunta de Galicia, que consideraba que con la nueva normativa, las centrales térmicas gallegas como As Pontes y Meirama, que están adaptadas para la quema del carbón de importación, reducirían en un 20% su generación de electricidad, lo que afectaría a su rentabilidad y por consiguiente, a su futuro.

El alto tribunal, que en el citado auto rechazó la suspensión «cautelarísima» del decreto, añadía que la paralización de la obligación de presentar compromisos de compra dejaría en suspenso la eficacia de las cartas de las eléctricas, incluso aunque ya se hubieran presentado ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) -como habían hecho Iberdrola, E.ON, HC Energía y Elcogas-.

En los autos emitidos ahora, el presidente de la sala, Pedro José Yagüe Gil, niega las cautelares sobre este decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro, en el que se incentiva la quema de carbón autóctono en centrales térmicas.

El frente del Supremo es uno de los tres en los que las eléctricas combaten el decreto del carbón. En otro de ellos, la Audiencia Nacional aplicó medidas cautelarísimas a petición de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa en contra del desarrollo normativo del decreto en el que se obliga a presentar en tres días cartas de compromiso de compra de carbón nacional.

No obstante, estas cautelarísimas, según indicó a comienzos de noviembre la Audiencia, se aplicaron a la espera de que el Supremo se pronunciara acerca de si aplica o no cautelares al decreto. El desbloqueo de la norma por este tribunal hará que, previsiblemente, la Audiencia retire las cautelarísimas, según las fuentes consultadas.

Además del Supremo y de la Audiencia, sobre el decreto siguen pesando las medidas cautelarísimas aplicadas por el Tribunal de Luxemburgo, que ha fijado una vista para el 10 de enero para analizar el caso. En concreto, el tribunal comunitario aplicó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior.

Por su parte, el Ministerio de Industria acordó prorrogar hasta 2011 el régimen de ayudas a las empresas mineras del carbón establecido para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, y que permitirá cubrir, total o parcialmente, las pérdidas derivadas de la producción de mineral autóctono.

Una decisión que, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que las empresas mineras puedan cobrar en enero el adelanto de las subvenciones de año 2011 con el fin de facilitar la supervivencia y mantener el empleo en las regiones mineras.

Las empresas valoran el desbloqueo y esperan la rápida firma de contratos

Por otra parte, las empresas mineras han calificado como «muy positivo» el desbloqueo de la entrada en vigor del Real Decreto del Carbón, que autoriza la concesión de ayudas a las centrales eléctricas que usen el carbón autóctono hasta 2014, y han confiado en firmar cuanto antes los contratos con las empresas eléctricas.

Desde el Grupo Alonso han asegurado que esta decisión supone quitar una «losa que pesaba enormemente» sobre la minería y que tenía al sector en una «situación crítica» que le podía llevar a la quiebra.

Fuentes de esta compañía que preside el empresario Victorino Alonso esperan que las empresas eléctricas respeten las condiciones que se pactaron en su día en «duras negociaciones», antes de que el Tribunal Supremo bloqueara el Real Decreto.

Asimismo, han expresado su deseo de que el próximo 10 de enero el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie a favor de las pretensiones del sector del carbón.

El presidente del Grupo Viloria, Manuel Lamelas, ha definido el desbloqueo como una «muy buena noticia» para un sector importante y estratégico cuyo cierre, por único, no se podía permitir España.

«Es una buenísima noticia, no cabe la menor duda. Es para comer sin que se nos indigeste el turrón este año«, ha dicho el empresario, quien ha apostado porque se cierren en las próximas semanas los contratos con las eléctricas.

Mientras tanto, ha incidido en que seguirán vigentes los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) temporales en sus empresas y que afectan a algo más de doscientos trabajadores.

«Creo que van a pasar varios meses para que se pueda reanudar toda la actividad de las explotaciones» una vez se firmen los contratos, ha añadido.

Fuentes de la Hullera Vasco-Leonesa han coincidido también en que la medida adoptada por el Tribunal Supremo es «muy buena» para el sector, y han advertido de que la duración o la entrada en vigor del ERE que afectará a partir de enero a 471 empleados de su plantilla (el 86 por ciento) dependerá de en qué medida se reanude el suministro de carbón a las eléctricas.

El Gobierno prorroga a 2011 las ayudas al carbón para los ejercicios 2008, 2009 y 2010

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), y con el fin de facilitar las supervivencia y mantener el empleo en las regiones mineras, es conveniente prorrogar dicho régimen de ayudas, que deberán condicionarse a la norma comunitaria, que se prevé que comience a aplicarse a partir del 1 de enero del próximo año.

Sin embargo, estas ayudas, destinadas a cubrir las pérdidas de la industria del carbón y que se concederán al amparo de la decisión del Consejo de la Unión Europea que recoge las ayudas estatales a estas empresas con el objetivo último de facilitar su cierre, corresponderán exclusivamente a las mineras que están inscritas en un plan de cierre establecido.

Para cumplir este objetivo, se considera necesario que exista un periodo de transición desde que se publica la norma, a pesar de que comience a aplicarse el próximo mes de enero.

Sin embargo, si las condiciones establecidas por la normativa europea resultan incompatibles con la regulación española, ésta se modificará con el fin de preservar el otorgamiento de las ayudas y la norma comunitaria.

Además, se debe constituir un marco normativo que permita en ese periodo la concesión de este tipo de ayudas para 2011, de modo que entre la finalización del actual marco comunitario y la adopción del nuevo régimen, no existan vacíos temporales que condicionen «de forma decisiva» el funcionamiento y la continuidad de la actividad minera.

De no ser así, el impacto de la crisis económica y las «especiales» circunstancias del mercado de generación eléctrica -incapaz de absorber la producción de carbón-, abocarán a las empresas mineras al cierre «inmediato» y «repentino». Este cese tendrá asimismo «graves» repercusiones regionales y sociales sobre el empleo y el mercado de trabajo e incidirá «directamente» sobre el desarrollo económico y el bienestar social de las zonas afectadas.

Por ello, y para facilitar el futuro y el empleo de estas empresas, es conveniente prorrogar a 2011 las ayudas, sin perjuicio de que se adopten al mismo tiempo las medidas oportunas para ajustar la regulación del sector a la nueva realidad.

El volumen global de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de 2011 no podrán exceder a las concedidas en 2010 y, en caso de que el régimen comunitario establezca para el próximo año unas ayudas inferiores a las otorgadas, las empresas beneficiarias deberán reintegrar el importe de la subvención que hayan recibido en exceso.

Para el cálculo de la liquidación de las ayudas concedidas para el ejercicio 2010, la disposición del Ministerio de Industria establece, atendiendo a las distintas unidades de producción, más de ocho millones de toneladas para las empresas privadas y 763.125 de toneladas para las públicas.

Carbunión pide «medidas transitorias» de apoyo a la minería

Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), Victorino Alonso, ha pedido que se apliquen «medidas transitorias» que garanticen la supervivencia de la minería española hasta que se aplique el Real Decreto que prima el consumo de carbón nacional.

El también presidente del Grupo Alonso, al que pertenecen las sociedades Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (UMINSA), ha considerado que «hay que inyectar liquidez» a las empresas mineras «para pagar los salarios y a los proveedores».

El empresario ha detallado que esas medidas pueden pasar por el adelanto de ayudas, el pago de facturaciones, o cualquier sistema que inyecte liquidez para asegurar «los pagos más inmediatos y urgentes en las empresas».

«Un poquitín de oxígeno y glucosa para el enfermo que está en la UVI», ha reclamado Victorino Alonso.

El empresario se ha referido al Real Decreto, cuya aplicación está paralizada de forma cautelar por los tribunales después de que fuera recurrido por las empresas eléctricas.

Ha subrayado la necesidad de que el Estado y dichas empresas eléctricas alcancen un acuerdo que permita desbloquear este Real Decreto del carbón antes de que haya un pronunciamiento judicial, puesto que éste podría tardar. Alonso confía en que este asunto se solvente, porque el Ministerio de Industria «tiene esa responsabilidad y está en ello».

Respecto al reglamento aprobado por Bruselas el pasado 9 de diciembre, que prolonga el reglamento de ayudas al carbón hasta 2018 vinculándolo al fin de las explotaciones no competitivas, Alonso ha declarado que espera que en ocho años «alguien tenga sentido común» y se dé cuenta de que el sector «es beneficioso para todos».

CCOO solicita al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión del Plan del Carbón

En un comunicado, la organización sindical pidió una implicación activa del Ejecutivo para que el decreto no siga «paralizado» tras el proceso judicial abierto por las compañías eléctricas.

De igual manera, CCOO reclamó que el Ejecutivo apueste por una normativa que vincule las ayudas para la actividad minera más allá de 2020, para garantizar que no se cierren las minas.

Desde la organización se señaló que «el problema no deriva de la futura eliminación del marco de financiación de la minería, sino de la falta de alternativas para su mantenimiento a partir de este año y en el periodo mas inmediato».

La organización sindical señaló que el respaldo obtenido por los trabajadores durante la huelga del pasado 9 de diciembre supone una «llamada de atención» al Gobierno.