Endesa desmonta 6 torres eléctricas al norte de Tenerife

EFE.- Endesa desmontó 6 torres eléctricas distribuidas en el municipio de Los Realejos, mediante un soterramiento de líneas en casi 2 kilómetros para mejorar el impacto visual en el paisaje de la zona. Endesa indica que esta actuación constituye la última fase de las obras de repotenciación de la línea Maritim, que suministra al municipio de Puerto de la Cruz y que parte desde la subestación Realejos.

El nuevo doble circuito de la línea de media tensión está en servicio desde el 18 de noviembre y permite que 21.423 clientes se beneficien de un suministro más seguro. Estas mejoras han supuesto una inversión de alrededor de 800.000 euros para esta última fase de la obra. La obra incluyó el soterramiento de dos kilómetros de línea aérea que discurría por el municipio de Los Realejos, donde se ubicaban las torres que Endesa desmontó.

El sector del montaje y mantenimiento de la red eléctrica llega a un importe acuerdo laboral en Cataluña

EFE.- Los sindicatos han conseguido un compromiso de las empresas contratistas de Endesa respecto a la subrogación de empleados. La UGT indicó de que en una reunión de mediación mantenida en el Tribunal Laboral de Cataluña se logró asegurar la subrogación de más del 80% de los 800 empleados afectados por este proceso en Barcelona, Girona y Tarragona.

Según UGT, en dicha reunión se logró desbloquear el traspaso de información entre empresas entrantes y salientes, así como que las nuevas empresas concretaran por escrito su compromiso de hacerse cargo del 80% de estos trabajadores en aplicación de los convenios provinciales del metal. Del mismo modo, las empresas tienen de plazo hasta el 16 de enero para estudiar y confirmar con los respectivos comités de empresa si se harán cargo de los trabajadores restantes.

Adif licita el mantenimiento de las instalaciones de electrificación de la red ferroviaria convencional por 17,23 millones de euros

Servimedia / EFE.– El consejo de administración de Adif ha aprobado la licitación, por importe de 17,23 millones de euros (IVA incluido), del contrato de servicios de asistencia al mantenimiento de las instalaciones de electrificación. La compañía indicó que este contrato tiene un plazo de ejecución de dos años y se ha dividido, por razones de operatividad, en siete lotes distribuidos en áreas geográficas.

El objeto del contrato es prestar servicio de apoyo y soporte para la realización del mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares en las instalaciones de electrificación en el ámbito de la red de Adif. Dicha licitación comprende, por un lado, trabajos de carácter correctivo, derivados de algún acontecimiento excepcional que produzca una alteración de las instalaciones y destinados a devolver a las instalaciones a su correcto estado de funcionamiento. Por otro lado, incluye actuaciones de carácter preventivo, destinadas a mantener unos elevados estándares de calidad en las instalaciones y evitar averías. Adif apuntó que más de 11.000 kilómetros de red convencional y red de ancho métrico se verán beneficiados por este contrato para su conservación «en óptimas condiciones de explotación».

Fuerteventura se moviliza para detener la instalación de torres de alta tensión

EFE.– El Ayuntamiento de Antigua apoyó las medidas judiciales adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura ante la empresa Unelco Endesa para detener la instalación de torres de alta tensión, si bien considera que esa medida debió adoptarse antes de su colocación. El Consistorio majorero valora como «injustificable» el daño causado en el término municipal de Antigua, y su alcalde, Juan José Cazorla, asegura que «podía haberse evitado de mantenerse una postura firme y decidida del Cabildo desde un principio».

El Ayuntamiento cree que la construcción de las torres de alta tensión debería ejecutarse como en Lanzarote de forma soterrada y «no considerando Fuerteventura como un buen lugar para ahorrar costes y abaratar la instalación de forma aérea«. Asimismo, cree que esta postura de una empresa eléctrica solo se puede mantener ante «una vaga respuesta inicial del Cabildo de Fuerteventura que permite que una empresa anteponga sus intereses a los intereses medioambientales y energéticos de la isla y sus municipios».

Aún así, el Ayuntamiento aprueba las medidas adoptadas por el Cabildo y exige al Gobierno canario que «frene este improperio que cuenta con la oposición de la mayoría de la sociedad majorera y que se postule ante el atropello que está sufriendo la isla, con la alteración arbitraria del trazado acordado inicialmente con la Institución y ayuntamientos«. El Consistorio también adoptará medidas judiciales contra Unelco Endesa y denunciará la creación de caminos en el término municipal de Antigua sin permisos.

El «año perdido» en funciones, lo peor de 2016 para los ecologistas y ratificar el Acuerdo de París, lo mejor

Europa Press.- La parálisis en las políticas ambientales provocadas por la situación prolongada de Gobierno en funciones durante casi un año y la rápida ratificación a nivel mundial del Acuerdo del Clima de París, en el que la Unión Europea ha vuelto a tomar el liderazgo, son las cuestiones que peor y mejor valoran, respectivamente, las organizaciones ambientales más relevantes de España.

En su balance de 2016, el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha valorado que este año de «parálisis» política no ha producido «ningún avance» en la legislación para el medio ambiente. A nivel internacional, ha destacado que en la cumbre del Clima de Marrakech, con el Acuerdo de París ya en vigor, se han empezado a «sentar las bases» para luchar contra el cambio climático. A nivel europeo se ha referido a la reciente aprobación de la Directiva de Eficiencia Energética bajo el paquete de Clima y Energía del comisario Miguel Arias Cañete para poder avanzar en el autoconsumo de energías renovables.

Por su parte, el coordinador de Ecologistas en Acción, Francisco Segura ve «luces pero más sombras» en este 2016 del que lamenta que se ha perdido un año en la lucha contra el cambio climático, un aspecto sobre el que «no se ha hecho nada relevante» puesto que España y el resto de los países «siempre posponen hasta el año siguiente la toma de acciones».

Mientras, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, considera que tras este «año perdido» y de «escasa y pobre actividad parlamentaria» todas las cuestiones ambientales «siguen igual», así que, en resumen, «todo sigue mal». A su juicio, la «principal novedad» es que durante casi todo 2016 España ha tenido un gobierno en funciones y que, posteriormente no se ha producido un cambio respecto a la anterior política ambiental. Asimismo, lamenta que aún haya permanecido el impuesto al sol y que se mantenga la pobreza energética.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que 2016 pasará a la historia en España porque estuvo «sin Gobierno» y porque «una vez más las políticas ambientales se han visto arrinconadas». Sin embargo, resaltó que 2016 ha sido «un buen año» porque en Europa se ha ratificado el Acuerdo de París «como nunca se había hecho, antes de que todos los países lo hubieran ratificado». Con ello, celebra que la Unión Europea demostró que quería ir «claramente» al «liderazgo» para poner freno al cambio climático.

Mientras, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, rememora varios hechos de 2016. A nivel internacional, señala que se la subida de temperaturas ha constatado el avance del cambio climático este año y cree que esto ayuda a adquirir una mayor toma de conciencia en este momento de «gran transición mundial» después del Acuerdo de París. «Las sociedades de todo el mundo va en otra dirección; la cuestión es cómo de rápidos serán los cambios fruto del Acuerdo, pero el nivel de concienciación nunca se había visto antes», opina. Otras «buenas noticias» se han producido con la prohibición de la perforación del Ártico.

A nivel nacional, coincide en que 2016 ha sido un año «de parón» que se suma «al retroceso ambiental de los años anteriores, porque en medio ambiente, cuando no se avanza se está, en realidad retrocediendo». Entre los pocos éxitos, se refirió a la campaña en favor de Doñana, que situó este enclave en el escaparate internacional y que considera que ha dado frutos respecto a los proyectos de gas.

El consumo eléctrico de las grandes empresas cae un 0,9% en noviembre

Europa Press.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas ha descendido un 0,9% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE).

Desglosado por sectores, el consumo industrial cayó un 1,5% y el de los servicios un 0,9%. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

Según el IRE, en los últimos doce meses, el consumo eléctrico de estas empresas, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, descendió un 0,8%, respecto al mismo periodo del año anterior. Por sectores, el consumo de la industria ha bajado un 1,1% y el de los servicios un 1%.

Comparado con noviembre del año pasado, de las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia descendió un 6%, la industria química un 0,7%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos aumentó un 2,4%, la industria de la alimentación un 0,6% y la del papel un 0,1%.

Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en noviembre fueron la captación, depuración y distribución de agua con un aumento del 9,9%, los servicios de alojamiento (14,7%), la fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,4%), la fabricación de material y equipo eléctrico (9,3%) y la fabricación de productos de caucho y plástico (2,7%).

El sistema eléctrico ingresará 129,3 millones de euros en 2017 gracias a las interconexiones internacionales

Europa Press.- El sistema eléctrico obtendrá 129,3 millones de euros en 2017 gracias a los ingresos recibidos por la gestión de las interconexiones internacionales y por los peajes cobrados por el uso de estas infraestructuras. Esta cifra aparece recogida en el borrador de orden ministerial de peajes eléctricos de enero elaborada por el Ministerio de Energía. La cifra de 2017 es un 11% inferior a las últimas previsiones de ingresos recabadas para 2016, consistente en una partida de 146 millones de euros.

Esta cifra de 130 millones de euros anuales es además muy similar a la que el sistema prevé obtener en 2017 mediante el cobro en el ámbito nacional de peajes a los generadores. Energía indica en el borrador de orden ministerial que la cifra de 2017 es una estimación obtenida a partir de la información remitida por el operador del sistema eléctrico, por Red Eléctrica de España (REE). España dispone de interconexiones eléctricas internacionales con Francia, Portugal y Marruecos. En el primer caso, la capacidad de interconexión alcanza un máximo de 3.150 megavatios (MW), frente a 2.100 MW con Portugal y 400 MW con Marruecos.

Acogen recurre la orden con el recorte de 290 millones a la retribución de la cogeneración

Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha presentado un recurso contencioso-admnistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la orden ministerial en la que se fijan los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre.

En concreto, el Supremo ha admitido a trámite a mediados de este mes el recurso presentado por la patronal contra la orden ministerial, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado mes de julio, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó la orden ministerial en la que se fijan los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre y que, según el sector, conlleva un recorte adicional a esta tecnología de 287 millones de euros.

La Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, contempla que, al menos de forma anual, se revisarán los valores de retribución a la operación para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, como es el caso de la cogeneración.

Acogen dirigió a comienzos de ese mes de julio una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que le pedía que actuase y apoyase a la industria que cogenera y que, según sus datos, supone en España el 20% del PIB industrial que fabrica sus productos con cogeneración.

El borrador de la orden, en su fase de informe en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), suscitó un fuerte rechazo entre las empresas cogeneradoras y sus industrias asociadas por la envergadura del recorte adicional que comporta.

Nadal defiende que «nadie ha hecho más» por el carbón que los Gobiernos del PP

EFE/Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido hoy que «nadie ha hecho más» por apoyar al carbón en España y su supervivencia a largo plazo que «este Gobierno o el anterior» frente a la «sentencia de muerte» que firmó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 pero recalca que España está «encorsetada por las decisiones de la UE», por lo que «todo lo demás, es difícil que lo podamos cambiar».

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha afirmado que el apoyo a la producción del carbón ha sido «increíble» este año con la consecución de la ayuda adicional de 10 euros por tonelada pactada con la Comisión Europea y ha defendido el cumplimiento riguroso de todos los acuerdos alcanzados.

La senadora socialista María Luisa Carcedo le ha afeado al Gobierno el incumplimiento de las ayudas al carbón y el «acorralamiento» al que se ha sometido al sector de la minería.

Además, el ministro ha reprochado a la senadora que el régimen del carbón lo aprobó el Partido Socialista estando en el Gobierno de Zapatero y que el actual Ejecutivo «está aplicando la decisión de la UE que aprobó el PSOE en 2010», la cual ha calificado como «la sentencia de muerte del carbón».

En cuanto a la reactivación de las comarcas mineras, contexto en el que Carcedo ha recordado que el Estado debe al Principado de Asturias 185 millones de euros por proyectos que se acordaron con el Gobierno, Nadal ha respondido que será necesario comprobar qué proyectos han sido «correctamente ejecutados y cuáles no».

«No vale solo con gastarse el dinero, hay que certificarlos correctamente o no se cumple la normativa presupuestaria española ni la normativa presupuestaria europea», ha advertido.

Por último, Nadal ha recordado que entre 2011 y 2015 se han invertido 1.300 millones de euros en ayudas sociales al sector y que este año el gasto ha sido de 227 millones, con 770 trabajadores más y una prejubilación de 27.000 euros brutos al año para personas de una media de 47 años.

Podemos exige que la CNMC investigue lo que considera “irregularidades” en los recibos de la luz

Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley para que el pleno del Congreso debata sobre la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica.

En la iniciativa, Unidos Podemos denuncia que España presenta uno de los precios más elevados de los países de su entorno, ya que la electricidad para sus hogares es la cuarta más cara de toda Europa, según Eurostat. En este sentido, señala que el incremento desde el segundo semestre de 2013 al de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro, debido a factores como el déficit de tarifa, los elevados costes de distribución o las prácticas «oligopólicas» de las eléctricas, entre otros.

Respecto a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el real decreto de 2011 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno tendrán el carácter de máximos. Por ello, según Unidos Podemos son importes «únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad«.

Además, desde Podemos añaden que «de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno». En este mismo sentido asegura que se pronunciaron las instancias judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó en sentencia de mayo de 2012 que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una resolución de la sección de Atención a las Personas Usuarias de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

La facturación del término de potencia es un coste regulado de forma que su aplicación, o no aplicación, «no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria». Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el maxímetro, estas vienen de nuevo por un «exceso de facturación», apunta Unidos Podemos. Según reguló el real decreto de 2001, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. Existiendo ya el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un «incumplimiento claro» de la normativa.

De igual forma, Unidos Podemos pide que la CNMC investigue también las «posibles trampas» que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando «en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos».