«Por eso aprobamos la reforma del sector eléctrico, para tener unos costes energéticos razonables y para garantizar la estabilidad del sistema, y por eso ahora tenemos en las Cortes el proyecto de Ley de Hidrocarburos, que tienen los mismos objetivos», afirmó el presidente del Gobierno.

Con ese objetivo, el Gobierno plantea la creación de un mercado «secundario organizado de entrega física» de gas que «determinará por primera vez un precio conocido por todos», de modo que se fomente tanto la «competencia» como la «transparencia» del sistema a la vez que se «impulsa el mercado ibérico del gas a partir de la integración de los mercados de España y Portugal».

«Se ha previsto que el operador que gestionará el sistema de ofertas de compra y venta de gas garantice unas condiciones de participación transparentes y no discriminatorias en beneficio de todos», insistió el presidente, señalando que para «garantizar su independencia» se fijará una composición accionarial en la que participarán tanto los gestores actuales del Mercado Ibérico de la Electricidad como los gestores técnicos de los sistemas español y luso.

No obstante, eso «en ningún modo impide» que otros «agentes, empresas o inversores financieros» puedan participar del sistema, o incluso que «cualquier otra iniciativa, como el Iberian Hub Gas, un proyecto liderado por la Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, puedan organizar otros mecanismos de negociación» como los mercados de futuros u otros derivados.

En este sentido, Rajoy garantizó al portavoz vasco que al Gobierno y al PP les «gustaría» llegar a acuerdos en esta materia y aseguró que «si se formulan propuestas sensatas con dicho objetivo» estarán «dispuestos a hablar», en aras a aprovechar la «tradición gasística» y la experiencia en este ámbito que existe en el País Vasco.

Aitor Esteban agradeció «las palabras y la disposición al diálogo» de Rajoy, pero recordó que mientras hace décadas «pocos» apostaron por el gas, en el País Vasco se pusieron en marcha diferentes proyectos como la plataforma Gaviota, la creación de las sociedades Bahías de Vizcaya que «hicieron del puerto de Bilbao un puerto de referencia» en este sector; o la creación de la empresa Gas de Euskadi.

«No sólo eso, sino que existe un hub de gas que ya está funcionando, y de ahí nuestro especial interés en tener en cuenta esa trayectoria para aprobar la ley», añadió el dirigente del PNV, que teme la intención del Ejecutivo de «configurar otro hub partiendo de la nada, empezando por la ubicación» sin aprovechar la existencia de uno «ya en marcha» en Bilbao.

Sobre eso, y también sobre otros asuntos como «la distinción de las operaciones a largo y a corto plazo», la reducción del plazo de estas últimas a «un par de días» o la participación del sector público en la configuración del hub, es necesario «discutir y negociar», consideró Esteban, que cree que los plazos «urgen» y que las discusiones «tienen que empezar ya y ser fijadas urgentemente».

«El movimiento se demuestra andando. Hay un conocimiento, una trayectoria y un trabajo ya hecho. Su Gobierno está al corriente, pero hasta el momento no ha habido movimiento. Hay mucho debate entre sectores privados pero no entre los públicos, y ha llegado el momento de activarlo», zanjó.

Nuevo operador del mercado del gas

El proyecto de ley de reforma de la ley de Hidrocarburos de 1998 prevé la creación de un nuevo operador del mercado del gas ya a partir de este año con el objetivo de obtener una «señal de precios transparente» y facilitar así la entrada de nuevos comercializadores en el sector.

Los actores habilitados para actuar en este mercado serán los comercializadores, los consumidores directos, el gestor técnico del sistema, los transportistas y distribuidores, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y el propio operador del mercado, en el que estarán presentes los operadores del mercado español (30%) y del portugués (otro tercio), los gestores técnicos de ambos sistemas y otros sujetos hasta un máximo del 5% de participación.

Este operador se encargará de recibir las ofertas de venta y adquisición de los participantes, publicará en una plataforma de contratación los precios y el volumen de las ofertas «de forma anónima», recibirá las garantías, se encargará de la casación de precios, comunicará a los interesados el resultado de dicho proceso, liquidará pagos y cobros e informará públicamente de la evolución del mercado.

En cuanto a su retribución, será asumida por todos los agentes del mercado, aunque se habilita al Ministerio de Industria a fijar la cuantía en una orden. Sin embargo, inicialmente la retribución será incluida como coste del sistema gasista, por lo que se repercutirá en los consumidores, en tanto en cuanto se «alcancen unas condiciones suficientes de liquidez del mercado».

Dicho periodo transitorio será determinado por el Ministerio. En cualquier caso, dos meses antes de la entrada en vigor de la ley, el operador remitirá a Industria una propuesta de retribución y reglas de operación del mercado, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá cuatro meses para trasladar su propuesta de metodología para el cálculo de dicha retribución.

Según señaló el regulador, a finales de octubre de 2014, los almacenamientos subterráneos de gas alcanzaron el 100% de su capacidad de llenado, lo que supone un 7,1% más que en la misma fecha del ejercicio anterior.

El volumen de gas en ese momento ascendía a 50.000 gigavatios hora (GWh), el mayor registrado hasta la fecha, no sólo por la caída de precios que facilitó las operaciones de suministro, sino también por la incorporación desde 2012 del complejo de Yela.

A esta circunstancia se suma la de que la media mensual en los tanques españoles de GNL alcanzaba a cierre de octubre el 71%, lo que supone el valor más elevado en los últimos diez años.

En octubre, el coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española, calculado a partir de datos de Aduanas, registraba un descenso del 3,47% respecto al mes anterior, hasta 25,69 euros por megavatio hora (MWh).

Pese a este descenso y a acumular en ese momento una caída del 10% desde el comienzo de 2014, el precio del gas natural se mantenía en ese mes en niveles un 83% superiores a los valores alcanzados en julio de 2009, de 14,03 euros por MWh.

Además, se enumeró a los sujetos habilitados para actuar en este mercado, entre ellos el operador, que será la sociedad responsable de la gestión del sistema. También se incluyó a los comercializadores y consumidores directos, al gestor técnico del sistema, a los transportistas y distribuidores y a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

El proyecto estableció asimismo las condiciones que deberá cumplir la sociedad mercantil que actúe como operador, en la que estarán presentes los operadores del mercado español (30%) y, en su caso, del portugués (con una proporción de un tercio); los gestores técnicos de ambos sistemas gasistas (20%, con el mismo reparto de dos tercios para los españoles y un tercio para los lusos) y otros sujetos (con un máximo del 5% de participación).

«En el caso de sujetos que realicen actividades en el sector energético, la suma de la participación directa o indirecta en el capital de esta sociedad no podrá superar el 3%. Asimismo, la suma de participaciones de estos sujetos no podrá superar el 30%, no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto», añadió la memoria.

El procedimiento de participación en el operador limita la cuantía máxima a la media de las participaciones existentes en el tipo de accionista correspondiente, lo que puede incluir la venta por la sociedad o por algún accionista, y la ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones.

El objetivo de esta sociedad será impulsar el desarrollo efectivo de un mercado ibérico, aunque para ello será necesario esperar a la firma de un convenio o acuerdo internacional con Portugal, o a la adopción por parte del Gobierno luso de una normativa que permita su aplicación en dichas entidades.

Además, se encargará de recibir las ofertas de venta y adquisición de los participantes, publicará en una plataforma de contratación los precios y el volumen de las ofertas «de forma anónima», recibirá las garantías, se encargará de la casación de precios, comunicará a los interesados el resultado de dicho proceso, liquidará pagos y cobros e informará públicamente de la evolución del mercado.

En cuanto a su retribución, el Ejecutivo decidió que sea asumida por todos los agentes del mercado, habilitando al Ministerio de Industria a fijar la cuantía en una orden. Sin embargo, inicialmente la retribución será incluida como coste del sistema gasista, por lo que se repercutirá en los consumidores, en tanto en cuanto se «alcancen unas condiciones suficientes de liquidez del mercado».

Dicho periodo transitorio será determinado por Industria. En cualquier caso, dos meses antes de la entrada en vigor de la ley, el operador remitirá al Ministerio una propuesta de retribución y reglas de operación del mercado, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá cuatro meses para trasladar su propuesta de metodología para el cálculo de dicha retribución.

Según el Ejecutivo, la creación de este mercado organizado «profundizará en la liberalización del sector gasista», contribuyendo así a obtener «precios más competitivos para los consumidores» y una mayor eficiencia del sistema. Asimismo, la norma mejorará la armonización de la legislación nacional con la normativa europea.

Con respecto a CORES, el Gobierno la habilita mediante este proyecto de ley a constituir, mantener y gestionar las reservas de gas natural, así como a diversificar los suministros de este producto.

Además, se le da acceso a las instalaciones de regasificación, transporte y almacenamiento y al mercado organizado, y se le permite inyectar gas al sistema en caso de necesidad. El Ejecutivo también precisó que el presidente de esta Corporación no deberá ser un empleado público.

Otros cambios del sector energético

Finalmente, el proyecto de ley introduce otros cambios relacionados con el sector energético. Entre los más destacables se incluye la decisión de que los operadores al por mayor de productos petrolíferos deban encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias para poder ejercer su actividad, y se sustituyen los tres millones de euros exigidos actualmente como recursos propios por una garantía ante la Caja General de Depósitos.

Aunque la cuantía de dicha garantía deberá ser fijada reglamentariamente por el Gobierno, en principio se apunta a que será inferior a los actuales tres millones, de modo que se «facilite la entrada a nuevos agentes». Los operadores que ya estén actuando estarán exentos de formalizar estas garantías.

Este sistema permitirá, asimismo, «minimizar el riesgo para la Hacienda pública por eventuales fraudes fiscales», en cuyo caso podrá ejecutarse la garantía y además la Administración podrá inhabilitar al operador, aplicando incluso medidas cautelares provisionales como la incapacitación temporal para evitar que se continúe con el fraude mientras dura el procedimiento.

Los comercializadores que quieran iniciar actividad tendrán que remitir a Industria una previsión de ventas del primer año de actividad, que sustituirá a las existencias mínimas de seguridad, si bien los operadores de otros países de la Unión Europea con acuerdo mutuo de reconocimiento de licencias de comercialización de gas natural estarán exentos de esa obligación. «Esto evitará trámites a las empresas», alegó el Gobierno.

Por otra parte, los operadores al por mayor de gas licuado del petróleo (GLP) y sus comercializadores al por menor tendrán que comunicar cualquier cambio en su declaración responsable inicial y también el cese de actividad, que la CNMC deberá registrar. Asimismo, estarán obligados a mantener un seguro de responsabilidad civil y otras garantías financieras en cantidad suficiente para cubrir riesgos.

También se recoge la obligación de los comercializadores al por menor de GLP a granel de suministrar a todo peticionario que se encuentre en la misma provincia, y tendrán derecho preferente a distribuir gas natural a los clientes conectados con instalaciones de su propiedad. No obstante, se evitará la duplicidad de infraestructuras abriendo la puerta a que tanto GLP como gas natural vaya por los mismos conductos cuando se trate de abastecer a un mismo consumidor o grupo, siempre que su capacidad lo permita.

El Ejecutivo revisó asimismo el régimen de infracciones y las sanciones consecuentes, y aclaró las competencias de la CNMC en esta materia, así como en el tema de fijación de peajes y cánones, cuya metodología será fijada por la Comisión pero el Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación.

Por otra parte, se abrió la puerta a que los consumidores puedan contratar a una empresa instaladora autorizada para inspeccionar sus instalaciones y presentar después a su distribuidora el boletín de inspección. La empresa distribuidora conserva, no obstante, la obligación de comunicar al usuario la obligación de realizar la inspección y ofrecer sus servicios indicando precio y fecha.

Para disminuir costes crecientes en el sistema, serán los distribuidores los que asuman la modificación o construcción de nuevas posiciones de transporte.

Según el Gobierno, la creación de este mercado organizado del gas natural facilitará la entrada de nuevos comercializadores y permitirá obtener precios más competitivos y transparentes.

La creación de este mercado, incluida dentro del anteproyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos, es, además, un requisito para el fomento de España como «hub» o centro de distribución gasista, una aspiración tanto del Gobierno como del sector.

El establecimiento de este «hub» permitiría a España ser una puerta de entrada de gas hacia Europa procedente tanto del norte de África, gracias a las conexiones por gasoducto con Argelia, como del resto del mundo a través de las regasificadoras existentes en territorio nacional, que permiten la descarga de buques.

Por otra parte, la normativa incluye diversas medidas para impulsar la competencia y disminuir el fraude en el sector de los hidrocarburos.

En materia de gas natural en ciudad, el Ejecutivo pretende mejorar la competencia a través del aumento del número de agentes que pueden llevar a cabo las inspecciones, según explicó Soria, ya que actualmente sólo pueden realizarlas los operadores y que a partir de ahora podrá efectuar cualquier instalador.

La normativa fomenta la entrada de nuevos comercializadores de gas mediante el reconocimiento mutuo de las licencias concedidas por terceros países con los que exista un acuerdo previo.

Además, se establecen medidas en relación a las existencias mínimas de seguridad para dotar a los comercializadores de una mayor flexibilidad y menor coste sin afectar a la seguridad de suministro.

En ese sentido, las existencias estratégicas de gas natural serán garantizadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

También se han introducido medidas para una mayor competencia en la distribución de gases licuados del petróleo (GLP), butano y propano.

En concreto, se impide que exista duplicidad en las instalaciones de distribución de GLP por canalización y de gas natural. Se fomentará el suministro de gas natural, para el que tendrán preferencia los distribuidores que hayan llevado previamente el GLP canalizado a la zona.

Por su parte, los comercializadores de GLP a granel (bombona) estarán obligados a suministrar a todos los clientes que lo soliciten dentro de su provincia de actuación.