Una veintena de empresas genera casi el 80% de las emisiones de CO2 de los sectores fijos

Europa Press / Servimedia.- Las 20 empresas con mayores emisiones suman un total del 79,53% de las emisiones procedentes de fuentes fijas, incluidas en el Registro Nacional de Emisiones (RENADE), que son la producción de energía, industria del petróleo y otras instalaciones industriales, según el informe Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales de España en el cambio climático, publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad con datos de 2015, el último año con información consolidada.

El estudio señala que España emitió en 2015 un total de 339 millones de toneladas totales de gases efecto invernadero, de las que la industria y la energía emitieron 137,1 millones de toneladas de CO2 verificadas por el RENADE, un 40,4%. Mientras, el 59,6% de las emisiones correspondieron a fuentes de emisión difusas, tales como el transporte, los hogares, los servicios, agricultura. En general, las emisiones crecieron un 3,3% en total en España respecto a 2014, mientras que «en prácticamente todos los países de la Unión Europea descendían». Esto supone un incremento de 13,77 millones respecto al 2014 y un 18% más respecto a 1990.

Además, el informe destaca que las emisiones de los sectores fijos se concentran en un núcleo de 10 empresas, que emiten el 69,4% o lo que es lo mismo, 95,2 millones de toneladas, de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores fijos. Se trata de Endesa, 33,3 millones de toneladas de CO2; Repsol (incluye Petronor), 13 millones de toneladas; Gas Natural Fenosa, 12,9 millones de toneladas de CO2; Hidrocantábrico, 10,6 millones de toneladas de CO2; ArcelorMittal, 6,4 millones de toneladas de CO2; E.On, 5,3 millones de toneladas de CO2; Cepsa, 4,8 toneladas de CO2; Cemex, 3,4 millones de toneladas de CO2; Iberdrola, 2,6 millones de toneladas de CO2 y Cementos Portland, 2,4 millones de toneladas de CO2.

Solamente Endesa emite el 9,8% de todas las emisiones de España, tanto las fijas como las difusas, y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos. A esta le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, que suponen un 4% aproximado cada una del total emitido en España. En total, los sectores fijos con mayores emisiones se deben a la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y transformación de hidrocarburos, la industria cementera y la transformación química.

La generación de carbón supone 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 y supone el 72,3% de lo correspondiente a la generación total de energía, que produce en su conjunto la mitad de las emisiones fijas totales nacionales, casi 70 millones de toneladas de CO2. En cuanto a la producción de cemento y cal, generan 17 millones de toneladas, el 12,5% del total, algo más que las de las refinerías de petróleo y coque (14 millones de toneladas de CO2, el 10,5%). Las industrias que dependen de grandes procesos de combustión emiten el 8,5% del total, casi 12 millones de toneladas de CO2; el resto de la industria contribuye con el 18% restante (casi 25 millones de toneladas de CO2).

Con estos datos, el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad refleja que la tendencia de 2015 respecto a 2014 señala que las emisiones del sector eléctrico aumentaron un 17,6% y las que más aumentaron fueron las centrales de carbón (22,1% más) y los ciclos combinados de gas natural (16,3% más que el año anterior). El resultado final, que arroja un crecimiento del 3,3% de las emisiones españolas en 2015 respecto a 2014 va en contra de los compromisos de reducción contraídos por los firmantes del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, que España firmó en Nueva York el 22 de abril de 2016 y que ratificó el pasado enero.

Por comunidades autónomas, la más emisora es Andalucía, con el 19% de las emisiones de las fuentes fijas de España. A esta le siguen Asturias (16%), Galicia (11%), Cataluña (10%) y Castilla y León (9%), precisamente las zonas donde están instaladas las grandes centrales de carbón excepto en Cataluña, donde la incidencia de las emisiones se debe al importante sector industrial y refinero. Por el contrario, las autonomías que menos CO2 emiten son Navarra, Madrid, Extremadura, Cantabria y La Rioja, justo aquellas cuya economía está menos basada en el carbón.

De acuerdo con el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, si se tiene en cuenta que la fuente de datos utilizados son las verificadas por el RENADE y que las asignación de derechos a instalaciones se ha realizado mediante el Registro Mercantil, esto supone que las asignaciones pueden ser “muy conservadoras” y, que sus emisiones, por tanto sean «mucho mayores de las consignadas», ya que existen o pueden existir otras emisiones de estas empresas (minería, transporte, puertos, consumos) que no estén incluidos en esta contabilidad.

El informe subraya también ciertos riesgos empresariales del cambio climático a la hora de ser evaluado por las agencias de calificación o rating o por la apreciación del atractivo de estas empresas para acceder a recursos financieros. Por ello, muchas empresas disponen o estimulan planes estratégicos concretos para reducir emisiones de CO2. Ante este hecho, el Observatorio considera que a partir de estos datos se pueden identificar tensiones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones representarán una «distorsión muy importante para su propia valoración empresarial».

El Observatorio apela a la conveniencia de establecer “responsabilidades diferenciadas” de cada agente social según su responsabilidad con el problema y aconseja a las empresas que eviten las «políticas contradictorias» como las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Entre sus consejos, recomienda reducir las emisiones mediante el aumento de la eficiencia y la sustitución de los combustibles o las tecnologías más contaminantes como el carbón o el gas por energías renovables. También insiste en la importancia de poner un precio «realista» al carbono para que funcionen correctamente los mercados de emisiones y que las administraciones sean «limpias» y den ejemplo.

La OCU ve posible ahorrar entre 60 y 300 euros al año en el recibo de la luz

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que es posible ahorrar entre 60 y 300 euros anuales en el recibo eléctrico y aconseja la discriminación horaria como una de las fórmulas más eficaces para rebajar la factura. Cambiar a la modalidad de discriminación horaria tiene un coste de 11 euros y el usuario ahorraría como mínimo 70 euros al año sin modificar sus hábitos de consumo.

La organización considera que, de cara a elegir la mejor tarifa, es necesario que el consumidor identifique además si dispone del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Para descubrirlo, puede identificar el nombre de las comercializadoras que prestan este servicio, entre las que figuran Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, Gas Natural SUR, EDP Comercialización de Último Recurso o Viesgo Comercializadora de Referencia.

OCU comparó el ahorro que ha supuesto tener contratada la tarifa PVPC frente a las mejores ofertas del mercado y concluyó que, durante 2014 y 2015, fue posible encontrar en el mercado libre ofertas que mejoraron la tarifa PVPC, si bien desde 2015 hasta ahora el PVPC permitió ahorros adicionales sobre las mejores ofertas en el mercado libre. Sin embargo, la volatilidad del PVPC, con subidas de precios como las actuales, hace que sea un buen momento para mirar otras alternativas que ofrezcan una factura más estable, señala la OCU.

Por este motivo, la organización aconseja optar por tarifas cuyas condiciones no sean revisables al menos durante un año y descartar las que incluyan servicios adicionales no deseados, como las revisiones de la instalación eléctrica o seguros de pago. También insiste en la importancia de optar siempre por discriminación horaria y recomienda al usuario revisar si cumple los requisitos del bono social y solicitarlo si puede. La OCU también dice que, por normal general, las ofertas ligadas a facturación online suelen ser las más económicas.

La OCU afirma que la forma más inmediata y sencilla de ahorrar, se tenga una tarifa regulada o se esté en el mercado libre, es optar por la discriminación horaria. Conforme a la OCU, en media los hogares concentran un 50% de su consumo en el horario valle (aquellas horas del día donde el consumo es más económico) y bastaría con tener un consumo de un 30% en ese horario valle para empezar a ahorrar.

El consumo eléctrico de las grandes empresas bajó un 0,9% en 2016

Redacción / Agencias.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en España, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, descendió un 0,9% durante 2016, según el Índice Red Eléctrica (IRE). Por sectores, los consumos de la industria y de los servicios descendieron un 1,1% cada uno. De las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia aumentó un 3,1%, la industria química un 0,4%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 4,9%, la industria alimentaria un 1,1% y la papelera un 0,8%.

En términos brutos, el consumo eléctrico de las grandes empresas españolas cayó un 0,8% en 2016, rompiendo así una tendencia de dos años consecutivos de crecimiento. Asimismo, se refleja una caída de la demanda en el sector servicios, del 0,9%, mientras que en el industrial descendió un 1%. Mirando sólo al consumo de diciembre, bajó un 0,8% en datos brutos, con un descenso del 0,6% en servicios y estable en la industria, mientras que se mantuvo plano en términos corregidos

Desglosado por sectores, el consumo industrial aumentó un 1,3% y el de los servicios bajó un 1,2%. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas. Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en diciembre fueron la metalurgia con un aumento del 3,1%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,9%), la fabricación de productos de caucho y plásticos (6,6%), la fabricación de material y equipo eléctrico (20,4%) y la fabricación de productos metálicos (9,6%).

Este índice facilita información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas y otras instituciones que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW), lo que supone alrededor del 47% de la demanda total. Las medidas se recogen en 23.400 puntos de alrededor de 13.900 empresas. La categoría de grandes consumidores de energía abarca desde industrias hasta hoteles y transporte ferroviario y supone un indicador de la actividad económica nacional.

China anuncia un plan multimillonario para promover las energías renovables

EFE.- El Consejo de Estado, el órgano Ejecutivo chino, aprobó invertir 365.000 millones de dólares (345.000 millones de euros) en proyectos de energías renovables dentro de un nuevo plan para luchar contra la contaminación. Esta iniciativa creará más de 13 millones de empleos, según el Gobierno, que aprobó este plan hasta 2020 para renovar el modelo de producción energética china mediante el ahorro de energía y la reducción de las emisiones.

Dependencia energética china del carbón

El documento establece para 2020 un tope de consumo de energía equivalente a 5.000 millones de toneladas de carbón, una cifra que se traduce en una reducción del 15% del consumo energético chino por unidad de PIB hasta ese año. Actualmente, el carbón es la principal fuente de energía utilizada en el gigante asiático y representa hasta un 64% del consumo energético del país, según datos de 2015. Para conseguir estos objetivos, aparte de la reducción del uso de carbón, el Consejo de Estado propuso medidas como el aumento de los controles de emisiones nocivas, el desarrollo de la economía circular, la mejora de la gestión y un mayor apoyo a las políticas de financiación.

El Defensor del Ciudadano denuncia dejadez institucional en la zona de Granada que sufre apagones

EFE.- El Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, denunció la «dejadez institucional» en la zona norte de Granada por los continuos apagones y cortes en el fluido eléctrico que sufre. Un problema que, según añadió, no obedece sólo a los enganches ilegales para el cultivo de marihuana. Martín confía en poder acabar con el que ha considerado uno de los problemas «principales, más graves y urgentes» de esta capital andaluza.

El Defensor del Ciudadano denuncia que en Granada sigue habiendo vecinos que viven a oscuras, sin poder conectar electrodomésticos tan básicos como un frigorífico o una lavadora y otros aparatos necesarios para el cuidado sanitario como bombonas de oxígeno. Según Marín, existen además zonas de Granada sin suficiente alumbrado público, a pesar de que la gran mayoría de los afectados pagan su recibo de electricidad.

De acuerdo a la cuantificación de la Oficina del Defensor del Ciudadanos, durante el pasado año se recibieron un total de 528 incidencias relacionadas con cortes de luz, lo que implica una media mensual de 44. «Es una barbaridad, es una situación de emergencia y hay que tomar medidas», ha sentenciado el Defensor, que ha detallado que en diciembre las quejas se han duplicado. El Defensor ha dicho que el problema, derivado de la «dejadez institucional» y que a su juicio no solo responde a los enganches ilegales, necesita de una urgente acción coordinada para además evitar que pueda agravarse.

La agencia Apnum de Canarias abre expediente por los caminos abiertos para instalar torretas de alta tensión en Fuerteventura

EFE.- La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto un expediente informativo que permitirá averiguar si la compañía Red Eléctrica de España (REE) ha abierto nuevos caminos en el municipio de Antigua (Fuerteventura) para instalar torretas de alta tensión. El Cabildo de Fuerteventura trasladó recientemente un escrito a la agencia para que «de manera urgente inicien los expedientes sancionadores precisos ante la falta de autorización a REE para abrir nuevas pistas o caminos».

En este sentido, la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, también se ha comprometido a estudiar el cumplimiento del proyecto de instalación de la línea de alta tensión en Fuerteventura para comprobar si Red Eléctrica se ajustó a la autorización. El Cabildo de Fuerteventura ha requerido la anulación de la declaración de impacto ambiental por considerar que «se ha tratado de burlar la normativa».

La Institución insular ha reclamado al Gobierno regional que paralice de inmediato los trabajos de instalación de torretas de alta tensión que REE acomete en el municipio de Antigua «por el daño irreversible que está provocando en el medio natural y paisaje» y «para que se clarifiquen las denuncias» presentadas por agentes de Medio Ambiente y de la Policía Local de Antigua. Además, el Cabildo majorero presentó hace más de un año un contencioso administrativo contra este proyecto de trazado de línea de alta tensión.

El 60% de la nueva potencia eólica asignada a Canarias ya tiene autorización

EFE.- El 60% de la nueva potencia eólica asignada a Canarias (262 de 436 megavatios) ya dispone de la autorización administrativa necesaria para instalarse. El viceconsejero canario de Industria y Energía, Adrián Mendoza, precisó que 27 de los 49 parques eólicos que se han acogido al cupo de retribución específica dispuesto para Canarias ya pueden comenzar a construirse. De hecho, en algunos ya se han iniciado las obras de cimentación. Además, otros 6 parques eólicos, que suman 10,5 MW de potencia instalada, tienen la puesta en marcha provisional.

De los 49 parques eólicos a los que se ha asignado un cupo retributivo específico para operar en Canarias, 29 están localizados en Gran Canaria, donde se prevé aumentar la potencia eólica en 185,2 MW; otros 12 se instalarán en Tenerife, con una potencia total de 201,75 MW; 5 en Fuerteventura, con 34,7 MW; y 3 en Lanzarote, con una potencia de 14,65 MW. Mendoza visitó el parque eólico de Cueva Blanca, propiedad al 80% de Enel Green Power España, filial de Endesa, y al 20% del Ayuntamiento de Agaete (Gran Canaria), una instalación recientemente modernizada para aumentar su rendimiento.

«La modernización de los actuales parques eólicos de Canarias por equipos más potentes, eficientes y sofisticados es esencial para conseguir una mayor producción energética en las islas, sobre todo en el caso de los instalados en las zonas que presentan mejores condiciones del archipiélago y que ya tienen cierta antigüedad», señaló el viceconsejero, que remarcó que este tipo de operaciones, además de incrementar la capacidad de generación de electricidad, pueden disminuir el impacto paisajístico de los parques (en el caso de Cueva Blanca, un aerogenerador de 2 MW ha sustituido a 4 antiguos de 0,33 MW de potencia cada uno).

Por ello, ha resaltado las «oportunidades que ofrece la repotenciación de los parques eólicos para un territorio limitado como Canarias, en la medida en que permite impulsar la penetración de renovables sin ampliar el suelo ocupado«. En este contexto, ha anunciado que el Gobierno canario pedirá al Estado modificar la normativa para establecer nuevas condiciones que ayuden a impulsar la renovación o repotenciación de los parques eólicos del archipiélago. Con su modernización, se espera que el parque eólico de Cueva Blanca pase a producir 7.782 MWh de electricidad al año, prácticamente el doble de lo que generaba hasta el momento.

Avaesen lamenta ante la Generalitat que el bloqueo del Plan Eólico Valenciano impedirá una inversión de 500 millones de euros

EFE.- La Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (Avaesen) ha lamentado que la falta de soluciones al Plan Eólico Valenciano supondrá para la Comunidad Valenciana perder la oportunidad de captar inversiones que podrían alcanzar los 500 millones de euros. La asociación ha explicado que la situación actual de este plan impide a las empresas valencianas acogerse a la subasta del Gobierno de España de 3.000 megavatios (MW) de energías renovables.

En este sentido, han criticado que, 15 años después de su adjudicación, apenas se ha sobrepasado la ejecución del 50% del Plan Eólico Valenciano, con lo que queda «bloqueada cualquier opción de desarrollar esta energía en la Comunidad Valenciana en la actualidad«. «Desde Avaesen se viene alertando de esta situación desde hace años, habiendo manifestado esta problemática a los diferentes equipos de gobierno, sin éxito hasta el momento», han recordado.

Para Avaesen, la subasta de 3.000 MW de energías renovables supone «una oportunidad como no ha vivido el país en los últimos años», ya que se trata de «la acción más ambiciosa emprendida para que se cumplan los objetivos de emisiones del Horizonte 2020 marcado por la Unión Europea, para cumplir con el 20% de peso de la energía renovable en el consumo final de energía en el año 2020″.

«Es la primera vez que se lanza en España una subasta de energía renovable de esta magnitud, y la actual situación del Plan Eólico va a suponer perder la oportunidad de captar inversiones que podrían alcanzar los 500 millones de euros, así como de avanzar en la autosuficiencia energética de la Comunidad», ha denunciado. De esta forma, ha añadido, otras autonomías «donde se dan más facilidades administrativas para instalar parques eólicos» generarán un «valor» y «atraerán una inversión de gran calado en los próximos años». Así lo ha expresado el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, quien asegura que «la Comunidad pierde la oportunidad de aprovechar este incentivo a las renovables que sí van a desarrollar otras regiones de España».

El CIEMAT participa en un proyecto internacional de investigación de 7 países europeos sobre biocombustibles en cooperación con Brasil

Europa Press.- El CEDER-CIEMAT participará en un proyecto de un consorcio internacional multidisciplinar en el que participan 14 organismos de 7 países europeos para investigar biocombustibles en cooperación con Brasil. En concreto, el CIEMAT participará desde el Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Lubia (Soria), a través de su unidad de biomasa.

El proyecto de cooperación con Brasil-EU Cooperation for Development of Advanced Lignocellulosic Biofuels (BCOOL) dentro del área de Energías seguras, limpias y eficientes tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre la Unión Europea y Brasil para desarrollar coordinadamente cadenas de valor de biocombustibles avanzados. La iniciativa forma parte del área Societalchallenges, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y tendrá una inversión de unos 5 millones de euros para 4 años, de los que al CEDER-CIEMAT se destinarán un total de 209.960 euros. El proyecto se estructura en tres pilares principales, que cubren de forma equilibrada todo el rango de actividades en la cadena de valor de los biocombustibles: producción de biomasa, logística, conversión y explotación.

Mejora de la eficiencia energética

El establecimiento de sistemas de cultivo innovadores de BCOOL permitirá aumentar la materia prima de biomasa al menos en un 50%, sin afectar negativamente a la producción de alimentos, la calidad del suelo o los usos habituales de la tierra. Además, la mejora en la eficiencia del proceso de gasificación de las nuevas materias primas permitirá también obtener gas de calidad óptima a partir de fuentes no convencionales, como los cultivos lignocelulósicos y los residuos.

El CEDER-CIEMAT aportará al Consorcio sus amplios conocimientos en materias primas lignocelulósicas y logística sostenible, además de su experiencia en caracterización de la biomasa, evaluación de recursos sostenibles de biomasa para producción de biocombustibles y caracterización en procesos de conversión térmica. Contribuirá además con el Proyecto facilitando varias hectáreas de terreno cultivable, proveerá datos georeferenciales sobre biomasa sostenible procedente de residuos agrícolas o forestales de países del sur de Europa y llevará a cabo la experimentación con cultivos de España.

El PP se marca como objetivo político la congelación de los peajes de luz y gas

Europa Press.– El PP fijará entre sus objetivos políticos la congelación de la parte de la factura de electricidad y de gas que depende del Gobierno, esto es, la dedicada a sufragar los costes regulados, al tiempo que mantiene el compromiso de evitar que se generen déficits de tarifa en estas actividades. Esta pretensión aparece recogida en la ponencia sobre economía y administración territorial que será presentada en el decimoctavo congreso del PP, que se celebrará en febrero. La ponencia ha sido coordinada por Javier Arenas.

«En el ámbito de la energía, deberemos esforzarnos por evitar generar nuevos déficits», afirma el documento, en el que se indica que el partido «defenderá la congelación de la parte de la factura que depende del Gobierno y contribuirá a que la mejora de la eficiencia y la competencia contribuyan en un mejor y más accesible servicio al consumidor«. La ponencia también apela a la necesidad de un mix energético «sostenible y respetuoso con los compromisos en la lucha contra el cambio climático», en el que se fomenten la eficiencia energética y las energías renovables.

Impulsará Ley de Transición Energética

Para acometer este reto, el PP se muestra partidario de aplicar los métodos más «efectivos y eficientes en coste», conforme al modelo propuesto a nivel europeo en el paquete de invierno de la Comisión Europea. Para ello, impulsará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El partido también se compromete a impulsar un pacto por la Energía que «garantice la seguridad jurídica, fomente la competencia y que sirva de apoyo a la estrategia española de conexiones internacionales«. De hecho, las interconexiones deben ser una «prioridad estratégica para Europa», aseveran.

«Será necesario también reforzar nuestro compromiso a favor de las medidas de eficiencia energética impulsándolas tanto en hogares, particularmente en los de rentas más bajas, como en empresas y administraciones públicas», indica la ponencia. El documento califica además de «fundamental» la protección al consumidor, así como el refuerzo en la información que se ofrece a los clientes en la contratación y gestión de los contratos de suministro energético a hogares.

También indica que, tras el reciente fallo del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social de luz, el PP ha actuado «para que el mismo no lo termine pagando el contribuyente ni el consumidor energético». «Además, hemos logrado un buen pacto para regular la problemática de los cortes de suministro a los hogares cuyo grado de vulnerabilidad es más severo, con la participación de las compañías y los servicios sociales de las autoridades competentes a nivel local», añade, en alusión al acuerdo con el PSOE y Ciudadanos.