A los grandes consumidores de electricidad no les ha gustado nada el nuevo real decreto de tarifas que «salva» a los consumidores domésticos a costa de los industriales, que sufren en sus propias carnes ese aumento.
Así lo han manifestado esta semana diversas asociaciones que representan los intereses de las empresas que son intensivas en consumo de energía y cuya demanda eléctrica representa un porcentaje importante del total en España.
La semana pasada, Energía Diario sondeó a las asociaciones de consumidores domésticos para conocer su opinión sobre una subida de tarifas que finalmente, y ante la sorpresa de todos, no se materializó. Esta semana hemos querido conocer la opinión del otro brazo de la balanza: los consumidores industriales, que son los que han sufrido el incremento, y se quejan de que les toca cargar sobre sus espaldas lo que los consumidores domésticos se están ahorrando.
Francisco Espinosa, secretario general de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), se siente defraudado con lo que ha considerado un «culebrón» de las últimas dos semanas. En ACE estiman que el cambio de opinión -ya se había anunciado la subida de las tarifas también para consumidores domésticos- se produjo en la noche anterior al Consejo de Ministros del viernes, y a raíz de una supuesta llamada de Zapatero a Clos que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, negó rotundamente. Ese repentino cambio de criterio demuestra, según Espinosa, que «los números se pueden hacer de forma muy rápida, pero las consecuencias para la industria son tremendas». El secretario General de ACE entiende que la actuación ha sido política y económica, y considera que «actuar así económicamente» es un gravísimo error.
Esto plantea un problema, según lo ven en ACE. Y ese problema es doble. El hecho de que a la industria se le haya subido más la tarifa para compensar el estancamiento de las tarifas domésticas agota el margen para poder subirlos más. «¿Y en ese caso, qué va a pasar en octubre?», se pregunta Espinosa. «Está claro que el Gobierno tiene un compromiso con las eléctricas derivado del déficit de tarifa, y ese dinero habrá que pagarlo de la mejor forma posible. Tarde o temprano habrá que subir las tarifas a los consumidores al menos un 20% para eliminar el déficit.»
El efecto directo de la subida de las tarifas para los grandes consumidores es, según explica Espinosa, que las compañías se verán obligadas a buscar inmediatamente soluciones en el mercado, y huir del sistema de tarifas. En cualquier caso, ACE considera que las tarifas para la industria deberían haber subido en menor cuantía.
Espinosa también ha explicado que las tarifas artificialmente bajas que han motivado que la Comisión Europea haya abierto una investigación a España para averiguar si se trata de «ayudas de Estado» sólo se refieren a la G-4 y a la THP, que se aplican a un número muy reducido de compañías, aproximadamente 50. Esas compañías están pagando un precio aproximado de 30 euros/MWh, mientras que el resto de empresas, (el grupo en el que se encuentran los asociados de ACE) están pagando un precio de aproximadamente 78 euros/MWh. El motivo de esas diferencias es que las compañías que pagan el menor precio se acogieron en su momento a unas tarifas que ahora están restringidas y a las que no puede acceder el resto, explicó Espinosa. En este sentido, la Asociación de Consumidores de Electricidad está tranquila porque esas ayudas de Estado no afectan a sus socios.
También ha habido palabras para la propuesta de orden ministerial que regula los servicios de gestión de la demanda para grandes consumidores de energía. En este sentido, Espinosa ha señalado que la nueva propuesta de orden sólo pretende trasladar al mercado el «sistema de interrumpibilidad», que ahora está funcionando aplicado a la tarifa.
El secretario general de ACE lamenta que los servicios de gestión de la demanda sólo se ofrecen a determinadas compañías, aquellas que tienen un consumo de electricidad a partir de 25 kw. En su opinión, si se busca un sistema eficiente de gestión de la demanda, debería ofrecerse el complemento por interrumpibilidad a muchas más empresas, incluso aquellas cuyo consumo se sitúa en el nivel de los 2 kw. «Hay muchas empresas capaces de ofrecer esa interrumpibilidad, y eso es necesario para el sistema eléctrico. Además hay muchas empresas dispuestas a hacerlo, por lo que la interrumpibilidad debería estar abierta a todas». De otro modo, sentencia Espinosa, para lo único que sirve modificar los servicios de gestión de la demanda es para trasladar la interrumpibilidad de la tarifa al mercado.
Las críticas al nuevo incremento parcial de tarifas también han llovido desde AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía. En una rueda de prensa, el vicepresidente de AEGE, Javier Penacho, explicó que en una economía como la española «no se puede trasladar a lalínea de flotación de la competitividad de las empresas costes energéticos que no se quieren trasladar a unos ciudadanos con una renta per cápita importante», y recordó que hay elementos que no son de primera necesidad que repercuten más en la renta de las familias que la energía eléctrica.
Penacho señaló que en los dos últimos años, la factura eléctrica para las empresas ha subido un 30%, mientras que el consumidor doméstico sólo ha sufrido un 10%. Además sentenció que «si hay que aceptar que en el mundo liberalizado no se puede hacer política industrial desde la tarifa eléctrica, de ninguna manera puede aceptarse que desde la tarifa eléctrica se haga política anti industria.
Otro de los problemas para el mercado español, según el vicepresidente de AEGE, es la no existencia de un verdadero mercado eléctrico, pues físicamente las empresas españolas no pueden comprar energía a elétricas de otros países, como Finlandia o Venezuela, lo que les impide competir en los precios de compra de electricidad. Las empresas sí pueden competir en la compra venta de productos, pero no en este campo. Ese fue otro de los argumentos de Penacho, al explicar que los precios del mercado fluctúan y las empresas suben y bajan los precios de sus productos, pero siempre se enfrentan a una tarifa eléctrica alcista, aunque el ciclo del mercado caiga. El vicepresidente de AEGE señaló que parte de la industria española «empieza a estar de vuelta de esa situación positiva».
Una falta de competitividad de las empresas españolas derivada de la tarifa eléctrica puede influir en las inversiones, ya sean extranjeras o nacionales. «Es importante que la industria básica española tenga visibilidad a largo plazo para que la multinacional siga viendo rentable invertir en industrias competitivas, aunque sean intensivas en energía eléctrica, en lugar de preferir hacerlo en otros países europeos como Francia, Finlandia o Bélgica».
Sobre la actuación de la UE con respecto a España por las supuestas ayudas de Estado, Penacho explicó que la Asociación está recurriendo el proceso. Y señaló que aunque la tarifa eléctrica refleje los precios del «pool», el pool no refleja los precios del mercado, con lo que las empresas siempre van a estar pagando un precio superior al que les ofrecería un mercado competitivo.
Por otra parte, Penacho ha defendido la orden ministerial por la que se regulan los servicios de gestión de la demanda por parte de los grandes consumidores y el complemento de interrumpibilidad, un punto que el consejero Luis Albentosa criticó por resultar demasiado caro para los consumidores incluso aunque las empresas no se vean sometidas a interrupciones. Penacho justificó el cobro de ese complemento por interrumpibilidad, que supone 420 millones de euros anuales, sobre la base de que, para que se interrumpa el servicio eléctrico a las empresas y éstas pueden seguir funcionando, «tienen que estar suficientemente equipadas, y ese equipamiento tiene un coste económico importante».
Penacho dejó ver que si ese complemento por interrumpibilidad sólo se reflejase en las interrupciones de suministro, podría no ser rentable para las empresas invertir en equipos para autoabastecimiento. Además, explicó que el coste para los consumidores de la interrumpibilidad es mucho menor que el coste que tendrían los apagones, en caso de producirse, si las empresas no se acogieran a estos servicios de gestión de la demanda.
No son tan negativos los comentarios de AERCE, la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos. En un pronunciamiento sobre el real decreto por el que se ajustan las tarifas eléctricas, AERCE hace una valoración general positiva (entendiéndose por tal «que vaya en una buena dirección» o «que se ajusta al espíritu de la directiva 2003/54/CE»), si bien hace una serie de matizaciones sobre diversos puntos.
A lo largo del último semestre, expone AERCE, se han dado situaciones en la contratación de los souministros que han llegado a derivar en un corte del servicio, o en otros casos se han firmado contratos de suministro que estaban ás de un 20% por encima de la tarifa de referencia. Eso ha sucedido en lugares donde no existía oferta de electricidad, «por lo que el consumidor debe quedar agradecido al comercializador por disponer de suministro». En la Asociación denuncia que la ley permita a los vendedores de electricidad tener una posición tal en la negociación de los suministros eléctricos que pueda darse un corte en el suministro si no se llega a un acuerdo.
AERCE denuncia que ha trasladado a la CNE su consulta respecto a disposición (disposición adicional decimoquinta) y hasta el momento no ha recibido contestación, ni tampoco ha visto reflejo alguno en la propuesta de Real Decreto.
