Caso YPF (III): Vaca Muerta, vía muerta

Las estimaciones se quedaron cortas. En un principio, se calculó para Vaca Muerta un caudal de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep); en febrero de 2012 las previsiones de Repsol-YPF se desbordaron cuando una nueva estimación multiplicaba el potencial del yacimiento y lo cifraba en 22.807 mbep. Un yacimiento del que actualmente YPF ostenta la concesión de un tercio del territorio para su exploración y posterior explotación.

La nacionalización de YPF sirvió en bandeja de plata la explotación de Vaca Muerta para Argentina. También la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento energético, objetivo manifiestamente deseado por «La Cámpora» y su máximo exponente en el Gobierno, Axel Kicillof, el hombre que marca el paso de la política económica argentina, crecientemente intervencionista. Con lo que no contó el Gobierno argentino es que su mayor quebradero de cabeza no iban a ser ni Repsol, ni el Gobierno español, ni la presión internacional que Argentina pudiera sufrir a raíz de violar los tratados bilaterales de inversión. Los problemas para Kirchner y Kicillof se resumen en palabras más técnicas: shale-oil y shale-gas, los también llamados hidrocarburos no convencionales y en los que consiste el tesoro de Vaca Muerta.

Los hidrocarburos no convencionales están revolucionando el panorama energético internacional. Su existencia ya era conocida desde hace décadas pero no se procedía a su explotación por falta de rentabilidad. Son similares a los combustibles tradicionales pero con dos diferencias básicas: se encuentran a una profundidad considerablemente mayor y en rocas poco permeables, lo que complica su extracción y obliga a utilizar técnicas de fractura hidráulica o fracking.

El fracking se encuentra actualmente en el punto de mira ya que hay quien la considera una técnica peligrosa desde una óptica medioambiental. Esta técnica consiste en inyectar a la roca una mezcla de agua, arena y productos químicos a gran presión para provocar fracturas en la roca que permitan la extracción de crudo y gas. Al afectar a la permeabilidad del terreno, los más críticos con esta técnica consideran que los acuíferos pueden verse contaminados e, incluso, provocar movimientos sísmicos.

No es el medioambiental y la correspondiente contestación social el único escollo que se ha encontrado el fracking. En un contexto de precios internacionales del gas a la baja, es cuestionable la necesidad de acometer estos yacimientos tan costosos tanto para la exploración como para la explotación y que requieren ingentes cantidades de inversión. Especialmente cuando la TRE (Tasa de Retorno Energético) se estima bastante reducida. La TRE se obtiene mediante una fórmula muy sencilla; la división entre la energía finalmente obtenida como resultado de la explotación y la energía empleada para obtenerla. En el caso de los no convencionales, por cada unidad de energía empleada para explotar estos recursos, únicamente se puede obtener como resultado de la explotación hasta 5 veces más de la energía necesaria para obtenerla, y eso en los casos más excepcionales. En este caso, la TRE sería de 5 puntos, bastante alejada de la del petróleo de comienzos del siglo XX en Estados Unidos, que era de 100. Así que su explotación únicamente se rentabilizaría en un contexto de precios altos: actualmente así sería para el petróleo pero no para el gas no convencional.

YPF sin aliados

Repsol cuantificó en 25.000 millones de dólares por año la inversión necesaria para poder desarrollar todo el potencial de Vaca Muerte y conseguir, en un plazo de 10 años, duplicar la producción actual de petróleo y gas en Argentina. Explotar Vaca Muerta suponía para la petrolera española buscar inversores internacionales y alianzas como la efectuada en Brasil con Sinopec para poder disponer de todos los recursos técnicos y humanos necesarios. Sus planes se cruzaron con Fernández de Kirchner.

La YPF nacionalizada ha asumido que la inversión que Repsol estimaba como necesaria requiere cifras inalcanzables para sus posibilidades. Su presidente, Miguel Galuccio, ha rebajado a una cuarta parte la inversión anual a acometer: 7.440 millones de dólares que están siendo muy complicados de reunir y para los que el propio Estado argentino está acudiendo en auxilio de la petrolera aportando 600 millones de dólares desde la Anses, la Seguridad Social argentina.

El mayor fracaso está siendo la falta de acuerdo con alguna petrolera internacional que esté dispuesta a invertir en Argentina después de la expropiación sufrida por Repsol hace un año: la falta de seguridad jurídica exhibida con esta decisión está siendo determinante. Por otra parte, todas las compañías temen las consecuencias que pueden sufrir si se alían con la YPF nacionalizada antes de la sentencia del CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que Repsol ha reclamado que fije la indemnización y ante el que ha denunciado por competencia desleal a YPF por ofrecer a terceros derechos de explotación sobre reservas de recursos no convencionales descubiertos antes de la expropiación, especialmente Vaca Muerta. Además, en caso de llegar a un acuerdo con el Gobierno argentino, cualquier compañía podría verse abocada a compensar a Repsol en los términos que resolviera el CIADI.

Dado que el proceso legal ante el CIADI dura de media entre 3 y 6 años, las expectativas que la expropiación generó en Argentina están condenadas a no cumplirse. En mayo YPF anunció que está ultimando los detalles de un acuerdo con la estadounidense Chevron sobre Vaca Muerta. Según manifestó la petrolera argentina en un comunicado, Chevron invertirá 1.500 millones de dólares en una primera fase de explotación. La reacción de Repsol no se ha producido aún pero hay que recordar que en diciembre pasado la petrolera española presentó una demanda contra Chevron por un memorando de entendimiento entre esta compañía e YPF para explotar conjuntamente Vaca Muerta. Lo mismo sucedió con Bridas, que paralizó sus movimientos al emprender Repsol acciones judiciales.

Con estas circunstancias, el pretendido autoabastecimiento energético argentino ha entrado en vía muerta: Kirchner no encuentra aliados internacionales ya que su política intervencionista genera dudas que no propician el clima necesario para una inversión de tal calibre; mientras tanto, la YPF nacionalizada carece de la capacidad requerida para explotar Vaca Muerta. Un despropósito al que hay que añadir que todavía no se ha pagado a Repsol por la expropiación de YPF y la petrolera española ha acudido a los tribunales internacionales para defender sus derechos. En conclusión, la expropiación de YPF ha sido un paso en falso de Kirchner del que todavía Argentina paga las consecuencias.

Caso YPF (III): Vaca Muerta, vía muerta

Las estimaciones se quedaron cortas. En un principio, se calculó para Vaca Muerta un caudal de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep); en febrero de 2012 las previsiones de Repsol-YPF se desbordaron cuando una nueva estimación multiplicaba el potencial del yacimiento y lo cifraba en 22.807 mbep. Un yacimiento del que actualmente YPF ostenta la concesión de un tercio del territorio para su exploración y posterior explotación.

La nacionalización de YPF sirvió en bandeja de plata la explotación de Vaca Muerta para Argentina. También la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento energético, objetivo manifiestamente deseado por «La Cámpora» y su máximo exponente en el Gobierno, Axel Kicillof, el hombre que marca el paso de la política económica argentina, crecientemente intervencionista. Con lo que no contó el Gobierno argentino es que su mayor quebradero de cabeza no iban a ser ni Repsol, ni el Gobierno español, ni la presión internacional que Argentina pudiera sufrir a raíz de violar los tratados bilaterales de inversión. Los problemas para Kirchner y Kicillof se resumen en palabras más técnicas: shale-oil y shale-gas, los también llamados hidrocarburos no convencionales y en los que consiste el tesoro de Vaca Muerta.

Los hidrocarburos no convencionales están revolucionando el panorama energético internacional. Su existencia ya era conocida desde hace décadas pero no se procedía a su explotación por falta de rentabilidad. Son similares a los combustibles tradicionales pero con dos diferencias básicas: se encuentran a una profundidad considerablemente mayor y en rocas poco permeables, lo que complica su extracción y obliga a utilizar técnicas de fractura hidráulica o fracking.

El fracking se encuentra actualmente en el punto de mira ya que hay quien la considera una técnica peligrosa desde una óptica medioambiental. Esta técnica consiste en inyectar a la roca una mezcla de agua, arena y productos químicos a gran presión para provocar fracturas en la roca que permitan la extracción de crudo y gas. Al afectar a la permeabilidad del terreno, los más críticos con esta técnica consideran que los acuíferos pueden verse contaminados e, incluso, provocar movimientos sísmicos.

No es el medioambiental y la correspondiente contestación social el único escollo que se ha encontrado el fracking. En un contexto de precios internacionales del gas a la baja, es cuestionable la necesidad de acometer estos yacimientos tan costosos tanto para la exploración como para la explotación y que requieren ingentes cantidades de inversión. Especialmente cuando la TRE (Tasa de Retorno Energético) se estima bastante reducida. La TRE se obtiene mediante una fórmula muy sencilla; la división entre la energía finalmente obtenida como resultado de la explotación y la energía empleada para obtenerla. En el caso de los no convencionales, por cada unidad de energía empleada para explotar estos recursos, únicamente se puede obtener como resultado de la explotación hasta 5 veces más de la energía necesaria para obtenerla, y eso en los casos más excepcionales. En este caso, la TRE sería de 5 puntos, bastante alejada de la del petróleo de comienzos del siglo XX en Estados Unidos, que era de 100. Así que su explotación únicamente se rentabilizaría en un contexto de precios altos: actualmente así sería para el petróleo pero no para el gas no convencional.

YPF sin aliados

Repsol cuantificó en 25.000 millones de dólares por año la inversión necesaria para poder desarrollar todo el potencial de Vaca Muerte y conseguir, en un plazo de 10 años, duplicar la producción actual de petróleo y gas en Argentina. Explotar Vaca Muerta suponía para la petrolera española buscar inversores internacionales y alianzas como la efectuada en Brasil con Sinopec para poder disponer de todos los recursos técnicos y humanos necesarios. Sus planes se cruzaron con Fernández de Kirchner.

La YPF nacionalizada ha asumido que la inversión que Repsol estimaba como necesaria requiere cifras inalcanzables para sus posibilidades. Su presidente, Miguel Galuccio, ha rebajado a una cuarta parte la inversión anual a acometer: 7.440 millones de dólares que están siendo muy complicados de reunir y para los que el propio Estado argentino está acudiendo en auxilio de la petrolera aportando 600 millones de dólares desde la Anses, la Seguridad Social argentina.

El mayor fracaso está siendo la falta de acuerdo con alguna petrolera internacional que esté dispuesta a invertir en Argentina después de la expropiación sufrida por Repsol hace un año: la falta de seguridad jurídica exhibida con esta decisión está siendo determinante. Por otra parte, todas las compañías temen las consecuencias que pueden sufrir si se alían con la YPF nacionalizada antes de la sentencia del CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que Repsol ha reclamado que fije la indemnización y ante el que ha denunciado por competencia desleal a YPF por ofrecer a terceros derechos de explotación sobre reservas de recursos no convencionales descubiertos antes de la expropiación, especialmente Vaca Muerta. Además, en caso de llegar a un acuerdo con el Gobierno argentino, cualquier compañía podría verse abocada a compensar a Repsol en los términos que resolviera el CIADI.

Dado que el proceso legal ante el CIADI dura de media entre 3 y 6 años, las expectativas que la expropiación generó en Argentina están condenadas a no cumplirse. En mayo YPF anunció que está ultimando los detalles de un acuerdo con la estadounidense Chevron sobre Vaca Muerta. Según manifestó la petrolera argentina en un comunicado, Chevron invertirá 1.500 millones de dólares en una primera fase de explotación. La reacción de Repsol no se ha producido aún pero hay que recordar que en diciembre pasado la petrolera española presentó una demanda contra Chevron por un memorando de entendimiento entre esta compañía e YPF para explotar conjuntamente Vaca Muerta. Lo mismo sucedió con Bridas, que paralizó sus movimientos al emprender Repsol acciones judiciales.

Con estas circunstancias, el pretendido autoabastecimiento energético argentino ha entrado en vía muerta: Kirchner no encuentra aliados internacionales ya que su política intervencionista genera dudas que no propician el clima necesario para una inversión de tal calibre; mientras tanto, la YPF nacionalizada carece de la capacidad requerida para explotar Vaca Muerta. Un despropósito al que hay que añadir que todavía no se ha pagado a Repsol por la expropiación de YPF y la petrolera española ha acudido a los tribunales internacionales para defender sus derechos. En conclusión, la expropiación de YPF ha sido un paso en falso de Kirchner del que todavía Argentina paga las consecuencias.

Caso YPF (III): Vaca Muerta, vía muerta

Las estimaciones se quedaron cortas. En un principio, se calculó para Vaca Muerta un caudal de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep); en febrero de 2012 las previsiones de Repsol-YPF se desbordaron cuando una nueva estimación multiplicaba el potencial del yacimiento y lo cifraba en 22.807 mbep. Un yacimiento del que actualmente YPF ostenta la concesión de un tercio del territorio para su exploración y posterior explotación.

La nacionalización de YPF sirvió en bandeja de plata la explotación de Vaca Muerta para Argentina. También la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento energético, objetivo manifiestamente deseado por «La Cámpora» y su máximo exponente en el Gobierno, Axel Kicillof, el hombre que marca el paso de la política económica argentina, crecientemente intervencionista. Con lo que no contó el Gobierno argentino es que su mayor quebradero de cabeza no iban a ser ni Repsol, ni el Gobierno español, ni la presión internacional que Argentina pudiera sufrir a raíz de violar los tratados bilaterales de inversión. Los problemas para Kirchner y Kicillof se resumen en palabras más técnicas: shale-oil y shale-gas, los también llamados hidrocarburos no convencionales y en los que consiste el tesoro de Vaca Muerta.

Los hidrocarburos no convencionales están revolucionando el panorama energético internacional. Su existencia ya era conocida desde hace décadas pero no se procedía a su explotación por falta de rentabilidad. Son similares a los combustibles tradicionales pero con dos diferencias básicas: se encuentran a una profundidad considerablemente mayor y en rocas poco permeables, lo que complica su extracción y obliga a utilizar técnicas de fractura hidráulica o fracking.

El fracking se encuentra actualmente en el punto de mira ya que hay quien la considera una técnica peligrosa desde una óptica medioambiental. Esta técnica consiste en inyectar a la roca una mezcla de agua, arena y productos químicos a gran presión para provocar fracturas en la roca que permitan la extracción de crudo y gas. Al afectar a la permeabilidad del terreno, los más críticos con esta técnica consideran que los acuíferos pueden verse contaminados e, incluso, provocar movimientos sísmicos.

No es el medioambiental y la correspondiente contestación social el único escollo que se ha encontrado el fracking. En un contexto de precios internacionales del gas a la baja, es cuestionable la necesidad de acometer estos yacimientos tan costosos tanto para la exploración como para la explotación y que requieren ingentes cantidades de inversión. Especialmente cuando la TRE (Tasa de Retorno Energético) se estima bastante reducida. La TRE se obtiene mediante una fórmula muy sencilla; la división entre la energía finalmente obtenida como resultado de la explotación y la energía empleada para obtenerla. En el caso de los no convencionales, por cada unidad de energía empleada para explotar estos recursos, únicamente se puede obtener como resultado de la explotación hasta 5 veces más de la energía necesaria para obtenerla, y eso en los casos más excepcionales. En este caso, la TRE sería de 5 puntos, bastante alejada de la del petróleo de comienzos del siglo XX en Estados Unidos, que era de 100. Así que su explotación únicamente se rentabilizaría en un contexto de precios altos: actualmente así sería para el petróleo pero no para el gas no convencional.

YPF sin aliados

Repsol cuantificó en 25.000 millones de dólares por año la inversión necesaria para poder desarrollar todo el potencial de Vaca Muerte y conseguir, en un plazo de 10 años, duplicar la producción actual de petróleo y gas en Argentina. Explotar Vaca Muerta suponía para la petrolera española buscar inversores internacionales y alianzas como la efectuada en Brasil con Sinopec para poder disponer de todos los recursos técnicos y humanos necesarios. Sus planes se cruzaron con Fernández de Kirchner.

La YPF nacionalizada ha asumido que la inversión que Repsol estimaba como necesaria requiere cifras inalcanzables para sus posibilidades. Su presidente, Miguel Galuccio, ha rebajado a una cuarta parte la inversión anual a acometer: 7.440 millones de dólares que están siendo muy complicados de reunir y para los que el propio Estado argentino está acudiendo en auxilio de la petrolera aportando 600 millones de dólares desde la Anses, la Seguridad Social argentina.

El mayor fracaso está siendo la falta de acuerdo con alguna petrolera internacional que esté dispuesta a invertir en Argentina después de la expropiación sufrida por Repsol hace un año: la falta de seguridad jurídica exhibida con esta decisión está siendo determinante. Por otra parte, todas las compañías temen las consecuencias que pueden sufrir si se alían con la YPF nacionalizada antes de la sentencia del CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que Repsol ha reclamado que fije la indemnización y ante el que ha denunciado por competencia desleal a YPF por ofrecer a terceros derechos de explotación sobre reservas de recursos no convencionales descubiertos antes de la expropiación, especialmente Vaca Muerta. Además, en caso de llegar a un acuerdo con el Gobierno argentino, cualquier compañía podría verse abocada a compensar a Repsol en los términos que resolviera el CIADI.

Dado que el proceso legal ante el CIADI dura de media entre 3 y 6 años, las expectativas que la expropiación generó en Argentina están condenadas a no cumplirse. En mayo YPF anunció que está ultimando los detalles de un acuerdo con la estadounidense Chevron sobre Vaca Muerta. Según manifestó la petrolera argentina en un comunicado, Chevron invertirá 1.500 millones de dólares en una primera fase de explotación. La reacción de Repsol no se ha producido aún pero hay que recordar que en diciembre pasado la petrolera española presentó una demanda contra Chevron por un memorando de entendimiento entre esta compañía e YPF para explotar conjuntamente Vaca Muerta. Lo mismo sucedió con Bridas, que paralizó sus movimientos al emprender Repsol acciones judiciales.

Con estas circunstancias, el pretendido autoabastecimiento energético argentino ha entrado en vía muerta: Kirchner no encuentra aliados internacionales ya que su política intervencionista genera dudas que no propician el clima necesario para una inversión de tal calibre; mientras tanto, la YPF nacionalizada carece de la capacidad requerida para explotar Vaca Muerta. Un despropósito al que hay que añadir que todavía no se ha pagado a Repsol por la expropiación de YPF y la petrolera española ha acudido a los tribunales internacionales para defender sus derechos. En conclusión, la expropiación de YPF ha sido un paso en falso de Kirchner del que todavía Argentina paga las consecuencias.

Repsol recuerda que los pozos petrolíferos y los seísmos conviven en varios países

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró la pasada madrugada dos seísmos de magnitud 3,7 y 2,4 frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en la mediana imaginaria que divide las aguas de jurisdicción española de las marroquíes en el Atlántico.

Un portavoz de Repsol ha señalado que el IGN ha contabilizado en los últimos cinco días en la Península Ibérica y en Canarias más de una treintena de seísmos de pequeña magnitud, la mayoría de los cuales han pasado desapercibidos para la población.

Pero, sobre todo, ha remarcado que el riesgo sísmico es un parámetro que la compañía tiene en cuenta en sus estudios de impacto ambiental previos a las prospecciones y también en la selección y diseño de la ingeniería que más adelante utiliza en los sondeos.

Este portavoz remarca que el riesgo sísmico es uno de los muchos factores que Repsol examina en el estudio de impacto que presentará a la vuelta del verano o comienzos del otoño al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en el que se valoran otros muchos parámetros, como corrientes, flora o fauna o composición de los fondos marinos que pretende sondear.

Además, ha recordado que existen otros puntos del mundo donde la actividad petrolífera convive con movimientos sísmico de mucha mayor magnitud que los observados en Canarias, como California (EEUU) o la costa pacífica del América del Sur.

Y la propia Repsol explota yacimientos de hidrocarburos en países con un riesgo sísmico potencial igual o mayor que el que se atribuye a Canarias, como Colombia, Venezuela, Perú o Ecuador, ha añadido.

Este portavoz de Repsol lamenta que algunos dirigentes políticos de las islas -en alusión, entre otros, al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera- se hayan referido a los seísmos registrados esta noche en Canarias en un tono que «busca más generar alarma que dar una explicación científica» a los hechos.

Si obtiene el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a su estudio de impacto, Repsol mantiene sus planes de realizar dos sondeos para averiguar si esos fondos de océano Atlántico tienen reservas de hidrocarburos: el primer a finales de 2014 y el segundo a principios de 2015.

En ambos casos, las catas no se harían desde plataformas, sino desde un buque de posicionamiento dinámico, capaz de mantenerse en un emplazamiento fijo sin necesidad de anclajes al fondo marino.

Repsol recuerda que los pozos petrolíferos y los seísmos conviven en varios países

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró la pasada madrugada dos seísmos de magnitud 3,7 y 2,4 frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en la mediana imaginaria que divide las aguas de jurisdicción española de las marroquíes en el Atlántico.

Un portavoz de Repsol ha señalado que el IGN ha contabilizado en los últimos cinco días en la Península Ibérica y en Canarias más de una treintena de seísmos de pequeña magnitud, la mayoría de los cuales han pasado desapercibidos para la población.

Pero, sobre todo, ha remarcado que el riesgo sísmico es un parámetro que la compañía tiene en cuenta en sus estudios de impacto ambiental previos a las prospecciones y también en la selección y diseño de la ingeniería que más adelante utiliza en los sondeos.

Este portavoz remarca que el riesgo sísmico es uno de los muchos factores que Repsol examina en el estudio de impacto que presentará a la vuelta del verano o comienzos del otoño al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en el que se valoran otros muchos parámetros, como corrientes, flora o fauna o composición de los fondos marinos que pretende sondear.

Además, ha recordado que existen otros puntos del mundo donde la actividad petrolífera convive con movimientos sísmico de mucha mayor magnitud que los observados en Canarias, como California (EEUU) o la costa pacífica del América del Sur.

Y la propia Repsol explota yacimientos de hidrocarburos en países con un riesgo sísmico potencial igual o mayor que el que se atribuye a Canarias, como Colombia, Venezuela, Perú o Ecuador, ha añadido.

Este portavoz de Repsol lamenta que algunos dirigentes políticos de las islas -en alusión, entre otros, al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera- se hayan referido a los seísmos registrados esta noche en Canarias en un tono que «busca más generar alarma que dar una explicación científica» a los hechos.

Si obtiene el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a su estudio de impacto, Repsol mantiene sus planes de realizar dos sondeos para averiguar si esos fondos de océano Atlántico tienen reservas de hidrocarburos: el primer a finales de 2014 y el segundo a principios de 2015.

En ambos casos, las catas no se harían desde plataformas, sino desde un buque de posicionamiento dinámico, capaz de mantenerse en un emplazamiento fijo sin necesidad de anclajes al fondo marino.

Repsol recuerda que los pozos petrolíferos y los seísmos conviven en varios países

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró la pasada madrugada dos seísmos de magnitud 3,7 y 2,4 frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en la mediana imaginaria que divide las aguas de jurisdicción española de las marroquíes en el Atlántico.

Un portavoz de Repsol ha señalado que el IGN ha contabilizado en los últimos cinco días en la Península Ibérica y en Canarias más de una treintena de seísmos de pequeña magnitud, la mayoría de los cuales han pasado desapercibidos para la población.

Pero, sobre todo, ha remarcado que el riesgo sísmico es un parámetro que la compañía tiene en cuenta en sus estudios de impacto ambiental previos a las prospecciones y también en la selección y diseño de la ingeniería que más adelante utiliza en los sondeos.

Este portavoz remarca que el riesgo sísmico es uno de los muchos factores que Repsol examina en el estudio de impacto que presentará a la vuelta del verano o comienzos del otoño al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en el que se valoran otros muchos parámetros, como corrientes, flora o fauna o composición de los fondos marinos que pretende sondear.

Además, ha recordado que existen otros puntos del mundo donde la actividad petrolífera convive con movimientos sísmico de mucha mayor magnitud que los observados en Canarias, como California (EEUU) o la costa pacífica del América del Sur.

Y la propia Repsol explota yacimientos de hidrocarburos en países con un riesgo sísmico potencial igual o mayor que el que se atribuye a Canarias, como Colombia, Venezuela, Perú o Ecuador, ha añadido.

Este portavoz de Repsol lamenta que algunos dirigentes políticos de las islas -en alusión, entre otros, al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera- se hayan referido a los seísmos registrados esta noche en Canarias en un tono que «busca más generar alarma que dar una explicación científica» a los hechos.

Si obtiene el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a su estudio de impacto, Repsol mantiene sus planes de realizar dos sondeos para averiguar si esos fondos de océano Atlántico tienen reservas de hidrocarburos: el primer a finales de 2014 y el segundo a principios de 2015.

En ambos casos, las catas no se harían desde plataformas, sino desde un buque de posicionamiento dinámico, capaz de mantenerse en un emplazamiento fijo sin necesidad de anclajes al fondo marino.

La UE endurece la normas para las plataformas petrolíferas en alta mar

Esta propuesta fue planteada por la Comisión Europea (CE) en 2011, tras la catástrofe medioambiental provocada por el accidente sufrido por la plataforma «Deepwater Horizon» de BP en el Golfo de México en mayo de 2010.

La nueva normativa, acordada con la Eurocámara, hace responsable a los operadores petrolíferos y gasísticos de los daños medioambientales causados en especies marinas y hábitats naturales en una zona de mar de hasta 370 kilómetros más allá de la costa, en lugar de los 22 kilómetros actuales.

La nueva directiva también endurece la concesión de licencias, ya que exige que los Estados miembros se aseguren de que los operadores disponen de la capacidad técnica y financiera necesaria para garantizar la seguridad de sus actividades en alta mar y la protección del medio ambiente del lugar donde lleven a cabo las perforaciones antes de permitirlas operar.

Además, las operadoras deberán presentar, antes de iniciar las perforaciones, planes de emergencia que cubran todos los posibles escenarios de riesgos y aporten soluciones en caso de que se produjeran accidentes.

Las autoridades nacionales competentes que analicen los planes de las plataformas petrolíferas deberán ser independientes y responsables de la seguridad de las instalaciones, con la capacidad de imponer multas en el caso de que se incumplan las normas o, incluso, detener las extracciones.

Además, las autoridades nacionales competentes deberán publicar información que sea accesible a los ciudadanos sobre las actividades de la industria, y los operadores deberán enviar informes de los incidentes graves en los que se hayan visto implicados.

El pacto entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario Oficial de la Unión Europea y los países tendrán dos años para trasponer la directiva en su legislación nacional.

Los países que no tengan salida al mar o que no tengan actividades de perforación en alta mar solo tendrán que aplicar parte de las medidas previstas en la directiva.

La Comisión Europea realizará un informe «no más tarde de tres años» que analizará el cumplimiento de la directiva.

La UE endurece la normas para las plataformas petrolíferas en alta mar

Esta propuesta fue planteada por la Comisión Europea (CE) en 2011, tras la catástrofe medioambiental provocada por el accidente sufrido por la plataforma «Deepwater Horizon» de BP en el Golfo de México en mayo de 2010.

La nueva normativa, acordada con la Eurocámara, hace responsable a los operadores petrolíferos y gasísticos de los daños medioambientales causados en especies marinas y hábitats naturales en una zona de mar de hasta 370 kilómetros más allá de la costa, en lugar de los 22 kilómetros actuales.

La nueva directiva también endurece la concesión de licencias, ya que exige que los Estados miembros se aseguren de que los operadores disponen de la capacidad técnica y financiera necesaria para garantizar la seguridad de sus actividades en alta mar y la protección del medio ambiente del lugar donde lleven a cabo las perforaciones antes de permitirlas operar.

Además, las operadoras deberán presentar, antes de iniciar las perforaciones, planes de emergencia que cubran todos los posibles escenarios de riesgos y aporten soluciones en caso de que se produjeran accidentes.

Las autoridades nacionales competentes que analicen los planes de las plataformas petrolíferas deberán ser independientes y responsables de la seguridad de las instalaciones, con la capacidad de imponer multas en el caso de que se incumplan las normas o, incluso, detener las extracciones.

Además, las autoridades nacionales competentes deberán publicar información que sea accesible a los ciudadanos sobre las actividades de la industria, y los operadores deberán enviar informes de los incidentes graves en los que se hayan visto implicados.

El pacto entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario Oficial de la Unión Europea y los países tendrán dos años para trasponer la directiva en su legislación nacional.

Los países que no tengan salida al mar o que no tengan actividades de perforación en alta mar solo tendrán que aplicar parte de las medidas previstas en la directiva.

La Comisión Europea realizará un informe «no más tarde de tres años» que analizará el cumplimiento de la directiva.

La UE endurece la normas para las plataformas petrolíferas en alta mar

Esta propuesta fue planteada por la Comisión Europea (CE) en 2011, tras la catástrofe medioambiental provocada por el accidente sufrido por la plataforma «Deepwater Horizon» de BP en el Golfo de México en mayo de 2010.

La nueva normativa, acordada con la Eurocámara, hace responsable a los operadores petrolíferos y gasísticos de los daños medioambientales causados en especies marinas y hábitats naturales en una zona de mar de hasta 370 kilómetros más allá de la costa, en lugar de los 22 kilómetros actuales.

La nueva directiva también endurece la concesión de licencias, ya que exige que los Estados miembros se aseguren de que los operadores disponen de la capacidad técnica y financiera necesaria para garantizar la seguridad de sus actividades en alta mar y la protección del medio ambiente del lugar donde lleven a cabo las perforaciones antes de permitirlas operar.

Además, las operadoras deberán presentar, antes de iniciar las perforaciones, planes de emergencia que cubran todos los posibles escenarios de riesgos y aporten soluciones en caso de que se produjeran accidentes.

Las autoridades nacionales competentes que analicen los planes de las plataformas petrolíferas deberán ser independientes y responsables de la seguridad de las instalaciones, con la capacidad de imponer multas en el caso de que se incumplan las normas o, incluso, detener las extracciones.

Además, las autoridades nacionales competentes deberán publicar información que sea accesible a los ciudadanos sobre las actividades de la industria, y los operadores deberán enviar informes de los incidentes graves en los que se hayan visto implicados.

El pacto entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario Oficial de la Unión Europea y los países tendrán dos años para trasponer la directiva en su legislación nacional.

Los países que no tengan salida al mar o que no tengan actividades de perforación en alta mar solo tendrán que aplicar parte de las medidas previstas en la directiva.

La Comisión Europea realizará un informe «no más tarde de tres años» que analizará el cumplimiento de la directiva.

Cepsa incorpora el autogás a sus estaciones de servicio

Este nuevo servicio de autogás ya está disponible en la estación de servicio de Campo de las Naciones, cerca de la sede central de la compañía, y empezará a implantarse progresivamente en otras gasolineras a lo largo de los próximos cinco años.

Con esta inicitiva, Cepsa trata de facilitar el repostaje a los clientes con turismos a base de autogás, que hora no tendrán que desplazarse a dos sitios diferentes para repostar, sino que en una misma estación dispondrán tanto de su carburante habitual como del autogás, ambos en un mismo surtidor.

«Cepsa lleva años apostando por la comercialización y distribución del autogás, que ha resultado ser una alternativa de combustible idónea para aquellos conductores que realizan muchos kilómetros, como los profesionales del transporte», afirma el director de gas licuado de la compañía, Filipe Henriques.

«Ahora, con este servicio adicional, queremos poner al alcance de todos los particulares un carburante que tiene probadas ventajas económicas y medioambientales», añade.

El autogás ha demostrado ser altamente eficiente frente a los combustibles tradicionales y contribuye a mejorar la calidad del aire por las menores emisiones de CO2 y NOx, así como a reducir la contaminación por ruido en las ciudades.